(AP Photo/Marco Ugarte)

¿Qué nos permitió ver la desaparición de 43 normalistas?

A dos años de los hechos, éste es el panorama

Los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 no son los primeros nombres en la lista de los que nos hacen falta. En México, según cifras oficiales, de 2007 a 2015 hay registro de casi 30 mil personas desaparecidas. Sin embargo, estos conteos no hacen una diferencia entre desaparición forzada, involuntaria o accidental. De los tres tipos, el más relevante en el momento actual en nuestro país es el primero, que la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define así:

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley

La desaparición forzada constituye, por sus características particulares, un crimen de lesa humanidad debido a que viola derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la dignidad y a la seguridad. Debido a la forma en que se efectúa este crimen, también se viola el derecho a las condiciones de detención adecuadas, a un juicio justo y a la representación legal. Por último, con estas acciones generalmente se ve trastocado el derecho a la verdad: la negativa a declarar dónde están las personas desaparecidas o lo que pasó con ellas es parte del delito.

Familiares buscan a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. (Photo by Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images)

El caso Ayotzinapa trajo a la luz un problema que tiene profundas raíces en la política mexicana desde la década de los setenta, cuando cientos desaparecieron en el marco de la Guerra Sucia contra las guerrillas en zonas rurales mexicanas. Así consta en un informe realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2015:

En América Latina las desapariciones forzadas han sido tradicionalmente parte de la estrategia en contra de los llamados grupos subversivos o terroristas, una estrategia utilizada por las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, los servicios de inteligencia, o de grupos paramilitares que actúan con la cooperación, la tolerancia, o la aquiescencia del Estado. En general, en nuestra región, las desapariciones forzadas se utilizaron como una política de Estado a raíz de la doctrina de seguridad nacional, como sucedió en México durante la llamada Guerra Sucia.

Ignorar la magnitud del problema, reflejada en los números de la situación actual y en su profundidad histórica, ha impedido que haya una respuesta definitiva frente al conflicto. Las desapariciones forzadas, no importa su fecha de origen, son crímenes que se perpetúan permanentemente mientras las personas no reaparezcan o se tenga información confiable sobre su destino final.

El interés común sobre Ayotzinapa se ha centrado en determinar qué pasó aquella noche del 26 de septiembre de 2014, quiénes fueron los responsables y dónde están los estudiantes desaparecidos. Hasta hoy, ninguna de estas tres interrogantes ha encontrado respuesta satisfactoria. A lo largo de todo este tiempo se han configurado dos polos en la discusión: en uno están los padres de los normalistas y, en el otro, las autoridades federales. Sin embargo, la relación entre estos miembros de la sociedad civil y los representantes del Estado se encuentra profundamente dañada, tanto en su capacidad de establecer diálogos como en términos de credibilidad del discurso. En este escenario, el único actor que logró restablecer algunos lazos rotos entre las autoridades y los padres fue el grupo de expertos que designó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para colaborar en el caso.

GIEI. (Photo by Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images)

Desde el 2 de marzo de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por acuerdo entre el Estado mexicano y la CIDH el 18 de noviembre de 2014, realizó sus trabajos con tres objetivos principales:

  • Elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas,
  • Hacer un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y
  • Realizar un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre.

El Estado mexicano fue el encargado de financiar el proyecto de la Asistencia Técnica Internacional para el caso Ayotzinapa. Todos los gastos realizados por el GIEI fueron debidamente auditados por tres miembros de la Organización de los Estados Americanos, elegidos en su Asamblea General. El resultado de esta intervención se registró en dos informes de actividades (que puedes descargar aquí y acá).

A partir de la organización pública de los familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, muchas otras personas alzaron la voz para denunciar la ausencia de sus seres queridos. Desde las primeras campañas de búsqueda de los 43 de Ayotzinapa, se hallaron fosas clandestinas con restos humanos y pertenencias personales alrededor de Iguala y en otras regiones del país. Los reporteros Marco Antonio Coronel y Antonio Mandujano, del equipo periodístico de Punto de Partida, realizaron una investigación al respecto y mostraron asambleas comunitarias donde las víctimas indirectas de la desaparición forzada pusieron en marcha planes de acción para buscar por cuenta propia a sus seres queridos.

Como resultado de estas búsquedas, salieron a la luz pública organizaciones civiles como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (que exige modificaciones en la legislación para que los mecanismos de búsqueda gubernamentales incluyan en el proceso a las familias), el Comité de Búsqueda Los Otros Desaparecidos de Iguala (que lleva un registro de las búsquedas realizadas en Iguala), la Brigada Buscando (que ha ensayado la sistematización de métodos de búsqueda) y Ciencia Forense Ciudadana (que trabaja en la creación de un banco de ADN de familiares de personas desaparecidas para apoyar en los esfuerzos de localización e identificación de cuerpos).

El 26 de abril de 2015 fue colocado un antimonumento en el cruce de las avenidas Reforma y Bucarelli en la Ciudad de México. Se trata de una escultura metálica de más de tres metros de altura, compuesta por tres caracteres rojos: “+43”, al pie de la cual reza la leyenda “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. La estructura fue colocada por cientos de ciudadanos que se manifestaron para exigir la aparición con vida de los normalistas, encabezados por los familiares de las víctimas. Resulta muy significativo que el antimonumento, a pesar de que remite directamente a los 43, incluye con el símbolo de adición a todos los demás desaparecidos en México.

(Photo by Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images)

Ayotzinapa será recordado por generaciones futuras como botón de muestra de la situación atroz que sufren en México los derechos humanos desde hace casi veinte años. A pesar la difusión mundial de este caso y de la participación explícita de organismos internacionales en el proceso de búsqueda, el resultado es que se sigue sin saber a ciencia cierta el paradero de los normalistas y sin una versión fidedigna de lo que sucedió con ellos la noche del 26 de septiembre de 2014. Desafortunadamente, en México miles de familias tienen una experiencia similar: más de 30 mil personas continúan desaparecidas y hay cientos de fosas clandestinas sin identificar (el mismo gobierno mexicano desconoce el número real).

Ante la respuesta ineficiente de organismos estatales, la ciudadanía ha encontrado modos autónomos de expresar su indignación, de ejercer su defensa legal y de organizar búsquedas de sus familiares. También se han tendido importantes redes de solidaridad entre víctimas que, de algún modo, se apropiaron de tareas de protección, cuidado y respuesta, que en algún momento pertenecieron al Estado. A 24 meses de la noche de Iguala sólo una verdad ha ocupado el espacio público: nos faltan más de 43.

Por Nayeli García.

(Photo by Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images)
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