¿Qué pasa con el trabajo informal durante el COVID19?
Hoy en día, trabajadorxs informales enfrentan un serio dilema: exponerse al COVID-19 o al hambre.
En la mayoría de los países de Latinoamérica, incluyendo México, se han implementado medidas de contingencia para poder hacer frente a la pandemia y salvar vidas.
Estas medidas, innegablemente, también han tenido impactos desfavorables en nuestras economías: según proyecciones de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), van a agravar la pobreza y la pobreza extrema en el corto y mediano plazo.
¿Por qué? Una de las razones posibles es que tienen un impacto desproporcionado en el trabajo informal.
¿Qué es el trabajo informal?
Lxs trabajadorxs informales incluyen a personas que realizan una labor remunerada sin registro, regulación o garantías laborales. La persona recibe un pago por sus horas de trabajo, en una relación de subordinación, pero sin protecciones laborales, como un contrato firme, acceso a seguridad social, o la sindicalización.
Precisamente esta falta de garantías hace que lxs trabajadorxs informales enfrenten una situación de vulnerabilidad bastante seria y que estén entre los grupos de personas más expuestos a vivir en la pobreza y la precariedad.
Por las medidas de contingencia, lxs trabajadorxs informales han perdido sus ingresos, y en muchos casos, no cuentan con red de asistencia o apoyo ni con la posibilidad de hacer “fondos de emergencia”.
Frente a la falta de protecciones sociales y en ausencia de un sistema de bienestar en nuestras realidades latinoamericanas, estxs trabajadores se enfrentan a un serio dilema: morirse de hambre o jugársela buscando algún ingreso para sustentar su día a día, exponiéndose al COVID-19.
La desigualdad marca el ritmo
El COVID-19 nos afecta a todxs, pero no a todxs por igual. No todxs podemos quedarnos en casa con la seguridad de que habrá un techo seguro sobre nuestras cabezas, comida en nuestra mesa, agua adecuada para asearnos e internet para trabajar o conseguir nuestros ingresos.
Muchxs tienen que salir, no necesariamente por inconsciencia, sino porque significa poder proveer. Es un acto de resiliencia y supervivencia, no de desobediencia.
Esta realidad se ve reflejada en los números. El trabajo informal es una constante extendida en nuestra región. En las Américas, la región más desigual del mundo y en África, durante el primer mes de la pandemia, lxs trabajadores informales perdieron un 81% de sus ingresos, comparado con un 21% en Asia y el Pacífico, según datos de la OIT.
Además, para el segundo semestre de 2020, la OIT proyecta que nuestra región será la que perderá más horas de trabajo en el mundo. Horas de trabajo perdidas, ingresos perdidos.
México no está ajeno a esta situación. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que publicó los resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) el pasado 1ro de junio, en abril de 2020, la tasa de informalidad laboral estuvo en 47.7%
Si bien hubo una reducción de 8 puntos en comparación con marzo del mismo año, como señala el mismo informe, se debe principalmente a “la salida de la fuerza laboral de una porción importante de quienes se dedican a esas actividades”. Doce millones de personas dejaron la fuerza laboral en abril, sin certeza sobre si accederán a sus empleos luego de las medidas. Esto es un panorama de cuidado.
Esta pandemia también tiene un efecto desproporcionado en las mujeres. De hecho, las mujeres -incluyendo trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales- y las juventudes están recibiendo los golpes más duros en términos de pérdida de medios de vida durante el COVID-19.
En Latinoamérica y el Caribe, la feminización de la pobreza es una realidad palpable y que se nutre de la desigualdad en empleo en base al género: no sólo en la brecha salarial, que es una manifestación, pero sobre todo en el acceso a empleos dignos o trabajos decentes.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado la necesidad de un enfoque específico hacia “las 126 millones de mujeres trabajadoras de la economía informal, así como las trabajadoras domésticas, trabajadoras rurales y trabajadoras sexuales, y otros grupos desproporcionadamente afectados por la pandemia, como las mujeres migrantes, las mujeres en situación de calle y las mujeres trans.”
Esto implica que nuestros gobiernos deben garantizar la participación activa de las mujeres en toda su diversidad en el centro de los procesos de toma de decisión y de diseño de planes y políticas para hacer frente a los efectos del COVID-19.
No basta con sólo generar empleos
Dentro de todo esto, es importante destacar que, normalmente, solemos analizar el trabajo o el empleo desde una perspectiva económica y de generación de ingresos. Hablamos de fuerza laboral, población económicamente activa, en edad de trabajar, tasa de desocupación, de desempleo…
Todos estos conceptos, evidentemente, son vitales para poder medir el empleo y su impacto en la economía. Pero esta perspectiva puede dejar de lado un análisis más cualitativo, más enfocado en la calidad del empleo y los derechos de lxs trabajadorxs.
Debemos enfocarnos en generar trabajos decentes y reducir los trabajos precarios, desde una perspectiva de derechos. La pandemia nos plantea un gran desafío, no sólo para la generación de riqueza como sustentos de vida, sino en el cómo.
Lxs trabajadorxs informales enfrentan serias precarizaciones que, vistas desde la perspectiva de derechos humanos, podrían ser, bajo ciertas circunstancias, violaciones a sus derechos. Desafortunadamente, ya veníamos de un contexto en el que el acceso pleno a protecciones sociales, o a la seguridad social, no era una realidad para todxs lxs trabajadorxs.
Muchxs teníamos empleos, pero no dignos: condiciones sanitarias y de trabajo justas, salarios dignos, acceso a salud y a prestaciones en caso de desempleo, accidente o enfermedad es un sueño para muchxs en nuestros países. Pero son derechos, no regalos.
El derecho al trabajo, que es un derecho económico, social y cultural (DESCA), representa obligaciones legales concretas para países como México, que acepta la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Que sea un derecho implica que debe ser garantizado por las políticas públicas que nuestros países apliquen para construir realidades más inclusivas post pandemia. Implica el compromiso con la generación de empleos dignos, desde una perspectiva de cierre de brechas, de promoción de la igualdad y no sólo de números, que aunque importantes, pueden deshumanizar esta realidad.
Construyamos “nuevas” normalidades desde la igualdad
Claramente, la pandemia ha puesto el dedo en la llaga, visibilizando las desigualdades en nuestras sociedades. Cuando vemos el estado del arte del trabajo en nuestros países, podemos hacernos una idea de quiénes han tenido la posibilidad de continuar sus trabajos y quiénes no. Desafortunadamente, las personas más vulnerables son quienes resisten los efectos más devastadores.
Pero esto no tiene por qué quedarse así. Cada uno de nosotres, desde las empresas o el emprendimiento, los gobiernos, la cooperación internacional, la academia, la prensa y la sociedad civil tiene un rol muy importante que jugar. Juntxs, podemos tomar esta pandemia como un llamado a la acción, para lograr que el empleo digno sea parte de nuestras “nuevas” normalidades.
Y nosotrxs, como jóvenes comprometidxs, debemos levantar la voz y exigir que así sea.
Este artículo fue escrito por Elina Castillo Jiménez y es parte del blog “Voz y Acción” del hub de Global Shapers Ciudad de México.
