Lo esencial es invisible a los ojos (el lobby, también)
Escrito por: Mercedes de los Santos y Agustín Frizzera
La COVID, la crisis sanitaria y la situación de aislamiento social, exigen cambios en los Estados que tenemos. Así, en todo occidente, vimos cómo los poderes públicos mutaron y operaron transformaciones que afectaron su funcionamiento institucional. Los tiempos extraordinarios son así: algunos se regeneran y otros caen. Vimos, en efecto, cómo tuvieron que adaptarse a la comunicación remota, mediada por la pantalla: desde la teleconferencia del G-20 a las sesiones “virtuales” del Congreso.
Sin embargo, nos preguntamos: este “cambio de forma”, la migración de una escena presencial a un soporte digital, ¿cambia el fondo?
De acuerdo al Informe Latinobarómetro 2018, el 82% de los ciudadanos en Argentina cree que su país está condicionado por “grupos poderosos que sólo piensan en su propio interés” (sic). Estos “grupos poderosos”, se mueven en zonas grises, entre pasillos de oficinas públicas y reuniones secretas.
Todo el país sabe que el lobby existe. Sabemos lxs ciudadanxs que hay personas fuera de las instituciones que inciden sobre nuestrxs representantes y que influyen en sus decisiones: afectan la redacción de leyes o la instrumentación de políticas públicas.
El lobby puede ser legítimo o no, dependiendo de las condiciones en las que se lleva adelante. Cualquier decisión pública requiere de un proceso de deliberación y discusión hacia adentro y hacia afuera de los gobiernos. De esas conversaciones participan multinacionales que necesitan que se regule (o modifique) algún aspecto que perjudica o beneficia a su sector. Participamos, también, organizaciones sin fines de lucro que peleamos porque nuestras convicciones se conviertan en política pública.
En 2018, se debatió en el Congreso Nacional el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Para la ocasión expusieron más de 700 personas. Sus exposiciones fueron a plena luz del día, fueron plurales y representativas de muchos segmentos de nuestra sociedad. Fue un ejercicio que enriqueció el proceso legislativo.
Sin embargo, no siempre funciona así. Sobran ejemplos, basta recordar las discusiones de la reforma tributaria en 2017, en las que la fuerte presión de empresas de viñedos y bebidas azucaradas hicieron “cambiar de opinión” a nuestros representantes, sin que nadie diera la cara.
La “transparencia” nos tiene que servir para transformar relaciones de poder. Sin eso, es sólo una bonita palabra. Por eso, desde hace años, venimos impulsando un proyecto de ley para que el lobby se transparente y que si hay ventanillas preferenciales, por lo menos, lo sepamos.
El objetivo es dar igualdad de trato a todos los actores, para que aquellos grupos o sectores de menores recursos que hoy tienen obstaculizados los canales de comunicación con los gobiernos se igualen ante los “grupos poderosos”. Porque de eso se trata el ejercicio democrático: de escuchar todas las voces.
El proyecto que promovemos obliga a todxs lxs funcionarixs de rango, de distintos los poderes del Estado, a declarar con quienes se reúnen y con qué objetivo. Además, promueve la creación de un registro público de lobbistas y gestores de interés para que se sepa quiénes están queriendo influir en el debate.
En la cancha se ven los pingos, no importa si la cancha está en las oficinas de la Rosada, en los despachos de Congreso o en Zoom. Importa lo esencial: si la cancha está desbalanceada y a la final siempre llega el poderoso, no es posible disputar argumentos. Importa que, si aplican distintas reglas de juego, y hay pingos que no se ven, la cancha se nos embarra.
Una Ley de Lobby pone luz donde hoy no hay, para que haya ojos que puedan ver los intereses particulares y cuiden el interés general.
Conocé más y sumate a esta causa en www.causascomunes.org
