SOS: Una política energética retrógrada y suicida

Las crisis suelen ser aceleradoras del futuro. Como apretar un botón de Fast Forward para ir adelante con nuevas formas de pensar y hacer las cosas. Sin embargo, también pueden dar ocasión para la tentación de meter reversa con la función de Rewind. Lamentablemente, eso ocurre hoy en México en materia medioambiental y sobre todo en el desarrollo de la energía renovable. El Covid-19 usado como pretexto para consolidar una política energética regresiva.

Afortunadamente, empresas afectadas, grupos ambientalistas, organizaciones de defensa de derechos humanos y aún gobiernos sub-nacionales han actuado por la vía legal. Se logró que jueces suspendieran provisionalmente los efectos de esta embestida desde el gobierno, recrudecida desde fines de abril, cuando se pretendió frenar proyectos solares y eólicos a punto de arrancar, todo con la justificación de garantizar la “confiabilidad” del sistema eléctrico durante la pandemia.

El pretexto no sólo es inverosímil porque la participación de estas tecnologías limpias apenas venía contribuyendo con entre 7 y 11 por ciento del abasto eléctrico, sino por toda una serie de acciones contrarias a la energía renovable: al menos desde la cancelación de una cuarta subasta de generación a largo plazo a inicios de 2019, a la que siguieron acciones como el intento de acabar con el mercado de Certificados de Energía Limpia. Más aun, porque el acoso continúa, en el marco de una política retrógrada, sin ninguna lógica de costo-beneficio energético, económico o ambiental: todo por un proyecto más bien político y una orientación ideológica anacrónica.

Entre las últimas acometidas, un alza de hasta 800% en tarifas de transmisión a centrales privadas de generación renovable que operaban antes de la reforma energética del 2013, así como amagos de aumentos, por el mismo concepto, al autoabastecimiento eléctrico.

Inclusive ha habido inquietud en el mercado de la generación distribuida, la instalación de paneles solares en hogares y pequeñas empresas, aunque afortunadamente todavía no alguna medida en específico. Esto es algo muy difícil de entender, debido a las ventajas de estos sistemas no sólo para el medio ambiente y los usuarios en términos de ahorros, sino para que la empresa eléctrica del Estado tenga un alivio financiero. A la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le cuesta unos 22 centavos de dólar generar un kilowatt que vende en apenas 0.05 centavos en promedio. Cada casa o negocio que compra menos luz de la red ayuda a que nuestro gobierno pierda un poco menos.

¿Puede entenderse una lógica de aceptar electricidad más cara y contaminante solo por una estrategia paradójica e inviable de “autosuficiencia energética” y renacionalización del sector? Más que ideología, pareciera una obsesión cuyo precio es demasiado alto.

Además de pérdida de inversiones y empleos, esta política de “eficiencia”, en vez de ayudar a la CFE, podría hundirla en la insolvencia operativa: más subsidios a cargo del erario. Todo eso más el incumplimiento de compromisos frente al cambio climático y un potencial aumento en los índices de mortalidad y de enfermedades por afecciones respiratorias, justo en medio de la pandemia.

¿Cómo es posible hablar de una política de seguridad energética que implica quemar más combustóleo? Su uso ya está prohibido hasta para la navegación en altamar, pero en México se busca impulsarlo para la generación eléctrica, previo al desplazamiento de las energías limpias del mercado, y de paso, “financiar” otra obsesión igualmente costosa y contaminante: producir más gasolinas, de las que el combustóleo es un subproducto residual.

Justo cuando hay exceso de oferta de gasolina en el mundo, y en los albores de la era de los vehículos eléctricos, una estrategia ideal para multiplicar las pérdidas de la petrolera estatal (25 mil millones de dólares en el primer trimestre).

¿Y la “confiabilidad” del aire que respiramos? Según estudios científicos, anualmente fallecen de forma prematura 25 mil personas en México debido al combustóleo. Especialistas han hablado de hasta 20 mil más por año si se extiende su uso en las termoeléctricas. La Universidad de Harvard acaba de publicar un estudio que afirma que el aumento de un microgramo por metro cúbico de partículas PM 2.5 se asocia con un incremento de 8% en la tasa de mortalidad de Covid-19.

Para la atmósfera, esta política para “garantizar la eficiencia” podría garantizar casi 715 mil toneladas de CO2 por mes que no podrán evitarse. Así, México va en camino del incumplimiento de su compromiso de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en un 22% al 2030. Claramente vamos en sentido contrario, cuando, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, las renovables serán la única fuente que crezca en el 2020 a nivel mundial.

En esta trama, todo remite a la regresión: la misma justificación de beneficiar “al pueblo”. El costo promedio de la electricidad de las plantas de combustóleo o carbón, que se verían favorecidas al sacar del mercado mayorista a la competencia más eficiente, asciende a 140 dólares megawatt-hora. El de las energías renovables puede ser inferior a 21 dólares, conforme a la última subasta eléctrica. Esto tiene un efecto dominó. Para la industria, las tarifas de CFE llegan a ser superiores en 20% a las de Estados Unidos, mientras que para empresas medianas el sobrecosto llega a 40 por ciento. Eso repercute en mayores precios de bienes y servicios que pagan los consumidores.

En términos de Estado de derecho, se contraviene un vasto entramado de leyes y tratados ratificados por nuestro país: de la misma Constitución a las leyes de la Industria Eléctrica, la General de Cambio Climático y la de Transición Energética. Asimismo, acuerdos de libre comercio, el Protocolo de San José (derecho humano al medio ambiente sano) y el Acuerdo de París. Por supuesto, se vulnera la legislación que previene contra prácticas monopólicas.

No es de extrañar que se hayan activado tensiones con otros países donde están las sedes de empresas afectadas. Se frenaron 44 proyectos renovables programados para entrar en operación comercial este año y en 2021, los cuales representan Inversiones por más de 9 mil millones de dólares. Y todo esto cuando enfrentamos el escenario de la recesión más aguda desde los años 30.

Se ha aducido que los cambios también responden a que había corrupción y abusos, pero en lugar de las denuncias correspondientes, se cierra la puerta a la energía renovable. Lo más contradictorio es que la monopolización y la arbitrariedad propician la opacidad.

El dilema gobierno vs empresas está rebasado desde hace tiempo en el sector energético, donde capital privado y gubernamental se complementan, incluso en sociedad accionaria. Es aún más anacrónico ante desafíos realmente existenciales para la humanidad. ¿Qué importa más, que el Estado tenga una cuota del 54% de la electricidad o asegurar energía barata, limpia y con futuro?

Mario Molina, el Premio Nobel de Química mexicano, ha señalado que no tiene caso regresar al siglo pasado o antepasado en materia energética. Podemos añadir que, además, intentarlo puede ser suicida, al menos en términos ambientales y económicos. Ahí están los números. Esta crisis no puede ser pretexto para ese tipo de retrocesos. Ni en México ni en ningún otro país. Ya no.