Derechos civiles: una mirada desde el profundo Sur. Una entrevista a Stanley Murphy
Por: Rafael Hernández
Hoy se cumple un nuevo aniversario de aquel 28 de agosto de 1963 en el que el líder de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, Dr. Martin Luther King Jr. pronunciara el discurso que ha pasado a la historia por una de sus frases más esperanzadoras: “I have a dream…” Un sueño que nacía del convencimiento que había llegado a tener acerca de cómo la discriminación de los negros era la clave para crear una alianza multirracial y policlasista que enfrentara la injusticia estructural y la desigualdad, y representara la genuina lucha por la libertad de todos, blancos, negros, judíos, católicos, protestantes,
inseparablemente ligadas.
60 años después, aquel sueño delineado a modo de horizonte político en el acto realizado frente al monumento de Lincoln en Washington, sigue presentando grandes espacios de insatisfacción; nuevos y viejos desafíos y complejidades.
A propósito de estos, la revista Temas comparte con sus lectores, a modo de avance del próximo número 113–114, dedicado a Derechos y políticas sociales, la entrevista realizada por el politólogo cubano Rafale Hernández al profesor norteamericano Stanley J. Murphy:
Mi visión de la historia y del estado del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos está forjada por las inusuales y, quizás, únicas circunstancias de mi infancia y adolescencia en Alabama, durante las décadas de los 50 y 60. Mis padres eran abogados que trabajaron mucho en apoyo a la lucha por la justicia racial. Aunque ninguno de los dos nació allí, llegaron tras graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, en los años 40. Mi padre comenzó su carrera como profesor de Derecho en la Universidad de Alabama, y mi madre abrió un bufete privado y enseñó Ciencias Políticas en esa institución. Desde sus primeros años en este estado, ambos se involucraron profundamente en las luchas contra las fuerzas del racismo que infectaban casi todos los aspectos de la vida política, social e institucional. Su compromiso activo con los derechos civiles era fuera de lo común entre los blancos alabamienses, y más aún entre abogados blancos. En dependencia del nivel de volatilidad y violencia en el movimiento por estos derechos a escala nacional y local, mi familia recibía avisos y amenazas debido a sus acciones, y de vez en cuando el Ku Klux Klan (KKK) quemaba cruces en nuestro jardín. Sin embargo, nada de eso hizo que mis padres desistieran de su labor; si acaso, fortaleció su compromiso.
Mi hogar de la infancia se convirtió en un punto de encuentros y centro estratégico para abogados, líderes comunitarios y activistas. También era frecuentado por periodistas de todo el país que cubrían el movimiento por los derechos civiles en el Sur. Más adelante, cuando me hice abogado, representaba a personas e instituciones perjudicadas por el historial de racismo de Alabama. Haberme relacionado directamente con algunas de las personas y con los acontecimientos que tuvieron influencia en el movimiento por estos derechos determinó mi interés en el Derecho como carrera y tuvo un profundo impacto en mi opinión sobre estos problemas y su evolución. Todavía es así.
Por esa razón, puede que mi perspectiva en cuanto al estado de los problemas actuales que atañen a los derechos civiles resulte tan inusual como la trayectoria personal que influye en ella.
Rafael Hernández (R. H.): ¿Cómo usted valora los logros de los movimientos por los derechos civiles en la década de los 60?
A partir de la década de los 40, y durante las dos siguientes, los Estados Unidos comenzaron a utilizar el poder de las leyes federales contra los principios mayoritariamente atrofiados de la equidad racial, que se formalizaron por primera vez después de la Guerra Civil. Debido a que la mayoría de los estados que formaron parte de la rebelión de los años 60 del siglo xix se negaron a aceptar la derrota, así como a la reticencia o incapacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes que garantizaban derechos civiles, muchos de esos estados sureños siguieron sujetos a leyes que encarnaban explícitamente y perpetuaban el racismo que precedió a la Guerra Civil. Excepto la esclavitud propiamente dicha, en la práctica ninguna de las formas institucionalizadas de desigualdad racial cambió. A decir verdad, la combinación de un poder policial desenfrenado, con fuerzas económicas y políticas actuando en complicidad o con deliberada indiferencia significó que, incluso hasta bien entrado el siglo xx, existieran formas de trabajo forzado similares a la esclavitud.
Los ciudadanos negros estaban sujetos a leyes y costumbres sustancialmente diferentes (e invariablemente peores) que las que regulaban todas las actividades cotidianas y privilegios conferidos a las personas blancas.
Con el uso tanto de prohibiciones legales explícitas como de normas arraigadas, se les excluyó de programas educacionales, servicios públicos, y oportunidades de expresión política y participación en la administración pública. Aunque el legado de la desigualdad racial no se limitaba a los estados sureños, fue en esta región donde se formalizó como ley estatal. Solo gracias a decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, estatutos aprobados por el Congreso, y la acción — más cada vez — de los presidentes, se pudo comenzar a eliminar las barreras legalizadas a la igualdad racial.
Esa labor de desmantelamiento de las estructuras legales y culturales de la discriminación requirió abogados y jueces que estuvieran dispuestos a poner en riesgo sus carreras y seguridad personal para hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos. La mayoría de ellos permanecieron al margen o no mostraron ningún interés. A los pocos que dieron el paso se les debe muchos de los logros de las décadas de los 50 y 60 que invalidaron los vestigios explícitamente racistas de las campañas posteriores a la Guerra Civil en el Sur, que perpetuaron la arraigada desigualdad racial que debió terminar con la rendición en Appomattox.[1]
Entre los acontecimientos más significativos de los años 70 estuvo la creciente toma de conciencia de que las leyes y mecanismos que sustentaban el maltrato infligido a los ciudadanos negros también impedían a otras personas vulnerables tener pleno acceso a muchas de las oportunidades que fueran denegadas durante tanto tiempo por motivos raciales. Los precedentes y las estrategias legales desarrollados en casos raciales durante el movimiento por los derechos civiles comenzaron a aplicarse a leyes y costumbres que excluían a las mujeres, los discapacitados y personas de la tercera edad de muchas posibilidades similares. Por ejemplo, en Alabama — al igual que en otros estados sureños — solamente los hombres blancos eran miembros de un jurado. Aun cuando las mujeres abogadas como mi madre podían representar a clientes ante un jurado, no podían ser miembros de uno. Solo los hombres blancos podían ser miembros. Se contaron por miles las personas con discapacidades mentales reales o percibidas que eran separadas de sus hogares y sus familias, y quedaban bajo la custodia del Estado, sin ninguna protección constitucional. A menudo vivían en peores condiciones que las de los reclusos en las prisiones.
Un gran paso de avance de la legislación fue reconocer que el abuso de poder, fuera gubernamental, económico, o de criminalidad privada como en el caso del KKK, o de desprotección del gobierno a los ciudadanos, tenía un motivo común cuando se aplicaba a otros grupos vulnerables, y podía ser contrarrestado mediante los mismos principios legales desarrollados en la lucha por la equidad racial. Por tanto, pensar en el movimiento por los derechos civiles como algo vinculado solo a la raza equivalía a limitarlo demasiado.
R.H.: ¿Cuánto han avanzado esos movimientos desde entonces?
Si bien son necesarias las decisiones de las cortes federales, la promulgación de leyes sobre derechos civiles por parte del Congreso, y las regulaciones y medidas de ejecución de la ley por el poder ejecutivo del presidente no bastan para crear una nueva realidad de equidad integral. No minimizamos el inmenso valor de la decisión de la Corte Suprema en el caso Brown vs. la Junta de Educación, o la aprobación del Congreso de las leyes de los derechos civiles de 1964 y 1965, cuando decimos que, por sí mismas, casi nunca ejercen influencia real en la calidad de la vida cotidiana de las personas que estaban destinadas a proteger. Cada protección legal que las cortes o el Congreso esperaban que se derivara de sus decisiones y estatutos ha dado lugar, en décadas subsiguientes, a miles de disputas, pleitos legales y peleas políticas.
El proceso de aplicación de los principios legales de tratamiento equitativo ha sido lento, acrecentante y, en ocasiones, amargo.
Y la cosa continúa. Pero, en mi opinión, se han logrado grandes avances y, por difíciles que las cosas puedan ser incluso años después de los sucesos de los 50 y 60, las perspectivas son mejores y los resultados más duraderos.
R.H.: ¿Cómo describiría la condición actual de los derechos civiles en los Estados Unidos?
Creo que existe casi un consenso nacional sobre algunas cuestiones, como la eliminación de las prohibiciones abiertamente discriminatorias del acceso a servicios públicos, escuelas, empleos, etc. Las cosas están mejores que cuando yo crecía. Sin embargo, hay mucho menos consenso en cuanto a si continúan existiendo prácticas discriminatorias menos evidentes o vestigios de la discriminación del pasado, o si resultan apropiadas las medidas correctivas de conductas o exclusiones pretéritas por motivos de raza. La ignorancia generalizada de la historia de los Estados Unidos — incluso la contemporánea — y de los acontecimientos trascendentales del movimiento por los derechos civiles puede constituir un problema fundamental. Parece haber incluso menos intención de aprender algo de la historia o sobre esta, o hasta de permitir que en las escuelas los alumnos aprendan mucho sobre el tema. Me temo que, sin ese conocimiento básico, la progresión del «arco de la justicia» será más lenta.
R.H.: ¿Qué instituciones están desempeñando la función más crucial en la implementación de la legislación sobre derechos civiles?
Desde mi punto de vista como abogado, las cortes han tenido y continúan teniendo una función esencial. El Congreso está básicamente inmovilizado sobre el tema, y la Corte Suprema está limitando el poder del presidente para tomar medidas ejecutivas dirigidas a la observancia de los derechos fundamentales.
Con sus investigaciones y reportajes, los medios noticiosos siguen siendo tan indispensables como siempre; pero hay profundas tensiones económicas que reducen la eficacia del periodismo, cuyo valor también resulta perjudicado por el impulso reflexivo de muchas personas a aislarse de todo periodismo que represente un reto a su visión particular del mundo, muy a menudo alejada de la realidad objetiva.
Le siguen las escuelas, aunque cada vez se ven más limitadas por su propia timidez y por los manifiestos esfuerzos políticos de excluir de las aulas tópicos «incómodos» como la raza y el racismo. Debido a que numerosos aspectos de la historia racial de los Estados Unidos resultan (cuanto menos) embarazosos, no se enseñará ni se aprenderá mucho sobre perspectiva histórica.
R.H.: ¿Cuáles son los principales problemas de la lucha por los derechos civiles?
Pienso que una de las principales dificultades ha sido la ingenuidad de las cortes al interpretar la realidad práctica de la vida en los centros de trabajo, las cabinas de votación, las escuelas, o incluso en las tribunas de los jurados. Con demasiada frecuencia, las decisiones judiciales en casos relacionados con demandas por discriminación racial o de género revelan su desconocimiento de las realidades pragmáticas que dieron lugar a la disputa, así como una preocupante reticencia a aprender. Aproximadamente en los últimos veinte años, las cortes han creado toda una serie de obstáculos procesales que interfieren con numerosas reclamaciones sobre derechos civiles y, a menudo, impiden que las demandas por violaciones sustantivas lleguen a los tribunales de justicia. Ellas desestiman muchas demandas serias antes de que los abogados y sus clientes pudieran presentar evidencia suficiente para aplicar racionalmente los principios legales establecidos y otorgar una compensación apropiada. Estos obstáculos pueden convertirse en barreras fatales a la justicia para muchas personas perjudicadas, y a menudo logran que los abogados y las víctimas desistan, incluso, de entablar una demanda. Me temo que todo progreso será lento, mientras los tribunales no se abran completamente a los juicios por reclamaciones sobre derechos civiles.
[1] Condado del estado de Virginia, donde el 9 de abril de 1865 el general en jefe de la Confederación, Robert E. Lee, se rindió ante Ulysses S. Grant, comandante general del Ejército de la Unión del Potomac, concluyendo así una guerra que había comenzado casi cuatro años antes. (N. del T.)
