¿Quién tiene razón en el debate feminista: francesas o americanas?
El privilegio de no sentirse ofendida.
A estas alturas, ya todas y todos hemos leído el famoso manifiesto que firmaron más de 100 artistas e intelectuales francesas el pasado 9 de enero en Le Monde en respuesta al movimiento #MeToo, que recuperó su relevancia más de diez años después de haber sido promovido por Tarana Burke durante la entrega más reciente de los Globos de Oro. El motor inicial de la campaña fue ayudar a construir una comunidad de sobrevivientes de violencia sexual por medio de la empatía; en especial, con jóvenes mujeres de color que viven en comunidades pobres. En un comunicado, Burke llama a la acción desde la denuncia pública de estos temas:
Por mucho tiempo, sobrevivientes de acosos y ataques sexuales han estado en las sombras. Hemos tenido miedo de denunciar, de decir “A mí también” y buscar justicia.
Aunque esta inciativa data del 2006, varios de sus supuestos son vigentes: en algunas comunidades de Estados Unidos aún es problemático (por decir lo menos) denunciar agresiones sexuales y, en casos severos, la violencia contra las mujeres está generalizada y no hay ley que la regule. Sin embargo, desde hace algún tiempo el tema de la violencia de género ha ido impregnando la conversación en los medios masivos, debido a las grandes manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres (basta recordar las marchas del 24 de abril en México y Latinoamérica o la Women’s March en Washington) o a las denuncias de acoso que se viralizaron por medio de redes sociales con el hashtag #MiPrimerAcoso.
Al regreso de #MeToo siguió la creación de #Time’sUp, una iniciativa contra la cultura de acoso generalizada en la industria de los espectáculos. Más de 300 actrices de cine, teatro y televisión firmaron una carta pública en la que, básicamente, reconocen el privilegio que tienen al tener quién escuche sus denuncias y atienda sus demandas frente a la situación que viven mujeres en situaciones desfavorables:
A toda mujer empleada en el sector agricultor que ha tenido que defenderse de insinuaciones sexuales no deseadas de parte de su jefe; a toda mucama que ha tratado de escapar de algun huésped agresivo; […] a toda mujer migrante silenciada por la amenaza de que su status de indocumentada sea reportado en venganza por denunciar y a toda mujer en cualquier industria que está sujeta a ser víctima de comportamientos ofensivos que, se espera, sean aceptados con tolerancia para no perder su trabajo: estamos con ustedes, las apoyamos.
A la par de esta carta, las firmantes se comprometieron a formar un fondo público para formar una barra de defensoría legal y ayudar a personas que hayan sufrido algún tipo de agresión sexual en su lugar de trabajo.
En respuesta, un grupo de mujeres trabajadoras de la industria del espectáculo en Francia respondió con una defensa a favor de la “libertad para molestar”. En su escrito, estas personas afirman que la ola de denuncias por acoso sexual (véanse los casos de Harvey Westeim o Kevin Spacey) obedece a una moral puritana y no a un problema sistemático de violencia. Según ellas, la conciencia sobre la violencia de género en ámbitos laborales ha dañado a muchos hombres, que han perdido sus trabajos o han sufrido escarnio desmedido:
Esta justicia sumaria ya tiene sus víctimas: hombres castigados en el ejercicio de su profesión, obligados a renunciar a sus empleos, etcétera. Cuando sus únicos fallos han sido tocar una rodilla, intentar robar un beso, hablar de cosas “íntimas” en una cena de trabajo, o enviar mensajes con connotaciones sexuales a mujeres para las que la atracción no era mutua.
¿Quiénes tienen la razón: las estadounidenses que señalan las condiciones en que ocurre la violencia de género o las francesas que apuntan la moral de estos juicios? De un lado, apareció un llamado por reforzar prácticas de justicia legal para combatir crímenes sexuales; del otro, una exigencia a apuntar con precisión qué se considera un crimen sexual. Ambas partes tienen cierto grado de validez: hay que resolver la incapacidad económica que tienen muchas mujeres para conseguir asesoría legal y obtener justicia, pero también hay que revisar en qué momento es pertienete pedir que intervenga la ley.
Pareciera que ambos bandos están hablando de situaciones muy distintas: en un escenario las mujeres dependen de aceptar con sumisión agresiones sexuales para no perder su trabajo mientras que en el otro existe la posibilidad de no sentirse ofendidas por este tipo de acciones. Eso quiere decir que en el primer caso no hay libertad para negarse a recibir tratos sexuales no consensuados y en el segundo sí. Nadie que se vea obligada a mantener cualquier tipo de interacción sexual para no perder su trabajo podría “elegir” no ofenderse por ello. En otras palabras, lo que sucedió con la carta publicada en Francia es que sus firmantes no fueron conscientes del privilegio que implica no tomarse a mal un tocamiento o una insinuación sexual. Cuando la calidad de vida o la supervivencia dependen de aguantar cualquier tipo de violencia no cabe la opción de mostrar comprensión por el agresor.
La situación es mucho más grave si consideramos, por ejemplo, el caso de México. En un país en el que entre 2007 y 2016 han sido asesinadas 22 mil 482 mujeres por razones de género no se puede ni siquiera cuestionar algo como “la libertad para molestar” porque lo que está en juego es el derecho a vivir. El nivel de violencia que viven las mujeres mexicanas puede observarse claramente en la cifra atroz de asesinadas; sin embargo, ésa no es la única expresión del fenómeno. Muchas mujeres sufren abusos físicos y psicológicos dentro de sus hogares y de los lugares donde trabajan. El problema es tal que ni siquiera tenemos cifras confiables y detalladas al respecto. Lo que hay son síntomas de una enfermedad: no puede esperarse que en un país feminicida las aulas de las escuelas o los despachos de las oficinas estén libres de violencias menores si se les compara con violaciones masivas o muertes por tortura, pero gravísimas si se miran como parte de un sistema complejo.
En un debate entre la pionera feminista Martha Lamas y la periodista Catalina Ruiz-Navarro sobre la polémica entre las francesas y las firmantes de #Time’sUp se hablaba sobre la importancia de los mecanismos del cortejo entre hombres y mujeres. Lamas decía que debía haber cierta tolerancia frente a la torpeza de los hombres muy insistentes o frente al juego de conquista como práctica de seducción; Ruiz-Navarro aseguraba que lo más importante en esas dinámicas es el consentimiento mutuo y la conciencia de las estructuras de poder: no es lo mismo que tu trabajo dependa de tener sexo con tu jefe y que un compañero te invite a ir por un café. Yo añadiría que, así como el contexto de la situación es importante, lo es también el marco nacional en el que ocurren las interacciones.
En México guardamos una distancia crítica de la discusión en curso porque nuestra realidad es otra. Es urgente que haya mecanismos confiables para determinar cuándo el género de una víctima fue motivo de agresiones. El tema no es nuevo para nosotros, basta recordar el trabajo de Marcela Lagarde para la creación del concepto legal de feminicidio, que implica responsabilidades del Estado por dar cabida a crímenes recurrentes, sufridos exclusivamente por las mujeres.
Desde luego que todas las expresiones de violencia importan y que, en la medida que se erradiquen unas, desapareceran otras; pero mientras se escriben estas páginas es posible que hayan muerto asesinadas al menos dos personas (una cada cuatro horas) por el simple hecho de ser mujeres. Empezar con una política de cero tolerancia al acoso sexual o a la violencia de género quizás ayude a terminar de mostrar la magnitud del conflicto. Aquí no es pertinente aguantar, como sugiere el texto francés, besos robados o insinuaciones sexuales no deseadas; por el contrario, acá lo que se necesita es exigir el cese inmediato de las violencias machistas que están cobrando seis vidas por día.
