Abortar en latinoamérica: una conversación urgente en medio de la pandemia
SANTIAGO, CHILE — El coronavirus llegó para transformar nuestras vidas, evidenciar las carencias del sistema de salud y mostrar la vulnerabilidad en ciertos sectores de la población.
Uno de los grandes debates y temas a tratar durante la crisis por coronavirus, ha sido el aumento de la violencia hacia las mujeres durante el confinamiento. Los titulares y los gobiernos lanzan campañas intentando prevenir más muertes por violencia machista, pero todo queda en intenciones que no tratan los problemas de fondo y no garantizan la seguridad de las mujeres frente a sus problemáticas cotidianas.
Al mismo tiempo, el debate sobre el aborto ha quedado aparcado lejos de la urgencia. Las mujeres confinadas por las cuarentenas decretadas, dejaron de salir a manifestarse para defender sus derechos y los gobiernos de Argentina, México, Colombia y Chile han pausado la conversación respecto al aborto.
Debido al colapso de los hospitales por el coronavirus, muchas urgencias por abortos clandestinos no podrán ser atendidas. Además, han disminuido los hospitales que ofrecen servicios de aborto legal en los países en que está legalizada la interrupción voluntaria del embarazo.
Existe un reclamo común desde las organizaciones feministas y es que:
“No se muere por abortar, se muere por abortar siendo pobre”
Debido a la gran influencia que durante siglos ha tenido la religión en la región, la realidad latinoamericana tiene de base un doble estándar, en donde es moralmente mal visto abortar, pero además si tienes dinero, provienes de una familia influyente, algunos médicos de clínicas privadas están dispuestos a realizar un aborto y declararlo como una apendicitis.
La realidad es desigual, pero ese no es el principal problema. Con el COVID-19, muchas organizaciones que apoyan a mujeres que buscan abortar en casa, han denunciado el encarecimiento de las pastillas abortivas y el aumento de anuncios falsos que conducen a estafas y que se aprovechan de mujeres en una situación desesperada y contra el tiempo.
Abortar en Chile
La crisis desatada por el coronavirus ha acrecentado la dificultad al acceso efectivo de medicamentos abortivos, como la mifespristona y misotrol, situación que ha sido advertida por matronas y ginecólogas integrantes de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo y por organizaciones que realizan acompañamientos a mujeres que interrumpen sus embarazos.
El sistema público de salud no ha protocolizado la atención integral en cuanto a derechos sexuales y reproductivos en contexto de pandemia, además las organizaciones feministas han denunciado un aumento de la violencia entre matrimonios y convivientes, lo que también conlleva violencia sexual y la posibilidad de embarazos no deseados.
Además, la Asociación Chilena de Protección a la Familia (Aprofa), integrante de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, registró la atención de 520 mujeres por alguna consulta de aborto desde abril hasta hoy.
En tanto, según una encuesta realizada por la Organización pro derechos sexuales y reproductivos Miles, El 74% de las mujeres ha tenido problemas de acceso a anticonceptivos durante cuarentena. Esto se traduciría en una gran cantidad de embarazos no deseados, ya que según la advertencia de la OMS, este porcentaje se encuentra muy por encima de lo anticipado, quien consideraba en sus predicciones que una disminución de sólo un 10% en los servicios de salud sexual y reproductiva ya implicaba un acrisis alarmante con millones de embarazos no deseados y abortos inseguros a nivel mundial.
En Chile se sigue tomando presas a las mujeres que abortan ilegalmente. Esto quiere decir que no se someten a un aborto bajo las tres causales permitidas: inviabilidad fetal, riesgo vital de la madre y violación.
Además, según información de Corporación Humanas, de los 1.148 médicos obstetras contratados en los servicios públicos de salud, el 50,5 % se ha acogido a la objeción de conciencia en la causal violación sexual; el 28,6% se declara objetor frente a la causa de inviabilidad fetal y el 20,7% lo ha hecho en caso de riesgo vital de la madre.
Estos datos muestran lo poco que cuenta la decisión de la mujer frente a un médico objetor, y la vulnerabilidad de sus derechos reproductivos. Todo esto sumado al miedo de asistir a un centro médico y contraer COVID-19 .
En Chile sólo se puede abortar por las tres causales antes mencionadas.
Abortar en Ecuador
En Ecuador, existe una red feminista que ofrece información a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo con fármacos y cuyas acciones también se han visto afectadas por la pandemia.
La organización Las Comadres, brinda apoyo a través de llamadas telefónicas. Pero, a partir de la cuarentena total, han tenido que cambiar sus canales de comunicación, con el fin de resguardar la intimidad de las mujeres que las contactan.
Hoy, su mayor soporte es Telegram, ya que los mensajes de texto se han convertido en la principal vía de conexión para aquellas mujeres que están determinadas a finalizar su embarazo, pero que no pueden realizar llamadas de voz por miedo a que sus familiares las escuchen.
El aborto ilegal sigue siendo una realidad silenciada.
Abortar en Argentina
Es el país de latinoamérica que está más cerca de lograr el aborto libre, la esperanza de muchas mujeres de la región que ven como una posibilidad una escalada de legalizaciones, tras la aprobación en Argentina.
Sin embargo, los efectos del Covid-19 han pospuesto el nuevo proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria que presentaría ante la Cámara de Diputados el presidente Alberto Fernández.
El proyecto iba a ser entregado el 13 de marzo, pero coincidió con el momento en que se declaró la cuarentena total y pese a que el documento está listo, se ha pospuesto su aprobación con fecha indefinida.
La Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, ha declarado en medios argentinos “estamos en el peor de los mundos, porque los abortos suceden en cientos de miles” y “las mujeres mueren en abortos clandestinos, amenazadas de ir a la cárcel”.
Sin embargo, para las organizaciones feministas esto ha sido un revés en un momento en que el aborto seguro se vuelve una emergencia social y más que nunca siguen creando acciones para ejercer presión y visibilizar la necesidad de una ley que garantice el acceso seguro a la interrupción del embarazo, sin condiciones.
Abortar en Colombia
En Colombia, el aborto es legal desde 2006 en el marco de tres causales: violación, malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero y riesgo para la salud física o mental de la mujer gestante.
Sin embargo, aún existe el delito de aborto con penas de uno a tres años de cárcel. Según la Fiscalía se reportan 2.290 mujeres criminalizadas por aborto entre 2005 y 2017. De ellas, 502 son menores de edad.
Además de tres niñas de 11 y 12 años que fueron abusadas sexualmente , existen 499 adolescentes de entre 14 y 18 años que han tenido que responder ante la justicia. Es decir, el 25,2 % de las mujeres penalizadas por aborto en Colombia son menores de edad y la ley no hace diferencia de los motivos que las llevan a tomar la decisión.
Hoy todavía existe hostigamiento y condena moral contra quienes deciden abortar. Y en el nuevo contexto los casos de embarazos no deseados siguen aumentando, sin garantías ante la ley de aborto.
Abortar en México
Las únicas zonas en donde el aborto es legal son: Ciudad de México (desde abril del 2007) y Oaxaca (2019), donde se permite que las mujeres puedan interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas gestación.
Cada año en México, entre 750,000 y 1 millón de mujeres realizan abortos clandestinos. Situación que ha ocasionado que sea la cuarta causa de muerte, según datos del Observatorio de Mortalidad Materna (OMM).
Aunque en todo el país se contempla la violación como una causante legal para interrumpir el embarazo, en cada estado son diversas las razones que se estipulan para permitir o sancionar a la madre tras su decisión.
Abortar en Brasil
En Brasil, abortar es legal bajo circunstancias especiales. Después del inicio de la cuarentena decretada en el estado de São Paulo, el Hospital Pérola Byington, dedicado a la atención de las víctimas de violencia sexual, suspendió la realización de los procedimientos de interrupción del embarazo previstos en la ley.
Cinco días después, por la presión del movimiento feminista, el Ministerio Público de São Paulo y la Defensoría Pública lograron que el servicio de aborto legal fuera retomado.
Según han informado desde Sempreviva Organización Feminista (SOF), los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo han sido paralizados en algunos hospitales, con el fin de destinarlos para los pacientes infectados con covid-19.
Para la organización feminista, el servicio de aborto legal es considerado esencial, ya que no es una cirugía electiva que puede posponerse y muchas niñas y adolescentes son abusadas diariamente y quedan embarazadas contra su voluntad.
Incluso la SOF denuncia que esta falta de atención en los servicios de salud puede llevar a que muchas mujeres recurran a prácticas inseguras para interrumpir sus embarazos, lo que puede poner en riesgo sus vidas y dejarlas desprotegidas en un contexto especialmente delicado.
A cada hora, se viola a cuatro niñas brasileñas de hasta 13 años, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, y la mayoría de los delitos los comete un familiar. En abril de este año, una niña de 10 años dio a luz a un niño en una maternidad de Río Branco, en el Estado de Acre, al norte de Brasil.
Abortar en Uruguay
Uruguay es el único país de América del Sur en el cual la interrupción del embarazo se realiza hasta las 12 semanas sin restricciones.
En marzo de este año, las organizaciones feministas y profesionales que se dedican a la salud de las mujeres escucharon indignadas la declaración del nuevo presidente de Uruguay: el megaempresario Luis Lacalle Pou, quien durante una rueda de prensa, afirmó que su gobierno está alineado a la agenda pro vida conservadora, lo que despertó innumerables críticas.
Al respecto, Lilian Abracinskas, directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), aseguró que, “pese a las declaraciones del mandatario, el aborto legal en Uruguay está garantizado por la ley y no puede ser alterado por el presidente.”
Sin embargo, según la militante, la garantía constitucional no impide que el gobierno trate de precarizar o dificultar el acceso al aborto legal.
“No hay ley que diga que puedan hacerlo, pero pueden estigmatizar la práctica del aborto, entonces es muy preocupante esta declaración de Lacalle Pou, absolutamente sin ningún marco normativo que la ampare”, comenta.
El panorama en la región
Como podemos apreciar y aún sin tratar casos de otros países en los cuales la realidad es bastante similar a la aquí relatada, existe un clamor común de parte de las organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres de latinoamérica:
Educación Sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto legal para NO morir
En Latinoamérica, el aborto legal está garantizado sin restricciones en sólo cuatro países: Cuba, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico o en territorios específicos, como en México.
Los casos más crudos se viven en los países más restrictivos en materia de aborto, como El Salvador, Honduras y Haití, en donde la prohibición de interrumpir el embarazo bajo cualquier supuesto convive con altos índices de violencia sexual contra las mujeres y las penas por aborto duplican, en muchos casos, las penas por violación. Un gran número de mujeres que han sufrido abortos espontáneos, hoy están presas con condenas que superan los 20 años de cárcel.
Todo esto ocurre , mientras vivimos en medio de una pandemia y algunas autoridades conservadoras ven en este momento una oportunidad para censurar los avances en materias de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pese a que la Organización Mundial de la Salud reconoció el aborto como un servicio de salud esencial desde el año 2012.
Las organizaciones feministas están hoy mejor organizadas y unidas que nunca y no están dispuestas a que años de lucha sean limitados por el aprovechamiento político o circunstancial que puede propiciar la pandemia.
Andrea Peña
