Los campos de concentración estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial

Más de 110 mil japoneses fueron confinados en campos alambrados durante cuatro años

Del 6 al 9 de agosto se conmemora el ataque atómico que Estados Unidos hizo contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Este suceso es bien conocido respecto a la relación estadounidense-japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, pero hay una cara de la moneda menos conocida. Como consecuencia del ataque del imperio japonés a Pearl Harbor, durante cuatro años, desde 1942 hasta 1946, más de 110 mil japoneses en territorio estadounidense fueron excluidos de sus comunidades y concentrados en campos de confinamiento fuera de las ciudades que habitaban como una medida de seguridad nacional.

Personas indeseadas en la Costa Oeste

Antes del ataque a Pearl Harbor, en 1942, había alrededor de 127 mil japoneses viviendo en Estados Unidos, de los cuales 112 mil vivían en la Costa Oeste del país. La mayoría eran nisei o sansei, es decir, japoneses nacidos en Estados Unidos de segunda y tercera generación; el resto era issei, japoneses migrantes no elegibles para ser ciudadanos estadounidenses.

Pero, ¿por qué llegaron a Estados Unidos? La mayoría migró a Hawái para trabajar en las plantaciones de azúcar. Los que llegaron a la parte continental del país buscaban establecer pequeños negocios o dedicarse al trabajo agrícola. Desde antes de su llegada, ya había movimientos de exclusión y discriminación. El movimiento de exclusión anti-chino, precedente del movimiento de exclusión anti-japonés, llamaba a la migración asiática el “peligro amarillo”. Para el momento, los migrantes europeos y los estadounidenses de la Costa Oeste llevaban poco tiempo de haber arrebatado esas tierras a los indígenas de la región. “Keep California white” era uno de los lemas de propaganda contra los asiáticos. La mayor preocupación de los estadounidenses regionalistas y exclusivistas era la propiedad. Temían que aquello que habían ganado con la expansión hacia el Oeste fuera usurpada por los migrantes que venían del Pacífico.

Fue hasta 1924 que el presidente Coolidge firmó la Ley de inmigración, la cual limitaba la inmigración al conceder visas sólo al 2% del total de personas de cada nacionalidad registradas en el censo de 1890. Sin embargo, porque no había permisos para nuevas olas de inmigración, los nacidos a partir de 1924 en Estados Unidos de familias japonesas, se convertían automáticamente en ciudadanos estadounidenses cuando llegaban a la edad reglamentaria. Los padres nunca pudieron naturalizarse y, por lo tanto, nunca pudieron ser propietarios en Estados Unidos ni pudieron participar activamente en la vida política.

A partir de la escalada del Imperio Japonés en la década de 1930, los japoneses en Hawái comenzaron a estar vigilados y se empezaron a redactar listas negras de “personas peligrosas” para la seguridad estadounidense. Una vez iniciada la Guerra, estas listas no sólo incluían japoneses, sino también alemanes, italianos y latinoamericanos. Ya desde antes del ataque a Pearl Harbor, la histeria y la paranoia anti-japonesa estaba muy presente en la Costa Oeste de Estados Unidos.

Relocalización concentrada en campos de confinamiento para japoneses

En febrero de 1942, a dos meses de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial como consecuencia del ataque a Pearl Harbor por parte del Imperio Japonés, el presidente Roosevelt firmó la Orden ejecutiva 9066. Se ordenaba el retiro forzoso y el encarcelamiento de todos los japoneses-estadounidenses de la Costa Oeste. Se prescribieron áreas militares de las cuales toda persona ajena quedaría excluida.

Una película informativa producida por The War Relocation Authority (Autoridad de Relocalización de Guerra) afirmaba que la evacuación de más de 110 mil japoneses no implicaba deslealtad, sino que tenía como fin evitar peligros militares en un momento en que una invasión japonesa era posible. Dos tercios de la población en estas comunidades aisladas eran ya ciudadanos estadounidenses. La película aclaraba que los japoneses no eran prisioneros, sino “víctimas ilesas de la guerra”. Su argumento era defender a la comunidad de origen japonés que podía estar en peligro en las ciudades en las que vivían. Sin embargo, las bayonetas de los guardias de seguridad apuntaban hacia adentro.

Según el testimonio de Madelaine Sugimoto, se colocaron carteles en las calles que anunciaban la evacuación en la siguientes 48 horas y se enlistaba las de pertenencias que se podían llevar, como cobijas, platos y cubiertos, toallas, etc. Cámaras y radios estaban prohibidas.

El primer paso era concentrar a la gente en un campo en California para luego organizar su relocalización en otros campos. De este campo en California, los ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa viajaban días en tren para poder llegar, por ejemplo, al campo ubicado en medio de una tierra yerma del sureste de Colorado llamado Granada.

Condiciones de vida en los campos

Había campos al sur de California, Arizona, Utah, Idaho, Wyoming, Colorado y Arkansas, entre otros. Cada centro de relocalización tenia capacidad de aproximadamente 18 mil personas y estaban alambrados y custodiados por policía militar. Todas las actividades, incluyendo las comidas, estaban reguladas.

Cada “cuartel” tenía unidades con cuartos de aproximadamente 18 metros cuadrados. No había agua corriente en sus unidades de vivienda. La privacidad brillaba por su ausencia.

Los campos tenían una autonomía administrativa interna. Cada bloque podía elegir a un representante. Había una policía autónoma dentro y hasta bomberos, escuelas y hospitales autogestionados. Aun así, las armas de los soldados caucásicos rodeaban la isla de autonomía en un ambiente de violaciones a la libertad.

Aun cuando a los internos se les proveía con todo dentro del campo, el gobierno pagaba a la gente por hacer ciertos trabajos, siendo el salario máximo 19 dólares al mes, menos de un dólar al día. La mayoría de las personas hacía trabajo agrícola. Pero el trabajo de la tierra fue muy importante también fuera de los campos.

Desde que comenzaron las investigaciones sobre la relocalización de estas personas, se descubrió que los migrantes japoneses habían comprado tierras. Pudieron convertir las tierras no aptas para la agricultura en tierras muy valiosas para sembrar frutas y verduras probando nuevas técnicas de irrigación. Había mucha presión por parte de los antiguos dueños caucásicos para remover a estas personas de las tierras. Estos terratenientes pudieron retomar sus propiedades luego de la relocalización como efecto de la condición de no ciudadanos (y por lo tanto de no propietarios) de los japoneses-estadounidenses que habían sido transportados a los campos.

Muchas personas perdieron sus casas y propiedades porque fueron ocupadas por vecinos que aprovecharon la situación para su propio beneficio. Muchos registros se destruyeron, por lo que, cuando la gente volvió, tuvieron que comenzar una vida despojados de cualquier satisfacción material. Existieron, no obstante, casos en los que los amigos de los ciudadanos de ascendencia japonesa cuidaron y se hicieron cargo de las casas y pertenencias de sus seres cercanos mientras vivían en los campos.

Cuando terminó la Guerra…

En 1945, el gobierno estadounidense dejó de mantener los campos. Cada persona recibió entonces 25 dólares y un boleto de tren para volver de donde venían o para encontrar un rumbo abandonado por el gobierno que los había encerrado. La vuelta a las ciudades de origen eran difíciles: muchas pertenencias habían desaparecido, algunas viviendas habían sido ocupadas o destruidas, y las oportunidades laborales se veían frustradas.

A mediados de la década de 1980, el gobierno estadounidense pidió disculpas por el confinamiento perpetrado contra esta comunidad. Ofrecieron reparaciones de 20 mil dólares por persona afectada. Las reparaciones, obviamente, fueron insuficientes; especialmente, para aquellos que perdieron sus propiedades y sus tierras. No fue casi hasta el año 2000 que las reparaciones de hecho se pagaron. Los cuatro o tres años de confinamiento que vivieron estas personas no se podían, claramente, reponer con esos 485 días de salario mínimo.

Estos campos no tenían la intensión de exterminar a las personas de ascendencia japonesa; sin embargo, la medida constituyó una ofensa contra la dignidad de miles. La libertad y la democracia se vieron entredichas. Algunos campos se destruyeron por una razón clara: no era una cosa de la cual se quisiera tener evidencia tras el descubrimiento de los campos de concentración nazis.

El racismo y la histeria pueden llevar a medidas como las sufridas por judíos en Europa y japoneses en América. Las historia que no deben repetirse jamás deben ser olvidadas.

Por Pablo Cruz.