Plan contra la prensa. Alerta máxima
La descripción de la diputada Patricia Mora, miembro de la Comisión especial legislativa que investiga el otorgamiento de un crédito por $20 millones a la empresa Sinocem para importación de cemento chino y que ha cuestionado el nombramiento y actuaciones de las autoridades del Banco de Costa Rica compara con precisión el significado político y jurídico de la amenaza que significó un memorando durante la campaña del referendo sobre el TLC.
El amenazante documento lo encontró la policía en el allanamiento a la oficina de Mario Barrenechea, ex gerente suspendido del BCR, detenido el viernes 3 de noviembre y quien descuenta tres meses de prisión preventiva.
Esta amenaza debe activar todas las alertas de la ciudadanía costarricense para defender los derechos a las libertades de expresión, de información, de prensa, de acceso a información pública y de protección de fuentes que nos garantizan las normas internacionales y nacionales.
El plan amedrentador se une a varias amenazas contra esas supremas libertades que ya han sido documentadas. En 2016, lo registraron y denunciaron tanto el informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa como el de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (pag. 159–163) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los dos medios que iniciaron y han mantenido una cobertura sistemática y de revelaciones sobre el caso del cemento chino han sido Diario Extra (María Siu Lanzas) y CRHoy (equipo liderado por Silvia Ulloa)
Durante una entrevista en el canal universitario, los colegas Michael Soto (CRHoy) Hulda Miranda (Semanario Universidad) y Diego Delfino (Delfinocr) hablaron sobre las presiones insinuaciones e incluso amenazas vedadas por publicar sobre el caso.
El Estado costarricense, debe garantizar que desde ninguno de los Poderes ni instituciones estatales -así sean autónomas como la banca- se violenten los derechos a la información ni se obstruya el trabajo de búsqueda de la prensa porque son base para crear una opinión pública libre e informada, sustento del sistema democrático. Debe también garantizar las vías de investigación de denuncias de los periodistas sobre todo tipo de acoso o violencia.
El Estado costarricense debe transparentar y rendir cuentas de todos los asesores, agencias de relaciones públicas y de publicidad que prestan servicio a las instituciones y que son las encargadas de asignación de pauta, de agenda, de consultas de la prensa y, por lo visto, también de las relaciones con ella.
¿Qué dice el plan?
Según registra @DiarioExtraCR el plan buscaba:
- “iniciar una serie de acciones tendientes a desprestigiar al medio con demandas judiciales, denuncias públicas y ante el Colegio de Periodistas, pauta de campos pagados en otros medios de comunicación y hasta la contratación de un abogado especialista en prensa que pudiera contrarrestar las publicaciones”, según denunció Iary Gomez, gerente general del Grupo Extra.
- Ademas, consigna que “para lograr parte de sus objetivos, desde los altos mandos del BCR planificaron usar a otros medios de comunicación como serían Canal 7, La Nación y los espacios radiales, coordinando reuniones con Armando González, Ignacio Santos y Amelia Rueda.
- Entre otras cosas, se menciona la probable participación de la expresidenta del BCR, Paola Mora, en programas de radio y una entrevista en Telenoticias.
- “Se menciona también que después de las comparecencias se publicarían columnas en La República y La Nación. Se buscó el apoyo de tres líderes de opinión pública, cuyos nombres no mencionan; asimismo el respaldo de tres políticos que se presume son Otto Guevara, Víctor Morales Zapata y Walter Céspedes”.
Descargo de medios mencionados
Diario Extra en editorial: “ Se dieron el tupé de gestionar listas de prestigiosos comunicadores con la intención de comprar espacios, pautarles y a la vez perpetrar desde esos medios un descrédito contra El Periódico de Más Venta en Costa Rica. No dudamos jamás de la integridad y honorabilidad de esos colegas.”
Diario La Nación en editorial
- “La Nación nunca hizo un reportaje sobre la servilleta. La mencionó, entre otros casos, en el marco de una información más amplia y sobre otro tema. Si el autor del tal “plan estratégico” soñó con un reportaje sobre la servilleta, no logró su propósito. La restitución del gerente, a partir de las razones alegadas por el tribunal, es de gran interés público. La Nación habría hecho mal en no publicarla luego de constatar la veracidad de los documentos.
- “Si en alguna apartada oficina alguien tramaba, en ese mismo momento, un plan contra Quesada, no podíamos saberlo y tampoco nos habría disuadido de hacer la publicación. Los medios que publicaron la grabación hecha subrepticiamente por Quesada no cuestionaron sus motivaciones y ni siquiera le exigieron autenticar el audio, como sí lo hizo La Nación y lo hará siempre en apego a la ética periodística”.
Telenoticias:
Ignacio Santos: “De más está decir que nadie ha contactado a la Dirección del noticiario para reunión alguna sobre este tema, ni para solicitar entrevistas sobre este asunto, y mucho menos para solicitar apoyo al gerente suspendido del BCR. El citado plan, en lo que concierne a Telenoticias, no pasó del papel en que está escrito. En todo caso, no podría ser de otra forma”.
“Por otro lado, la dirección de Diario Extra puede dar fe del respaldo solidario, contundente y público que le hemos dado siempre que ha denunciado presiones por su labor periodística”, añadió el director de Telenoticias.”
Amelia Rueda
“Nunca un medio de comunicación podemos estar de acuerdo con este tipo de artimañas”. Además manifestó que quien haya elaborado el documento lo hizo para tratar de hacer creer “que eso se puede hacer”.
¿Quién hizo el plan?
- Diario Extra consultó Andrés Pérez, abogado de Barrenechea: “Por disposición expresa del artículo 295 del Código Procesal Penal, el procedimiento preparatorio, fase en que actualmente se encuentra la causa que tramita el Ministerio Público contra mi cliente, don Mario Barrenechea Coto, no es público para terceros. En respeto a esa disposición legal debo abstenerme, por razones legales y éticas, de hacer comentarios en torno al contenido de las actuaciones y de la prueba recabada dentro del proceso”,
- La diputada Patricia Mora denunció en el plenario legislativo que “detrás de estas campañas está el consultor externo de Uber; Pablo Duncan. Además asesor del PUSC y Paola Mora”
- Pablo Duncan a Diario Extra: “Rechazó además tener cualquier tipo de relación personal con el exgerente del BCR, Mario Barrenechea, y la expresidenta, Paola Mora, así como el exestratega, Iván Barrantes. “A los tres los conocí con ocasión del trabajo profesional que brindé a la agencia La Tres que le prestaba servicios al banco y que fue la que contrató nuestros servicios”, pormenorizó. Este no hizo referencia al empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
- Pablo Duncan a Diario Extra: “aseguró haber brindado servicios de asesoría legislativa y política por un salario mensual de 12 mil dólares, desde noviembre del 2015 hasta julio del 2017. Además, detalló que se la brindaba de forma integral a varios jerarcas y no solo a Mora.
- “Asimismo, aprovechó para desmarcarse de ser el creador de la estrategia recabada como prueba por la Fiscalía General de la República, en la que se enfatizaba como uno de los objetivos “debilitar a Diario Extra””.
Iván Barrantes (exasesor del gerente Barrenechea)
- Entrevistado por Diario Extra “indicó que desconoce el documento, y enfatizó que no participó en su elaboración. “Me sorprendí de que existiera. Yo, como asesor, nunca escuché, ni me senté a diseñar un plan para debilitar al medio. Obviamente había incomodidad con la línea editorial del medio, que era bastante fuerte. La represalia, no sé si se puede llamar así, no fue por el caso del cemento, el enojo vino por el reportaje que involucra al hijo de Mario. Estando ahí, y conociendo a don Mario, me parece más como un higadazo”.
- “Agregó que había una presunta guerra entre Barrenechea y el subgerente del BCR, Guillermo Quesada, y al primero se le mete “la película” de que este último es quien pasa información a El Diario del Pueblo.
- “Es ahí cuando encuentran un objetivo común Juan Carlos Bolaños y Mario. El hijo (Javier Barrenechea), que no era socio de Juan Carlos, pero sí eran amigos, era un distribuidor”, comentó Barrantes.
- Añadió el ex asesor que las entidades pueden regular la publicidad a su criterio, “ que es un juego de poder y, si un cliente se siente amenazado, está en su derecho de coaccionar vía direccionamiento del arte (publicidad). Yo lo veo como un equilibrio de fuerzas. Es mi perspectiva, como estratega, no me dejo llevar por eso de dañar la libertad de expresión. Siempre hay un equilibrio de fuerzas entre medios y clientes, más cuando es una institución de Gobierno, no debería haber abusos, pero se dan”
- En su perfil de Facebook, el ex asesor dijo que “ Con respecto al CHISME sobre Pablo Duncan y de su autoría en el ¨Complot ¨ contra La Extra, puedo dar fe que es totalmente falso, ya que Pablo no asesoraba a Mario en temas de estrategia.”
“Los asesores políticos y legislativos solo fueron contratados por Agencia de Publicidad La Tres. La agencia contrató a la Empresa CLC Global de Pablo Duncan”, indicó el BCR a través de su oficina de comunicación.
“La entidad no menciona como parte de los contratados a Alex Sibaja, exdiputado del Partido Liberación Nacional. Sin embargo, es un hecho que este prestó los servicios al banco, específicamente al gerente suspendido Mario Barrenechea.
De acuerdo con el banco, el contrato de asesoría política y legislativa tuvo una validez de noviembre 2015 a agosto de 2017.
Sobre exactamente qué tipo de servicios brindaban, se manifestó que de monitoreo, análisis, alertas y reuniones respecto a los acontecimientos legislativos que afecten al banco y sus proyectos.
“Al parecer también participaban en reuniones en cuanto a los acontecimientos noticiosos nacionales de impacto en el conglomerado del BCR, insumos y apoyo en temas de monitoreo especializado en redes sociales y los lanzamientos de las tres marcas, pese a estar en asesoría política.
“Al final, el asesor político incluido con la agencia Advertising House no se contrató.
“Lo que sí confirmó el banco fue una asesoría en creación de marcas y gestión de redes sociales, que brindó el estratega Iván Barrantes, cuyo costo rondó los $10 mil por mes (¢70 millones), por un periodo que fue de noviembre 2015 a diciembre 2016.
¿Tácticas inéditas?
La descripción calza con las maniobras con las que funcionarios o fuentes violentan el derecho a la información en diversos países:
- Utilizar la asignación de pauta publicitaria como represalia o premio por publicaciones periodísticas
- Llamadas a reporteros, editores, directores y propietarios de medios para evitar publicaciones, presionar oamenazar
- No atender o retrasar entrega de documentos ante consultas de prensa.
- Entregar información incompleta o con clave de acceso para su procesamiento
- Negar entrevistas a prensa que publique temas críticos sobre la organización
- Enviar numerosos derechos de respuesta, no con el fin de aclarar sino de causar confusión con datos
- Presentar varias denuncias y recursos contra el medio a sabiendas de que no prosperarán pero crearán dudas sobre las publicaciones
- Filtrar información sobre otros temas a otros medios con el objetivo de desviar la atención sobre el tema investigado
- Acosar o amenazar directa o indirectamente e intentar , en público vía redes sociales o en privado
- Hacer investigar o seguir a miembros de la prensa
- Hacer al medio o los reporteros blancos de campañas de desprestigio personal descalificando o ridiculizando su trabajo
Reacción de sectores:
Colegio de Periodistas: “Atentar contra la libertad de prensa es un acto inmoral”
SIP: “Sociedad Interamericana de Prensa preocupada por plan de intimidación contra Diario Extra”
BCR: Auditoria interna divulgó un comunicado en el que asegura que “La Junta Directiva y la Administración manifestamos nuestro desacuerdo y repudio a cualquier tipo de práctica o acción que atente contra el ejercicio de la libertad de prensa; conscientes de que se trata de una libertad fundamental propia de un país con una sólida vocación democrática, como lo es Costa Rica, en donde creemos firmemente que debe imperar el Estado de Derecho”.
Poder Legislativo: “Diputados y candidatos alarmados por plan de desprestigio”
Poder Ejecutivo: “Presidencia y Congreso repudian boicoteo a DIARIO EXTRA”
Colectivo Sindical Patria Justa: ““Atentar contra DIARIO EXTRA es hacerlo contra la democracia”
Sindicatos: “Juventud sindical levanta la voz para defender libertad de expresión por “memorándum del miedo” contra DIARIO EXTRA”
Politólogos: “Urgen reformas para proteger libertad de prensa”
Graves antecedentes
El plan amedrentador encontrado en el BCR activa la alerta máxima porque no es la primera vez que lo hacen entidades bancarias estatales.
1. Casos nacion.com contra el Banco Nacional de Costa Rica y Diario Extra contra Banco de Costa Rica.
En 2016, ante denuncias de estos medios de prensa profesional se creó una comisión especial dentro de la Comisión Permanente de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, República de Costa Rica la cual confirmó en sus conclusiones que:
- “Existió presión, por parte del Gerente del Banco Nacional, Juan Carlos Corrales Salas, contra el periódico La Nación, al suspender la pauta publicitaria como represalia por las informaciones publicadas. El mismo Gerente asumió la responsabilidad de tomar esa decisión ante la Junta Directiva de esa entidad financiera y en una entrevista publicada por el mencionado medio de comunicación el 11 de julio de 2016.”
- “ En cuanto al Banco de Costa Rica, también queda probado que existió presión contra el Diario Extra, al cancelar pauta publicitaria previamente reservada. No es creíble el alegato de recorte presupuestario esgrimido por el Banco cuando transcurrieron apenas unos 15 días entre la reservación de la pauta y su cancelación.
- La comisión concluyó con la recomendación de “Impulsar la pronta aprobación del proyecto de ley N° 20.266 que acompaña este informe y que fue presentado como resultado de la irregularidad detectada en esta investigación. El proyecto, presentado por el diputado Mario Redondo, está en la comisión de Asuntos Económicos.
Sentencia 2016–15220 de la Sala Constitucional:
“El caso se constituye claramente en lo que la doctrina ha denominado censura indirecta, una forma de acoso ilegítimo de un medio de comunicación de parte de un ente público, que no sólo lesiona la libertad de expresión, sino el derecho de los ciudadanos de contar con mecanismos de información veraz en la democracia. Es una forma perversa y antidemocrática de utilizar fondos públicos para dirigir la opinión, según un sistema de “premio o castigo“, a quienes ejercen la libertad de prensa y libre expresión garantizada constitucional y convencionalmente”.
Tuit de la Defensora de los Habitantes cuando se denunció presión publicitaria
2. Caso de @DiarioExtra contra el Organismo de Investigación Judicial por rastreo de llamadas de teléfonos del periodista Manuel Estrada para identificar a una fuente confidencial. (Voto constitucional 2014–004035)
- “Dado que ni el periodista era investigado, ni estaba siendo objeto de un proceso penal, ni tampoco medió resolución judicial válida que pudiera justificar levantar el secreto de las fuentes periodísticas; y dado que el rastreo se dio a los teléfonos del periodista con la finalidad de determinar la identidad de las personas que sirvieron de fuente para la difusión de una serie de noticias (aunque ello haya sido solo el medio empleado para procesar a un funcionario judicial) se constató, además de la violación al derecho a la intimidad del periodista, la violación al derecho del secreto de las fuentes periodísticas.
- Nota de magistrado Ernesto Jinesta: “ estimo que los “rastreos telefónicos”, respecto de los periodistas o de quienes se dedican de modo habitual o regular a informar al público, resultan total, absoluta y radicalmente inconstitucionales, en cuanto revelan las fuentes de información del mismo, de modo que no pueden ser siquiera ordenados por un Juez. Respecto de la funcionaria judicial, que fue fuente de información del periodista, los rastreos deben ser, también, anulados, por cuanto, tampoco admito, bajo ningún concepto, el “rastreo telefónico” respecto de las personas que son fuente de información de un periodista o de persona que se dedica de manera habitual o regular a informar al público.”
Marco normativo que protege el secreto de las fuentes de información: Derecho fundamental de los periodistas. Voto constitucional del (30 de abril de 2008)
- “ El secreto de las fuentes es, entonces, condición indispensable o esencial para ejercer el derecho a la información. Este secreto tiene, adicionalmente, la condición de ser una garantía institucional, en cuanto garantiza el derecho a la información, el cual, a su vez, tiene por fin crear una opinión pública libre y fomentar el pluralismo democrático…
- “El derecho fundamental al secreto de las fuentes que poseen los periodistas, puede ser definido como la facultad de no revelar las fuentes de la noticia, tanto a la empresa informativa para la que labora, a terceros o a las autoridades y poderes públicos, de manera que tiene una proyección y una eficacia erga omnes”.
- Límites: Nota del magistrado Fernando Cruz: “ No existe una limitación absoluta frente al secreto de las fuentes de información del comunicador. La trascendencia de otros derechos y valores constitucionales podrían requerir una solución equilibrada entre el respeto al secreto de las fuentes del periodista y las necesidades que impone una administración de justicia eficaz. Las circunstancias y situaciones en que el secreto de las fuentes debe ceder ante las necesidades que impone la investigación de un hecho delictivo, se irán definiendo casuísticamente por este Tribunal Constitucional.
- el secreto cubre no solo las fuentes de información del periodista, sino también, los apuntes y archivos personales del comunicador.
- El secreto de los informadores, no puede ser equiparado al secreto clásico de las personas que ejercen una profesión liberal, por cuanto este último tiene, preponderantemente, la naturaleza de un simple deber ético y, en ocasiones, jurídico
Réplicas internacionales
