Sí Acepto: Una Ley de (DES)protección de Datos Personales.

¿Nunca les pasó de hablar de algo con amigxs por redes y que al día siguiente les aparezcan publicidades de Google sobre ese mismo tema? ¿Cómo puede ser?

¿Será que empecé a estar más atenta a las publicidades de ese producto? ¿o es que nuestras conversaciones, nuestros datos, no están siendo cuidados de la forma que corresponde?

Al momento de acceder a cualquier app, “cedemos” nuestra privacidad, la “intercambiamos” por el servicio que nos dan. Aceptamos los términos y condiciones, damos acceso a la cámara, al micrófono, a las fotos. Pero, ¿cómo tratan nuestros datos? ¿quiénes tienen acceso? ¿con qué fin? Muchas veces, soy consciente de que otorgo mis datos para un fin específico, pero ¿quién controla que no sean usados con otros objetivos?

La economía global se basa, cada vez más, en activos digitales. Los datos son el combustible,- cada vez más-, que utilizan las enormes empresas para incluirnos en categorías de consumo, para “perfilarnos” para publicidad dirigida, efectiva, precisa.

En el contexto del confinamiento por el COVID19, esta tendencia no hace más que crecer: las comunicaciones virtuales son la única forma de evitar el aislamiento; si la vida exterior pasa “a través de la pantalla”, el flujo de datos que corre por los cables aumenta exponencialmente. Esta situación que no le fue indiferente a WhatsApp, por ejemplo, que desde hace pocos días, habilitó las videollamadas de hasta 8 personas. Mejoran sus servicios, y captan más gente, más combustible.

La industria digital se reinventa, a toda velocidad, y mientras les cedemos cada vez más datos sus ingresos aumentan. ¿Lo sabemos? ¿Es justo?

La ley de Protección de Datos Personales argentina se aprobó en el año 2000, 4 años antes de la proliferación de Facebook y 7 años antes de la proliferación de Twitter. En su momento, la ley fue innovadora y es, de hecho, una de las primeras leyes del estilo de nuestra región. Sin embargo, hoy en día, no protege lo que en su momento buscaba proteger, los potentísimos cambios sociales la dejaron obsoleta y muy relegada en comparación a la legislación de los países vecinos como Brasil y Chile (2018).

Es cierto que, en estos 20 años, la ley tuvo varias modificaciones pero, en vez de afinarla, los cambios fueron desdibujando la intención original y, lejos de hacer su aplicación autónoma del gobierno de turno, la consolidó en la órbita del poder ejecutivo.

Los problemas de la Ley hoy vigente son muchos. Los “datos biométricos” (huellas dactilares, nuestros patrones faciales) que el Registro Nacional de las Personas nos exige se archivan en una base y sistemas de inteligencia artificial conectados a las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires siguen todos nuestros movimientos ¿No es al menos un poco peligroso?

Como fuere, el reconocimiento facial sólo es posible porque la Ley de Protección de Datos Personales es imprecisa y el sistema del nuevo DNI (SIBIOS), pudo colectar información sin incumplir ninguna norma, pese a no tener protocolos claros para la recolección o para el almacenamiento de datos. Este mismo sistema, de hecho, fue implementado en otros lugares del mundo como Inglaterra o Francia, pero en ambos casos fue derogado por vulnerar derechos fundamentales.

La Ley hoy vigente en Argentina es de otra era, una época en la que la perspectiva era incidental y no crucial. Hoy la información que brindan las víctimas de violencia de género, datos sensibles, tampoco cuentan con protocolos específicos que indiquen con claridad qué datos se deben solicitar, con qué finalidad, cómo se almacenarán, y qué mecanismos existen para la cancelación de dichos registros.

En la clase política existe consciencia de que la legislación que protege nuestros datos es incompleta, ambigua, centralista y sin perspectiva de género. De hecho, en 2018, el poder ejecutivo presentó un anteproyecto para ser tratado en el Congreso, y sustituir a la ley vigente. Repasar las crónicas de ese momento es revelador: hay muy poco ¿Por qué los medios no lo comunicaron? y más importante aún, ¿por qué no se debatió en el Congreso?

El proyecto también tiene puntos criticables, pero ¿ese el motivo real por el que no se trató? ¿por qué no interesó a nuestros representantes? ¿será su baja alfabetización digital? ¿será que hay poca poca difusión a nivel general sobre el tema? ¿será que, a nivel masivo, nadie lo reclama? Como fuere, en febrero de este año, dicho proyecto perdió estado parlamentario, y ya no puede ser debatido a menos que se vuelva a presentar. ¿Alguien va a hacerlo? ¿se puede trabajar sobre ese proyecto para hacerlo mejor?

Apenas salió la app de “Autodiagnóstico de COVID19” CUIDAR, del Ministerio de Salud, decidí descargarla. Por intriga, para ver de qué trataba. Al momento de ingresar, me encontré con que para atender a mi curiosidad debía ceder el acceso al calendario, contactos, ubicación, cámara, micrófono, entre otros. Me pregunté, ¿qué tienen que ver todos estos datos con el fin de “autodiagnóstico” de la app?

Con el correr de los días, a través de una nueva disposición, el mismo Poder Ejecutivo me dio la respuesta: NADA. A partir de nuevas disposiciones, se modificó la política de recolección de datos y dejó de pedir acceso, por ejemplo, al micrófono. ¿Qué pasó? ¿fue un error? ¿un descuido? ¿recapacitaron frente a los reclamos de diversos organismos?

El mundo cambió y, muchas veces, el contexto de la pandemia hace visibles las desigualdades e injusticias que nos atraviesan como sociedad. Son muchas las preguntas, pero hay certezas: necesitamos la sanción de una nueva Ley de Datos Personales, una que nos cuide, una que sea contemporánea, adaptada al contexto actual y con perspectiva de género.

Conocé más y sumate a esta causa en www.causascomunes.org/