Agua y Transporte en Jalisco.
Foto: AF Medios.
Quiero referirme a dos temas que se discutieron ampliamente la semana pasada, y ameritan una reflexión sobre lo que estas discusiones nos han dejado y a dónde deberían de conducirnos. Se trata de dos asuntos paradigmáticos y de alto impacto, que nos hablan de la forma en que se están tomando las decisiones más trascendentes para el desarrollo de Jalisco.
El primero es el de la presa El Zapotillo. Esta discusión es clave en el sentido de que define a dónde irán los recursos de esta administración en materia de gestión del agua. Hoy la oportunidad que ha abierto el presidente de México, es la de detenerse a discutir si los recursos públicos deben seguirse invirtiendo en un proyecto cuestionado en múltiples dimensiones, o si es mejor invertirlos en otras alternativas con menores costos sociales, financieros, políticos, económicos y ambientales, y una mayor eficiencia.
Es importante destacar que las resistencias al proyecto y el llamado a la búsqueda de alternativas no vienen sólo de los pueblos en la defensa de sus derechos. En la dimensión jurídica vienen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las múltiples irregularidades encontradas en la ejecución del proyecto, y de analistas legislativos como Miguel Ángel Montoya, quien ha denunciado la corrupción y privatización de facto del agua del Río Verde con el Proyecto Zapotillo-Acueducto, a través de contratos leoninos en favor de la empresa Abengoa, quienes han reclamado una concesión a perpetuidad y que son los principales promotores de una cortina lo más alto posible, porque así sería más grande su caja registradora para cobrar por cada litro que fluya por el río y llegue a la presa. Con esto, el estado perdería la posibilidad de tomar decisiones sobre el agua del Río Verde en función del interés público, tal como nos pasa en el municipio de Guadalajara con la basura, en donde el esquema de concesión nos ha impedido avanzar hacia una gestión integral.
En la dimensión económica, productores de Los Altos de Jalisco y de Guanajuato han manifestado cómo la veda del Río Verde, decretada a raíz de la puesta en marcha de la presa, limita su acceso al agua, amenazando la producción de alimentos y los proyectos productivos de la región.
Finalmente, en una dimensión que se ha discutido poco, pero que puede provocar los impactos de mayor alcance, académicos locales del ITESO y la Universidad de Guadalajara, que además han fijado una postura institucional, especialistas nacionales como las del grupo de hidrogeología de la UNAM y especialistas internacionales de la talla de Joan Martínez Alier y Pedro Arrojo, han advertido sobre los impactos ambientales e hídricos del proyecto. La modificación del flujo del río que será detenido, entubado y trasvasado, afectará los flujos subterráneos estrechamente ligados a la corriente superficial y por tanto la disponibilidad de agua de pozos, para la producción agropecuaria. Además, modificará drásticamente las condiciones de humedad a lo largo de la cuenca, alterando la cobertura vegetal, la formación de suelos y la presencia de polinizadores, acelerando los procesos de desertificación en una zona altamente vulnerable al cambio climático. Sobre todos estos impactos no hay información.
Los asesores del gobernador y de las cúpulas empresariales se limitan a defender la viabilidad técnica del proyecto únicamente desde la perspectiva de la ingeniería hidráulica, cuando todas estas dimensiones señaladas aquí reclaman un análisis serio y detallado. El gobierno, de esta forma, está impulsando literalmente a ciegas un proyecto de esta naturaleza sin tomar en cuenta la información sobre todas estas afectaciones e impactos acumulativos a lo largo de la cuenca. Esto es sumamente preocupante.
El segundo tema tiene que ver con el aumento en los sistemas del Tren Eléctrico y Macrobús. La semana terminó sin que el gobierno presentara los estudios de la tarifa social. Con ello sabemos que la decisión del aumento a la tarifa se tomó sin información sobre los impactos de esta decisión para las poblaciones más vulnerables y que dependen más del transporte público para llevar alimentos a sus familias. El gobierno ha llevado toda la discusión al tema de la calidad. Sin duda al final del sexenio tendremos un mejor sistema de transporte por el trabajo técnico y las mejoras que se iniciaron desde la administración pasada a través del extinto instituto de movilidad. Pero la calidad no debe ser un lujo; es un estándar mínimo que deben observar los concesionarios y que el gobierno debe garantizar. La calidad y la asequibilidad (que se refiere a la capacidad de pago de los usuarios) son dos condiciones distintas e indispensables en materia de transporte público.
En esta ciudad que se expande y expulsa población hacia los márgenes, entre las pobres eres más camiones tienes que tomar. Y estas poblaciones no están consideradas en los programas de apoyo MiPasaje, ni fueron consideradas en las supuestas medidas de mitigación avaladas por el gobierno y las cúpulas empresariales.
Ni la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ni la de Asistencia Social ofrecieron información sobre los impactos que esta decisión tendría para las poblaciones a las que atienden. No es difícil hacer estos cálculos. Este próximo miércoles a las 19:00 hrs en Casa Territorio, el colectivo Mujeres en el Medio presentará distintos escenarios para la tarifa social desde la perspectiva de género, en donde han encontrado que madres solteras y habitantes de desarrollos periféricos necesitarían una tarifa menor a los 7 pesos para asegurar que pueden cubrir la canasta alimentaria de su hogar y no caer en una situación de pobreza extrema.
Es preocupante que el gobierno de Jalisco no haya tenido en cuenta, por ignorancia o indolencia, información para una decisión así. ¿Qué será de las futuras decisiones del gobierno en materia de proyectos de desarrollo y políticas públicas? ¿Considerarán ahora sí los impactos sociales y ambientales?
Hace tres décadas, en la cumbre de Río para ser precisos, los gobiernos de todo el mundo se comprometieron a tomar decisiones sobre el desarrollo considerando las dimensiones, económicas, sociales y ambientales. En Jalisco no deben seguir tomando decisiones como se hacían hace 30 años. A partir de hoy tenemos la oportunidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible e incluyente con decisiones de política pública que se basen en un diagnóstico integrado, donde se evalúen las alternativas desde una perspectiva multidimensional, y se resuelva de manera democrática garantizando los derechos de las presentes y futuras generaciones.
