A 100 años de la Constitución de 1917, ni tierra ni libertad.

“Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos en que una tiranía […] nos oprime de tal manera, que ha llegado a hacerse intolerable. Porque esa tiranía no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino enriquecer a un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulos todas las concesiones y contratos lucrativos […] tanto el poder Legislativo como el Judicial, están completamente supeditados al Ejecutivo. La división de los poderes […] y los derechos del ciudadano, sólo existen escritos en nuestra Carta Magna […] La justicia, en vez de impartir su protección al débil, solo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte. Los jueces, en vez de ser los representantes de la justicia, son agentes del Ejecutivo, [a] cuyos intereses sirven fielmente.

De esto resulta que todo el engranaje administrativo, judicial y legislativo, obedece al capricho de gobernantes quienes han mostrado que el principal móvil que los guía, es mantenerse en el poder a toda costa.”

– Francisco I. Madero. Plan de San Luis. Octubre 5 de 1910.

La constitución de 1917 fue el fruto de una poderosa insurrección popular que impulsó un periodo revolucionario entre la Reforma y la Revolución de Ayutla. A 100 años de su promulgación, sus ideales no se han visto realizados. No hemos conseguido ni tierra ni libertad para la mitad de la población que con su esfuerzo han formado este país, y hoy vive en situación de pobreza y marginación, mientras que el 65% de la riqueza del país se concentra en el 10% de la población.

Claramente, las estructuras socioeconómicas y de poder en este país no han cambiado desde la publicación del Plan de San Luis, y no es culpa de la constitución de 1917, que efectivamente daba respuesta a las grandes expectativas populares de la revolución, sino porque tan sólo 10 años después de su entrada en vigor comenzó a ser pervertida para servir a los intereses de quienes ostentaban el poder. Fue en 1927 cuando Obregón y Calles alteraron el principio de no reelección, sirviéndose de la fuerza militar. Con ello, se desarrollaron los mecanismos para que el PRI — entonces PNR — permaneciera 70 años más en el poder, y se instaló al mismo tiempo el paradigma moderno de hacer política en México, que aprendieron y siguieron — sin excepción — todos los partidos políticos: la lucha del poder por el poder.

Fue así como un partido político se apropió de la constitución, que ha terminado por ser, en palabras de Miguel Carbonell, una constitución del PRI, que “manipuló, cambió, acomodó, peinó y despeinó la constitución a su antojo, sin contrapesos” . Es así como la revolución fue interrumpida y pacificada violentamente tras la muerte de Zapata. Logramos, como se advertía en el Plan de San Luis, una paz vergonzosa que no ha tenido por base el derecho, sino la fuerza.

Lo primero que los partidos políticos le arrebataron al pueblo de México fue su soberanía, consignada en el Art. 39 pero coartada y subordinada a lo que establecieron en el Art. 41. Por el abuso del poder público y la falta de contrapesos de garantía constitucional, los avances fundamentales de la Constitución del 1917 se perdieron; hoy no existen más.

Un ejemplo de ello es El Art. 27, clave de la Constitución de 1917, que invertía la relación de la propiedad de la tierra para pasar de un modelo liberal — en el que la propiedad es una garantía inatacable pero que no asegura el derecho de todos a ella –, a un nuevo modelo en donde la Nación es dueña originaria de la superficie, el subsuelo y las aguas, y tiene la facultad de transmitir su dominio en el interés público y para beneficio social. Los cambios que sufrió este artículo en los años subsecuentes, terminaron por favorecer al interés privado de beneficio particular.

Así, nuestra situación actual es igual a la que se denunciaba en el Plan de Ayala de 1911, en donde “la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas”.

Las consecuencias más graves de no haber hecho valer la Constitución en beneficio de la población, las podemos ver en materia de derechos: ninguno ha visto su realización plena y la gran mayoría son vulnerados sistemáticamente por acción u omisión.

Las consecuencias más graves de no haber hecho valer la Constitución en beneficio de la población, las podemos ver en materia de derechos. De todos los consagrados en la Carta Magna — como el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a un nivel de vida adecuado, a la vivienda digna, a la alimentación y seguridad social; a la libertad laboral y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias; al agua y al saneamiento, a la salud, a un medio ambiente sano; a la educación y la cultura; a la libre expresión, a la debida consulta; y a la libre determinación, la autonomía y otros derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas — ninguno ha visto su realización plena y la gran mayoría son vulnerados sistemáticamente por acción u omisión.

El pacto social que de alguna manera hizo posible la estabilidad interna durante casi medio siglo, el que dio paso al efímero “milagro mexicano”, muestra resquebrajaduras irreparables y hace agua por todos los frentes.

Insistir en una nueva versión del mismo proyecto, por maquillada que se presente, sería tanto como abrir de par en par las puertas al autoritarismo sin atenuantes, al intento de conducir al país con mano de hierro, única manera de mantener (por la razón de la fuerza) un orden que carece de sentido porque se cerró el camino por el que pretendía conducirnos y para cuyo tránsito había sido establecido.

O aceptamos simular que seguimos avanzando, o abandonamos ruta y nave, definimos otro destino y nos damos a construir el otro sendero y la manera de recorrerlo. Eso, a fin de cuentas, es la creación de un nuevo proyecto nacional.”

– Guillermo Bonfil Batalla hace 20 años.

Por eso creemos necesario un nuevo pacto social con una fortalecida vocación democrática y de rendición de cuentas, en donde prime “el inalienable derecho del pueblo para alterar o modificar la forma de su gobierno”, como lo señala el Artículo 39, y desde ese inalienable derecho que nos confiere la constitución planteamos la instauración de un cuarto poder, el poder ciudadano, que haga rendir cuentas y sancione la corrupción e impunidad del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial.

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