Lenguaje inclusivo y política
A pesar de que la RAE se mantiene en contra del uso del lenguaje inclusivo, contamos con la presencia de este en numerosos ámbitos de nuestra sociedad actual, uno de ellos y en el que me centraré en esta ocasión, es el ámbito político.
Por un lado, los partidos de izquierda han sumado el lenguaje inclusivo a la lista de herramientas para luchar contra la discriminación y el machismo, como prueba de ello, tenemos la petición realizada, en 2018, por PSOE y Unidas podemos, cuyo objetivo era instaurar el lenguaje inclusivo en los textos jurídicos. Además, en el mismo año y como portavoz de Unidas Podemos, añadió “ya son demasiados los siglos en los que el lenguaje se utiliza como instrumento para perpetuar el machismo en las sociedades. La mayoría de idiomas usan el masculino para referirse a la otra mitad de la población”.
Por otro lado, lamentablemente opuesto, podemos poner el ejemplo de Murcia , donde en noviembre del 2021 se aprobó una moción propuesta por Vox y votada por el PP, consistente en la prohibición del lenguaje inclusivo en las administraciones públicas de la comunidad así como la necesidad de multar a los funcionarios que en los escritos oficiales hagan uso de dicho lenguaje. Cabe destacar también que ante estas medidas, Unidas Podemos se posicionó en contra, pero PSOE no dijo nada al respecto, a pesar de que sus discursos en redes sociales llevan unos años inundados de lenguaje inclusivo, lo que sirve para dejar claro que lo utilizan como una moda más, una forma más de acercarse al pueblo sin que la honestidad sea su punto fuerte.
Bajo mi punto de vista y teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, creo que las administraciones públicas y los políticos deben estar al servicio de la ciudadanía, y no a la inversa, como parece que todos asumimos, por lo que el hecho de prohibir el uso del lenguaje inclusivo va de la mano con la discriminación de personas por razón de sexo y género a ciudadanos de este pais; personas que, al menos en España, cuentan con derechos reconocidos.
En conclusión, las entidades políticas deben velar, entre otras cosas, por el bienestar económico y social de la población, por lo que el hecho de prohibir o ignorar el lenguaje inclusivo, lejos de servir de ayuda, reprime e invisibiliza a diversos colectivos y grupos sociales a razón de su sexo, género u orientación.
Creo que no está de más hacer un esfuerzo por normalizar cada día más este lenguaje inclusivo, no sólo a nivel político sino también en nuestra familia, grupo de amigos, aulas, etc, ya que todo intento por erradicar la discriminación nos ayudará a dar un paso más y a avanzar poco a poco como sociedad.