Tres formas de entender el Gobierno Electrónico 


Hace algunos años, en una conferencia sobre la sociedad de la información el rector de la Open University, John Daniel, afirmó: “Señoras y señores, las nuevas tecnologías son la respuesta. ¿Cuál era la pregunta?”. Esta frase resume el estado de ánimo de muchos sectores con respecto al impacto de las TIC en el gobierno. Parecería que internet y sus aplicaciones llegaron para resolver problemas del ejercicio democrático que se remontan a décadas atrás, y que ahora es posible abandonar los viejos paradigmas de las administraciones públicas.

Sin negar su potencial transformador, la posibilidad de impulsar un verdadero cambio en la manera de gestionar la cosa pública depende de factores no digitales, es decir, modificar los patrones culturales e instalar nuevos modelos de gestión que utilicen a las TIC como herramientas para lograr los objetivos deseados y no como un fin en sí mismo. Por ello, es necesario pensar a las tecnologías sobre la base de criterios de gestión y subordinar sus usos a los requerimientos de las políticas públicas y no a la inversa.

El desafío que enfrenta hoy el gobierno electrónico es transformar a las TIC en una variable condicionada por las necesidades ciudadanas o administrativas. Esto puede parecer una obviedad, pero si se observa rápidamente la situación actual es posible detectar que, a grandes rasgos, la proliferación de áreas de gobierno electrónico o gobierno abierto descansan sobre la lógica tradicional del ejercicio del poder: estructuras jerárquicas, diferenciación entre “especialistas” y ciudadanos o canales de participación articulados de manera descendente (top down). Sin embargo, el punto central de incorporar TIC a las instituciones de gobierno no es solo mejorar la gestión (algo sin dudas muy importante) sino también de encontrar la manera empoderar al ciudadano, para fortalecer su autonomía y su capacidad para participar en la elaboración e implementación de políticas públicas.

Si se piensa que incorporar tecnología a procesos o estructuras administrativas ineficientes resolverá el problema, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Orientar la gestión al ciudadano significa modificar cuestiones culturales, de procesos y organizativas. Y eso lleva tiempo.

¿Qué implica el gobierno electrónico? En principio, existen tres maneras diferentes (y complementarias) de concebirlo:

a. Gobierno electrónico como conjunto de actores. Se refiere a los políticos o funcionarios e implica que estos actores utilicen TIC (PC, internet, redes sociales y similares) para su trabajo diario. Este es un terreno poco claro aún, porque en muchos casos no es posible diferenciar el uso que una persona hace en calidad de funcionario del que hace en la vida privada.

b. Gobierno electrónico como conjunto de instituciones. Son los organismos (formales o informales) a través de los cuales se “ordena” el poder político. Se refiere a los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a los partidos políticos y a las administraciones públicas en general. En este sentido, gobierno electrónico significa informatizar los procesos administrativos, “despapelizar” e interoperabilizar, y todos aquellos procesos que se relacionan con una gestión eficiente que mejore los servicios ciudadanos. Esta concepción del gobierno electrónico, también conocida como “administración electrónica” (e-administration) plantea que los cambios culturales y administrativos son centrales para reorientar la gestión al ciudadano.

c. Gobierno electrónico como conjunto de funciones. Se refiere a las políticas públicas relacionadas con la inclusión digital, la participación ciudadana, la transparencia o alguna mejora en la calidad de vida de las personas a través del uso de las TIC. Suelen ser las medidas con mayor visibilidad, aunque no siempre sean las más exitosas. Al igual que cualquier otra política pública, la planificación y evaluación constituyen etapas centrales para la gestión ciudadana por medio de tecnología.

El núcleo del gobierno electrónico se relaciona con los puntos B y C, es decir, con el gobierno electrónico como conjunto de instituciones y funciones, aunque en muchas ocasiones trascienda más lo relativo al uso que los actores hacen de las TIC. Estas dos acepciones son interdependientes y resulta casi imposible pensar en políticas de gobierno electrónico sin plantear cambios organizativos en la forma de administrar los organismos del Estado.

Un político o funcionario que decide implementar nuevos y mejores servicios ciudadanos (por ejemplo, una guía de trámites, sacar turnos por internet o crear mecanismos de participación) seguramente se encuentre con obstáculos institucionales internos, muchos de los cuales no tienen que ver con la aplicación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, es imposible desarrollar una buena guía de trámites sin que los diferentes organismos interactúen y se comuniquen entre sí (interoperabilidad).

Cuando se analizan los avances de muchas organizaciones públicas en el tema, se confirma que aunque el presupuesto sea acotado siempre es mejor planificar, o al menos una guía que señale hacia dónde sería bueno avanzar. De allí la importancia de construir una agenda local, que articule proyectos e intereses. Del mismo modo, muchos especialistas plantean también la necesidad de crear una unidad coordinadora de gobierno electrónico, que guíe y se relacione en forma transversal con cada unidad de gobierno. Sin embargo, la formación de nuevas agencias TIC debe estar justificada por necesidades concretas de la ciudadanía o de la clase gobernante, en lugar de responder a modas y tendencias gubernamentales. Hoy pareciera ser que la tendencia es crear agencias o secretarías de innovación y TIC, innovación y Gobierno Abierto, las cuales en algunos casos funcionan simplemente como el viejo área de sistemas. El hecho de tener una oficina con un nombre particular, ¿nos hace suponer que el problema está resulto o en camino de? Crear políticas de gobierno electrónico es mucho más que la creación de un eslabón más en el organigrama.

El principal desafío que deberán enfrentar los gobiernos (por lo menos los argentinos) en materia de gobierno electrónico en los próximos años no es tecnológico: el cuello de botella estará los recursos humanos y su formación, más que en la tecnología en sí misma. Al momento que la tecnología se transforma en un bien cada vez más barato, las capacidades cognitivas del capital humano acrecientan su valor. Gobierno Electrónico no sólo es comprar tecnología, sino también fortalecer y mejorar los niveles aptitudinales de la administración pública.