El fundamento para una mejor infraestructura pública
Las contrataciones abiertas empujan controles potentes – desde controles de acciones concretas hasta análisis de tendencias sectoriales
Una historia de Open Contracting Partnership.
Pocas personas saben tanto sobre Comayagua como Walter Ulloa. El historiador autodidacta ha escrito once libros sobre la región a la que llama su hogar en las ásperas tierras altas del centro de Honduras. Abandonó la escuela después del décimo grado y tuvo que aprender varios oficios para mantener a su familia, pero eso no le ha impedido convertirse en un defensor vocal y apasionado de los ciudadanos de la región.
En su tiempo libre, es uno de los más de 500 monitores ciudadanos voluntarios en el país que realizan un seguimiento de los proyectos públicos en sus comunidades.
“Observamos los proyectos que son de interés local. Estos pueden ser una nueva carreteral o un nuevo hospital. Por ejemplo, el nuevo Policlínico en Siguatepeque será el primer hospital de la ciudad. Tuvimos un centro local de salud, pero para acceder a algo más grande, teníamos que ir a la siguiente ciudad”, dice Ulloa, refiriéndose a su ciudad natal, Siguatepeque, que se encuentra entre la capital hondureña, Tegucigalpa, y el Mar Caribe al norte, por lo que es un punto de descanso común para los viajeros que conducen a través del país.
“Es importante seguir de cerca las obras públicas”, añade.
Empoderando a los ciudadanos por medio de la apertura de proyectos de infraestructura
La infraestructura local puede mejorar dramáticamente la vida de las personas y crear oportunidades económicas. Pero cuando la supervisión es deficiente, estos proyectos son vulnerables a retrasos importantes en la ejecución de las obras. Con el gobierno federal lejos, los administradores locales pueden ser indiferentes a estos proyectos.
“La capacidad para monitorear proyectos públicos es baja”, dice Ulloa. Es por eso que él y otros ciudadanos han estado trabajando con representantes del gobierno y las empresas a través de CoST: la Iniciativa de Transparencia de la Infraestructura (CoST) para realizar un seguimiento a la información que los organismos públicos publican sobre sus proyectos de infraestructura y verificar si esa información refleja la realidad en el terreno.
“Ahora, a nivel local, hay un mayor grado de transparencia”, comenta Ulloa. De hecho, la mayor parte de la información sobre los proyectos de infraestructura del país ya se publica, a comparación con el 2015, cuando en promedio, la información de proyectos divulgada era menos de un tercio de lo requerido por la ley.
En un esfuerzo por impulsar el desarrollo, se están invirtiendo grandes cantidades de dinero de fondos públicos, bancos multilaterales y compañías privadas en proyectos de infraestructura en Honduras. Pero el rápido crecimiento de la inversión en infraestructura a gran escala en los últimos años ha convertido al sector en un objetivo atractivo para la corrupción y el crimen organizado, que son tanto causas como consecuencias de los problemas del país con la violencia y la pobreza. Incluso cuando la corrupción no es la culpable, los niveles preocupantemente bajos de la transparencia en infraestructura de proyectos ha hecho ganar la confianza de los inversores y las comunidades un desafío. La planificación deficiente y la falta de diálogo entre los responsables de los proyectos de infraestructura y los afectados por ellos, a menudo han llevado a las relaciones con las poblaciones locales a un punto de quiebre, lo cual lleva a retrasos importantes en los proyectos de infraestructura y protestas públicas; en el peor de los casos, estos han resultado mortales.
Como punto de partida para abordar estos problemas, el gobierno ha tomado medidas para aumentar la transparencia y la responsabilidad en el sector de la infraestructura. En los últimos cuatro años, a través de CoST, la cantidad y la calidad de la información sobre la infraestructura pública ha mejorado dramáticamente, y la participación de las comunidades en las decisiones sobre ofertas públicas ha aumentado.
A partir de esto, el gobierno introdujo nuevas políticas para mejorar la adquisición de infraestructura y renovó las entidades públicas responsables de construir y ejecutar grandes proyectos en el transporte y otros sectores, como redes de carreteras, hospitales y un nuevo aeropuerto. Estas políticas están diseñadas para abordar problemas comunes en el ciclo de adquisiciones, como el exceso de costos y el tiempo.
Por primera vez, el gobierno está publicando suficientes datos para que los monitores identifiquen sobrecostos. Ahora pueden calcular sobrecostos estimados o costos reales en un gran subconjunto de los contratos — 95% de los cerca de 1.000 contratos de infraestructura de las tres principales agencias, comparado con el 40% en 2015. De la misma manera, el 44% de los contratos tiene datos para calcular los excesos de tiempo que se encuentren por encima del 10%.
Honduras tiene la meta de ampliar el alcance de estas reformas de transparencia mediante la mejora de la calidad y variedad de la información publicada y ampliar el uso de las mejores prácticas globales para compartir datos, como el contratante Estándar Abierto de Datos (OCDS) — un esquema que ya se está utilizando para publicar datos sobre asociaciones público-privadas. Esto facilitará que las entidades públicas más allá de la infraestructura mejoren la calidad de los bienes y servicios y aseguren que los fondos e inversiones del gobierno se gasten de manera inteligente.
Este es un progreso importante. Pero el impacto sistémico se producirá cuando la evidencia respaldada por datos sirva de base para inspirar reformas amplias y sea utilizada por todos los actores para garantizar que los proyectos se administren para servir mejor a la comunidad.
Marcadores tempranos de éxito: cómo una mayor apertura a lo largo del proceso de adquisición ha llevado a reformas
Hemos visto casos prometedores y resultados que muestran cómo una mayor transparencia y apertura a lo largo del proceso de adquisición está comenzando a impulsar el cambio.
- Carreteras: los datos de adquisición conducen a una revisión completa de la agencia de mantenimiento de carreteras.
Cuando la agencia de mantenimiento de carreteras no publicó información sobre sus proyectos y contratos, las autoridades decidieron investigar. En múltiples casos, descubrieron que los grupos del crimen organizado eran dueños de las compañías que ganaron los acuerdos. La agencia ha sido desmantelada y se está reconstruyendo para ser más transparente. LEER MÁS
- Corredor turístico: los datos revelan un exorbitante riesgo del bolso público en proyectos de asociaciones público-privadas
La construcción de una carretera de cobro a lo largo de una ruta turística popular se ha visto afectada por la controversia que culminó en que ciudadanos enojados incendiaran las cabinas de cobro. Los datos y documentos sobre el proyecto revelaron estimaciones de tráfico poco realistas y otros errores de planificación, que han hecho que el gobierno esté obligado a pagar a su consorcio de contratistas del sector privado cinco veces la cantidad que se invirtió inicialmente en el proyecto. Datos de contratación abierta ha informado ºestá informando, destacando las deficiencias en el proceso. LEER MÁS
- Diseño de proyectos: las reformas de políticas y normativas abordan los diseños obsoletos
El proceso de aseguramiento de CoST, que resalta la precisión y la integridad de los datos de infraestructura, se llevó a cabo en una muestra de proyectos de la Dirección General de Carreteras, que reveló que el 60% se basó en diseños obsoletos. Algunos diseños tenían más de 14 años. Esto llevó a costos excesivos, que iban del 157% al 197%, y demoras de 18 a 60 meses. Desde entonces, el gobierno ha introducido nuevas políticas que requieren que todos los proyectos proporcionen diseños actualizados antes de que pueda comenzar la construcción. LEER MÁS
- Participación:reformas políticas y regulatorias exigen consultas con la comunidad desde el inicio
Muchos de los proyectos evaluados por CoST no tenían o ignoraban las consultas con la comunidad. Un proyecto, aprobado sin un estudio de factibilidad o plan de reasentamiento de la comunidad, se retrasó por siete años y con un costo extra de US $5 millones, o 120% más, al punto que las excavadoras aparecían en frente de las casas de los vecinos sin su aprobación.. En respuesta a esto, el gobierno ha hecho obligatorio que todas las necesidades de reasentamiento de la comunidad se declaren expresamente, y los contratos deben incluir cláusulas para promover el compromiso de la comunidad para aumentar la responsabilidad social y la participación ciudadana. LEER MÁS
El camino hacia la mejora de los datos de infraestructura de Honduras
Gracias a las reformas legislativas, las entidades públicas están obligadas a publicar información sobre sus contratos de infraestructura. Desde 2015, esto se realiza a través de una base de datos centralizada a la que se accede en una plataforma llamada SISOCS, que fue desarrollada por CoST Honduras y el Banco Mundial. El portal público contiene datos y documentos sobre más de 1,000 proyectos de nueve entidades públicas que representan una inversión total de 20,471 millones de lempiras (alrededor de US $ 855 millones).
En principio, la información disponible debe cubrir todas las etapas del proceso de adquisición, desde la planificación hasta la adjudicación y la implementación. Pero en la práctica, las entidades públicas no siempre publican toda la información que deben o lo hacen con precisión. La investigación realizada por un organismo de control local contra la corrupción encontró que había una grave falta de supervisión en el sector de infraestructura de Honduras, con cinco agencias clave que solo cumplían con el 42% de las leyes de adquisiciones y el 21% de las leyes de transparencia, una brecha que refleja un riesgo significativo de corrupción según el grupo Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), el capítulo nacional de Transparencia Internacional.
El seguimiento de las tendencias, como el seguimiento de los gastos y el análisis de la eficiencia, sigue siendo un desafío. Para refinar la calidad y la integridad de sus datos, el gobierno ha adoptado un nuevo estándar como guía para publicar información relevante: un esquema de datos abiertos de código abierto denominado Estándar de Datos de Contratación Abierta (OCDS). El estándar, que fue desarrollado por la Open Contracting Partnership, facilitará a los ciudadanos, empresas y otras organizaciones el uso de datos de infraestructura y el desarrollo de sus propias herramientas específicas. A principios de 2018, el gobierno comenzó a poner a prueba el estándar con asociaciones público-privadas y está trabajando paraproteger Adopción universal en todos los proyectos de infraestructura, así como en adquisiciones más amplias.
Más de una docena de países ya están utilizando el OCDS como parte de un enfoque innovador de adquisiciones, conocido como contrataciones abiertas, aunque Honduras es uno de los primeros países en utilizar datos específicamente adaptados para el sector de infraestructura. Una de las mejores prácticas internacionales es la fusión del Estándar de Datos de Infraestructura de CoST, el Marco de PPP del Banco Mundial y el OCDS.
La publicación de datos aumenta dramáticamente, del 27% al 95%
Para mejorar la calidad y la cantidad de información, ciudadanos capacitados, voluntarios y observadores profesionales revisan la información en el sistema SISOCS y verifican su exactitud mediante la revisión de documentos originales y la realización de entrevistas y visitas físicas al sitio. CoST Honduras envía informes mensuales a todas las entidades públicas sobre su desempeño y publica informes de seguridad completos y regulares de una selección de proyectos de varias agencias en detalle, dándoles recomendaciones para mejorar. Hasta la fecha, se han revisado 67 proyectos de infraestructura pública (de los aproximadamente 1.000 incluidos en la base de datos SISOCS). Como parte de la revisión, cualquier información que falte en la base de datos de SISOCS se solicita a la entidad pública que responde públicamente a través de SISOCS. Esto ha mejorado el acceso a la información dramáticamente. En los cuatro años desde que se introdujeron estas reformas de transparencia, las agencias incluidas en los informes de garantía de CoST, en promedio, ahora revelan el 95% de la información que se supone que deben presentar por ley, en comparación con sólo el 27% en 2014.
Los actores no gubernamentales se han convertido en un recurso único para las autoridades, brindando asesoramiento independiente sobre cómo mejorar los procesos y proyectos de contratación pública. A través del grupo el Grupo MultiSectorial (GSM),de CoST, un órgano de decisiones con liderazgo local, que consta de representantes de la sociedad civil, la industria y las diferentes agencias gubernamentales, los afectados por los proyectos de infraestructura tienen un papel activo en el monitoreo de la forma en que se obtienen y se entregan los proyectos de infraestructura. El grupo también conduce el proceso de aseguramiento, que consiste en la identificación de los proyectos que se planean incluir, hacer recomendaciones al gobierno, el seguimiento de cómo se adoptan estas recomendaciones, y asegurar que las entidades públicas y las empresas privadas con las que trabajan sean responsables.
Alfredo Cantero, Ministro de Transparencia y miembro fundador de CoST Honduras, destaca la importancia de involucrar a todos los interesados. “El GMS ha logrado desarrollar un nivel verdaderamente sincero de diálogo entre la sociedad civil, el sector privado y el gobierno, donde se pueden transmitir opiniones con respeto y honestidad; siempre es nuestra opinión. Esa situación ha contribuido a una iniciativa basada en el respeto mutuo; compartimos una común visión para el bien mayor del país y también de cómo tratarnos y relacionarnos entre nosotros mismos ”.
A partir de julio de 2018, CoST Honduras tiene acuerdos de monitoreo con grupos comunitarios en aproximadamente 250 municipios en 14 de las 18 regiones de Honduras (o “Departamentos”), en comparación con 90 municipios en 2016. También han capacitado a 175 monitores civiles en el uso del sistema SISOCS, y más de 500 en el monitoreo general del proyecto.
Incremento de los datos, la confianza y el impacto hacia una nueva cultura del gasto público en el ojo público
Por primera vez, comienzan a existir suficientes datos sobre los procesos de contratación para alertar a las autoridades sobre posibles tendencias en agencias particulares y en todo el sector, que pueden seguir, subir y verificar con otros métodos de investigación, controles y comentarios de los ciudadanos.
SISOCS ahora incluye indicadores de desempeño del proyecto que miden la eficiencia y la apertura de los procesos, considerando diferentes aspectos de la información divulgada. Por ejemplo, en los casos en que el valor original ha cambiado o se ha modificado, los proyectos se penalizan con un puntaje de bajo rendimiento en los reportes mensuales de las entidades públicas, lo que indica que puede requerir un mayor escrutinio.
Una comparación de los valores estimados con los datos de implementación financiera ayuda a identificar dónde podría haber posibles sobrecostos. Un análisis preliminar de los datos de SISOCS disponibles públicamente para tres agencias sugiere que aproximadamente el 95% de los contratos tenía datos suficientes para calcular el exceso de costos reales o estimados en 2017, en comparación con solo el 40% en 2015.
Del mismo modo, el 44% de esos contratos tenía datos suficientes para calcular el exceso de tiempo real o estimado en 2017, en comparación con el 10% en 2015.
Todavía es temprano, pero la confianza de las empresas y los inversionistas parece estar creciendo.
“Ha tenido sin duda un impacto positivo porque hemos visto un incremento de interés por parte de inversores nacionales e internacionales en el sector de la construcción en Honduras”,dice Miriam Varela de la Cámara de Industria de la Construcción (CHICO).
“Una gran cantidad de esta confianza se ha producido porque el país está tomando medidas importantes en la difusión de información sobre los contratos de obras públicas, lo cual ha fortalecido la transparencia”.
Ella observa que ha habido un aumento en las quejas desde que se estableció CoST, lo que ella ve como una Lo bueno: más quejas de los postores significa más supervisión de los proyectos.
Pero el trabajo de los monitores ciudadanos no está exento de riesgos, a pesar de un decreto ejecutivo que hace obligatorio el monitoreo comunitario de los proyectos, dice Walter Ulloa, del grupo de la sociedad civil en Siguatepeque. Ulloa, quien es anfitrión de un programa de televisión local, dice que las autoridades municipales han presionado fuertemente al dueño del canal para que cancele su programa y a sus anunciantes que se retiren. También sintió que su vida estaba en peligro después de recibir llamadas amenazadoras anónimas. Pero estas amenazas no lo han disuadido de continuar su labor de vigilancia.
“Creo que si lo hiciera [parar], estaría alentando a mis adversarios y eso pondría mi vida en mayor riesgo porque estaría mostrando signos de miedo o que ellos tienen el poder de restringir la libertad que tengo como periodista y como ciudadano, para exigir transparencia y responsabilidad”, dijo Ulloa.
El desafío ahora es establecer una cultura en Honduras donde los ciudadanos y las empresas informen activamente sobre los problemas, dice Yahaira Velásquez, especialista en compras y contrataciones en el organismo de control de la sociedad civil ASJ.
“Debemos aspirar a los sistemas de reporte de la sociedad civil que ya existen en otros países, donde por ejemplo, las mismas personas que viajan en carreteras, observan una falla o anomalía y proactivamente toman fotografías de manera instantánea y las publican en los portales o sistemas de información, esto los convierte en participantes activos. O con signos de construcción, en el que señalan que el trabajo debería haber sido completado en ocho meses, pero no se terminó en ese período, por lo que toman fotos de los trabajos en curso y la envían a esos sistemas. De esta manera, toda la población considera que es su obligación informar para contribuir a la transparencia y la eficiencia en la gestión de las instituciones públicas ”.
Con más información disponible en formato de datos abiertos, en tiempo real y con mejor calidad, se ha dado un primer paso importante en Honduras para llevar sus ambiciones a una mayor escala. Los ciudadanos y las empresas tendrán que ser copilotos para garantizar que la infraestructura pública pueda ofrecer todo lo que promete.
Estudio de caso 1
FondoVial, los datos de adquisiciones llevan a la revisión total de la agencia de mantenimiento de carreteras
Una grave falta de transparencia en la red de transportes en Honduras ha sido motivo de mucha preocupación. La mayoría de las carreteras están en mal estado y carecen de señalización e iluminación suficientes. Las carreteras generalmente tienen un solo carril en cada dirección, y las calles secundarias están en su mayoría sin pavimentar. Los caminos en las montañas son empinados y sinuosos, mientras que las tormentas estacionales causan inundaciones y deslizamientos de tierra. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muerte en Honduras, con seis veces más muertes comparación con el Reino Unido.
El Fondo Vial, la entidad pública responsable de mantener una red de 14.000 kilómetros de carreteras pavimentadas y no pavimentadas, ha estado plagada con problemas.
Establecido en 1999, el Fondo fue una en el pasado una institución bien administrada, pero en los últimos diez años ha sido “politizado”, [con la asignación de fondos basados en políticas de lealtades en lugar de las necesidades de la comunidad], según el director de la Cámara de la Industria de la Construcción de Honduras, Silvio Larios, dijo a un periódico local el año pasado. Los vínculos con el crimen organizado se han sospechado desde hace tiempo y recientemente fueron investigados, resultado en que un líder de la notoria pandilla Los Cachiros afirmará que el grupo pagó sobornos para ganar el Fondo Vial y otros contratos de obras públicas.
Unos 2,700 millones de lempiras (alrededor de US $ 112 millones) se invirtieron en el Fondo de Carreteras desde 2014 hasta julio de 2017, tiempo durante el cual tuvo un desempeño inferior en las revisiones de CoST: la Iniciativa de Transparencia de Infraestructura (CoST). De ocho proyectos de infraestructura incluidos dentro del proceso de aseguramiento de CoST Honduras, sólo alrededor del 60% de la información requerida estaba disponible en la base de datos SISOCS. Los datos y documentos faltantes, especialmente los detalles de las modificaciones, transacciones y otros datos sobre la administración (19% divulgados) y la ejecución (35% divugados) de las fases de los contrato, ofrecieron pistas sobre dónde podrían haberse ocultado los posibles problemas o incluso los delitos. A mediados de 2017, el Presidente emitió un decreto ejecutivo para despedir a los directores del Fondo e investigar la potencial corrupción. El Fondo, que tenía contratos en curso con alrededor de 70 empresas, se desmanteló en enero de 2018 y los datos publicados sobre el sistema SISOCS están sirviendo a la Comisión de Intervención que fue creada (Comisión Interventora del Fondo Vial) para entender qué salió mal y decidir cómo debería verse la nueva agencia.
La comisión está encabezada por Marco Bogran, quien es el CEO de INVEST-H, una entidad pública que se percibe como altamente transparente y que siempre se desempeña bien en los informes de aseguramiento de CoST Honduras.La comisión esta formada por un equipo multidisciplinario que incluye abogados, financieros y auditores, quienes revisaron todos los contratos implementados por el Fondo de Carreteras para identificar los contratos con problemas y anomalías. Los contratistas y supervisores de los contratos activos del Fondo Vial, donde el trabajo estaba avanzando, se mantuvieron y se pagaron para cumplir con los contratos. Los contratos con contratistas que no tenían la capacidad de completar el trabajo se suspendieron o cancelaron.
Una nueva agencia, la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial, fue creada en junio de 2018 y operará dentro de INVEST-H.
[En 2020, el gobierno compró hospitales móviles para apoyar la respuesta a la crisis de COVID-19 por medio de un proceso de contratación opaco. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública está investigando el ahora exdirector de INVEST-H, Marco Bográn, sobre alegaciones de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales.]
Estudio de caso 2
Corredor turístico: los datos revelan un exorbitante riesgo del bolso público en proyectos de asociaciones público-privadas
Para ayudar a cerrar la brecha entre las necesidades de infraestructura de Honduras y los fondos públicos disponibles, el país ha recurrido a las asociaciones público-privadas (APP). Estos grandes proyectos pueden ser riesgosos y complejos, e involucran a diferentes partes y consorcios de empresas. Estos proyectos usualmente duran décadas y tan solo la fase de planificación puede llevar años. Este alto nivel de complejidad hace que sea esencial proporcionar transparencia en todo el proceso, así como mecanismos para realizar un seguimiento eficaz del progreso para asegurar que los ciudadanos se beneficien de estas inversiones.
Como esto puede ser muy difícil en la práctica, CoST Honduras introdujo un sistema para realizar un seguimiento efectivo de las PPP. En el centro de la misma se encuentra un portal en línea fácil de usar específicamente para datos y documentos relacionados con proyectos de APP, que Honduras lanzó a principios de 2018 utilizando el Estándar de Datos de Infraestructura de CoST y el Marco de Divulgación de APP del Banco Mundial. Los datos se publican en un formato estandarizado basado en el esquema de mejores prácticas globales, el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas. Siguiendo esto, se asignan identificaciones únicas para cada proyecto, lo que facilita el seguimiento de la complicada red de partes involucradas y la multitud de documentos, desde estudios de impacto socioeconómico hasta garantías bancarias.
La plataforma cubre todas las APP en Honduras: los 21 proyectos con un valor de más de US $1.469 mil millones en noviembre de 2018. En comparación, el valor total de los aproximadamente 1.000 proyectos regulares de infraestructura pública en la plataforma general SISOCS es de alrededor de US $ 878 millones, o 60% el de las PPP.
Datos y documentos SISOCS — como el valor estimado del contrato, planes de reasentamiento de la comunidad, modificaciones, y la ejecución financiera — además de contribuir a la revisión periódica de los proyectos seleccionados a través del proceso de aseguramiento de CoST, han revelado que las deficiencias en la planificación de las APP y los contratos son un problema común.
Uno de los casos más explosivos implicó una APP para construir el Corredor Turístico El Progreso, una carretera de cobro en una ruta turística popular. El proyecto fue diseñado para mejorar la seguridad, reducir los tiempos de viaje y mejorar las oportunidades económicas para las empresas locales. Ha tenido el efecto contrario hasta ahora.
El proceso de revisión descubrió serias discrepancias en el acuerdo de 2015 entre la entidad pública COALIANZA y el consorcio de empresas, ADASA. Un estudio de factibilidad sobreestimó en gran medida el tráfico y, por lo tanto, los potenciales ingresos de las cabinas de cobro de la carretera. CoST Honduras descubrió que esto dejaría al gobierno pagando un total de US $517 millones durante los próximos 15 años para cumplir con los ingresos mínimos garantizados del consorcio. En contraste, el sector privado solamente invirtió US $ 162 millones (3,900 millones de lempiras) en el contrato original. El Grupo Multisectorial ed CoST Honduras también expresó su preocupación por la contratación sospechosa del personal de la entidad pública por el consorcio empresarial tras la firma del acuerdo de APP.
Los periodistas, que recibieron capacitación de CoST Honduras, también expusieron el impacto que el trato mal planeado estaba teniendo en la comunidad. Josué Quintana, ganador del Premio a la Transparencia de CoST Honduras, informó sobre el Corredor Turístico luego de completar el diplomado de la organización en periodismo sobre infraestructura. Decidió escribir sobre el proyecto debido a la clara oposición de la comunidad a él.
“La inquietud y la incertidumbre de la población fueron evidentes porque desde el inicio del proyecto se reveló muy poco sobre los términos que el Estado había negociado con el consorcio”, dijo Quintana.
Los propietarios de pequeñas empresas le dijeron a Quintana que el peaje era injusto porque imponía impuestos a los comerciantes de una ciudad en una ruta comercial común más que a los de otras ciudades. Otros conductores se opusieron a la introducción de peajes antes de que se completara la nueva carretera. Comenzaron un boicot, con alrededor de 8,000 automóviles por día que pasaban por las cabinas de peaje sin pagar. Los conductores argumentaron que se violaba su derecho constitucional a la libertad de tránsito porque no había una ruta alternativa y gratuita. La policía le dijo a Quintana que había más accidentes en la carretera debido a las obras y que los retrasos en el tráfico eran un problema. No solo el acuerdo de APP sobreestimó el valor de los ingresos por peaje, sino que también hubo discrepancias con respecto a las tarifas y los cargos impuestos. Se proyectó que alrededor del 59% de los ingresos provendrían de una cabina de peaje en un área donde la mayoría de los residentes se clasifican como de bajos ingresos, con ingresos mensuales promedio inferiores a los US $288. Incluso se tuvo que detener la construcción después de que los manifestantes incendiaron cabinas de peaje.
Quintana usó los informes de garantía de CoST y la base de datos SISOCS para escribir la historia.
“Al compilar la información, comencé documentando Los informes publicados de CoST Honduras, pero además, también busqué información sobre SISOCS. “Sabía cómo hacerlo porque me enseñaron en el curso del diplomado para periodistas y luego recurrí a muchas entrevistas de campo con expertos en el tema relacionado con este proceso”, dijo Quintana.
Poco después de que CoST publicará sus conclusiones sobre el proyecto en 2018, el gobierno siguió su recomendación para comenzar a negociar nuevamente el contrato y encargar un nuevo estudio para evaluar los niveles de tráfico y los costos con mayor precisión. Después de varios meses de deliberaciones, no pudieron llegar a un acuerdo y el proyecto continúa suspendido en el aire. Sin embargo, el gobierno está revisando sus procesos para garantizar que los tratos similares se manejen mejor en el futuro.
Estudio de caso 3
Diseño de proyectos: las reformas de políticas y normativas abordan los diseños obsoletos
Como parte de sus esfuerzos para aumentar la transparencia, Honduras ha introducido cambios regulatorios diseñados para mejorar la gestión y la eficiencia a largo plazo del sector de infraestructura.
Estos cambios se centran en problemas comunes, tales como el uso de diseños obsoletos. Cuando CoST revisó los proyectos que sufrían los mayores retrasos, encontraron que el 60% de los proyectos de la Dirección General de Carreteras (16 de 27) estaban basados en diseños antiguos y anticuados. El proyecto con el mayor retraso tuvo una brecha de 14 años entre el diseño y la fase de licitación. Los diseños obsoletos tuvieron que pasar por múltiples modificaciones que se hicieron después de que los contratos se habían adjudicado, lo cual dio lugar a costos excesivos en el rango de 157% a 197%, y retrasos desde 18 meses hasta 60 meses.
Sobre la base de las recomendaciones del proceso de aseguramiento de CoST, la Dirección General de Inversión Pública emitió una guía para que las entidades públicas presenten documentos de diseño actualizados antes de obtener la aprobación para iniciar el proceso de licitación.
Estudio de caso 4
Participación: las reformas normativas y de políticas incorporan el impacto social y la participación de la comunidad en las etapas iniciales.
La participación y el monitoreo de la comunidad son ahora una parte esencial del proceso de adquisición. Desde 2016, los auditores profesionales de CoST, la Iniciativa para la Transparencia de la Infraestructura (CoST), junto con los miembros de la comunidad de las Comisiones de Transparencia Ciudadana, han estado realizando visitas de campo a los sitios del proyecto.
A pesar de que estas visitas confirmaron un alto nivel de interés entre las organizaciones de la sociedad civil local para participar en el proceso de monitoreo, no se realizó ninguna consulta comunitaria previa sobre ninguno de los 19 proyectos de la Dirección General de Carreteras y Fondos Viales revisados por CoST ese año.
El ministerio de finanzas introdujo nuevas regulaciones que requieren que los planes de reasentamiento y los costos se divulguen en la etapa de la propuesta del proyecto después de que el Equipo de Aseguramiento de CoST Honduras expresó su preocupación sobre un proyecto de pavimentación de carreteras desde Las Crucitas a Teupasenti. Se esperaba que las obras viales beneficiaran a más de 50,000 personas y crearan 500 empleos en un área conocida por cultivar maíz, frijoles, verduras y otros productos. Pero el camino iba a atravesar comunidades, y no se había hecho ningún esfuerzo para considerar sus necesidades. Los planes del proyecto no contenían un estudio de viabilidad, ni planes de reasentamiento. Las excavadoras que llegaron repentinamente a sus puertas causaron graves problemas a los residentes y retrasaron el trabajo siete años, al tiempo que agregaron US $ 5 millones adicionales o 120% al costo total
Sobre la base de las recomendaciones del Grupo Multisectorial de CoST Honduras, además de la obligación de declarar las necesidades de reasentamiento, todos los contratos del gobierno deben ahora incluir dos cláusulas explícitas para promover la participación de la comunidad en los proyectos y facilitar las auditorías sociales para aumentar la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la exigencia de transparencia. Estas auditorías sociales obligatorias han ayudado a exponer las preocupaciones ambientales, de salud y seguridad.
Todas las imagenes cortesía de CoST Honduras.
