#NuestroPresupuesto: un debate político.
Hablar del dinero público es hablar de política y hablar sobre política es pasión pura. No hay más. Aunque nos han hecho creer que conocer sobre las finanzas públicas sólo es para los técnicos, la verdad es que el amor político a cualquier programa se demuestra con presupuesto garantizado.
La relación del dinero con la administración pública siempre será una referencia para la discusión política. En la democracia aspiracional, ya sea en el discurso o en la práctica, el debate sobre los presupuestos públicos debe estar en la esfera de las opiniones y más cuando la información se calibra y monitorea de manera actualizada gracias a las tecnologías disponibles.
Hablar del presupuesto público nos lleva indudablemente al debate político y eso difícilmente cambiará. Existirá el escrutinio social con un tufo de desconfianza necesario para calibrar más a esta democracia y esto es, en parte, consecuencia de la cultura política forjada dentro de una idea colectiva que asume que quien tenga el recurso financiero es el que tendrá todo el poder a su disposición. Y eso es una realidad.
Uno de los controles políticos que se motivó después de la alternancia presidencial, con la llegada de Vicente Fox a la presidencia en el 2000, fue abrir una ventana a la transparencia como parte de un mecanismo autónomo a los intereses de los poderes y de las tentaciones políticas. Se impulsaba conocer a través de las herramientas de la transparencia lo que se hace con los recursos que tiene el gobierno.
Poco se hablaba de la corrupción porque no nos quedaba muy claro cómo funcionaba sistemáticamente, pero pudimos avanzar con el surgimiento de las instituciones de transparencia, la nacional y las sub nacionales. Con errores y limitaciones jurídicas ahí estaban para mostrarnos lo que pasa en los palacios y oficinas gubernamentales.
Sin embargo, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que no era suficiente la lucha por transparentar los procesos administrativos ya que no había un efecto político inmediato. Era indispensable que todas las decisiones de los gobernantes tuvieran una respuesta concreta a las demandas sociales. Es decir ¿por qué se toman esas decisiones? ¿por qué lo hicieron así? ¿cómo se fundamentan? ¿cuáles eran los costos económicos o políticos? y, sobre todo ¿quién se responsabiliza de ellos?
Aún así, esta tradición relativamente nueva de la ciudadanía informada jugó un papel indispensable para el rol que la clase política posrevolucionaria debía asumir. La ciudadanía también identificada como la del conocimiento (la de los saberes), proactiva o “globalizada”, es la que ha sobresalido en las distintas etapas del desarrollo político nacional y no se diga en el contexto local de Jalisco.
Mucho se presume fuera de los límites territoriales que nuestra entidad es impulsora de las nuevas prácticas políticas para convivir con los grandes desafíos que se esperan en las siguientes décadas y se llevan las experiencias vividas y documentadas a espacios de reflexión con contextos de mayor incertidumbre que el nuestro.
Ya es parte de nuestro desarrollo político registrado el que hace de esta sociedad metropolizada (hablo desde la experiencia construida en Guadalajara y su área metropolitana) un polo pro positivo importante que se está echando en saco roto.
Por ello no me deja de sorprender las resistencias institucionales que persisten en los gobiernos de los distintos órdenes y niveles. Mientras que, por un lado esa ciudadanía global avanza a enormes pasos en sus demandas con críticas sustanciales, por el otro se observa a una clase política cada vez más cerrada a mostrar los procesos que la mantienen en el poder público; un síntoma que no está por demás hacer en otra ocasión una reflexión sobre las consecuencias funestas que se traerían.
Por ello sería un error desconocer que en esta última década la evolución de esa participación estuvo acompañada con el crecimiento de los actores políticos que ahora toman decisiones sobre el destino de los recursos y bienes públicos del estado y que también promovieron cambios destacables en las instituciones del contrapeso del poder local.
La iniciativa #NuestroPresupuesto impulsada desde noviembre pasado, pone en evidencia lo ya descrito. #NuestroPresupuesto se volvió la oportunidad para consolidar un asunto no menor que es el análisis de la proporción y administración del dinero público a las apuestas políticas del Gobierno del Estado frente a sus contrapesos políticos (Legislativo y Judicial) y a los organismos constitucionales autónomos. ¿Qué se le asigna, peso por peso, a los programas y agendas del gobierno? #NuestroPresupuesto promueve un nuevo aire de innovación y creatividad social indispensable para los ejercicios de la participación ciudadana, y no una amenaza política de la que se tiene que cuidar los actores políticos involucrados. De aplaudir que setenta personas tuvieran un contacto directo con las propuestas presupuestales. Se ha creado un nuevo valor social que hay que mantener.
El presupuesto aprobado del 2020 ya está en línea y #NuestroPresupuesto 2020 seguro tendrá algo qué decir.
*Maestro en Política y Gestión Pública. Colaborador de Tómala, analista político y profesor de asignatura en el ITESO y de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.
