Sopló y sopló… y la casa derrumbó
Aunque usted no lo crea (o sí) en India millones buscan frenar los esfuerzos gubernamentales para impulsar el desarrollo. Lejos de tratarse de un capricho, sus razones están fundamentadas. La construcción de carreteras y aeropuertos representa un suplicio para gran parte de la población, ya que está siendo despojada de sus hogares. Sin éxito, hasta ahora 1.9 millones de familias indígenas demandan justicia bajo la Ley de Derechos Forestales.
De acuerdo con un reporte del la Red de Derechos de la Vivienda y la Tierra, durante el 2018, se destruyó un mínimo de 114 casas cada día, expropiando los bienes a 23 personas cada hora. El embellecimiento de zonas, el mejoramiento de infraestructura y proyectos de desarrollo, así como la protección de los bosques son las causas de los desalojos.
Ante el crecimiento acelerado de las ciudades indias, se estima que otros 11 millones enfrentan el riesgo de abandonar sus propiedades por la fuerza. Debido a que India se caracteriza por mantener un enredado sistema de propiedad de la tierra, son cada vez más las disputas legales y los desalojamientos forzosos en zonas rurales. Se cree que hay más de 680 conflictos activos de esta naturaleza, los cuales ya afectan a 8 millones de personas.
En estos casos, las autoridades están obligadas al seguimiento del proceso de expropiación conforme a la ley. Deben dar un aviso con suficiente anticipación y ofrecer una compensación proporcional a la tierra. No obstante, en la mayor parte de los casos no lo cumplen. Lamentablemente, son los más vulnerables quienes sufren las consecuencias.
En reconocimiento de las violaciones a los derechos de grupos vulnerables, la sociedad civil india exige que frente a las obras, el gobierno provea alojamiento para el 2022.
En cuestión de meses, la problemática que amenaza a India se ha convertido en un enfrentamiento político. Frente a las elecciones generales para conformar la nueva cámara baja del parlamento, el Lok Sabha, el partido del primer ministro, Narendra Modi, se ha comprometido a abordar la crisis mediante el plan Housing for All, el cual pretende crear 20 millones de unidades de alojamiento urbano y 30 millones de hogares rurales durante los próximos tres años. A pesar de ello, la gente continúa siendo despojada de sus hogares a un ritmo cuya precisión se desconoce: no existen cifras oficiales del número de desalojamientos impuestos por las autoridades.
Por otra parte, la coalición de oposición ha prometido acabar con la crisis. El derecho al alojamiento y la protección ante la expropiación arbitraria, se suman a las promesas que asegura para conseguir la victoria.
Aún obteniéndola, mantenerla con éxito podría ser más difícil de lo que parece. Esta vez se contraponen dos factores esenciales para el bienestar de la población: el desarrollo del entorno y el respeto a sus derechos. Para la mala suerte de quienes ansían el poder, uno no avanza sin el otro.
Además de conseguir votos inmediatos, encontrar el balance entre ambos es tal vez la única manera de salir adelante en el largo plazo.
