El Sistema Integral de Protección de Derechos Humanos y el proceso electoral

Reflexiones semanales sobre derechos humanos por Patricio Benalcázar Alarcón

En junio de 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humano en Viena, 171 países aprobaron la Declaración y el Programa de Acción que planteó la universalidad e integralidad de los derechos humanos, la creación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la recomendación a los Estados de impulsar planes de acción nacional en esta materia.

Ecuador desarrolló su Plan Nacional mediante un proceso de consultas desde diciembre de 1997 liderado por la Cancillería y lo adoptó por Decreto Presidencial en junio de 1998. Contó con planes operativos sobre consumidores, diversidad sexual, educación, migrantes, extranjeros, refugiados, desplazados y apátridas, pueblo afroecuatoriano, personas adultas mayores y trabajo, y se lo ejecutó entre 2003 a 2006, pero no hubo voluntad política para implementarlo en las políticas públicas y la planificación estatal.

Entre 2006 a 2008 se impulsó un proceso donde la planificación estatal puso énfasis al enfoque de derechos humanos dejando de lado al Plan Nacional, e incorporando en la Constitución el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social dirigido a la protección integral de derechos, en particular la igualdad y no discriminación, priorizando acciones hacia grupos que requerían consideración especial; sin embargo, el único sistema con relativo funcionamiento es el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

En la última década, Ecuador ha orientado su planificación al cumplimiento de los derechos constitucionales, reconociendo constitucionalmente a los Consejos Nacionales para la Igualdad de Género, Intergeneracional, de Pueblos y Nacionalidades, de Discapacidades y de Movilidad Humana; los que con la posterior aprobación de su Ley Orgánica en julio de 2014, buscan fortalecer el goce y ejercicio de los derechos de estas personas y colectivos; quedando pendiente la aprobación de la Ley del Sistema de Promoción y Protección de Derechos Humanos presentada por la Defensoría del Pueblo en 2015 a la Asamblea Nacional, encontrándose para el debate.

En el debate electoral y la agenda del nuevo gobierno se debería incorporar la necesidad de establecer el Sistema de Promoción y Protección de Derechos Humanos, realizar un diagnóstico nacional, construir un sistema de información e indicadores, adecuar legislativamente en materias relacionadas, ratificar instrumentos internacionales de derechos humanos, formar a las y los servidores, establecer un mecanismo interinstitucional de seguimiento, evaluación y verificación del cumplimiento de las recomendaciones del sistema internacional y desarrollar estrategias de protección de derechos humanos a nivel nacional, provincial y local mediante la adopción de protocolos de atención integral entre las instancias nacionales y los GADS, con la mayor participación social posible.