La situación de migrantes y refugiados de Venezuela en Perú
Perú se ha convertido en el segundo país de Latinoamérica en recibir la mayor cantidad de migrantes venezolanos después de Colombia.
A pesar de tener más de 6,4 millones de peruanos que se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, unos 20.5% de la población del país, según el último informe del Instituto de Estadística e Informática. Perú sigue siendo un destino cargado de esperanza, sueños, y deseos de progreso para los miles de venezolanos que siguen ingresando de forma irregular al país.
La Superintendencia Nacional de Migraciones, establece que Lima Metropolitana alberga el 75.2% de los migrantes venezolanos, la mayoría de la población migrante tiene entre 20 a 39 años y son hombres. La población adulta mayor de 50 años representa el 16.6% y la población menor de edad representa el 13.5%.
A estos migrantes le resultó difícil salir de Venezuela, debido a las condiciones en las que se encuentran el país, pero a pesar de esto se aventuraron a iniciar un complicado viaje por vía terrestre donde no solo debieron atravesar diferentes fronteras, sino exponerse a ser víctimas de la delincuencia que operan en las zonas fronterizas a vista de todos, sin que nadie haga algo por evitarlo, esta migración se ha convertido en el negocio de todos y la empatía de pocos, y por si fuera poco se ha sumado la pandemia de COVID-19 que está complicando más la situación del venezolano en Perú y el Mundo.
Los problemas que enfrentan son muchos, consecuencias de la falta de medidas que facilitan su proceso migratorio, entre ellos los asociados a documentación apropiada que permita acceder a asistencia sanitaria, trabajo formal y una fuente de ingresos económicos que mejoren sus condiciones básicas de vida, como vivienda, alimentación y vestimenta.
Una de las consecuencias de estos retos es el hacinamiento, es común encontrar familias enteras o varias familias viviendo en una misma casa con dos habitaciones o incluso en una misma habitación. Por otro lado, los migrantes, son expuestos a explotación laboral con largas horas de trabajo o incluso realizando labores para las que no fueron contratados.
En el caso de las personas que salieron de Venezuela en búsqueda de atención sanitaria, pueden llegan a fallecer sin acceder a servicios de salud por no tener los recursos ni la documentación adecuada. La salud es un derecho, para personas migrantes, refugiadas y desplazadas en cualquier conflicto.
La hipersexualización a la que ha sido expuesta la mujer venezolana, facilita que sea víctima de acoso laboral, callejero y en muchos casos un blanco fácil de las redes de trata que se benefician de la vulnerabilidad en el que se encuentran estas mujeres.
Y no podemos dejar de mencionar que para la niñez migrante y refugiada acceder a educación durante la pandemia ha sido complicado, considerando que no todas las familias cuentan con dispositivos electrónicos o internet para recibir clases de manera virtual.
A todas estas barreras se le suma la exposición negativa de los venezolanos en los medios de comunicación, quienes son víctimas de xenofobia sistemática que limita aún más el acceso a servicios, como por ejemplo la vivienda.
La pandemia de COVID-19 incrementa la vulnerabilidad de la población migrante y refugiada, pero nos ha enseñado que ha llegado el momento de desarrollar alianzas y establecer una red sólida entre todas las instituciones que trabajan en migración
Por esta razón me he unido al proyecto Red Recuperación, porque es urgente trabajar en conjunto, debemos entender que esta diáspora no es temporal, ya muchos tienen arraigo, tienen hijos nacidos fuera de Venezuela, por lo que es imperativo que todas y todos hagamos valer el derecho a una mejor calidad de vida, pero lo más importante como lo establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas “sin que nadie se quede atrás”.
