Programa del PT (Uruguay)
El siguiente es el Programa presentado por el Partido de los Trabajadores a la Corte Electoral, para las elecciones de octubre de 2014.
Se puede descargar en PDF. Agradecemos difundir!
Por un nuevo comienzo, para la izquierda y el movimiento obrero
¡Que la crisis la paguen los capitalistas,
no los trabajadores!
INTRODUCCIÓN
Las elecciones nacionales se producen en un momento de viraje económico, y de apertura de una etapa de transición política.
Desde la crisis de 2002 el PBI creció por encima de la media histórica, lo cual no significa que se haya producido un desarrollo productivo. El país es más dependiente que nunca, en la medida que su economía depende totalmente de la exportación de las materias primas, y está sujeta por lo tanto a los vaivenes del mercado mundial.
La prolongada crisis mundial, que se sigue desarrollando, pareció dejar de lado durante un período a América Latina, que se benefició de los elevados precios de las materias primas, sostenidos en particular por la demanda china. Por otra parte, la región recibió capitales provenientes de los mercados financieros, originados en la búsqueda por parte de los bancos de ganancias extraordinarias -utilizando para ello los subsidios y rescates que dispusieron los Estados para evitar el colapso de los banqueros. Tanto el ingreso de capitales a tasas de interés relativamente bajas, como el boom exportador a precios extraordinarios, han quedado atrás. Se ha revertido la tendencia, y por lo tanto América Latina ya siente el impacto de la crisis, lo cual se aprecia muy claramente en los países vecinos -Argentina y Brasil.
La crisis mundial tiene un carácter específico: es una crisis del régimen capitalista mundial. El estallido de las burbujas especulativas ha conducido a una recesión -y a una tendencia a la depresión- a la economía mundial, lo que se puede ver claramente en Europa. El desarrollo de estas burbujas financieras es sin embargo un proceso inevitable en la actual etapa del capitalismo, y no se puede evitar con puras medidas de regulación como creen algunos. La causa profunda es la incapacidad del capital de reproducirse productivamente, es decir, de volcar esas masas de capital a la producción de mercancías, dado que no tendrían salida en los mercados mundiales ya saturados. El capitalismo está en una etapa de decadencia justamente porque produce demasiada riqueza. El armamentismo, las guerras, la especulación financiera, las burbujas especulativas, dan una salida transitoria, pero pronto alcanzan un límite y estalla la ficción de la especulación, provocando aún más privaciones y miseria a la sociedad. Los gobiernos de las principales potencias han destinado cifras siderales para el rescate de los banqueros, de las aseguradoras, de las grandes corporaciones, buscando evitar su caída. Este salvataje ha conducido a su vez a la bancarrota de los Estados, generando un alto déficit fiscal y un endeudamiento que en muchos casos supera el 100% del Producto Nacional Bruto. Los gobiernos capitalistas le pasan luego la factura al pueblo trabajador, impulsando recortes en los gastos sociales, reformas previsionales, rebajas salariales, pérdida de derechos. Los bancos son salvados, pero sus deudores pierden sus viviendas. El dinero que no aparecía para resolver las necesidades del pueblo, aparece sin embargo milagrosamente para salvar a la banca usurera.
La respuesta popular a este saqueo son grandes huelgas, movilizaciones de millones de jóvenes y trabajadores, las masivas marchas de los “indignados”, e incluso rebeliones populares. En todo el mundo se comienza a levantar una consigna: “que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores”, lo cual se expresa concretamente en las demandas de “no pagar la deuda”, “estatizar los bancos”, romper con el FMI y el Banco Mundial, generando incluso la emergencia de partidos políticos nuevos que expresan una ruptura por izquierda con los partidos que defienden el orden capitalista -sean estos de derecha, centro o centro-izquierda. Las demandas de transformación social que colocan esas gigantescas movilizaciones no pueden ser satisfechas por los gobiernos y partidos sometidos a los banqueros: requieren la lucha por un gobierno de trabajadores.
LOS LÍMITES DE LA RECUPERACIÓN
Se afirma que Uruguay ya se ha recuperado de la crisis de 2002 y que incluso habría alcanzado y hasta superado los niveles económicos previos a dicha crisis. Claramente esto fue así desde el punto de vista del crecimiento del Producto y de las ganancias empresariales. Sin embargo, dicha recuperación no alcanzó a toda la población.
Según estudios de la Universidad, la mitad de los niños uruguayos sigue en la pobreza. 800 mil asalariados no alcanzan a ganar lo suficiente para cubrir un 25% del costo de la canasta familiar. En particular la juventud sufre los bajos salarios y el trabajo precario.
El aumento del salario ha estado por detrás del aumento de la producción. Según el Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT, la masa salarial alcanzaba en 1998 (es decir, antes de la última gran crisis) el 34% del PBI. En 2010, según el mismo estudio, apenas llegaba al 30% del PBI. En contrapartida, las ganancias empresariales significaban en 1998 un 51% del Producto, mientras que en 2010 se acercaban al 60%. La tasa de explotación de los trabajadores pasó por lo tanto de un 151% a un 196%. Luego de 2010, el salario siguió evolucionando por debajo del crecimiento del PBI.
También es necesario desmitificar el famoso crecimiento económico, en la medida que una gran parte obedece a grandes obras realizadas por empresas internacionales -que se instalan en nuestro país casi siempre en zonas francas, donde no pagan impuestos- que luego que culminan dejan muy poco trabajo. Muchas de estas inversiones están artificialmente infladas para aumentar las deducciones impositivas, por ejemplo al importar maquinaria -trasladándola dentro de la misma multinacional, desde un país al otro- a valores que no son reales. Por otra parte, la presencia de fábricas de pasta de celulosa está asociada a las mega plantaciones de eucaliptos, lo cual significa no un desarrollo económico sino un retroceso hacia una «república eucaliptera». Lo mismo vale para las grandes plantaciones de soja transgénica, que han depredado el ambiente y generado ganancias únicamente para una minoría de grandes terratenientes y de monopolios que controlan el comercio exterior.
De la mano del boom de exportaciones se ha producido un acaparamiento de tierras cada vez en menos manos, con una creciente participación de grandes corporaciones extranjeras. El último censo rural refleja que en la última década desaparecieron 12.000 pequeños propietarios, mientras que poco más de 4.000 establecimientos rurales concentran casi 10 millones de hectáreas (60% de las tierras), y menos de 8.000 poseen el 78% de las tierras cultivables.
Ahora ingresamos a una nueva etapa de crisis, con una tendencia al derrumbe de los precios de las materias primas, lo que ya se está percibiendo en particular en la soja. La caída de la cotización del mineral de hierro ha echado por tierra a otro mega-emprendimiento que se anunciaba con bombos y platillos: el de la mega minería a cielo abierto. A partir de precios récord del hierro y otros minerales, como consecuencia del transitorio crecimiento inmobiliario e industrial en China -y de la gigantesca especulación en torno al mismo- se montó todo un negocio que incluye una enorme mina a cielo abierto, un puerto para la salida de su producción (incluyendo un mineroducto para el transporte hacia el puerto) y una planta regasificadora en el Oeste montevideano para proveerle energía barata (es decir, subsidiada por el Estado). Sin embargo, la caída del precio del hierro (un 55% respecto a la cotización de cinco años atrás) ha vuelto inviable ese proyecto saqueador y colonizador, que además depredaba el medio ambiente. Siguen sin embargo los intentos para sacar adelante un «Puerto de Aguas Profundas» en Rocha que ya no tiene mayores perspectivas, y la planta regasificadora que implica un elevado costo para el Estado sin que sea necesaria de acuerdo a las actuales necesidades energéticas.
El balance de sucesivos gobiernos -civiles y militares, de la derecha y la centro-izquierda- es una mayor colonización económica por el capital financiero, un aumento de la deuda externa como consecuencia de los sucesivos salvatajes de bancos y por la capitalización de los intereses (usura) y una extrema dependencia de la economía respecto a los vaivenes del mercado mundial.
América Latina entra de lleno a la crisis mundial, partiendo de niveles de miseria mucho más agudos que los que existían antes de la crisis anterior. Un programa de los trabajadores implica adoptar medidas para que la crisis no la pague el pueblo trabajador, sino que la paguen los capitalistas y banqueros que la provocaron, y que se beneficiaron de la etapa de auge.
POR LA UNIDAD DE AMÉRICA LATINA
La existencia de distintos gobiernos proclamados “populares” o “progresistas”, de carácter nacionalista o de centro-izquierda, alentó la expectativa de un proceso de unidad política latinoamericana. El balance de la última década sin embargo es la incapacidad de estos gobiernos para dar el más mínimo paso en la unidad frente al capital financiero internacional. Estamos ante un proceso de des-integración de América Latina. El Mercosur no existe o está en vías de disolución, la Unasur no pasa de una escenografía para la retórica unitaria -mientras todos estos gobiernos mantienen a sus países sometidos a la banca extranjera y a los grandes monopolios internacionales.
Los gobiernos “nacionales”, y por supuesto también los gobiernos de derecha, han renunciado a los más elementales aspectos de la soberanía, incluso en el plano jurídico. Prueba de ello son los “Tratados de Protección de Inversiones”, que ceden la jurisdicción a tribunales extranjeros, como el CIADI u otros. Un ejemplo muy evidente es la crisis actual en torno a los llamados “fondos buitres” (Argentina). Casi todos los países han incluido cláusulas que permiten que las controversias se resuelvan al margen de los tribunales y la legislación de cada país.
Otra expresión de sometimiento nacional al imperialismo es el envío de tropas a Haití (Minustah), defendiendo los intereses de los grandes capitales contra el hermano pueblo haitiano. Las tropas de ocupación defienden a un gobierno dictatorial, instalado por los marines a partir del golpe de Estado y el secuestro del presidente constitucional. La negativa de este gobierno a convocar a elecciones (por segunda vez en los últimos tres años) desnuda su carácter dictatorial y títere del imperialismo. Los gobiernos latinoamericanos, con las honrosas excepciones de Venezuela y Cuba, han demostrado así su carácter cipayo. Reclamamos el retorno de las tropas uruguayas que hoy realizan tareas de seguridad interior y represión, cosa que en nuestra legislación no están habilitadas a realizar dentro de nuestro territorio.
La crisis en torno a la deuda que sacude a la Argentina ameritaría que todos los gobiernos latinoamericanos suspendieran en forma unitaria el pago de la deuda externa, lo que colocaría a la banca internacional ante una crisis mayúscula. La incapacidad para afrontar el saqueo de los usureros internacionales en forma conjunta, pese a que muchas de las fuerzas que hoy gobiernan hablaban antes de la necesidad de un «club de deudores», demuestra que estos gobiernos defienden en cada país los intereses de la burguesía y que esta está también interesada en el pago de la deuda pública, porque estas mismas burguesías «nacionales» son partícipes del negocio de la deuda.
Los recursos naturales de América Latina -incluyendo el petróleo, el gas, la energía eléctrica, y por supuesto las tierras- están cada vez más en manos de grandes capitales extranjeros. Las venas de América Latina están más abiertas que nunca.
Toda la experiencia de la última década demuestra una vez más la incapacidad bicentenaria de la burguesía para forjar la unidad latinoamericana. La unidad política de América Latina queda enteramente en manos de los obreros y campesinos del continente. Sólo a través de la lucha por gobiernos de trabajadores se podrá avanzar en la recuperación de la soberanía nacional, el control de los recursos naturales, y la plena emancipación nacional a través de la unidad socialista de América Latina.
PROGRAMA DE MEDIDAS URGENTES
Para superar la condición de pauperización que viven amplios sectores populares, y evitar que la crisis la paguen los trabajadores, es necesario un programa que responda a los intereses de las grandes mayorías explotadas.
SALARIO
Por un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. En lo inmediato impulsamos un salario mínimo de $ 28.000 (media canasta) como exigían los sindicatos en las últimas huelgas de la educación y la salud públicas. Proponemos que los sindicatos calculen la canasta de productos que cubran las necesidades de las familias trabajadoras, como mecanismo para fijar la demanda del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Ajuste automático (como mínimo en forma bimensual, o toda vez que la inflación supere el 5% desde el último ajuste) de acuerdo al alza del costo de vida, que deben fiscalizar los sindicatos, para evitar que medidas administrativas del gobierno desnaturalicen los índices de precios al consumo.
SEGURIDAD SOCIAL
Reestatización de todo el sistema previsional, bajo control de los trabajadores. Eliminación de las AFAP. Restablecimiento de los derechos jubilatorios arrebatados por la reforma de 1995 (cálculo de la jubilación inicial) en forma inmediata, estableciendo como objetivo llevar la jubilación inicial al 82% del último sueldo en actividad.
Jubilación mínima equivalente al 50% del costo de la canasta familiar (hoy, $ 28.000).
Eliminación de las exoneraciones de aportes patronales; aumento del aporte patronal para garantizar el financiamiento del BPS.
Las jubilaciones y pensiones son un salario diferido, propiedad de los trabajadores, y debe ser administrado exclusivamente por trabajadores y jubilados.
CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL
Eliminación de las tercerizaciones en todo el Estado, pasando los trabajadores a calidad de trabajadores permanentes y bajo las condiciones de los convenios colectivos. Contra los contratos precarios para los jóvenes (Becarios y Pasantes): a igual tarea, igual salario y condiciones de trabajo.
Defensa de los convenios colectivos y el principio de ultra-actividad (las conquistas se mantienen aunque venza el convenio). Defensa del derecho de huelga, incluyendo el derecho a la ocupación (de empresas privadas o públicas). Contra los decretos de servicios esenciales o cualquier otra forma de limitación del derecho de huelga.
Defensa de la inamovilidad de los trabajadores públicos. Contra las privatizaciones.
CONTRA EL DESEMPLEO
Ante la perspectiva de un aumento de desempleo: Prohibición de los despidos; Reparto de las horas de trabajo (reducción de la jornada) entre trabajadores ocupados y desocupados, sin rebaja salarial; Estatización de toda empresa que cierre o despida, y puesta en funcionamiento bajo gestión obrera.
EDUCACIÓN
Duplicación del presupuesto educativo, llevándolo en lo inmediato como mínimo al 6% del PBI.
Contra los proyectos privatizadores (liceos privados financiados por el Estado; sistema de vaucher educativo y similares).
Por la plena autonomía de la Enseñanza pública, sometida al gobierno antes bajo el CONAE hoy bajo el CODICEN. Cogobierno de docentes, estudiantes y trabajadores.
Plena gratuidad de la enseñanza pública; sin matrículas ni aranceles en la Universidad. Representación igualitaria de docentes y estudiantes en la UDELAR, integrando a los trabajadores no-docentes al cogobierno.
SALUD
La última reforma de la Salud favoreció a las empresas controladas por empresarios médicos -y a sus acreedores de los bancos y los monopolios farmacéuticos-, garantizando sus ingresos al establecer un impuesto al salario (Fonasa). La calidad de atención no mejoró, o incluso empeoró al llenarse de nuevos socios el sistema mutual -sin la correspondiente mejora de infraestructura y servicios. El sistema de salud sigue fracasando a la hora de la prevención, dado que el pago de tickets y órdenes vuelve prohibitiva la atención para una gran parte de la población.
Los laboratorios estatales están subutilizados, y sin recursos para producir medicamentos.
Por un Sistema de Salud Estatal, Público y Gratuito para los trabajadores, bajo control obrero, y financiado por impuestos al capital.
Por el pleno derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo: aborto seguro y gratuito; educación sexual en todos los centros de educación, combatiendo toda forma de discriminación por razones de género o condición sexual. Distribución gratuita de anti-conceptivos por parte del Estado.
Por un aumento del presupuesto para la Salud Pública para ayudar a los que quieren superar las adicciones, impulsando también la acción conjunta desde los sindicatos y la Universidad (ya existen algunos planes conjuntos con el Hospital de Clínicas, que necesitan generalizarse). No a la producción y distribución de marihuana por parte del Estado (legalización). No al registro de consumidores. Contra toda criminalización a los consumidores de drogas o los adictos.
DIVERSIDAD
Defensa del derecho al matrimonio igualitario. Contra toda forma de discriminación por razones de raza, género o condición sexual. Por medidas puntuales (como las cuotas) para favorecer el acceso a empleos públicos de las minorías, señalando que una solución de fondo está asociada a un programa anti-capitalista, cambiando las estructuras sociales como única forma de terminar con la miseria de sectores afro-descendientes u otros sectores.
VIVIENDA
La construcción de viviendas populares está prácticamente paralizada. Mientras el llamado “Plan” Juntos es cualquier cosa menos un plan, y está basado en donaciones de empresas privadas (que deducen el 75% de sus “donaciones” de los impuestos), el plan de vivienda sindical no logra arranca.
Por el relanzamiento de las cooperativas de ayuda mutua (Fucvam), con subsidios del Estado para bajar el costo de la construcción de viviendas populares. El Estado debe subsidiar únicamente a través de la banca estatal, no facilitando el negocio de la banca privada. Restablecimiento de un Fondo Nacional de Vivienda, controlado por los trabajadores, financiado con impuestos al gran capital, y especialmente a los especuladores inmobiliarios.
Por un plan de viviendas populares: fuertes impuestos sobre las viviendas desocupadas; topes al precio de los alquileres; es necesario terminar con la expulsión de trabajadores hacia los asentamientos -algo que provoca la especulación inmobiliaria.
REFORMA FISCAL
Sustitución del IVA y demás impuestos indirectos por fuertes impuestos progresivos sobre las grandes fortunas. Eliminación del IRPF a los trabajadores y jubilados, hasta los salarios (líquidos) que sean inferiores a tres canastas familiares.
Eliminación de las exoneraciones impositivas de los grandes capitales, y de las zonas francas.
SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Defensa de la ley de responsabilidad penal del empleador. Legalizar la existencia de delegados de salud e higiene en todas las empresas, con capacidad para determinar la interrupción del trabajo ante amenazas a la vida y la integridad de los trabajadores, sin pérdida salarial.
Reforma del seguro de Accidentes del Trabajo para garantizar el pago de una renta no menor a su salario en actividad a los trabajadores, aunque las empresas evadan el seguro (hoy le pagan el Salario Mínimo). Pago de todos los días perdidos por el accidente o la enfermedad profesional.
SEGURIDAD
El aumento de los delitos y crímenes es una consecuencia de la descomposición y desintegración de la sociedad por parte del régimen capitalista. El narcontráfico, la venta de armas, y el crímen organizado, son hoy un sector creciente en el capitalismo mundial, y son imposibles si se impide el lavado de dinero, que hoy se realiza en el sistema bancario internacional Se impone la necesidad de eliminar el secreto bancario como primer medida de seguridad pública.
El reforzamiento de la policía no es salida. Repudiamos la creciente represión contra los jóvenes, las cárceles inhumanas y violadoras de derechos humanos, algo que sólo agravaría la “baja” de la edad de imputabilidad. Por ello llamamos a no votar esa reforma profundamente reaccionaria: decimos NO a la baja.
Es necesario desmantelar los aparatos represivos entrelazados con el crimen organizado, creando una fuerza nueva –cuyo reclutamiento deba pasar por el control de las organizaciones populares y los organismos de derechos humanos.
Por la anulación de la ley de impunidad, y la cárcel a todos los responsables de crímenes y torturas bajo la dictadura militar.
BANCA, TIERRA, DEUDA EXTERNA
Por el no pago de la deuda externa, ni de la deuda interna con los grandes capitalistas.
Estatización de la banca bajo control de los trabajadores.
Contra toda privatización de empresas públicas. Elegibilidad de todos los directores de los entes estatales.
Por la nacionalización de la tierra y los recursos naturales, a través de la expropiación de los latifundios.
Contra los monocultivos de eucaliptus y de soja transgénica. Prohibición de la minería metalífera a cielo abierto. Prohibición del fracking. Nacionalización de las industrias contaminantes bajo control de los trabajadores, para proceder a su reconversión.
POR UN GOBIERNO DE TRABAJADORES.
POR LA UNIDAD SOCIALISTA DE AMÉRICA LATINA.
Elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos políticos.
No a los TLC con los estados imperialistas. No a la integración a la Alianza para el Pacífico.
Inmediato retiro de las tropas uruguayas en Haití, y en las llamadas “operaciones de paz”.
