El Tribunal Supremo refuerza el derecho de propiedad frente a la expropiación

No hay expropiación que cien años dure. (Fotografía: Ministerio de Fomento).

Abre una vía para recuperar bienes expropiados cuando no se usan para aquello que justificó su enajenación forzosa


Los bienes que no se usan para la finalidad de interés general que justificó su expropiación pueden volver al dominio de sus legítimos propietarios. El Tribunal Supremo acaba de reafirmar una doctrina que pone coto al poder del Estado para disponer del patrimonio de la gente y abre una vía para recuperar bienes expropiados que han caído en desuso.

El pasado 12 de enero, la Sala de lo Civil del Supremo falló en contra de la reclamación de Adif, el operador estatal de infraestructuras ferroviarias, sobre la propiedad de una finca de 15.000 metros cuadrados en Barajas (Madrid), frente a la empresa privada que la había comprado y la había registrado a su nombre. Los terrenos habían sido afectados en 1955 al servicio ferroviario. La Administración los expropió, se los entregó a Renfe y pagó el justiprecio a su propietario, la empresa Corralejos SA, luego denominada Infisa SA, a partir de 1964.

Desde 1983, la finca dejó de usarse por la línea de trenes que llevaba combustible al aeropuerto de Madrid-Barajas. Diez años después, en 1993, Infisa SA constituyó dos hipotecas sobre la finca con distintas entidades bancarias. En 1994, uno de los bancos, el Urquijo, inició un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria que acabó en la venta de los terrenos en subasta. En 1996, la empresa que los había comprado, Ama SL, cedió el remate a Lubrima SA, que registró la finca a su nombre. Contra ella actuó Adif en el pleito que el Supremo acaba de resolver definitivamente a favor de la parte privada y en contra del operador del Estado.

La sentencia favorable a la propiedad privada descansa en el instituto de la desafectación tácita. Para el Tribunal Supremo, los terrenos en litigio dejaron de usarse en 1983 para la finalidad que había justificado su expropiación en 1955. Se realizó así, dice el tribunal, una desafectación tácita del bien expropiado y, como consecuencia de ello, sus legítimos propietarios pudieron disponer de la finca, hipotecándola y transfiriendo su propiedad.

El Tribunal Supremo subraya que, en este caso, no se cuestiona el dogma de la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público. Los bienes afectados a un uso de interés general no pueden embargarse ni prescribe su expropiación, a condición de que ésta se haga mediante una ley. “Sólo por ley podría dejar de pertenecer al dominio público”, reconoce la sentencia.

Pero, ¿qué ocurre cuando la expropiación se ha producido mediante un acto administrativo y no mediante una ley? En ese caso, dice el Supremo, “el dogma de la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público se relativiza permitiéndose la pérdida de dicha condición a través de la desafectación del mismo y, por tanto, su posibilidad de ser objeto de enajenación, embargo y, en su caso, de prescripción adquisitiva”.

El alto tribunal considera que los terrenos expropiados por Renfe en 1955 fueron desafectados tácitamente en 1983, cuando el operador ferroviario dejó de usarlos para aquello que había justificado su expropiación.

“En el presente caso”, observa la Sala de lo Civil en su sentencia, “no puede ponerse en duda que el cese definitivo del servicio motivó su desafectación tácita en el año 1983. Desafectación tácita claramente confirmada posteriormente tanto por el acta expresa de desafectación, de 11 de diciembre de 1998, como por la propia declaración de innecesariedad del inmueble y el posterior procedimiento de reversión solicitado, determinándose claramente el carácter patrimonial del bien y el desuso durante todo el periodo transcurrido desde el cese efectivo del servicio”.

La Sentencia refuerza y clarifica una doctrina a favor de la reversión de bienes expropiados cuando el Estado ya no los utiliza para el mismo fin que cuando los adquirió. El fallo representa una batalla ganada por el derecho de propiedad frente al poder del Estado para apropiarse de los bienes de los demás.


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