Dossier
Desafíos del consenso: Economía
Tres economistas cubanos diseccionan en Alma Mater las problemáticas de su campo de investigación que causan descontento en la población, y ofrecen perspectivas sobre los imperativos de esta ciencia en el país.
Por Laura Serguera Lío y Armando Franco Senén
Protestas, disturbios, estallido popular: según quien los cuente son nombrados y tratados. En realidad, mucho se ha hablado de los sucesos del pasado 11 de julio desde la estupefacción de lo inédito, la emoción de la vivencia o la convicción ideológica. Intentando aportar una perspectiva diferente, que rehúya la disección de lo puntual y se adentre en las causas profundas de acontecimientos que no pueden darse por concluidos, Alma Mater acudió a especialistas en varias ciencias sociales para intentar dilucidar no solo las condicionantes, sino también las posibles salidas de muchos de los reclamos que se escucharon aquella tarde y que, antes y después, se han sentido de disímiles formas.
Así llega Desafíos del consenso [1], una serie que se adentrará en la Economía, la Filosofía, la Psicología, el Derecho, la Sociología, las Ciencias Políticas, la Comunicación y la Cultura, con el objetivo de brindar pistas que ayuden a entender el país que vivimos y, sobre todo, a construir el que queremos.
De estructuras deformadas y largas crisis
«Cuba lleva 30 años sin lograr salir de una profunda crisis económica, aunque no es solo económica», asegura el Doctor en Ciencias Económicas Juan Triana Cordoví, y con esa sentencia como pie forzado comenzamos nuestro recorrido por los intersticios del descontento.
«Entendido el bloqueo y la política de Estados Unidos hacia Cuba como un parámetro[2] de signo negativo que afecta a toda la ecuación-país, creo que esos 30 años de estrecheces/restricciones/prohibiciones y continuos vaivenes en la aplicación de la política económica son la mayor de todas las condicionantes, por el nivel de insatisfacción que la población ha acumulado y la incertidumbre generada. Son también 30 años posponiendo y demorando cambios necesarios en lo económico, desconociendo la existencia de leyes objetivas, que al final se imponen. Y 30 años es mucho tiempo para un ser humano», sostiene al identificar causas de las manifestaciones vinculadas a su campo de estudio.
Incoherencia institucional entre el diseño de la estrategia, las políticas y los instrumentos utilizados para materializarlas; corporativismo[3] que permea la toma de decisiones y pone por encima de los intereses de la nación los de organizaciones particulares; excesiva burocracia; subestimación de la importancia estratégica de la variable tiempo; monopolios y monopsonios[4] versus débil competencia; fallas estructurales que arrastramos por décadas; errores tácticos en la asignación de recursos a sectores que no podrán recuperarlos en el corto tiempo, en especial las inversiones en el turismo, entre otros asociados a un sector productivo deteriorado y a un sistema empresarial estatal que requiere una profunda reconversión desde lo tecnológico hasta sus estilos de dirección y reglas de juego, devienen algunos de los factores claves para entender el contexto de acuerdo con el también profesor titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana (CEEC-UH).
Henry Colina Hernández, profesor de la Facultad de Economía de esa casa de altos estudios, retrocede los mismos 30 años para fijar como punto de partida necesario «la realidad palpable» de que las diversas estrategias económicas elegidas no han demostrado, al menos durante ese período, ser capaces de incrementar de forma estable y sostenible el bienestar material de su población.
«Las causas de este desempeño no solo se hallan en el ámbito de lo “económico”. A la tensa crisis que sucedió a la caída del socialismo en la URSS y Europa del Este y el recrudecimiento del bloqueo, sobrevinieron distintas reformas y contrarreformas[5] que en muchos casos agudizaron brechas socioeconómicas en la realidad cubana. A partir de 2011, con el lanzamiento del proceso de Actualización del Modelo, se esbozó otro promisorio paquete de medidas en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, también se adoleció en él de demoras e incoherencias, cuestiones que impactaron en el crecimiento económico de la nación, si se mide a partir del Producto Interno Bruto. En el período 2011–2018, antes del comienzo de la pandemia, Cuba registraba una pobre progresión, en promedio 2.3% — de una meta de 5% propuesta en la Actualización — . Para los últimos dos años, las cotas son negativas: -0.9, en 2019; y -10.9, en 2020.
«Por sí solo ese decrecimiento no explica mucho, su comportamiento es un resultado que tiene causas en el pobre desempeño productivo doméstico y este, a su vez, resulta de contradicciones en las estrategias económicas internas y de la acrecentada agresión económico-financiera externa, que toma cuerpo en un bloqueo criminal.
A ese binomio, que se condiciona mutuamente y que la sociedad cubana conoce, hay que sumar el efecto de la pandemia que ha ocasionado un shock de ingresos, a todos los niveles de la nación, agravando una crisis que ya venía gestándose. La combinación de estas realidades compromete la capacidad de las finanzas estatales para hacer frente a la crisis económica y pandémica».
Por su parte, la Doctora en Ciencias Económicas Ileana Díaz Fernández califica a nuestra economía como heredera de una estructura deformada que, por causas como el bloqueo, errores de política económica, ausencia de una mirada estratégica y un mecanismo de dirección eminentemente burocrático y controlador, no ha avanzado por derroteros de crecimiento y desarrollo sostenido.
«Cuba es un país importador y con muy bajos niveles de eficiencia, todo agravado desde hace año y medio por la pandemia, con fuertes limitaciones de entrada de divisas (por el bloqueo, por ausencia del turismo, etc.). Ello, unido a la decisión de abrir tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) desde hace un año aproximadamente, establecer precios topados en la agricultura hasta hace muy pocos días e implementar el ordenamiento monetario, ha provocado un grave estado de escasez de bienes y servicios e incremento de los precios», continúa.
Sin embargo, aclara que, aunque los problemas estructurales de la economía resultan la causa, la población siente las consecuencias de la acumulación de asuntos no solucionados que a diario le hacen la vida más compleja; por ello, destaca los aspectos internos, sobre los cuales el país sí puede decidir, como los más importantes.
Escenario de desigualdades
Díaz enumera entre estos asuntos la apertura de establecimientos de comercio en MLC que, si bien pueden haber tenido el objetivo de recaudar divisas en un momento tan restrictivo y de harta necesidad, pusieron al descubierto desigualdades en nuestra sociedad, dadas por tener familia en el exterior y no por el trabajo; la situación del sector de la agricultura, de baja productividad y altos niveles de empleo, que poseyendo todas las formas de propiedad no cuenta con verdadera autonomía en ninguna; el tope de precios a los productos de esta área, que condujo a activar el mercado negro con montos elevados; el ordenamiento monetario.
«Postergado por años y realizado en el peor de los momentos. Este es un proceso que sobre todo busca la eficiencia de la empresa estatal, sin embargo, se diseñó como un reordenamiento completo: modificación de la tasa de cambio para las empresas, eliminación del CUC, incrementos de salarios y de subsidios, lo que provocó, en medio de la pandemia y el recio bloqueo, una inflación por encima de la prevista que aún no ha concluido», sentencia la académica, quien enfatiza que lo anterior, unido a situaciones de vivienda, transporte, personas que viven no oficializadas, desigualdades territoriales, de género, color de la piel, generacional…, actúa sobre el bienestar social.
La también profesora titular del CEEC-UH alerta sobre la paradoja de un país que tiene como uno de sus ejes centrales la equidad social y, no obstante, cuenta con un mecanismo en exceso centralizado y controlador de la economía que provoca desajustes y desequilibrios generadores de inequidades.
Con tal criterio coincide Colina, quien explica que los efectos del desabastecimiento y la paralización productiva no recaen igual sobre todos los actores sociales, sino que se expresan de forma diferente en los diversos territorios y barrios, así como de acuerdo al género, ingresos, generación y color de la piel.
«Las desigualdades anteriores se intersectan con el proceso de creación de riqueza resultante de cada una de las formas productivas que existen en el país. Una buena parte de estas, incluyendo un porcentaje amplio de las estatales, no garantizan ingresos que permitan la reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones de máxima protección de derechos laborales. Este reparto desigual de la crisis ha reproducido y en ocasiones acentuado la situación de pobreza y vulnerabilidad en segmentos de la población que acumulan insatisfacciones con el modelo de desarrollo social escogido».
Por ello, el joven profesor se niega a realizar valoraciones desde lo puramente económico, sin asumir las contradicciones ni los intereses que conviven en la sociedad. Para él, las posibles condicionantes de los sucesos del 11 de julio responden a una acumulación de fenómenos que tienen que ser leídos como un todo para poder entenderlos.
«No podría resaltar una causa de peso mayor, sino más bien que las contradicciones que se han sedimentado en la sociedad cubana, y que no han sido canalizadas, gestionadas, atendidas por las instituciones a las que les compete han terminado por mostrarse en protestas bajo diferentes estandartes. Cuba es más plural de lo que la política oficial ha asumido y se ha erosionado el pacto social de igualdad que aglutinaba en torno a un proyecto nacional a la parte mayoritaria de la población. La agresión económica, financiera, comunicacional externa — intencionada y recrudecida — sin dudas explica una parte de este fenómeno, pero encontró caldo de cultivo propicio a partir de condiciones internas como la lentitud en reformas consensuadas, el paso vacilante de otras políticas, el agobio pandémico y el escaso fomento del disenso entre cubanos que queremos un proyecto soberano, entre otros factores».
En este sentido, ilustra que la generación entre los 15 y 39 años, que constituye aproximadamente la cuarta parte de la población cubana, ha experimentado de una forma u otras dos crisis económicas graves y acumula insatisfacciones de participación política y económica.
«Creo que en conjunto asumimos como derechos la salud y la educación públicas que resultan de la redistribución del valor social creado. Además, una parte importante de otros derechos que hemos adquirido mediante el alivio de trabas — viajes, compraventa de casas y autos, conexión celular — han venido de la mano de la diferenciación por la vía de los ingresos. A ellos se accede con salarios u otros ingresos — remesas, mercado informal o ilegal, u otros no resultantes de una relación laboral formal — que no siempre están conectados con un proceso de creación de la riqueza social que reproduzca al sistema de construcción socialista del país», expone y hace la salvedad de que se encuentra otra vía de acceso en los vínculos con instituciones estatales, que en algunos casos explica la reacción paralizante o inhabilitante a las reformas de una capa burocrática cuyos medios de vida dependen de que se mantenga el statu quo.
Colina halla también en las percepciones recientes sobre la deficiente gestión gubernamental de la pandemia, de conjunto con una carencia sostenida de medicamentos, un asunto crucial para entender lo ocurrido el 11 de julio: luego de un primer año durante el cual el manejo del virus en Cuba, incluyendo el desarrollo de vacunas propias, fue alabado por nacionales y foráneos; en 2021, el imaginario que se sostenía en la aceptación de determinadas carencias materiales que encontraban como compensación un sistema de salud resistente al impacto de la COVID-19 se ha fracturado. Ello se debe, entre otras causas, a una variante mucho más contagiosa del virus circulando en el país, condiciones de agotamiento de reservas individuales y nacionales y profundización de la crisis económica, que se relacionan con la imposibilidad de mandatar cuarentenas extendidas.
Además, puede haberse minado la identificación popular con hacedores de política — alega — , por razones entre las que figuran los costos sociales del ordenamiento y los errores evidenciados en su implementación. Asimismo, han influido contradicciones como la apertura y posterior ampliación de la comercialización de un segmento de bienes de capital y de consumo en MLC, que profundiza la dolarización parcial en la economía, conspira contra los objetivos esbozados en el ordenamiento y divide a la población entre quienes lo poseen y quienes tienen que concurrir al mercado cambiario informal en condiciones de escaso poder negociador, poniendo de relieve desigualdades en ingresos y capacidad de consumo que otros mecanismos de redistribución hacían menos visibles; el tratamiento a los actores no estatales que, en tanto reconocidos, han enfrentado el congelamiento de licencias y cooperativas; el incremento de inversiones en la plataforma hotelera, mientras no se destinaban recursos a otras urgencias como la producción de alimentos o medicinas.
Para Triana, junto a los aspectos económicos deben entenderse como razones de malestar popular: un cambio generacional del cual se habla pero no se interioriza lo suficiente y menos aún se traduce en políticas adecuadas; la consolidación de una sociedad más diversa, más estratificada en cuanto a ingresos, más desigual y más empobrecida en términos económicos.
«Cierto que la nuestra no es para nada la pobreza de los pobres de Latinoamérica o África, pero es pobreza, en definitiva», reconoce y, mientras prefiere no valorar los reclamos que han exigido la intervención estadounidense desembozada o disfrazada de cualquier tipo de ayuda, afirma que considera legítimos los demás, incluso aquellos que discrepan raigalmente con el socialismo, y deben ser tratados como parte de la diversidad que ya se expresó en la votación de nuestra constitución socialista
«Las minorías, incluso las políticas, existen. Desconocerlas, negarles el espacio al que tienen derecho es peor que sacarlas a la superficie. Mantener un diálogo permanente con ellas es una garantía del ejercicio democrático que está explicitado en nuestra Constitución y una señal inequívoca de fortaleza y solidez del sistema político. Claro que los reclamos netamente económicos generados por esta combinación terrible de fallas de larga data, Bloqueo en modo Trump y pandemia, más los errores del llamado ordenamiento económico, son no solo legítimos, sino necesarios y me atrevo a decir que hasta convenientes para la propia Revolución. Pero a Cuba se le ha declarado una guerra, no lo olvidemos. Y el daño es para todos, sin distinción de bandos».
En lugar de marcar un antes y después, Henry Colina elige pensar en los sucesos como un continuo llamado a la reflexión y con ello a la acción, desde el convencimiento de que se reclamaron legítimamente derechos ciudadanos que consagra la Constitución de Cuba y que fueron desatendidos o, en algunos casos, negados.
«Por otra parte, asumir una homogeneidad de los participantes en estos sucesos me parece una simplificación inútil, así como descalificarlos también puede ser peligroso. El camino de la tramitación de las deudas acumuladas o recientes, la democratización como proceso continuo, la participación e integración de toda la ciudadanía en la solución de sus diferentes demandas, la naturalización del disenso, son las herramientas para sanar una fragmentación que se ha hecho más evidente», señala y enfatiza que también deben hallarse las demandas reales de las cubanas y cubanos que no salieron a manifestarse y de quienes salieron en apoyo al gobierno; asumiendo que es labor de todas las instancias del poder responder de forma transparente a esas inquietudes y entender las urgencias de cada quien en su contexto.
Apuntes para un futuro cercano
Respecto a las medidas económicas dictadas durante el último mes, los entrevistados coinciden en que, aunque pueden tener impacto positivo, aún son insuficientes.
«Hasta hoy tenemos medidas que parecen desconectadas, que poseen diferentes profundidades en sus objetivos y, por tanto, impactos divergentes. Las legislaciones que se refieren a las ventas de garaje son evidencia de cuánto puede hacerse para mejorar a nivel micro la vida de individuos mediante la eliminación de prohibiciones que parecían inverosímiles allende los mares. La supresión de los aranceles para medicinas y alimentos tiene impacto en las condiciones de vida de muchos cubanos y cubanas, dada la amplia comunidad en el exterior. Esta es una relación que también tiene que repensarse y articularse mejor — la del gobierno y los cubanos en el exterior — bajo el presupuesto de que todos somos cubanos, mientras se defienda una Cuba soberana», aduce Colina.
Sobre este tema, y a la luz de decenas de toneladas de alimentos y artículos de aseo que han entrado por los aeropuertos, a pesar de que los vuelos son muy pocos, Triana cuestiona la tardanza de un año en implementar tal variante y avizora que incluso podría frenar un poco la dinámica de la inflación; aunque no basta.
«Al día siguiente de anunciada la eliminación de los topes de precios, en las tarimas de los mercados agropecuarios nacieron malangas, boniatos y yucas y crecieron puercos en banda. Sin dudas, hay un problema de producción, pero hay otro de oferta también muy importante. Reconocer la existencia del mercado es mucho más que repetirlo como una consigna hueca. Resulta casi de un filme surrealista que quienes hace poco más de un año defendieron contra toda lógica y razón científica el tope de precios y su administración sean los mismos que ahora explican la conveniencia de suprimir aquella medida», expresa.
A su vez, Díaz considera que deben tomarse en cuenta medidas de hondura como realizar cambios sustantivos en el mecanismo económico burocrático-administrativo que en última instancia no permite que los actores de la economía (estatales, privados y cooperativas), especialmente en la agricultura, sean competitivos e incrementen la oferta de bienes y servicios; reducir el aparato estatal que complejiza la toma de decisiones; eliminar el monopolio del comercio exterior; desburocratizar el proceso de la inversión extranjera; modernizar el sistema financiero y flexibilizar la planificación asignativa poco eficiente, por solo mencionar algunas.
«Creo que están por venir las reformas más estructurales en la matriz de propiedad sobre medios de producción y en el proceso de creación de la riqueza social, asegurando la participación efectiva de la ciudadanía. En ese sentido, me parece primordial destapar la enorme reserva productiva que existe en el potencial humano que se ha formado en nuestro sistema educativo. Para ello será importante la aprobación de las mipymes, la ampliación del trabajo por cuenta propia (TCP) y la renovación del rol de las cooperativas no agropecuarias, así como su imbricación con proyectos de desarrollo local y particularmente en el sector agropecuario», amplía Colina.
Entiende que este nuevo tejido puede poseer una ventaja para burlar determinados aspectos del bloqueo, además del valor añadido de poder canalizar de forma productiva remesas, lo cual no lo exime de tener que sortear el enorme escollo que significa la persecución financiera estadounidense a las instituciones que manejan los flujos que intentan llegar a la Isla.
Asimismo, expone cuestiones vinculadas como la necesidad de incorporar a representantes de estos actores, en forma de sindicatos o asociaciones, a los foros donde se toman decisiones que les competen; metabolizar que la tasa de mortalidad de las nuevas empresas es alta y en las condiciones del TCP actual la mayoría de los emprendimientos arrancarían desde lo micro, lo que amerita fomento; la posibilidad de cerrar brechas de género o de color de la piel a partir de acciones afirmativas como créditos blandos así como la posibilidad para impulsar el ejercicio del poder territorial en la aprobación de proyectos que conjuguen lo público y lo privado en la generación de mayor bienestar material y mejor participación popular.
«En ese sentido, el nuevo ecosistema empresarial, más plural, también debe repensar el rol de la empresa de propiedad social — que no necesariamente tiene que ser estatal — y cómo desde su autonomía y con cuotas de responsabilidad social empresarial puede contribuir a la generación de riqueza. De forma general, rescatar la centralidad del trabajo — remunerado y no remunerado — en la creación de bienestar tiene que ser piedra angular del proceso de transformaciones».
Entre los retos inmediatos vislumbra, por ejemplo, los efectos a corto plazo de la ampliación de la dolarización de la realidad cubana; el imperativo de comprender que deben utilizarse de manera consciente, con mayor amplitud, las relaciones monetario-mercantiles y los diferentes mercados regulados; que el estudio de todas las estructuras de mercado incluya el principio de defensa de la competencia, entendiendo a los monopolios como la forma más lesiva a la que concurren los consumidores y la profundización de una gestión pública transparente.
«Para que funcione lo anterior hay que entender que descentralizar y desestatizar no es privatizar, como tampoco la asignación de recursos con criterios mercantiles, mediante balances financieros es capitalismo. Más aún cuando se convierte en una cuestión urgente conseguir un despegue productivo que garantice que la inflación no se “coma” los salarios de las personas que trabajan en el país. Todo ello puede resumirse en que la ciencia económica, como ciencia social no neutral, también tiene leyes objetivas, soslayarlas no significa que no se cumplan. Por eso creo que es importante que tanto quien tome decisiones como quien se vea afectado por ellas conozca mucho más de esta ciencia».
Con bases cimentadas
«Las ciencias sociales cubanas, en múltiples investigaciones, han tratado muchas de las causas que he referido hasta aquí. Creo que hay que seguir aplicando ese saber y continuar profundizando la relación entre la investigación y los hacedores de política. Puedo brindar un cariz más positivo: somos muchos los profesionales que hemos sido llamados, a partir de un interés gubernamental, a los Organismos de la Administración Central del Estado, con propuestas que son resultado de diagnósticos muy críticos de la realidad cubana. En estos organismos también hay muchos cubanos y cubanas con deseos de cambiar nuestra realidad. Mi experiencia particular en uno de ellos, es que cuando se genera sinergia, las políticas salen y se hace evidente que hay que continuar su revisión y actualización. Por supuesto que existen inconformidades sobre las velocidades, la asimetría de la relación o la profundidad de la transformación, pero escojo utilizar eso como acicate para seguir trabajando», puntualiza Henry Colina.
Juan Triana confirma que la práctica del actual gobierno ha sido sumar a los académicos en el complejo proceso de elaboración de políticas y medidas.
«Al menos en mi caso, y creo que en el de muchos de mis amigos y colegas, los sucesos del 11-J me reafirman en la convicción que debemos ser siempre críticos, de que no debemos callarnos lo que pensamos, de que es importante publicar nuestros puntos de vista y nuestros criterios, con toda la crudeza que sea necesario y con todo el respeto y la responsabilidad que ello exige, aunque algunos se molesten», comenta.
Para este catedrático, a casi un mes del 11 de julio, el primer impacto es de aprendizaje: «Constatamos lo que ocurre cuando la aplicación de las políticas no cumple su cometido y no satisfacen las expectativas de una parte o de toda la sociedad, cuando se demoran sin necesidad, cuando la burocracia usurpa el tiempo que no le pertenece. Que internamente existía una situación objetiva que podía desembocar en algo así, era muy evidente».
«Es paradójico lo que ha ocurrido, pero este gobierno ha tomado tantas medidas que podríamos llenar cuartillas por docenas. No es por falta de medidas que ha ocurrido el 11-J. Sino por la inefectividad de algunas de ellas y por la demora de implementar otras, esa ha sido, a mi juicio, nuestra mayor debilidad y de ella se han aprovechado aquellos que viven del “negocio Cuba”. Cometer errores es parte del proceso, ¿quiénes no los hemos cometido?», apunta.
«La academia siempre ha estado dispuesta a ofrecer sus conocimientos en beneficio de la sociedad, no siempre ha sido escuchada y solo en los últimos tiempos de la presidencia de Díaz-Canel se ha sido muy enfático en su participación, asesorando en la toma de decisiones; aunque aún algunos organismos lo asumen de modo muy formal. Vienen tiempos de diálogo e intercambio, de escucharnos mutuamente todos: academia, administración pública, sociedad… sin prejuicios, sin estereotipos, intentando buscar el entendimiento y la construcción de este proyecto social, entre la mayoría», resalta, por su parte, Díaz.
A manera de conclusión, Colina relata: «Tengo una profesora que siempre me dice que hay que articular el tiempo histórico del proyecto de construcción del socialismo cubano — como proyecto de oposición a la lógica del capital — con el tiempo de vida de las personas, y creo que es momento de hacer justicia a esas palabras. Lo que podamos llamar socialismo cubano, ya reconocido en nuestro orden constitucional como plural en términos de propiedad y gestión, también tiene que ser plural en su inclusión de visiones de nación soberana, y esas visiones tienen que dialogar, participar y tener espacios para expresarse y desarrollarse como proyectos individuales y colectivos en un concierto nacional. Me gustaría que mis estudiantes sientan que el país es como mi aula, donde todos los criterios son valorados no tanto en su tono o enunciado, sino a partir de la profundidad de su análisis y su conocimiento. Deseo para ellos — y para toda Cuba — que la construcción colectiva del socialismo sea más que la que ha sido, la que quieran que sea».
Notas
[1] Este material forma parte de una serie de textos producidos por la revista Alma Mater con el concurso de investigadores y especialistas en diversas ciencias, que busca discernir las causas de los acontecimientos del pasado 11 de julio, así como analizar las demandas realizadas y sus posibles resoluciones en el camino a la restauración del consenso.
[2] Se conoce como parámetro al dato que se considera como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. A partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse o ubicarse en perspectiva. … Un parámetro es un dato que contribuye a la evaluación de una situación.
[3] Captura de las decisiones de determinadas instituciones por grupos de poder.
[4]Estructura de mercado donde hay un solo demandante o comprador.
[5] Aunque en un inicio se decidió otro nombre, entre disímiles economistas es consenso llamarle reforma.
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