¿Qué relación hay entre la trata de personas y la pornografía infantil?
La explotación comercial del cuerpo
El 6 de enero de 2011 el gobierno federal decretó en el Diario Oficial de la Federación la urgencia de elaborar un informe detallado, con diagnósticos y recomendaciones, sobre el estado de la trata de personas en nuestro país. Los resultados fueron escalofriantes. Cuando la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) escuchó el llamado, dedicó sus esfuerzos a entender el problema en su complejidad, así como a determinar cuáles habían sido las consecuencias reales del sistema legal mexicano en el conflicto. Uno de los resultados más abrumadores del estudio fue la confirmación de que, en nuestro país, una forma muy común de trata es la explotación sexual de mujeres (sobre todo, de jóvenes, niñas y migrantes).
“el perfil de las víctimas identificadas y rescatadas hasta el momento, en conjunto con distintos indicadores económicos y sociodemográficos, confirman que las mujeres, particularmente las niñas, adolescentes y jóvenes, son las más susceptibles a ser víctimas de este delito” (Diagnóstico trata de personas).
El Protocolo de Palermo (al que México se adscribió desde 2003) define la trata de personas como cualquier relación de autoridad y sumisión entre dos personas, con fines de explotación (prostitución ajena, explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre, extracción de órganos). Esta violación de derechos humanos puede tomar muchas formas particulares, entre ellas cualquier tipo traslado de personas basado en amenazas, engaños o abusos de poder.
A pesar de que en México los acuerdos internacionales en relación con la protección de derechos humanos tienen carácter institucional y de que nuestro país ha firmado nueve tratados para la erradicación de la esclavitud, la servidumbre y el traslado forzoso, el problema no ha desaparecido. Aún más: en 2014 México ocupó el primer lugar en difusión de pornografía infantil. El principal medio empleado para ello es el internet: “En 2010 se descubrieron 580 cuentas, en 2011 la cifra subió a más de tres mil; para 2012 ya eran siete mil y en 2013 superaban las 12 mil”, según Univisión.
El hecho de que las víctimas del delito de trata y de explotación laboral y sexual sean en su mayoría niñas y adolescentes tiene que ver con su alta vulnerabilidad, tanto legal como económica. De acuerdo con cifras proporcionadas por la PGR, México es el segundo país en proveer víctimas de trata a Estados Unidos y ocupa el primer lugar como consumidor de personas en situación de Trata con cualquier fin (traslado, explotación, servidumbre, etc.). De los más de 30 mil menores que son víctimas de trata para explotación sexual, 8 de cada 10 tiene menos de 14 años de edad. En cuanto a los que son forzados a hacer otro tipo de trabajos, hay 3.6 millones menores de 17 años.
La pornografía infantil implica la explotación comercial de los infantes, lo cual limita y obstruye su sano desarrollo psicológico, físico y moral. El 5 de diciembre de 2012 se concretó en Bruselas, Bélgica, una Alianza Global Contra el Abuso Sexual de Niños en Internet, a la que México es el único país latinoamericano en pertenecer. El objetivo de esta organización es perseguir el delito de pornografía infantil a lo largo del mundo, reforzar la lucha contra el abuso sexual de menores de edad y mejorar la persecución de pederastas. Sin embargo, hace falta mucho en materia legislativa para lograr la erradicación del problema. Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, calcula que en México “la prostitución, la pornografía y el turismo sexual de niñas, niños y adolescentes generan ganancias de 32 millones de dólares al año”.
Debido a su carácter de fácil acceso, el internet plantea muchos retos para combatir el problema de la pornografía infantil. Una de las prácticas más comunes para concretar este crimen consiste en el “grooming”, que sucede cuando un adulto se gana la confianza de un menor por medio de engaños con fines de satisfacción sexual. De acuerdo con Forbes, “Un acosador puede tardar hasta 12 minutos para hacer que un menor se quite la ropa y se tome fotografías. Desafortunadamente en México no existe una ley que tipifique el grooming, lo que deja indefensos a miles de niñ@s víctimas de esta práctica”.
En 2016, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lanzó la campaña digital “Pensar antes de sextear”, enfocada en crear conciencia entre los jóvenes sobre los peligros de esta práctica y evitar su propagación. Sin embargo, el enfoque moral centrado en el cuidado de la “buena imagen” resta carácter político a los delitos relacionados con ésta y otras prácticas. El sexting es “la realización por parte de una persona de fotografías o videos de sí misma de alto contenido erótico o pornográfico y su envío por medio del celular a otra persona”. En el decálogo de razones para no practicar el sexting, ninguna está dirigida a señalar y penalizar el uso de material íntimo (en formato de texto, imagen, audio o video) con fines comerciales. Sólo en la sección dedicada a enunciar riesgos, hay una mención menor de la implicación en delitos de pornografía infantil. De acuerdo con esta campaña, los peligros más importantes tienen que ver con “daños al honor y a la propia imagen”, la sextorsión o el ciberbullying.
Por eso mismo, no hay que perder de vista que el problema de la pornografía infantil está relacionado con redes de crimen organizado y transacciones económicas internacionales a gran escala. La cuestión no es que sea moralmente dañino compartir material audiovisual con intenciones seductoras o eróticas, sino que hay redes de comercio que aprovechan las debilidades legales de nuestro sistema penal para obtener grandes beneficios monetarios. En este sentido, la instancia encargada de perseguir delitos de naturaleza tal sería la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Responsabilizar a las víctimas de pornografía infantil sólo duplica la violencia y reproduce los mecanismos de daño a los que ya fue sometida la persona en primer lugar.
Necesitamos tener claro que las víctimas nunca son responsables de su condición ni de haber sufrido daños morales, físicos o psicológicos. Las violaciones a derechos humanos no deben ocurrir y esa es precisamente la tarea de las instituciones estatales y penales. El problema es, en todo caso, estructural y no particular. Convencer a niñas y adolescentes de que mostrar su cuerpo como demostración de afecto o confianza es algo malo sólo provoca que el verdadero conflicto se pierda de vista. Actualmente, hay 52 millones de internautas en nuestro país, entre los que se cuentan 12 millones de niños y adolescentes; así que la población en riesgo no es minoritaria.
De acuerdo con el informe de la UNODC, la trata de personas “aprovecha la tolerancia social al delito, las prácticas socioculturales propicias al mismo y los espacios de escasa presencia institucional para penetrar en la sociedad”. Por lo tanto, para hacer frente común es necesario repensar la forma en que tenemos de relacionarnos con nuestro cuerpo en ámbitos públicos y privados. No es casual que las mujeres sean quienes padecemos con mayor frecuencia daños relacionados con la prostitución o la pornografía. La discriminación sistemática por razones de género (asunción de ciertos roles “propios” de las mujeres, falta de acceso equitativo a puestos laborales, sueldos desiguales aún cuando se realiza el mismo trabajo, etc.) es uno de los factores que debilita a las mujeres en cuanto colectivo. La erradicación de estas prácticas machistas (y muchas otras) es un espacio de acción para la lucha civil. Por otro lado, solicitar y fomentar cambios legislativos que consignen y castiguen actividades como el grooming haría coincidir propósitos sociales con fines jurídicos que vigilen por el bienestar de la sociedad mexicana en general.
Por Nayeli García.
