Recursos alternativos para las ONG en la era 4T

Aunque decir que en el reverso de la crisis siempre está la oportunidad es un cliché, no por ello deja de ser un consejo útil y oportuno cuando urge encontrar alternativas. Esto aplica para muchas ONG que realizan labor social en México y que abruptamente vieron cortados los fondos públicos
de los que dependían en mayor o menor medida.

La buena noticia es que en este caso hay alternativas, y de enorme proyección; quizás irrepetibles, de esas que sólo se presentan en el curso de una o dos generaciones. En concreto, la inversión de impacto, que se abre paso de forma acelerada como uno de los vehículos más eficaces que tenemos a la mano para avanzar en las grandes causas del Siglo XXI a nivel global, regional, nacional y local. Hoy por hoy, el de mayor proyección.

La coyuntura política, económica y social actual en nuestro país es ideal para que sentemos las bases para detonar localmente este movimiento internacional, con objeto de canalizar capital y recursos de la filantropía, inversionistas, empresas y los mercados financieros, de México y del mundo, para impulsar proyectos, emprendimientos e innovación en beneficio de la sociedad y la sustentabilidad ambiental.

Hay que abordar con realismo y sentido de oportunidad una política definitoria de la 4T, que a estas alturas debe quedarnos bien clara, nos guste o no. El Presidente López Obrador lo ha reiterado hasta la saciedad: para fines de asistencia y/o desarrollo social –o para sus críticos clientelismo político– no quiere intermediarios entre gobierno y sociedad o, con mayor precisión,
entre los recursos públicos destinados para ello y los beneficiarios.

AMLO cree en la entrega directa de los apoyos, de preferencia en efectivo, sin el concurso de activistas y asociaciones que realizan trabajo comunitario, lo mismo en estancias infantiles y refugios para mujeres amenazadas por la violencia que en iniciativas para proveer agua potable o Internet en pueblos apartados, en este caso para que los provea e Estado. De hecho, desconfía de
ellos, desde mi punto de vista erróneamente, porque el mal proceder de unos cuantos no justifica generalizar y cuestionar lo que hacen miles de personas, organizaciones y asociaciones honestas y comprometidas.

Como sea, según se refiere en una nota aparecida en El Universal el pasado 14 de mayo, este año las organizaciones sociales dejarán de recibir 6 mil 200 millones de pesos del Gobierno Federal, de acuerdo con lo erogado para ese concepto en 2018, en el que 2 mil 656 asociaciones recibieron financiamiento de 18 dependencias a través de convenios y programas de fomento.

Es mucho dinero y sin duda habrá afectaciones importantes para varias organizaciones y, lo más importante, para sus beneficiarios. Sin embargo, tampoco puede ser el fin del mundo para las más de 22 mil 500 asociaciones que, según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil,
podrían acceder a dinero público para la acción, el cambio y la innovación social y ambiental.

Aquí es donde la promesa de la inversión de impacto emerge como gran oportunidad. A sólo 12 años de que se acuñara el concepto, por iniciativa de la Fundación Rockefeller, hoy es un sector en el que alrededor de mil 300 inversionistas institucionales manejan más de 502 mil millones de dólares, de acuerdo con The Global Impact Investing Network. Y el potencial parece infinito, a medida que el sector financiero tradicional se incorpora al movimiento.

Ante esas cifras, los recortes del gobierno mexicano al llamado tercer sector se quedan muy cortos: hay 32 mil veces más dinero invertido en causas sociales por fondos e inversionistas privados en el mundo.
En síntesis, de acuerdo con la definición del Global Steering Group for Impact Investing, se trata de optimizar el riesgo y el rendimiento financiero, los parámetros de evaluación de las inversiones tradicionales, con el impacto social o ambiental al que la inversión de impacto va intencionalmente dirigida. Todo ello con medición objetiva de resultados: retorno de capital y
beneficio social o ambiental.

No todos los proyectos sociales o ambientales pueden, ni deben, garantizar un retorno a la inversión, pero aún ahí existen alternativas, con el desarrollo de portafolios de inversión o el concepto de blended finance.

Volvemos al punto inicial. Quienes recibían financiamiento público para promover e iniciativas valiosas para sus comunidades y para la sociedad tienen dos opciones: lamentarse, quejarse e interrumpir sus labores o buscar alternativas, al margen de que sigan defendiendo, en el debate público o con actividades de cabildeo, el modelo de la subsidiariedad social y las sinergias que pueden lograrse entre el gobierno, la sociedad organizada y la iniciativa privada.

Muchas se han puesto manos a la obra, con una actitud proactiva. Lo mismo con la organización de conciertos o sorteos que a través de alianzas con empresas. En la inversión de impacto hay el equivalente a un tren de alta velocidad para escalar el impacto y al alcance de sus actividades, ya
sea individualmente o en conjunto, a través de sinergias entre varios actores de algún sector o, ¿por qué no?, entre varios sectores unidos por una causa. El reto es que, aunque es un fenómeno creciente en México, está casi todo por hacerse.

Hay que acelerar el paso y consolidar el ecosistema apropiado. Es el momento. Ese es el compromiso de la Alianza por la Inversión de Impacto en México, que se fundó apenas en 2015, y la invitación que hacemos a hacer equipo, a la sociedad civil, al sector privado, al sector público en los tres niveles de gobierno, a la 4T. Aquí es un ganar-ganar. Que no se nos vaya la oportunidad.