Represalia e intimidación contra la Defensoría del Pueblo de Ecuador
Reflexiones semanales sobre derechos humanos por Patricio Benalcázar Alarcón
Los inicios
En el mes de enero de 2019 se encontraba en el debate público y parlamentario el veto presidencial a la Ley Orgánica la Defensoría del Pueblo, así como los aportes y retos de la legislación defensorial para la promoción y protección de los derechos humanos; asunto que se dilucidó el 11 de abril de 2019 cuando el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de la Defensoría, la misma que fue publicada en el Registro Oficial №481 el 6 de mayo del 2019, con la expectativa de fortalecer la independencia de este organismo del Estado.
Al respecto, es preciso considerar que un avance sustancial en el contenido de la Ley fue reconocer a la Defensoría del Pueblo como la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), conforme lo establecen los estándares internacionales; pero por otra parte, fue clave reconocer que el establecimiento de la participación ciudadana a través de los Consejos Consultivos, la legítima preocupación sobre los defensores de derechos humanos y la posibilidad de desarrollar mecanismos de protección temáticos constituyeron avances significativos.
Sin embargo, para que este aparataje institucional pueda funcionar, era preciso contar con una autoridad que comprenda el rol que le corresponde jugar en la sociedad y en el Estado, que tenga conocimiento y experiencia en la defensa de los derechos humanos y que posea un alto valor ético para enfrentar los avatares y presiones del poder, presiones provenientes por lo general de la institucionalidad del Estado, de grupos económicos, políticos, sociales, mediáticos, académicos y hasta religiosos
La transición vivida por la Defensoría del Pueblo, constituyó el primer escenario de disputa entre el oficialismo trujillista con candidatos propios provenientes de ONGs y un candidato respaldado por sectores barriales, sindicales y sociales; quien por su conocimiento y experiencia en derechos humanos los superó en el concurso de oposición y méritos y asumió la dirección de la INDH de manera independiente de presiones políticas del gobierno y sus aliados, al cual, respondía la institución durante el período transitorio. Esa fue la primera señal que dió Fredy Carrión, actual Defensor del Pueblo, respecto al camino que asumiría en la promoción y protección de los derechos humanos al frente de la institución.
La primera prueba de fuego
Los hechos de octubre de 2019, constituyeron la primera prueba de fuego para el Defensor del Pueblo, pues del 3 al 13 de octubre la represión del gobierno de Moreno dejó como saldo un total de 1152 personas detenidas de las cuales el 76% fueron detenciones arbitrarias, 11 personas fallecidas, 1340 personas heridas, entre estas, niños, niñas y adolescentes; además, se obstaculizó el corredor humanitario para trasladar a decenas de heridos para que sean atendidos por organizaciones civiles ante la ausencia de las instituciones del Estado, e incluso, de la Cruz Roja; a lo que se sumó, el ataque con bombas lacrimógenas a las instalaciones de la Casa de la Cultura, Universidad Salesiana, Universidad Católica y Escuela Politécnica Nacional de Quito donde se albergaban niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores, poniendo en riesgo su vida e integridad.
El régimen de Moreno ha sido duramente criticado por los hechos ocurridos en el mes de octubre, pues, además de las graves violaciones a los derechos humanos y el uso desproporcional de la fuerza, hubo enormes pérdidas económicas, infraestructura productiva, educativa y cultural afectada; y todo, por no consensuar una medida económica — el alza de los combustibles — que finalmente fue revisada.
Los acontecimientos de octubre dieron lugar para que instancias nacionales e internacionales elaboren sendos informes sobre lo ocurrido, así lo hicieron la Defensoría del Pueblo, las organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, instancias de Naciones Unidas, la Asamblea Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas coincidieron en responsabilizar al gobierno por el inadecuado manejo de la los hechos que devinieron en una grave crisis social y política.
El contrataque del poder
Una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a mediados de enero de 2020, emitió su Informe sobre los hechos ocurridos en octubre de 2019, la Ministra de Gobierno María Paula Romo afirmó que el informe de este organismo internacional “(…) tiene un sesgo lamentablemente (…)”, argumentando que la CIDH no recogió la perspectiva del Estado; sin embargo, la Comisión informó que sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado y de las autoridades de control, como la Corte Constitucional. Además, se reunió con un amplio grupo de personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de pueblos indígenas, en las ciudades de Quito, Cuenca, Guayaquil y Latacunga. Durante la visita, la CIDH entrevistó a un total de 439 personas y registró 380 testimonios que dicen ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas.
La Ministra Romo, no pudo desvirtuar el contundente Informe de la CIDH, por lo cual; el propio Presidente Moreno en cadena nacional el 20 de enero, aseguró que “(…) Ecuador está indignado por esa intención de parte “de quienes atentaron contra la seguridad de los ecuatorianos y en contra de la democracia”; dijo además, que las víctimas del paro nacional son cerca de “(…) 435 policías y 80 militares (…) heridos, (…) 255 militares (…) retenidos, 26 UPC (…) destruidas, 1 UVC quemada, 108 vehículos policiales (…) afectados y 131 periodistas agredidos (…) también enfatizó que defenderán la paz y el trabajo que realizó la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que no dispararon ni una bala (…)”.
En el marco de esa coyuntura, aparece nuevamente la Ministra Romo el 26 de enero, para acusar a la Defensoría del Pueblo, instancia que cumplió un rol sustancial en la defensa de los derechos humanos durante las jornadas de protesta, afirmando que la Defensoría no constató “ni lo más elemental” para descartar el nombre José Rodrigo Chaluisa como uno de los fallecidos en el contexto de las protestas y que la Asamblea y la CIDH le creyeron.
El caso de José Rodrigo Chaluisa está siendo utilizado para cuestionar el trabajo global desempeñado por la Defensoría del Pueblo durante las protestas del año pasado; sin embargo, es preciso aclarar que el Informe de la Comisión Interamerican muestra que la información sobre Chaluisa fue entregada directamente por la CONAIE, mencionando textualmente lo siguiente:
“(…) En segundo lugar, la CONAIE reportó a la CIDH que el 9 de octubre, José Rodrigo Chaluiza, líder de la comunidad Yanahurco-Cotopaxi, habría fallecido en las inmediaciones del parque El Arbolito en Quito, por asfixia y arrollamiento. Al respecto, el Ministerio de Gobierno informó que no haría logrado encontrar el nombre de esta persona en ninguna institución, por lo que podría tratarse “de un nombre repetido de la lista” en tanto coincide con el nombre y apellido de uno de los fallecidos en el puente de San Roque(…)”.
La pregunta es porque se hostiga e intimida a la Defensoría del Pueblo ya no solo desde la voz oficial del gobierno en el tema, sino desde el hostigamiento ejercido por conocidos actores mediáticos como el Diario el Universo que en una nota del 29 de enero de 2020 afirma: “(…) En al menos tres ocasiones el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, cambió su versión sobre el número de fallecidos en el paro nacional de octubre pasado y la verificación de la información sobre las circunstancias de sus supuestas muertes (…); lo cual, es copiado por el sitio La República; por su parte, Martín Pallares de 4 pelagatos dice: “(…) El Ecuador tiene a un Defensor del Pueblo que es incapaz de sostener aquello que dicen los informes que redacta (…)”; mientras que el caricaturista Bonil se suma a esta campaña de hostigamiento a través de una caricatura en la cual ubica al Defensor del Pueblo en medio de un grupo de funcionarios de su institución, mientras coloca una frase que dice: “Si hay algún espíritu presente por favor confirme cuantos muertos mismos fueron”.
El panorama es aún más complejo cuando el propio Defensor del Pueblo denuncia que el Gobierno Nacional recortó 1 millón de dólares al presupuesto de la Defensoría, mientras que el Ministerio de Trabajo no aprobó la reestructura institucional conforme lo dispone la reciente Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
La defensa de la institución nacional de derechos humanos como un contrapoder democrático
Ecuador inició el año 2020 con un franco deterioro de los derechos humanos, cuyo punto de inflexión fue el 4 de febrero de 2018, momento en el cual se inicia un período de transición que desmanteló la institucionalidad democrática; apuntaló una estrategia dirigida a desregularizar la economía y afectar derechos sociales, debilitó aún más el tejido social y organizativo, legitimó un discurso de odio por el cual se estigmatizó a sectores políticos contrarios y opositores al régimen y desvalorizó la Constitución de la República como el principal instrumento para la construcción de un proyecto de país.
En ese contexto, se producen los hechos de octubre de 2019, siendo la Defensoría del Pueblo, la única instancia estatal fuera del Ejecutivo que jugó un papel relevante; el resto de instancias fueron espectadoras de los acontecimientos y en otros casos como la Corte Constitucional fueron instrumentalizadas para legitimar la represión; por ello, se explica lo incómodo que es para el poder la presencia del Ombusman, sobre todo, cuando cumple su papel a cabalidad; es decir, su papel de magistrado de la ética de los derechos humanos, su rol de contrapoder democrático ante la arbitrariedad y el abuso.
El pasado 12 de noviembre de 2019, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución No. A/C.3/74/L.44/Rev.1 relativa a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos; la misma que informa la relevancia de estas instituciones en la vida de las sociedades y los Estados democráticos; alienta a las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos a seguir desempeñando una función activa en prevenir y combatir todas las violaciones de los derechos humanos; pero en particular, demanda de los Gobiernos y de toda la sociedad se garantice su funcionamiento independiente.
Es necesario destacar la preocupación de las Naciones Unidas por las eventuales represalias o intimidación a las que está y estará sujeta la Institución Nacional de Derechos Humanos por cumplir con su mandato y afirma que:
“(…) 10. (…) las instituciones nacionales de derechos humanos y sus respectivos miembros y personal no deberían enfrentarse a ninguna forma de represalia o intimidación, como la presión política, la intimidación física, el acoso o las limitaciones presupuestarias injustificables, como resultado de actividades llevadas a cabo en virtud de sus respectivos mandatos, incluso cuando se ocupen de casos individuales o informen sobre violaciones graves o sistemáticas en sus países, y exhorta a los Estados a que investiguen rápidamente y a fondo los casos de presunta represalia o intimidación contra miembros o personal de las instituciones nacionales de derechos humanos o contra personas que cooperan o tratan de cooperar con ellos (…)”
Es imperioso que las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, académicas, gremiales, sociales, intelectuales, institucionales, políticas, medios de comunicación, entre otros, asuman con mayor interés la situación por la cual se encuentra atravesando la Defensoría del Pueblo y demanden del Estado y de la opinión pública se respete su institucionalidad y su mandato; único camino posible para fortalecer la democracia sustancial, la democracia de los derechos humanos.
