Abriendo datos anticorrupción en Ecuador
Implementación de la Guía de apertura de datos anticorrupción
Sabido es que contar con datos claros y estructurados permite mejorar la toma de decisiones, monitorear las acciones de gobierno o detectar anomalías en la implementación de políticas públicas. Los datos abiertos son especialmente útiles para luchar contra la corrupción: permiten conocer y analizar la recaudación impositiva de un gobierno, el gasto e inversión pública, la evolución patrimonial de funcionarios públicos, quiénes son contratistas de gobierno o se encuentran inhabilitados a serlo, qué instituciones reciben subsidios públicos, entre muchas otras ventajas.
Sin embargo, es un desafío construir bases de datos sólidas de calidad,compartir datos al interior del gobierno y colaborar con otras agencias públicas.
Con esta premisa, desde enero de 2021, gracias al apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y a la gestión del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), la Carta Internacional de Datos Abiertos (ODC) se encuentra colaborando con el gobierno de Ecuador, en evaluar los datos actualmente disponibles, y trabajar con el ecosistema local de datos para la lucha contra la corrupción para publicar conjuntos de datos sugeridos por la Guía de Apertura de Datos Anti-corrupción de la ODC.
La Guía identifica 30 conjuntos de datos que deben ser abiertos para luchar contra la corrupción en todo su ciclo: desde la prevención y detección, hasta su investigación y eventual sanción. Este instrumento ya ha sido testeado en México en 2017, y ha sido reconocido por la Organización de los Estados Americanos dentro del Programa Interamericano de Datos Abiertos, creado a través del Compromiso de Lima en 2018.
Inventario de datos y mapeo del ecosistema
Junto a la organización colombiana Datasketch, se trabajó en relevar la información públicamente disponible por parte de portales oficiales del gobierno de Ecuador respecto a lo sugerido por la Guía. El Inventario de datos indicó que 30% de los datasets (9) recomendados por la Guía no se encuentra disponible información en ningún formato, a la vez que un 40% (12 datasets) presentaron un puntaje muy bajo, y un 23% alcanzaron un puntaje algo más alto, aunque lejos del máximo total, como se puede ver en el gráfico 1. Los primeros seis datasets obtuvieron 4 puntos sobre un total de 17 (barra roja del gráfico que se encuentra a continuación); los siguientes 3 obtuvieron 7 puntos sobre 17 (naranja); los dos que le siguen 9 de 17 (amarillo claro); mientras que los dos últimos, registro de compañias e impuestos, sacaron 11 y 12 puntos respectivamante (amarillo oscuro).
En paralelo, se trabajó junto a las organizaciones locales Datalat y Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en mapear las agencias públicas responsables de recolectar, almacenar y publicar los datos anticorrupción, así como reconocer aquellos actores o instituciones no gubernamentales interesados en este tipo de datos.
Se identificaron un total de 15 agencias públicas que tienen el mandato de recolectar y administrar datos relacionados con la Guía, entre las que se destacan la Contraloría General del Estado (declaraciones patrimoniales e intereses), Superintendencia de Compañías (registro de empresas), Servicio Nacional de Contratación Pública (contratos públicos, listado de contratistas, inhabilitaciones, etc), Consejo Nacional Electoral (promesas de campaña y financiamiento a partidos políticos), Ministerio de Economía y Finanzas (presupuesto y gasto público), Gobiernos Autónomos Descentralizados (tenencia de tierras) y el Servicio de Rentas Internas (recaudación de impuestos).
A su vez, se mapeó 83 entidades que forman parte del ecosistema local de lucha contra la corrupción las cuales fueron a su vez estructuradas según su rol: administradores de datos, colaboradores, reguladores, infomediarios, consumidores de datos, reutilizadores o investigadores. El resultado que se presenta en el gráfico 2 arroja que existen varias entidades de la sociedad civil que trabajan el tema de datos abiertos y lucha contra la corrupción, con relación y conocimiento tanto de políticas anticorrupción como de datos abiertos. Sin embargo, evidencia pocas entidades académicas y del sector privado que trabajan el tema, por lo que la relación con éstas debió fortalecerse durante el proceso de implementación de la Guía para generar propuestas de valor que incentiven su involucramiento en la temática.
Hoja de ruta para la apertura de datos
Con la información del estado de apertura en que se encuentran las bases de datos identificadas en función de la Guía, se realizaron dos talleres con los actores del ecosistema para priorizar los conjuntos de datos más relevantes de acuerdo con el contexto y necesidades locales. Dentro del proceso de priorización, se detectaron una serie de desafíos para la recolección y publicación de datos:
- Gestión de la información. Casi la mitad de los participantes identificaron desafíos importantes relativos a la gestión de los datos, su estandarización, coordinación interagencial para publicar información, la baja calidad de la información, y la necesidad de optimizar procesos para apertura de datos con el fin de que sean automatizados e interoperables.
- Aspectos culturales. Aquí se hizo referencia a la falta de una cultura ciudadana para consumir datos y a la falta de confianza que se tiene sobre datos gubernamentales. La mayoría de los participantes se refirieron a la voluntad política como un factor importante para fomentar dicha cultura en el país.
- Normativas y regulaciones. Se hizo referencia a regulaciones que se contraponen y son obsoletas, como la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, que no responde a las necesidades actuales.
- Aspectos tecnológicos. Se destacó la necesidad de consolidar la información en una sola plataforma pública, que cuente con mejores herramientas para conciliar información, y con datos actualizados y en formatos accesibles para la ciudadanía.
Tomando en cuenta los desafíos identificados y los análisis realizados, así como también los 30 conjuntos de datos que sugiere la Guía, representantes del gobierno, organizaciones sociales, entidades del sector privado y periodistas, identificaron aquellos conjuntos de datos de mayor interés y relevancia local.
En base a los intercambios, se elaboró una Hoja de Ruta que detalla tres grandes etapas para avanzar en la apertura de datos para combatir la corrupción en Ecuador:
- Corto plazo (1 a 12 meses): este período incluye 8 datasets, que presentaban mayores facilidades técnicas para su apertura
- Mediano plazo (12 a 24 meses). Este período incluye 10 datasets, que presentaban un nivel de complejidad mayor tanto en términos técnicos como políticos.
- Largo plazo (24 a 36 meses): Este último período incluye los 12 datasets restantes, principalmente incluyendo aquéllos para los cuales no se encontró ningún tipo de información a la fecha, y que requieren por lo tanto de su construcción y decisión política para disponibilizar (incluso algunos requieren cambios en legislaciones vigentes).
Puede consultarse la Hoja de Ruta con más información y detalle aquí.
Modelo de gobernanza
Para poder garantizar la sustentabilidad de cualquier política de datos abiertos, es necesario contar con un modelo de gobernanza que defina roles y responsabilidades claros para cada entidad, y procesos para el intercambio y publicación de datos.
Si bien mucho de ello ya se encuentra delimitado en la Guía de Datos Abiertos del Ecuador, como parte de la colaboración actual se elaboró a su vez un Modelo de gobernanza para la publicación de datos que permitan combatir la corrupción en Ecuador, tomando aspectos de la normativa vigente en datos abiertos y las diferentes formas de gestión de la información que tiene cada una de las entidades mapeadas.
El Modelo identifica a tres entidades clave que deben colaborar e interoperar para asegurar el éxito de los esfuerzos y lograr la publicación de datos de acuerdo a las recomendaciones de la Hoja de Ruta: el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) que emitió la Política y Guía de Datos Abiertos y tiene la rectoría en la temática; a su vez la Secretaría Nacional de Planificación que gestiona el portal de datos abiertos que forma parte del Sistema Nacional de Información; y finalmente la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) que tiene la responsabilidad de velar por la protección de datos personales.
De acuerdo con esa estructura institucional, se identificaron pasos clave para asegurar una correcta gestión, curaduría de datos y final publicación en el portal de datos central del gobierno ecuatoriano, como se muestra en el gráfico 4.
Elaboración propia en base al análisis realizado en este proyecto.
Para conocer el Modelo de gobernanza de datos completo hacer click aquí.
Apoyo técnico y aplicación
Durante la ejecución del proyecto, desde ODC se realizó acciones de manera colaborativa con los aliados locales y las diversas entidades gubernamentales en disponibilizar los datos anticorrupción de acuerdo con la Hoja de Ruta de corto plazo. Junto a la mesa de ayuda técnica (liderada por Datasketch) se ofreció recomendaciones técnicas para la estructuración de las bases de datos, curar o limpiar aquellas que lo requieran, y brindar retroalimentación para contar con diccionarios, metadatos, APIs, backups, etc., de acuerdo con estándares internacionales. Se desarrollaron reuniones de trabajo junto a entidades clave mapeadas y se brindó asesoramiento al MINTEL sobre cómo confeccionar los oficios y qué requerimientos técnicos incluir para asegurar que los datos a disponibilizar sean bien estructurados y de calidad.
Además, se desarrolló junto a la organización Datalat el lanzamiento del taller de reutilización, un dataton creado para que todos los ciudadanos cuenten con herramientas para el uso y reutilización de los conjuntos de datos existentes en las instituciones públicas. El encuentro, que duró cuatro días de trabajo asincrónico, contó con la participación de más de 70 organizaciones de la sociedad civil, periodistas, estudiantes, entre otros. Del total de participantes, se presentaron 14 propuestas de trabajo entre las que se destacan: análisis sobre el proceso de recaudación de impuestos antes y después de la pandemia de covid-19; investigaciones sobre irregularidades en los procesos de compras públicas de Ecuador; análisis de ingresos y gastos del estado al sector público y análisis de contrataciones y licitaciones de servicios esenciales para la vida de los ciudadanos. Las tres propuestas seleccionadas fueron:
- Corrupción en Ecuador ¿Transparencia en las compras?
- Los datos son un derecho de todos
- Sin acceso al agua, una cuestión de transparencia
Para más información sobre las propuestas acceder aquí.
Todo este trabajo es solo el inicio de un proceso de largo alcance que el gobierno de Ecuador ha asumido al incorporarse a la Alianza para el Gobierno Abierto. En su Primer Plan de Acción, los datos abiertos atrajeron miradas de todos los sectores y se incluyó varios compromisos relacionados con fortalecer marcos normativos, herramientas para publicación y estándares con miras a tener cada vez mayor información de manera accesible y sin restricciones, para que cualquier persona pueda consultar y reutilizar.
Con este proyecto, el país se convierte en pionero en la región de América Latina y el Caribe, en implementar el Programa Interamericano de Datos Abiertos (PIDA); y como todo proceso deja sus aprendizajes, Ecuador puede ahora compartir su experiencia y conversar sobre desafíos comunes con otros países que emprendan el mismo camino.
Solo a través de datos públicos estructurados, oportunos, accesibles y de calidad, es posible pensar en una política integral de lucha contra la corrupción en comunidad.
Estás buscando abrir de datos anticorrupción? Envíanos tus preguntas o comentarios a info@opendatacharter.org.
