La salida del Cabildo arriesga la fusión Sogapyme-Sogarte

José Miguel Bravo de Laguna, a la izda., junto a Melchor Camón (Fotografía Patronato de Turismo de Gran Canaria).

Por José Mujica

La futura sociedad de avales de Canarias, fruto de la fusión entre Sogapyme y Sogarte, está el aire. El Cabildo de Gran Canaria comunicó este mes su baja como accionista por discrepancias en el reparto de poder dentro de la compañía.

La salida de la institución que preside José Miguel Bravo de Laguna, deja en el aire la viabilidad financiera de la sociedad, ya que precisa de un capital mínimo de 10 millones de euros.

El Cabildo aporta 600.000 euros, en torno al 6% de las participaciones. Sin embargo, su permanencia resultaba indispensable porque, de lo contrario, obliga a un cambio de planes en la Consejería de Economía y Hacienda que dirige Javier González Ortiz.

El Ejecutivo autónomo ha subido su presencia hasta el límite. Posee el 46% de las acciones tras la última aportación que aprobó el Consejo de Gobierno por 1,6 millones de euros, lo que implica que las “cuentas están muy justas”, según la Confederación Canaria de Empresarios que preside Agustín Manrique.

En la práctica, Economía y Hacienda podría transferir más fondos, pero se convertiría en empresa pública al disponer de más del 50% de la sociedad.

Esa línea roja contravendría, además, la intención del Estado tras aprobar en 2013 una norma que autorizaba solo a entidades de garantía recíproca con 10 millones de capital. A día de hoy, ni Sogapyme ni Sogarte por separado están muy lejos de ese techo.

El Ministerio de Luis de Guindos (Economía) revolucionó estas sociedades con el fin de promover la emprendeduría y las acciones empresariales en el exterior.

La marcha del Cabildo fue decidida por Bravo de Laguna tras comprobar que el jefe de gabinete de González Ortiz, Arturo Cabrera, incumplió los pactos de equilibrio regional al escorar el voto del consejo a favor de Tenerife por siete votos a cinco.

Aunque Las Palmas y Tenerife mantenían un consenso de seis vocales cada uno, el día de la constitución, un representante de las islas orientales cambió el sentido del voto, configurando así una nueva mayoría.

Bravo de Laguna ordenó salirse de Sogapyme-Sogarte, a pesar de los ruegos del Gobierno para que el Cabildo grancanario continuara.

Los demás dirigentes de Las Palmas han condicionado su permanencia en una tregua solicitada por Javier González Ortiz.

La pasada semana, el Gobierno canario inscribió en el Registro Mercantil la lista del nuevo consejo y elevó un informe al Banco de España, en el que todavía figura el Cabildo de Gran Canaria junto al de Tenerife, tal y como publicó Meridian.

En el consejo aparecen como presidente la CEOE de Santa Cruz (Juan García Padrón) y el industrial Severiano Déniz como vicepresidente.

La dirección general recae en María Gracia Zamorano, y no en Macarena Vargas, como informó por error este periódico. La dirección adjunta la asume David Nin.

Si se comparan los ratios entre Sogapyme y Sogarte, un dossier al que ha accedido Meridian coloca a Las Palmas muy por encima de su homóloga tinerfeña. Banco Santander la sitúa como la más eficiente de España. La morosidad de Sogarte es superior a Sogapyme, pese a tener siete empleados más (17 sobre 10).


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