De cara a las elecciones 2016: de Foraker a PROMESA, ¿qué ha pasado?
116 años de gobierno civil antidemocrático en Puerto Rico
Puerto Rico es uno de esos casos particulares en la política mundial actual. Como es de saber, hace ciento dieciocho años que este pequeño archipiélago se encuentra bajo el dominio de la nación estadounidense que ha llevado a cabo un muy buen trabajo en eso de hacerle pensar a la mayor parte de sus colonizados que, en efecto, no están colonizados. Tras la implementación del Estado Libre Asociado — por aquello de solapar el coloniaje— en el 1952, se desarrolló de manera muy impetuosa la concepción de que éste era un territorio único, exclusivo y superior a muchos otros países del Caribe y de las Américas.
Las ínfulas de «soy mejor que tú» que permearon en la Isla durante esos años —y que hasta el sol de hoy hay quienes lo mantienen vigente — se daban bajo la idea de que contábamos con una supuesta libertad mientras, a su vez, nos beneficiábamos de ciertos programas federales de asistencia económica. Es decir, se pensaba que teníamos lo «mejor de dos mundos»: la autonomía del país y la asociación con una nación sumamente poderosa. Hasta quisieron vendernos como la «vitrina de la democracia», desvinculándonos de nuestros hermanos americanos y caribeños porque contábamos con un sistema mucho más progresista, mucho menos tercer mundo, mucho más land of the free.
También hay que poner en contexto, claro está, que antes del Estado Libre Engañado lo que había políticamente en Puerto Rico era otro desmadre más. A solo dos años de la invasión estadounidense (1898), la Isla pasó de tener un gobierno controlado por la milicia de los Estados Unidos a un gobierno civil que se configuró bajo la Ley Foraker. El problema principal con dicha ley, impulsada por el Congreso, es que le otorgaba poderes casi plenarios al presidente de los Estados Unidos. Era éste quien tenía la potestad de nombrar la mayoría de quienes ocuparían los puestos de la Rama Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial; quienes terminarían siendo, primordialmente, estadounidenses. El único renglón en el cual una pequeña parte del pueblo — hombres letrados y contribuyentes — podría votar por quienes ocuparían los escaños sería el de la Cámara de Delegados pero el mismo estaba bajo el de la Rama Legislativa. No obstante, los proyectos que se presentasen bajo esta Cámara tendrían que ser aprobados por el Consejo Ejecutivo, que se componía de seis estadounidenses y cinco puertorriqueños, debía ser aprobado por el gobernador y luego por el Congreso. En otras palabras, cualquier cosa que fuese en contra de los intereses económicos y políticos de Estados Unidos, podría ser denegado.
«Ni los sectores soberanistas, ni los anexionistas, vieron cumplidas sus aspiraciones en aquel documento que instrumentaría las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos hasta 1917» (Cancel y Feliciano, 1917).
Posteriormente, con la Ley Jones en el 1917 se reconfigura la manera en la que se organizaría el poder político de la Isla. Con esta disposición se crea el primer senado de Puerto Rico y una Cámara de Representantes que estarían compuestos por personas electas por puertorriqueños —las mujeres aún no tenían derecho a votar — . No obstante, la persona que gobernaría seguiría siendo nombrada por el presidente de los Estados Unidos. No fue hasta el 1947 que se establece una ley en la que el pueblo puertorriqueño podría elegir quién gobernaría el país.
Panorama de las primeras décadas del siglo XX en P.R
Esos primeros cuarenta años bajo el dominio estadounidense se caracterizaron por la agudización de la pobreza para un gran sector de la Isla y el destierro de cientos de personas de sus hogares por la edificación de bases militares —como por ejemplo, la base Ramey de Aguadilla o Roosevelt Rodes en Ceiba—. Además, las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras en la Isla eran precarias, lo que llevó a huelgas, luchas y resistencia obrera que exigía salarios y horarios justos, derechos civiles y laborales. Por otro lado, también existía el problema de que la mayoría de las tierras de la Isla se encontraban bajo el dominio de corporaciones estadounidenses que no dejaban ningún tipo de incentivo a la economía puertorriqueña.
En adición, estos años vieron el nacimiento y el desarrollo significativo de un poder político que abogaba por la independencia del país como el Partido Nacionalista de Puerto Rico y posteriormente el Partido Independentista de Puerto Rico. Este fue el resultado de los atropellos que había estado sufriendo el pueblo durante estas primeras décadas. Este sector político que iba en contra de los intereses de la metrópoli fue árduamente perseguido, por lo tanto, dio espacio para que la Policía Insular, representado al poder estadounidense, llevara a cabo atentados en contra de estas personas como lo evidencian la Masacre de Ponce y la Masacre de Río Piedras.
Muy convenientemente, para el 1947 se establece la Ley 600 que le otorgaría el poder al pueblo de Puerto Rico de escoger su Gobierno. Estos próximos cincuenta años establecerían las pautas para los próximos — y el actual — desmadre político, social y económico que la comunidad boricua vive hoy día. Bajo la consigna de «el estátus no está en issue»— casi idéntico a lo que repiten hoy día David Bernier y Alexandra Lúgaro — el Partido Popular Democrátrico se ganó el favor del pueblo a partir de la década de los cuarenta y en los próximos años dominó la esfera política. Este poder luego se vería en un constante cambia y cambia tras la aparición del Partido Nuevo Progresista y así ha sido al día de hoy.
El problema principal —después del hecho que aún seguimos siendo colonia— es que estos partidos han propiciado de manera exagerada la dependencia de Puerto Rico con Estados Unidos en prácticamente todos los aspectos de la organización del país. Como si fuera poco, han desmantelado y politizado nuestro sistema público. De manera simultánea, se han empeñado en coger préstamo tras préstamo sin tomar en consideración si contarían con recursos para poder cumplir con los pagos. Por tal razón, ahora nos encontramos con una deuda insostenible y con entidades gubernamentales que no satisfacen las necesidades de los puertorriqueños.
Luego de la implementación de la Ley Jones y del surgimiento del Estado Libre Asociado, Estados Unidos dejó de meter la mano tan directamente en los asuntos locales; se soltó un poco la soga que estrangulaba al país, en ese sentido, pero se apretó en otros aspectos que a simple vista no eran tan fáciles de identificar. No obstante, el distanciamiento no duró tanto ya que en pleno 2016 nos llega desde el Norte otra ley que promete —¡y mira que promete!…—.
Con el nuevo proyecto colonial, la ley PROMESA llega a imponer una Junta de Control Fiscal —que por aquello de solapar, nuevamente, la humillación, se le ha querido llamar Junta de Supervisión— la cual hace poco asumió el control de una gran parte del sistema de Puerto Rico. Estas siete personas que componen la Junta, nombradas por el gobierno estadounidense —of course— podrán disponer en su totalidad del manejo del Gobierno del «Estado Libre Asociado», de la Universidad de Puerto Rico, de la venta de tierras o áreas protegidas, de la Autoridad de Energía Eléctrica, del Sistema de Retiros de los maestros y de empleados públicos, y del Banco Gubernamental de Fomento, entre otros aspectos y otras corporaciones públicas. Entonces, ¿en qué realmente se diferencia esta nueva ley, PROMESA, de la Foraker o la Jones? ¿Que por lo menos escogemos una figura para rellenar el puesto a la gobernación? ¿Será eso? ¿Que al menos tenemos decenas de representantes municipales que están sujetos a los cambios que deseen atender siete personas que no elegimos? ¿Será eso? ¿Que al menos no estamos bajo un Gobierno evidentemente dictatorial? ¿Será eso?
Diferentes años, mismo estancamiento
Como cuando se implantó la Ley Foraker hace ciento dieciséis años, el Gobierno de Puerto Rico le sigue rindiendo cuentas al Congreso de los Estados Unidos —como siempre lo ha tenido que hacer—. En este sentido, se puede decir que no ha existido un cambio profundo o sustancial en el modo que se lleva a cabo la política en la Isla desde 1900. Según la nación norteamericana tuvo el poder desde 1898, así continúa manejando los asuntos del país; a veces de manera más directa, a veces de forma más indirecta, pero siempre ahí, siempre presente, siempre vigilante de sus intereses.
La clase política puertorriqueña no ha sabido administrar de forma adecuada el Gobierno y eso no hay quien lo pueda negar —bueno, hay quienes lo niegan pero la Historia les desmiente—. Tampoco es menos cierto que desde hace más de un siglo hemos estado limitados en diversas maneras por la dependencia casi total que se ha ido forjando, de manera paulatina e intencional, con Estados Unidos. Como consecuencia, hoy nos encontramos con una Junta de Control Fiscal que desde ya se presenta poco accesible y dispuesta a dar la cara al pueblo puertorriqueño —al que reside en la Isla y debe pagar por dicha Junta—, pues las primeras dos reuniones que han llevado a cabo han sido en Nueva York. Además, contamos con una gran parte de la población desinformada con respecto a qué implicaciones tiene dicha entidad en los asuntos locales y sobre las repercusiones que tendrán sus decisiones en el futuro del país.
Estamos de cara a unas elecciones —el ocho de noviembre— que parecerían ser más irrelevantes que nunca. Y todavía hay una gran mayoría de personas que cuestionan por qué se protesta en contra de la Colonia y por qué el repudio a lo que representa el Gobierno estadounidense en Puerto Rico.
Hasta que mucha gente no se baje de la nube que les hace creer que vivimos en un país democrático, de «Primer Mundo» —¡sape pa’llá Repúblicas Bananeras!— y de justicia social, seguiremos buscando cumplir con expectativas políticas y económicas imposibles.
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Loraine Rosado Pérez estudiosa y amante de la literatura, las artes plásticas y la historia. Actualmente cursa su grado de maestría en Estudios Puertorriqueños en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
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