El Watergate español
Cuánto se puede extralimitar un político en España para verse obligado a dimitir? ¿Puede la grabación de Fernández Díaz ser esa gota que colma el vaso? ¿Qué ha de hacer un gobierno para verse abocado a un batacazo en las urnas? En el caso de España mucho, tal vez demasiado. El electorado vota con el corazón y no con la cabeza… Pero para todo hay un límite.
Hace dos años, en plena batalla del gobierno central contra el independentismo catalán, Fernández Díaz habló con el jefe de la Oficina Antifraude en Cataluña para buscar casos y acusaciones contra políticos nacionalistas catalanes. En un principio podría parecer normal que un político arengue a la Oficina Antifraude a perseguir crímenes, pero en este caso lo que implican estas palabras es vomitivo se mire como se mire:
- Si se asume que el Ministro de Interior tiene que pedir que se persigan delitos, ¿a qué se dedica la Oficina Antifraude entre lunes a viernes cuando no se le requiere perseguir a nadie?
- Si se asume que el ministro de Interior pide que se incremente la presión sobre los delitos, ¿por qué solo perseguir a los nacionalistas?
- Si se asume que la Oficina Antifraude hace su trabajo bien, ¿está sugiriendo el ministro de Interior hacer una caza de brujas? ¿Inventarse datos? ¿Burlar la presunción de inocencia?
Todo esto pone de relieve la necesidad de revisar cómo se estructuran el gobierno y las administraciones. Hace mucho tiempo que se crearon los cargos de funcionarios para evitar que los cambios en el ejecutivo tuvieran como consecuencia un impacto directo en el día a día de las administraciones públicas. Pero todavía hoy muchos cargos de alto nivel se eligen a dedo. Los llaman «cargos de confianza», que es un término más bonito que «enchufados». Siempre se arguye que estos cargos son necesarios para implementar eficazmente la política del gobierno, pero ese argumento es falaz. Unos jefes de administraciones que dependieran de sus méritos y que no les debieran el puesto al gobierno o al parlamento aún deberían acatar las directrices que se les dieran, pero lo harían dentro de los marcos legales establecidos y no en base a favores u órdenes directas.
Y para colmo tenemos esta frase de Fernández Díaz: «el presidente del Gobierno lo sabe». El PP y su presidenciable negarán la mayor, como si la cosa no fuera con ellos. Si ha sobrevivido a la Púnica, Bárcenas, Panamá y otros casos de corrupción que lo cercaban, ¿por qué habría esto de ser diferente? La política refleja el estado moral y ético de la sociedad y su capacidad de sacrificio individual. Lo mismo que los derechos sociales se han conseguido renunciando a sueldos (con huelgas), los cambios en la política se consiguen modificando el voto y renunciando al miedo a que otras formaciones gobiernen. Es decir, aquellos partidos que pierden elecciones se regeneran mejor que los que las ganan, que tienden a estancarse.
Monedero se equivocó cuando dijo en un mitin en Cartagena hace unos días que Podemos pediría a los jueces y a Hacienda mano dura con el crimen. Se equivocó no solo porque da a intuir que podrían utilizar dichas instituciones para fines políticos propios, sino porque en una democracia bien fundamentada y con división de poderes esa orden no es necesaria. Las administraciones hacen su trabajo y cumplen con la ley independientemente de quién se siente en el Trono de Hierro (es decir, independientemente de quién gobierne). Pero en lo que Monedero sí que tenía razón — y esta grabación es la prueba de ello— es en que el problema es una realidad y los políticos que se llenan la boca diciendo que la justicia es independiente, luego dan órdenes con la boca chica para sus propios fines políticos.
Si la población española desea regenerar su democracia y evitar la corrupción, los nuevos y viejos partidos políticos deben entender que no se puede depender de la buena voluntad de los líderes electos sino de leyes justas y una división de poderes seria, que separe el poder legislativo de una vez por todas de ramas como la justicia y la policía. Estas instituciones deberían regirse por una serie de reglas acordadas en el parlamento pero no deberían tener vinculación alguna con el ejecutivo en el poder. Mientras esto no cambie, el Constitucional, el Supremo, las Oficinas Antifraude, Hacienda, la policía y otras instituciones serán simplemente armas de facto para el gobierno de turno.
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Hugo Aguirre Herrainz trabaja para Sony PlayStation y reside en Londres. Implicado activamente en política, con gusto por escribir, y un gran interés en temas de actualidad y polémicos.
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