La lucha por la libertad e independencia del periodismo: Regulación de la Publicidad Oficial en México

Crédito: Artículo 19

Durante la administración de Enrique Serrano Escobar entre 2013 y 2015 se gastaron más de 125 millones de pesos en publicidad oficial tan sólo en el municipio de Ciudad Juárez, esta información salió a la luz en 2014 gracias a la investigación de un grupo de periodistas del medio independiente ‘Yo Ciudadano’:

“En ese año estábamos revisando la transparencia del gasto público, era en una época de descubrimiento. Fuimos siguiendo la investigación y fue a través del “Acta de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio” que encontramos, con este ejercicio, los contratos millonarios y bueno estaban ahí los medios que ya conocemos, las razones sociales que ya conocemos, pero también estaban medios que no existían y decidimos en ese mismo año iniciar las publicitaciones porque eran también muchos contratos que no estaban hechos a empresas sino a personas físicas (periodistas) con una otorgación impresionante de dinero a cambio de publicidad oficial, con sitios que estaban prácticamente abandonados. Fue ahí cuando descubrimos esos desvíos millonarios de gastos en publicidad oficial”, explicó Alexius Rodallegaz, Coordinador de Comunicación de Plan Estratégico de Ciudad Juárez.

De acuerdo con la organización Open Society Foundations (OSF) en su informe “Maping Media: México”, crear un medio de comunicación en este país significa que toda la información debe pasar por más de un filtro editorial: uno empresarial y otro gubernamental, así de estrecha es la relación de los medios de comunicación con el gobierno.

Ante el gasto desmedido en publicidad oficial que ocurre en México, varias ONG’s y A.C. defensoras de la transparencia y la libertad de expresión se unieron a inicios de 2018 para presionar al Congreso de la Unión con el fin de que se retomara y entrara a pleno la iniciativa de Ley General de Comunicación Social, misma que había sido pospuesta desde 2014, pues al entrar Enrique Peña Nieto como presidente de la República uno de sus proyectos era incluir un apartado de esta ley dentro de las reformas de 2014. Sin embargo, no fue hasta abril de este año que la iniciativa fue analizada por el congreso y publicada en mayo de este año.

La Ley Federal de Comunicación Social

Enrique Peña Nieto es considerado el presidente que más dinero ha gastado en el rubro de publicidad oficial en toda la historia de México, según datos recopilados por FUNDAR en lo que va del sexenio del presidente priísta se han gastado más de 50 mil millones de pesos por la compra de publicidad oficial.

Sobre esto, Enrique Krauze, historiador y comentarista político, en su obra ‘Por una democracia sin adjetivos’ atribuye la relación de los medios mexicanos con el gobierno a una dinámica emprendida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismo que considera de los entes gubernamentales que fomentaron el patrón de pagar a los medios para modificar la agenda mediática a su favor. Tesitura que se cristalizó durante el sexenio del expresidente José López Portillo de 1976 a 1982 con su frase célebre: “no pago para que me peguen”.

El 22 de abril el Senado de la República aprobó con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención la Ley Federal de Comunicación Social. Esta legislación fue presentada y promovida en el congreso por diputados y senadores del PRI. El 11 de mayo de 2018 fue publicada esta ley y se anunció que entraría en vigor el primero de enero de 2019.

Esta legislación planea básicamente la regulación de la asignación de contratos de publicidad oficial bajo la integración de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que será administrado por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Omar Bazán, diputado y presidente estatal del Comité Directivo del PRI en Chihuahua, señaló que al consentir el mismo esquema de asignación de contratos con fines de propaganda y no de información tiene un impacto negativo; “ya se ha comprobado que la población mexicana es altamente manipulable, creo que todo esto sí debería de cambiar, se tiene que reformar esas carencias”.

Únicamente los medios que cumplan con los requisitos y formen parte de este padrón podrán ser acreedores de contratos de publicidad oficial. Esta ley cuenta con 45 artículos y en ella se contempla que la administración de los tres niveles de gobierno pueda seguir contratando publicidad oficial, siempre y cuando el medio esté inscrito en el padrón. Sin embargo, no se modifica la posibilidad de que los tres niveles de gobierno tengan partidas presupuestales destinadas para la publicidad oficial, es decir, que tengan recursos para promover su gobierno, así que se podrá continuar con el mismo esquema de pagar únicamente a los medios que hablen bien a favor del mandatario en cuestión.

La situación del periodismo en México

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) declaró en su informe 2018 a México como la nación más peligrosa para ejercer el periodismo. Desde el año 2000 a la fecha han sido asesinados 131 periodistas, 20 se encuentran desaparecidos y se han registrado más de 52 atentados en contra de las instalaciones de medios de comunicación.

Sobre esta situación, la periodista Rocío Gallegos explicó que el impacto de la violencia que atraviesa Ciudad Juárez desde 2008 a la fecha ha perjudicado gravemente al gremio periodístico en la frontera.

“Tenemos años, desde hace 10 años aquí en Chihuahua un mecanismo de seguridad para la protección de periodistas que es letra muerta. De hecho, cuando se activó, se activó sin recursos. No hay certidumbre de nada. Un ejemplo de esto, es el caso de mi compañera ahora exiliada Patricia Mayorga, su seguridad no la pudo garantizar el estado de Chihua, ni México, tuvo que salir del país, ¿pero a su regreso qué?”

Puntualizó que “la dependencia que existe entre el gobierno y medios de comunicación crea el escenario perfecto para que se genere una censura casi silenciosa y ‘muy sutil’, que condiciona la agenda mediática y líneas editoriales dentro de los impresos”.

Columna de opinión sobre la ética periodística en México.

El 23 de marzo de 2017 la periodista Miroslava Breach fue asesinada en la ciudad de Chihuahua. Sobre este acontecimiento, el periodista Carlos Omar Barranco, explica cómo impactó el hecho al periódico Norte: “nos pusimos a revisar las circunstancias en la que ocurrió el homicidio de Miroslava, porque ella había estado denunciado y publicando temas fuertes que tenía que ver con narcotráfico, violación de derechos humanos. La respuesta del gobierno para protegerla fue insuficiente. En un primer momento se suspende la versión impresa del periódico Norte y la versión digital y volvímos a hacer un análisis, decidimos que teníamos que comenzar con un periodismo de investigación porque el riesgo siempre va a estar ahí, lo que tiene que cambiar es protegernos entre nosotros”.

Iniciativas de ley en Chihuahua

El proyecto de Ley Para la Asignación de Publicidad Oficial del Estado de Chihuahua, propuesta que inició Javier Corral Jurado y presentó en diciembre de 2017 ante el H. Congreso de Chihuahua, contempla una serie de criterios que marcarían y delimitarían históricamente la regulación de publicidad oficial en los medios como no había ocurrido anteriormente en México. Sin embargo, la propuesta no ha sido bien aceptada por el gremio en el estado, específicamente por ONG’S y A.C. que representan a los medios, como la Red de Periodistas de Ciudad Juárez, organismo que denuncia que la ley corrompe la libertad de expresión y agrede la libertad editorial de los medios con esos criterios. ¿Realmente es una ley que agravia la libertad de expresión o es el rechazo una evidencia de la poca apertura que tienen los medios por aceptar criterios éticos como lo contempla esta ley?

Las iniciativas réplicas de la ley federal que sean sometidas a un análisis e integración dentro de la nueva legislatura del estado tendrán que respetar ante todo la iniciativa federal y no contradecir los criterios que esa misma contemple. Desde el poder federal se solicitó a los estados que para agosto de este año ya se contara con una iniciativa que sería sometida a votación en el congreso para entrar en funcionamiento el 1 de enero de 2019. No obstante, el procedimiento conlleva un amplio dialogo y estructuración de la ley y la primera iniciativa presentada por el gobernador (Ley para la Asignación de Publicidad Oficial del Estado de Chihuahua) no podría ser considerada una réplica de ley federal ya que esta incluye nuevos juicios y específicamente para la adquisición y otorgación de contratos de publicidad oficial.

La aprobación de estas leyes serán un acontecimiento histórico para el periodismo y representaría un cambio en la modalidad en que se difunde la información, pero dentro del estado no se ha emprendido un evento de consulta para conocer la opinión de los medios de comunicación ya que serán ellos los más impactado por la legislatura.

¿Qué plantea la iniciativa de Morena en el estado?

Pese a que hasta el momento ninguna iniciativa ha sido aprobada por el congreso, la iniciativa de MORENA es la única que contempla la consulta popular para la integración de esta ley dentro del estado.

“El principal objetivo de esta ley es garantizarles a los ciudadanos el estar bien informados de todo el quehacer gubernamental (de los tres poderes: ejecutivo, federal y judicial), ese es el principal objetivo, pero garantizando que el recurso que se utilice para difundir toda esta información se aplique adecuadamente y que no sea un gasto desorbitado como el de la administración de que autorizaba César Duarte, porqué ahí si fue un gasto desorbitado, se le pagó a unos medios que favorecían al gobernador y a los que no pues no se les daba nada. Pero lo que se les pagó a los medios que sí lo favorecían eran gastos insultantes, cantidades muy muy grandes, comparando con las carencias que hay muchas otras áreas del gobierno (en salud, educación, ayuda social)”. Declaró, Pedro Torres Estrada, Ex Diputado de MORENA.

Estrada agregó que a pesar de que reconocen lo importante que es para el estado la iniciativa que presentó el gobernador. No dejan de lado las cuestiones, que, a su criterio, transgreden la libertad empresarial y de prensa de los medios locales como lo hace dicha iniciativa en el artículo 27:

“La asignación y contratación de espacios publicitarios se realizará únicamente en aquellos medios de comunicación masiva que cumplan con los siguientes requisitos:
 I. Estar registrados previamente en el Padrón Estatal.
 II. Tener un código de ética que incluya los mayores estándares internacionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. 
 III. Contar con un defensor del lector o un defensor de las audiencias; 
 IV. Poseer un mecanismo para garantizar el derecho de réplica; 
 V. Utilizar al menos veinte por ciento de los ingresos por publicidad oficial en la capacitación, actualización y profesionalización de sus periodistas y del personal involucrado en la generación de contenidos, así como en salarios y prestaciones que permitan evaluar su calidad de vida y
 VI. Garantizar al personal el ejercicio del derecho a la seguridad social y el otorgamiento de las prestaciones mínimas establecidas en la Ley Federal del Trabajo.”

Uso ventajoso de la asignación de contratos y gasto desmedido

De acuerdo con el Departamento de Comunicación Social del Gobierno de Chihuahua a través de su titular, Antonio Pinedo, durante la administración del ex gobernador y ahora prófugo de la justicia César Duarte Jáquez, que comprendió de 2010 a 2016, se gastaron alrededor de 6 mil 795 millones de pesos en contratos de publicidad oficial, esto gracias a los documentos “pago de convenios establecidos entre 2010–2016” y que contrasta con la cifra que Duarte declaró ante transparencia de tan solo de 576 millones 663 mil pesos.

Javier Corral inició su mandato en 2016 con una fuerte campaña para transparentar los gastos públicos y sobre todo por reducir los gastos en publicidad oficial o propaganda. Durante 2017 invirtió 74.95 millones de pesos en contratos de publicidad oficial, de acuerdo con los informes publicados en el portal del gobierno, siendo la empresa Televisa y El Diario de Chihuahua los medios que recibieron más dinero por contratos de publicidad oficial 10.6 millones de pesos y 5 millones de pesos respectivamente durante ese periodo.

Aun cuando en la administración actual se ha logrado reducir el gasto en publicidad oficial en más de un 50%, si se compara esto con los 6 mil 795 millones de pesos que se gastó durante la administración de Duarte, los criterios que utiliza esta administración no son del todo claros ni específico, visto que hasta el momento no existe una legislación que obligue a los entes gubernamentales a asignar contratos de publicidad oficial bajo lineamientos.

Sin embargo, la distribución de los contratos y el dinero que se destina para publicidad oficial en el estado sigue bajo un esquema de propaganda por la falta de una legislación oportuna, tal como lo señaló el ex diputado Pedro Torres Estrada:

“La cuestión es la costumbre en que se negocia con cada medio y como no hay ley que regule esto, pues es la ley del libre mercado, pues sí. En un esquema totalmente capitalista, en donde el proveedor del servicio y el que lo contrata establecen esa relación en la que determinan un precio que a lo mejor no tiene nada que ver con esas tarifas que estén escritas ahí, porque te digo algunos son favorecidos, algunos son desfavorecidos, y ahora es lo que se busca con la ley que no haya tanta discrecionalidad si no que sí haya parámetros. O sea “ni tanto que queme el santo ni tanto que no lo alumbre”, no puedes irte tan bajo en relación a alguien que, si tiene una capacidad de difusión grande, ni tan alto con alguien que no tiene esa misma capacidad”.

Uso ventajoso de la asignación de contratos de publicidad oficial: El caso de Canal 28

Canal 28 es una cadena de televisión que transmite a través de la estación XHCTH-TDT y la señal 28.2 en algunas partes del estado como Chihuahua, Cuauhtémoc y en Ciudad Juárez por segmentos programados en el canal 26.1 y 25.3, además de contar con la transmisión en vivo por la página “Canal 28.tv”.

Según la información del sitio “Canal 28” este canal televisivo fue fundado por Sergio Valles y obtuvo la concesión única de telecomunicaciones el 16 de junio de 2004 bajo el término de “uso social”, como lo estípula la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: “Confiere el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro. Quedan comprendidas en esta categoría las concesiones comunitarias y las indígenas; así como las que se otorguen a instituciones de educación superior de carácter privado. Las concesiones para uso social comunitaria, se podrán otorgar a organizaciones de la sociedad civil que no persigan ni operen con fines de lucro y que estén constituidas bajo los principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad”.

Actualmente la Asociación Civil Sistema Regional de Televisión es la encargada de la producción del canal.

Durante el año 2017 el Gobierno del Estado otorgó contratos de publicidad oficial a las televisoras Televisa por 10.6 millones de pesos y a Tv Azteca por 5.2 millones de pesos, siendo Canal 28 el tercer beneficiado por contratos de publicidad con un total de 6 millones 175 mil pesos, contratos que fueron entregados no a la Asociación Civil, si no al representante legal bajo el nombre “Unidad Corporativa de Televisión (Canal 28)”, Sergio David Valles.

Hasta el mes de octubre de 2018, Canal 28 ocupaba el 3 lugar del gasto destinado a Publicidad Oficial por la Coordinación de Comunicación Social con un total de 8 millones 500 mil pesos por la adquisición de espacios en la cadena televisiva, cifras que rebasan por mucho los contratos que se han otorgado en este año con otras televisoras, en el sitio de transparencia aparece también TV Azteca cuyos contratos alcanzan a penas los 890 mil pesos.

Con Información del sitio de “Transparencia en Publicidad Oficial del Gobierno de Chihuahua”.

Tal como como lo indica la Ley de Telecomunicaciones y de acuerdo con el tipo de concesión que posee Canal 28 este medio no se puede realizar transacciones que permitan el lucro, puesto que, de hacerlo se estaría infringiendo la legislación, más específicamente la reforma electoral de telecomunicaciones.

Sobre esto, Torres Estrada explicó: “la relación que tiene gobierno del estado con canal 28 de Chihuahua, en relación a que ese es un canal cultural y que se supone que la concesión no permite el lucro como si fuera una concesión como la que ostenta Televisa o TV Azteca y a este medio se le está pagando y se le está favoreciendo, porque es una estación que todo el día habla a favor del gobernador y la “ley del garrote y la zanahoria” la están aplicando al cien y ese es el ejemplo más claro. Yo creo que ahí también incurriendo en irregularidades que también deben ser sancionadas, ya no sé si administrativas, civil o penalmente, pero si debe de haber organizaciones en ese sentido desde la Auditoria Superior”.

No obstante, el Dpto. de Comunicación Social del Estado no se ha posicionado ante las críticas por la adquisición de estos servicios y el evidente beneficio a los medios que se dedican a la comunicación social y que tienen un vínculo cercano al gobernador Javier Corral.

En camino hacía un cambio

La OSF en su informe “Maping Media: México”, señala que nuestro país contaba para 2010 con 800 medios impresos, incluyendo 279 diarios. No obstante, se desconoce certeramente cuántos de estos medios cuentan con un código de ética, situación que resulta preocupante porque de aprobarse las iniciativas de ley estos medios quedarían en riesgo de no recibir contratos de publicidad oficial o de quedarse fuera del Padrón Nacional de Medios.

“La apatía de los medios hacía una regulación ética no se debe a que a los periodistas no nos interese la ética, el problema es que no se ha acostumbrado a los periodistas a trabajar bajo un marco ético porque muchas de las veces a las empresas no les interesa la ética y el gran problema está o surge cuando hay dinero de por medio, ahí sí los periodistas, empresarios que están a cargo de los medios es cuando respingan”, explicó Rocío Gallegos, editora y periodista del portal “La Verdad”.

Desde 2013 a 2017, el gasto del erario público en publicidad oficial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto supera el presupuesto aprobado y destinado por el Congreso de la Unión. Situación que abre de nuevo la discusión y destaca lo necesaria que es una regulación de este tipo.

Tan sólo hace unos días el colectivo #MediosLibres presentó una iniciativa de ley que fue realizada bajo una consulta gremial y cuyos objetivos más fuertes son la regulación, la equidad y generar un ambiente digno y seguro para los profesionales de la información.
En este enlace puedes leer la iniciativa de #MediosLibres completa.

“Yo creo que el gobierno del estado no debería tener las facultades para imponer este tipo de restricciones a los medios de comunicación, finalmente si se está dando dinero público. Las administraciones van a cambiar, tal vez la de Javier Corral tiene una postura, tal vez van a llegar otras con posturas distintas que van a llegar a acuerdos distintos, eh, yo no creo que el gobierno debería tener la facultad para exigir ese tipo de cosas a los medios para que puedan acceder a un contrato con dinero público”, concluyó Miguel Silerio, periodista de Yo Ciudadano y colaborador de #Medios Libres.