¿Los delincuentes tienen derecho a los mismos derechos que nosotros?
O como un Estado fallido no puede darse el lujo de discutir el otorgamiento de nuevos derechos.
Lo primero que hay que entender para empezar a abordar este escabroso tema, es que los derechos no existen per se, son creaciones que desarrollamos a lo largo de nuestra historia como especie, para regular la conflictividad de nuestras relaciones en la vida en comunidad. Es por eso que la noción de tener derecho a algo (vida, propiedad, voto, tierra, vivienda, trabajo, ect) es efímera y líquida, una construcción social en constante transformación.
Para darles un ejemplo en los Estados Unidos, alma mater de la defensa de los derechos individuales y cuna del modelo democrático republicano, hace unos 50 años, su presidente actual, no hubiese tenido derecho a ser atendido en una cafetería de su elección o de viajar sentado donde se le diera la gana en el colectivo.
El Estado fallido Argentino
En los últimos 20 años en la Argentina no hemos parado de llenarnos la boca con declamaciones sobre el otorgamiento de tal o cual derecho, mientras que la corrupción pública y privada, la convivencia con el crimen organizado y el narcotráfico, y una economía que hacía equilibrio entre una crisis y la siguiente, generaban la retracción del Estado de una importante cantidad de territorios, donde florecieron nuevos sistema precarios de gestión, control y justicia, las aclamadas zonas marrones.
Esto significa que porciones considerables del territorio nacional, y las poblaciones que en ellos habitan, pasaron a vivir bajo el reinado feudal del jefe narco o el puntero político (que en muchos casos suele ser la misma persona). Para darles un ejemplo llevado al absurdo de esto: en ciertas villas de la ciudad de Rosario el control de las bandas era tan férreo, que para contratar un servicio como cable o teléfono, era necesario intermediar con el jefe narco, para que este garantice un salvoconducto al personal de la empresa de instalación.
Esta dicotomía, donde por un lado como Estado decimos ser otorgadores de toda una nueva batería de derechos, mientras que por el otro no tenemos la fuerza suficiente como para detener la disputa territorial que nos plantean las mafias y el narcotráfico, es el verdadero nudo gordiano detrás del debate de si los presos que trabajan tienen que tener derecho a aguinaldo y vacaciones.
El sistema penitenciario argentino hoy funciona como una de estas zonas marrones, donde como Estado no somos capaces de garantizar que los presos no sean torturados u atormentados, donde hay fugas masivas de internos, con clara participación de sus carceleros, y donde muchos delincuentes usan sus instalaciones como oficinas transitorias para seguir cometiendo delitos y manejar sus imperios criminales.
En este contexto es ridículamente hipócrita discutir si un preso que trabaja tiene que tener derecho a un salario digno, aguinaldo y vacaciones.
“Mientras subsista la realidad de un Estado argentino incapaz de mantener control sobre el sistema penitenciario, en disputa con las mafias y el narcotráfico, el mismo es incapaz de llevar adelante el otorgamiento de ningún nuevo derecho, porque lo más factible es que este termine siendo letra muerta sobre el papel.”
La gran encrucijada que debe afrontar la Argentina en este momento, no es si hay que darle o no derechos laborales a los delincuentes, es si hay que detener o no el avance de estas organizaciones que buscan arrebatarle día a día mas porciones de su territorio y legitimidad al Estado argentino; porque si dejamos que la metástasis se expanda a cada resorte y engranaje del mismo, lo único que conseguiremos es transformar al Estado en una mera herramienta para defender los intereses minoritarios de estos capangas feudales, como ya está sucediendo en algunos países de la región.
