Los desahucios no han terminado

Las ejecuciones siguen produciéndose en la ciudad ilicitana, a pesar de la creación de la Oficina de Vivienda en 2015

Miembros de la PAH de Elche celebran la paralización del desahucio de un matrimonio / VÍCTOR MARTÍNEZ

Hace más de diez años, Mari Carmen y Paco solicitaron un crédito para poner en marcha un negocio. Debido a la crisis, desde hace cuatro años han dejado de poder pagarlo. El matrimonio intenta desde entonces negociar sin éxito un alquiler de su casa con la entidad a la que deben dinero, incluso se ofrecen a entregar el local como dación en pago. El pasado 3 de mayo quedó establecido como la fecha de su desahucio, por lo que decidieron acudir a la PAH de Elche.

En septiembre de 2015, Elche comenzó la lucha para convertirse en una ciudad libre de desahucios con la creación de la Oficina de Vivienda. Sin embargo, aunque ha desaparecido de los principales temas de conversación como si fueran cosa del pasado, año y medio después las ejecuciones se siguen produciendo.

La creación de la Oficina de Vivienda fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno ilicitano salido de las elecciones municipales de 2015, encabezado por el socialista Carlos González. El objetivo del organismo era garantizar a todos los ilicitanos el acceso a una casa digna.

Las entidades bancarias rechazaron el primer convenio ofrecido por el Ayuntamiento

A nivel local no existen datos sobre desahucios, pues sólo se recogen de forma general. Sin embargo, el Ayuntamiento de Elche está trabajando para conseguirlos a través del convenio de la federación valenciana de municipios y provincias, que plantea un trabajo conjunto de la administración con el colegio de abogados, procuradores y jueces en el tema de los desahucios. “Los bancos nos aseguran en todo momento que no hay desahucios de primeras viviendas, pero esa afirmación es incompatible con los datos que nos facilita el colegio de jueces ”, asegura María Teresa Maciá, edil de Bienestar Social.

Las entidades bancarias rechazaron un primer convenio ofrecido por el Ayuntamiento. “En todo momento nos decían que lo derivarían a sus departamentos centrales en Madrid, porque ellos no tenían competencia para dirimirlo”, cuenta Maciá. Una de las propuestas planteadas fue que avisaran al Ayuntamiento cuando se fuera a producir un desahucio para que este pudiera ejercer como mediador, pero las entidades se negaron.

Por el momento, lo único que ha conseguido el Consistorio es la creación de la figura del interlocutor, una persona con la que contactar directamente. “Nuestro objetivo es paralizar los desahucios en la ciudad, nos da igual que haya convenio o no”, avisa la edil. “Pero si lo hay, mejor”, añade.

Las ejecuciones hipotecarias en 2015 apenas bajaron un 1,1% respecto al año anterior

La PAH asegura que durante este año han peleado para detener mas desahucios que el anterior. “Desde septiembre, hemos conseguido detener unas 20 ejecuciones”, asegura Gloria Marín, una de las responsables de la plataforma en la ciudad. “Estamos parando todos los que acuden a nosotros, pero los que no nos llegan son los que sí se están produciendo”, apunta. Los datos que manejan a nivel nacional es que las ejecuciones en 2015 apenas bajaron un 1,1% respecto al año anterior.

Por su parte, la Oficina de Vivienda interviene en casos que le llegan directamente o bien a través de su colaboración con la plataforma. “En muchas ocasiones facilitamos que las familias que están en viviendas ocupadas puedan pasar a pagar un alquiler social a través del fondo social de vivienda”, asegura Maciá.

La PAH se queja de que este fondo debería haber pasado de tener 60 viviendas a unas 100. Sin embargo, los bancos ni siquiera facilitan la lista. “No se sabe cuántas hay ni de qué bancos ni nada”, protesta Marín.

Un caso especial
La situación de Mari Carmen tiene un problema añadido: la mujer padece una enfermedad degenerativa que la ha dejado postrada en una silla de ruedas. Antes ayudaba a su marido, pero ahora ya no puede trabajar. Actualmente, recibe una paga de 300 euros, pero ha solicitado a la Consellería el segundo grado de discapacidad para cobrar 800. “Yo necesito una persona que me ayude las 24 horas del día y no solo una hora, que es lo único que puedo pagar con lo que se me ofrece desde el Gobierno valenciano”, lamenta la ilicitana.

Debido a su enfermedad, Mari Carmen necesita una casa totalmente adaptada, como la que ahora le quieren quitar. Su marido ha buscado otras viviendas con estas características, pero no ha encontrado ninguna que cumpla las condiciones. El banco sabía en todo momento de su situación y llegó a plantearse paralizar el desahucio, pero no se decidió a ello hasta que la PAH actuó.

De momento, su ejecución ha quedado aplazada. Sin embargo, la plataforma confía en conseguir el alquiler que ya ha intentado el matrimonio. “Por su cuenta el banco no se lo quería dar, pero con la plataforma lo hará”, asegura Gloria Marín. Elche continuará luchando para librarse de los desahucios.

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