Rendición de cuentas: ¿cómo unir los puntos entre las iniciativas de transparencia y anticorrupción?

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Aug 25, 2017 · 4 min read

Asociación Costa Rica Íntegra

En el terreno de la lucha contra la corrupción, diversos esfuerzos de la administración pública se presentan aislados, se gestionan como proyectos con ciclos cortoplacistas y, por tanto, sus impactos se diluyen. Además, raras veces se logra una línea que conjugue los esfuerzos de acceso a la información y anticorrupción. En este contexto, es urgente “conectar los puntos”, es decir, unir el potencial de todos estos esfuerzos en una plataforma que los visibilice, amplifique y evalúe sus resultados.

La Asociación Costa Rica Íntegra ha propuesto en diversos espacios la creación y apropiado funcionamiento de un Sistema Nacional de Integridad (SINI), que unifique a todos los ya existentes actores institucionales, empresariales y de la sociedad civil en un frente común para reducir la corrupción. La intención no es crear ninguna entidad ni norma adicional, sino que se busca un acuerdo de política de Estado cuyo valor agregado es la reunión de esfuerzos en pos de una estrategia coherente y de alto impacto, que incluya planes nacionales bianuales y una coordinación debidamente estructurada. La propuesta trabaja en la armonización de tres niveles paralelos: el orgánico (instituciones-organizaciones), el normativo (normas) y el cultural (actitudes y valores).

En el marco de esta propuesta se asigna un papel clave a la rendición de cuentas (accountability), como el concepto que entrelaza la transparencia con prácticas de prevención, control y sanción de la corrupción. Transparentar o mostrar datos es un principio necesario mas no suficiente para rendir cuentas, pero si se relacionan de manera virtuosa y se promueven conjuntamente pueden ser un instrumento poderoso de combate a la corrupción.

En esta línea, se parte de la idea de que el acceso a la información sobre los asuntos públicos es un derecho humano y un bien público. Cuando se limita este derecho, los grupos privilegiados que sí tienen recursos para conseguir información aumentan su poder y la corrupción e inequidad tienen vía libre en la gestión pública. Sintomáticamente, las denuncias y la creciente movilización ciudadana alrededor de la lucha contra la corrupción han coincidido en los últimos años con la actualización o mejoramiento de la normativa, políticas y prácticas relacionadas con el acceso a la información, la transparencia y las libertades de prensa y expresión en toda la región latinoamericana. Costa Rica no es la excepción.

Pero para que estas iniciativas conlleven a una rendición de cuentas efectiva, la información brindada debería tener las siguientes características:

Ser completa, veraz, oportuna y capaz de ser utilizada para investigar y exigir cuentas:

Los datos de gestión institucional deberían ser comparables con mediciones anteriores (series de años), y en formatos que sean posibles de trabajar y reprocesar, difundir e investigar. De tal forma, no solo se miran los números en una actitud pasiva (transparencia), sino que el ciudadano puede investigar y analizar lo que recibe (exigir cuentas). En cambio, si la información tiene alguna restricción se pueden abrir más portillos para la opacidad, caldo de cultivo de la corrupción ya que limita sustantivamente el trabajo de la academia y el periodismo investigativo, quienes funcionan como intermediarios de los ciudadanos en estas tareas.

La información brindada responde a metas o parámetros establecidos para evaluar el trabajo de la entidad:

Los datos se deben seleccionar en la medida que den cuenta del cumplimiento de funciones. Es decir, no todos los números son útiles para rendir cuentas, sino aquellos que sirven para justificar las acciones tomadas con respecto a las metas y al examinarlos queda claro cuánto se acercó o no al cumplimiento de objetivos y porqué se llegó hasta ahí.

Hay una responsabilidad sobre el desempeño de las funciones encomendadas:

En una rendición de cuentas las jerarquías, funcionarios permanentes y departamentos de la institución asumen sus obligaciones y pendientes, e incluso pueden generarse llamados de atención y sanciones en caso de incumplimiento de deberes. En este sentido sería una primera forma de sanción administrativa para actos irregulares.

Hay retroalimentación:

Una de las mayores limitaciones de las plataformas de información de las entidades públicas es que son solamente de una vía: no contienen mecanismos interactivos que permitan la comunicación en doble vía ciudadano-gobierno y por tanto limitan una participación de manera directa en el diseño de decisiones, fiscalización, evaluación del servicio y cualquier tipo de aporte que los interesados quieran presentar por estos canales.

En fin, debe promoverse una mayor articulación entre las acciones de apertura de información y las prácticas de rendición de cuentas, para que estas últimas puedan probar que son útiles, capaces de recoger las intervenciones ciudadanas y modificar el curso de acción, combatir la corrupción, y dar resultados medibles y satisfactorios para alcanzar una mejor administración pública.

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