Lopez Moreira ordenó cuestionada licitación
Juan Carlos López Moreira, hombre de confianza del presidente Horacio Cartes, fue quien ordenó la apertura de una licitación denunciada por irregularidades y como supuestamente direccionada. Así lo demuestran documentos internos de la Policía Nacional. El Ejecutivo pretendía gastar 30 millones de dólares del Fonacide.
Documentos internos de la Policía Nacional a los que tuvo acceso TerritorioPy revelan que fue el mismo jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, quien ordenó que la Policía abriera un llamado a licitación para la provisión de un software para expedición de cédulas y pasaportes.
“El ministro Juan Carlos López Moreira determinó que la Policía Nacional sea la que realice el llamado a licitación para la Modernización del Departamento de Identificaciones”, señala parte del memorando remitido en los primeros días de febrero de 2017 por el jefe del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, el comisario Saturnino Villalba.
El documento tenía como destinatario al entonces director interno de Apoyo Táctico, comisario Abel Cañete.
En el mismo documento, Villalba reconocía que la dirección a su cargo contaba con limitaciones legales debido a que ya contaba con un contrato vigente para la provisión del sistema operativo de Identificaciones.
“Previo a esto se deberá determinar el Programa Presupuestario que realizará el llamado, a razón de que el Departamento de Identificaciones cuenta con una limitación legal relacionado al contrato con la Firma Winner para la Adquisición del Software para Identificación de Ciudadanos”, señala el documento.
Seguidamente solicita que el titular de Tesorería de la Policía Nacional rescinda contrato con la Firma Winner y establece una próxima reunión con López Moreira para el 7 de febrero.
López Moreira dio la orden sin tener relación alguna con el orden jerárquico de la Policía.
Licitación direccionada
El llamado a licitación pública finalmente se dio a conocer en agosto del año pasado y se realizó a través del Ministerio del Interior.
A través del llamado con ID Nº 333492, se convocaba a empresas nacionales e internacionales para el Mejoramiento del Sistema Nacional de Identificaciones y Emisión de Cédulas y Pasaportes en Paraguay. De acuerdo a los datos publicados en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) el valor inicial del contrato es de unos US$ 30 millones (alrededor de 178.000 millones de guaraníes).
Si bien la licitación tardó seis meses en salir a la luz, las irregularidades comenzaron a aparecer en menos tiempo, al igual que las denuncias supuesto direccionamiento para favorecer a una de las empresas que se presentaron.
Ya en noviembre del año pasado, el diario Última Hora se hizo eco de las denuncias presentadas por firmas que participaron de la licitación.
“El pliego de bases y condiciones elaborado por el Ministerio del Interior detalla como “obligatorias” algunas características que solo pueden ser satisfechas por uno de los oferentes, que sería la empresa “Gemalto”, según la denuncia”, señala parte del material publicado por UH en noviembre pasado.
Los oferentes protestaron ante Contrataciones Públicas y presentaron denuncias antes la Contraloría General de la República ya el 13 de octubre pasado.
Entre los requerimientos obligatorios que establece el pliego de bases y condiciones publicado en Contrataciones, elaborado por el Ministerio del Interior, impone la obligación de que la empresa sea fabricante del chip que utilizarán las tarjetas de identidad expedidas. Según la denuncia y protestas presentadas por otras empresas, esto elimina directamente la posibilidad de que otras firmas compitan.
Además se establece como obligatorio que el fabricante del chip y el software del mismo forme parte del consorcio, en el caso que sea una adjudicación de un grupo de empresas.
Según las bases y condiciones, el oferente debe comprobar de manera obligatoria que presta servicios de solución instantánea de documentos de identidad en América Latina, requisito que solo cumple la empresa francesa, que presta servicios en Uruguay y Perú, según la denuncia y protestas presentadas.
(Última Hora - 1 de noviembre de 2017)
Lo llamativo del caso además es que existen numerosas similitudes entre lo solicitado por el Ministerio Público y un llamado a licitación realizado en Uruguay en 2015 para el mismo servicio y donde también resultó beneficiada la empresa francesa.
Ante la serie de irregularidades constatadas, la Contraloría aconsejó la suspensión de la licitación. Aún así, el Ministerio del Interior, a cargo del exfiscal Lorenzo Lezcano, decidió firmar el contrato con la empresa francesa Gemalto. Para ese momento, la cartera de Esstado contaba con apenas el 30% del dinero que debía ser desembolsado.
El contrato con Gemalto es por 15 años y, según denunciaron los demás oferentes, el gasto total del Estado paraguayo podría llegar ascender a unos US$ 300 millones durante ese período de tiempo.
Buscaron usar dinero de Fonacide
En noviembre del año pasado, el Senado decidió dejar sin fondos el proceso de licitación debido a las irregularidades denunciadas. El planteamiento fue presentado por la senadora opositora Desirée Masi.
Ante esta situación, el Ministerio del Interior remitió en marzo pasado un documento a Hacienda en el que solicitaba se encuentre la forma presupuestaria de cumplir con las obligaciones que había adquirido. Obligaciones que aceptó sin contar con los fondos necesarios, pues el contrato fue firmado un mes después de que el Senado cortara los fondos; y a pesar de las denuncias que existieron a lo largo del proceso de licitación.
Debido a la falta de soluciones, el Ejecutivo no tuvo mejor idea que utilizar dinero del Fonacide para subsanar la situación. Así lo denunció el diputado liberal Dionisio Amarilla, a través de sus perfiles en redes sociales.
“Un chanchullazo y, por sobre todas cosas, una desvergonzada utilización de fondos del Fonacide para llevar adelante una licitación que fue denegada por el Congreso tanto en la Bicameral de Presupuesto como en ambas Cámaras, que de un plumazo con dinero de Fonacide, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, el Ejecutivo, la Dirección de Contrataciones públicas deciden llevar adelante a tambor batiente está licitación”, acusó Amarilla en declaraciones reproducidas por la edición digital de ABC Color.
Según la ley de Fonacide, el dinero que forma parte de esos fondos no debería ser utilizado para este tipo de adjudicaciones.
Artículo 3.- Los recursos del FONACIDE serán distribuidos de la siguiente manera:
a) 28% (veintiocho por ciento) al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura;
b) 33% (treinta por ciento) al Fondo para la Excelencia de la Educación e I nvestignción;
c) 25% (veinticinco por ciento) a los Gobiernos Departamentales y Municipales;
d) 7% (siete por ciento) para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarro:lo (AFD); y,
e) 19% (diez por ciento) para el Fondo Nacional para la Salud.
Ley 4758 (de Fonacide)
Viaje meses antes
Como si todo lo anterior no fuera suficiente, llamativamente siete meses antes incluso de que se realizara el llamado a licitación, un alto mando de la Policía visitó las sedes de Gemalto en Francia y en Suecia.
El comisario Francisco Resquín visitó entre el 18 y el 24 de enero la sede de Gemalto en Francia y las Instalaciones de Expedición de Documentos de Identidad y Pasaportes Electrónicos de la Policía Nacional de Suecia.
Algunas semanas más tarde, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, ordenó el llamado a licitación y el cese del contrato que tenía vigente el Departamento de Investigaciones.
Según el diputado Amarilla, López Moreira tendría algún tipo de relación con las firmas adjudicadas. “La empresa CDE, que se presume estaría capitaneada por López Moreira, el año pasado, incluso decreto mediante, había orientando al comisario Francisco Resquín para que viaje a Francia a visitar la empresa”, agregó en las declaraciones recogidas por ABC Color.
Un manto de dudas se alza cada vez más sobre la adjudicación a la firma francesa. A las dudas de direccionamiento para favorecer a la empresa, se suma la orden a altos mandos policiales dada por alguien extraño al orden jerárquico y al intento de utilizar dinero del Fonacide, que debería ser utilizado para mejorar la calidad de la infraestructura educativa.
López Moreira tiene mucho para responder.
