Grave crisis económica en la CIDH
La profunda diferencia de atención a derechos entre América y Europa
El pasado lunes 23 de mayo de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer, a través de un comunicado de prensa, la grave crisis financiera a la que se enfrenta, la cual pone en riesgo no sólo al 40% de su personal, sino sus funciones humanitarias en los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Pero, ¿qué representa esta crisis en materia de Derechos Humanos y el acceso a la justicia en el continente americano?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1959, es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos. Su función es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas, lo que quiere decir que se encarga de velar por los derechos y señalar cuando estos son vulnerados. Con su trabajo, la Comisión defiende el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, y es por eso que la crisis financiera que sufre actualmente es, de acuerdo a James Cavallaro, Presidente de la CIDH, “una tragedia para este continente”. Esta crisis se traduce en un retroceso desolador en materia de derechos humanos. De acuerdo con el comunicado de la CIDH, miles de víctimas quedarán en un estado de indefensión, y el retraso procesual que se estaba intentando reducir volverá a aumentar hasta un punto incompatible con el derecho de acceso a la justica. Pero, ¿cómo es que se llegó a esto?
“Tenemos las arcas absolutamente vacías”, declaró James Cavallaro en un texto publicado en el periódico español, El País. No hay dinero para que la Comisión continúe desempeñando sus labores, por lo que se verá obligada a suspender las visitas previstas para este año, así como las audiencias programadas para julio y octubre. Asimismo, no podrá renovar los contratos laborales que vencen el próximo 31 de julio, lo que se traduce en la pérdida del 40% de su personal, 30 de las 78 personas que en ella trabajan. Esto resultará en el desmantelamiento de áreas esenciales para el cumplimiento de su mandato y un reflujo importante en su capacidad para procesar las denuncias de las violaciones a los derechos humanos. No por nada el Presidente de la Comisión enfatizó que el organismo se encuentra, como nunca antes, al borde del colapso.
El peso de los derechos humanos en América frente a Europa
El presupuesto anual que la Organización de los Estados Americanos (OEA) le otorga a la CIDH no alcanza los cinco millones de dólares, lo que quiere decir, de acuerdo a información vertida por la propia Comisión, que la OEA no invierte más del 6% de su presupuesto en la promoción y protección de los derechos humanos. Cinco millones de dólares se traducen en menos de cinco milésimas de dólar ($0.005) por habitante. ¿Será realmente posible operar bajo estas circunstancias? En la Unión Europea, donde habitan 739 millones de personas, el Consejo de Europa destina cien millones de euros a los derechos humanos, lo que se traduce en el 41,5% de su presupuesto anual.
Existe sin duda una diferencia importante en el dinero que invierten ambas regiones en los derechos humanos. Diferencia que se traduce no sólo en una crisis económica, sino en la imposibilidad para la Comisión de cubrir todo el trabajo pendiente. James Cavallaro no duda en afirmar que son los Estados americanos los responsables de estrangular financieramente a la CIDH, tal vez por el escozor que les causa ser señalados en distintos casos de violación a los derechos humanos: “El mensaje parece claro. Algunos países se sienten incómodos cuando la CIDH pone de relieve los desafíos que enfrenta la región en materia de derechos humanos. Esa es nuestra función, y nos la asignaron los Estados. Pero nos estrangulan financieramente, quizás para que no podamos cumplir con nuestro mandato.” Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH, hace declaraciones en el mismo sentido: “Los jefes de Estado de la región tienen una narrativa muy fuerte en materia de derechos humanos, pero tienen una chequera muy pasiva.”
Los Estados miembros de la OEA no le han otorgado a la Comisión la importancia que le corresponde en una región donde “la debilidad de las instituciones de procuración de justicia y de la figura del ombudsman” es apremiante. Es por ello que a lo largo de las dos últimas décadas la CIDH ha realizado gestiones permanentes frente a los Estados miembros para asegurar un presupuesto que le permita cumplir con las funciones de su mandato. Pero, a pesar de que la Asamblea General se comprometió a atender dichas gestiones, el presupuesto de la Comisión no ha presentado un aumento significativo. Los únicos Estados que le dieron fondos a la CIDH en 2016 son Argentina, Estados Unidos, Perú y Uruguay. El total es de 2,5 millones de dólares, de los cuales EE UU aportó más del 90%. Esta nimia aportación no se explica, de acuerdo a los funcionarios del organismo, por la falta de recursos económicos, pues los Estados contribuyeron con casi 20 millones de dólares a la Corte Penal Internacional. La hipótesis de Icaza y Cavallaro parece confirmarse… hay detrás de su desidia “una vergüenza histórica”, afirma Santiago Canton, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y que precedió a Álvarez Icaza en la CIDH.
La reacción de la CIDH
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apuesta por la integridad de los Estados, y hace un llamado enérgico a los países miembros a asumir su responsabilidad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y realizar aportes financieros urgentes que le permitan continuar desempeñando sus labores el resto del año: “A fin de evitar esta situación catastrófica, la CIDH necesita recibir fondos, o al menos compromisos escritos de donaciones, antes del 15 de junio.” Asimismo los exhorta a:
aumentar de forma radical el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignar a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en general los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados. Es indispensable, imperativo y urgente que los Estados efectivamente adopten una solución sustentable a este grave y crónico problema y demuestren su compromiso con el respeto y garantía a los derechos humanos con hechos y no sólo palabras.
Sin embargo, no todos los países están de acuerdo con participar en el plan de rescate de la CIDH. En el caso de México, la canciller Claudia Ruiz Massieu argumentó que el país siempre paga en tiempo y forma las cuotas de la OEA, que es quien después decide la partida presupuestal de la Comisión, y que por lo tanto México no hará donaciones extra. Sus declaraciones responden directamente a Emilio Álvarez Icaza, quien en una entrevista afirmó que México tiene en parte responsabilidad por la crisis financiera que atraviesa el organismo. No hay que olvidar que hace muy poco el Estado mexicano contradijo las recomendaciones de la CIDH, al expulsar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaba la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayozinapa.
El panorama es en realidad bastante desolador. Cuando un organismo que se dedica a velar por la verdad y la justicia, a promover y cuidar los derechos humanos, suspende sus labores, no es difícil afirmar que los ciudadanos de a pie nos quedamos un poco más solos frente a la posibilidad siempre abierta de violaciones a nuestro derechos. Aun así el Presidente de la CIDH no se ha dado por vencido:
…la CIDH no puede parar. Tenemos que seguir atentos a la investigación del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, y de tantos y tantas otras defensoras asesinadas, y tenemos que proteger a los defensores que viven amenazados y hostigados y criminalizados. Tenemos que asegurarnos que haya justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, después que el Grupo de Expertos creado por la CIDH constatara los graves errores en la investigación sobre su desaparición, y para tantos otros miles de personas desaparecidas en México. Tenemos que seguir insistiendo en el cierre de Guantánamo, y debemos velar por los migrantes y los refugiados que escapan de la violencia en los países del Triángulo Norte, por los niños no acompañados que cruzan la frontera buscando reunificarse con sus padres. Debemos seguir velando por el derecho de los pueblos indígenas a vivir en paz en sus territorios ancestrales, por el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, por la justicia social, para acabar con la discriminación, ya sea racial, por orientación sexual o por identidad o expresión de género. Nuestro compromiso con nuestro mandato sigue firme.
Por Lucía Pi.
