Costa Rica: una experiencia concreta de Justicia Abierta

Evelyn Villarreal Fernández

Gobierno abierto, justicia abierta, parlamento abierto o Estado abierto suelen ser conceptos bastante abstractos, con múltiples definiciones y difíciles de concretar en acciones específicas. Estas nuevas etiquetas tienen una promesa común: presentan una forma diferente de gobernar, en la cual se devuelve el protagonismo a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.

En el caso del Poder Judicial, como pilar de la democracia enfrenta una cada vez mayor demanda ciudadana de eficacia y rendición de cuentas. La justicia abierta contribuye en dos sentidos esenciales al ejercicio ciudadano: en primer lugar, posibilita conocer el funcionamiento de esta institución y fiscalizar si cumple con los mandatos establecidos legalmente como garante del estado de derecho. En segundo lugar, procura aumentar su transparencia, lo cual es de gran importancia debido a que este conglomerado judicial custodia información indispensable sobre la administración pública en general.

Este artículo se enfoca en las iniciativas tomadas por el Poder Judicial costarricense en materia de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y lucha contra la corrupción –principios básicos de una gestión pública abierta. Sin embargo, vale mencionar que en la actualidad (mediados de 2017) la Corte Plena se encuentra en una transición de presidencia que ha impuesto un impasse a varias de estas iniciativas.

Desde el 2013, en la Cumbre Mundial en Londres, la Alianza para un Gobierno Abierto incluyó el ámbito judicial en su marco temático, y en ese mismo evento el Poder Judicial costarricense se comprometió de manera voluntaria y pionera a desarrollar una política en esta materia. Si bien otros poderes judiciales habían presentado algunas iniciativas, esta fue la primera nación que se propuso construir una política de justicia abierta. Posteriormente, en 2015 este impulso fue reforzado por el Acuerdo de Poderes hacia un Estado Abierto.

Muy diversas iniciativas que ya se estaban implementando en el conglomerado judicial calzaban perfectamente con los principios de la Alianza. Como parte de las distintas olas de reformas judiciales, en el país se había dado un fuerte impulso al desarrollo de sistemas de gestión e información, lo que derivó en una mayor disponibilidad de datos en medios electrónicos; incluso el sitio del Poder Judicial se posiciona en los primeros lugares de las valoraciones de accesibilidad a información en las páginas web públicas. También la transparencia y lucha contra la corrupción habían sido incorporadas por medio de la creación de una Comisión de Transparencia en el año 2012. Y desde principios de este siglo se han creado mecanismos de participación ciudadana como la Contraloría de Servicios, la Secretaría de Género, las Comisiones de Personas Usuarias, comisiones varias para la promoción del acceso a la justicia y el programa de facilitadores judiciales, entre otros.

Destacan dentro de estos esfuerzos previos dos hitos que contienen ingredientes de Justicia Abierta. En primer lugar, en materia de colaboración y co-creación, en julio de 2015 se aprobó una Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial, cuyo objetivo es “garantizar una contribución responsable, activa y sostenida de la población en el diseño, la toma de decisiones y la ejecución de políticas del Poder Judicial, de manera que respondan a la realidad de la población, del bien común y del cumplimiento de los fines del Poder Judicial”.

La Comisión Nacional de Mejoramiento de la Justicia (Conamaj) estuvo a cargo de la elaboración de esta política, para la cual se realizaron consultas en todo el territorio nacional y se incluyeron ejes estratégicos y líneas de acción con sus respectivos indicadores de éxito, para que sea posible su seguimiento y evaluación. Dentro de los mecanismos sugeridos se encuentran instancias como el Consejo Consultivo de la sociedad civil, mecanismos para la valoración de los servicios, mesas de diálogo, consultas ciudadanas para la formulación del plan estratégico, etc. Si bien la política fue aprobada por la Corte Plena, es todavía un reto desagregar e implementarla en toda su amplitud, en el marco de una institucionalidad eminentemente vertical. A dos años de su aprobación, no se ha realizado un ejercicio de evaluación de su implementación.

Y el segundo hito a destacar, en materia de transparencia y rendición de cuentas, es la realización del Informe Estado de la Justicia, un reporte realizado desde el 2012 por el Programa Estado de la Nación (PEN) del Consejo Nacional de Rectores, de manera independiente pero en colaboración con la Corte Suprema. En este reporte bianual, el Poder Judicial se somete completamente al escrutinio para que se valore su gestión en distintos ámbitos a partir de una investigación aplicada y participativa, y respetando la independencia editorial del PEN. La red de investigación hace un uso intensivo de los datos judiciales, produce materiales y visualizaciones para un público más amplio y también, en muchos casos, genera nuevas estadísticas a través de investigación primaria. Esto con el objetivo de aunar a la mayor comprensión sobre lo que hace la institución y dar cuenta de manera crítica de sus resultados para identificar en conjunto posibilidades de mejora. Debe reconocerse que como ejercicio de apertura es un hito único, no solo en la historia nacional, sino también en el ámbito regional.

Por estos antecedentes mencionados, se vislumbró la política de Justicia Abierta con una función articuladora de los distintos proyectos e iniciativas ya en curso, que pudiera potenciar el impacto y visibilizar aún más los esfuerzos que se realizan. El desarrollo de esta política tuvo, entonces, un fuerte empujón en el 2016, cuando la Presidencia de la Corte acuerda con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) la elaboración de un documento borrador. En este marco se convocó a un grupo de organizaciones de la sociedad civil que, junto con distintas personas de la institución, se dieron a la tarea de generar insumos para construir el documento general de la política de Justicia Abierta, que luego debería ser complementado con un trabajo más específico de elaboración de un plan de acción. El borrador de esta política en su versión final fue socializado en febrero de 2017 y a julio todavía espera su aprobación en la Corte Plena.

A la luz de estas acciones, es de reconocer que el Poder Judicial costarricense ha dado pasos únicos e innovadores. Aún así, lo hecho hasta el momento no está exento de las limitaciones que también enfrentan las iniciativas de Gobierno Abierto en el Ejecutivo, como lo son: la dificultad de su sostenibilidad, en especial en este momento de transición de la presidencia de la Corte Suprema; la necesidad de legitimidad en la medida que las convocatorias ciudadanas sean con tiempo, plurales, transparentes y amplias; y finalmente, la importancia de mostrar impactos a partir de una relación virtuosa entre prácticas de Gobierno Abierto y el fortalecimiento del acceso al derecho humano a la justicia pronta, cumplida, e igual para todos y todas.