El contexto social, económico y familiar ante la crisis
Para controlar la epidemia es necesario evitar más contagios. Para lograrlo, la recomendación de organismos internacionales y la principal apuesta de gobiernos del mundo, ha sido el llamado a toda la población para quedarse en casa. Esto, a su vez, depende de que las personas y familias cuenten con los medios, recursos y servicios que les permitan hacerlo. De acuerdo con Oxfam México, la incertidumbre provocada por el COVID-19 no es sólo porque no conocemos con exactitud el comportamiento del virus, sino porque la pobreza, la desigualdad y las carencias que enfrenta una gran parte de la población mexicana simplemente les impedirán seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Apostar por el confinamiento como política de Estado, sin dotar de la protección necesaria a trabajadorxs y familias con mayor grado de vulnerabilidad, es una estrategia riesgosa y disminuye las posibilidades de lograr “aplanar la curva”.
Si bien se estima que el virus afectará directamente la salud de miles de personas en México, las afectaciones económicas son ya una realidad para millones de personas y familias del todo el país, lo que complica cada vez más que puedan efectivamente permanecer en casa.
Sabemos que en México alrededor de 100 millones de personas viven en situación de pobreza o vulnerabilidad, y 60 millones de ellas tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza (CONEVAL, 2019). Esto significa que tres de cada cuatro en el país presentan al menos una carencia básica. Más aún: la mitad de la población, que tiene un empleo precario o vive del sector informal, depende de su ingreso diario para sobrevivir, y muchas veces ni siquiera eso es suficiente para cubrir sus necesidades más urgentes.
De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias — CEEY, los efectos de la pandemia de coronavirus (COVID-19) pueden sumir en la pobreza a otros 21 millones de mexicanos, lo que se traduciría en que más de 82 millones de personas en el país carecerían del ingreso necesario para alcanzar un mínimo de bienestar.
Sabemos, además, que por las desigualdades de género las mujeres son las más afectadas por esta situación, ya que el 59.1% de ellas ganan dos o menos salarios mínimos, siendo muchas veces jefas de familia y las únicas ingresantes del hogar, mientras que sólo el 47% de los hombres tiene un salario equivalente.
UNICEF resalta que las familias con niñas y niños son uno de los grupos más vulnerables en México (el porcentaje de pobreza en hogares con niñas y niños es mayor que en los demás hogares, 51.1% vs. 43.6% respectivamente), especialmente aquellas cuyo sustento proviene de la economía informal. Además, las crisis obligan a las familias pobres y vulnerables a tomar decisiones que pueden tener efectos perjudiciales para niños y niñas, tales como retirarlos de la escuela o reducir los gastos en salud y alimentación.
La gran mayoría de quienes trabajan tanto formal como informalmente, tendrán que salir a trabajar para mantener el ingreso que necesitan para sobrevivir. La Acción Ciudadana frente a la Pobreza ha señalado que, por el COVID-19, más de 40 millones de personas en México se encuentran en una situación de riesgo laboral.
Por otro lado, Oxfam México da cuenta de que las 31.3 millones de personas que trabajan de manera informal (INEGI, 2019), 13.1 millones de las cuales son mujeres (STPS, 2019), no cuentan con las prestaciones laborales que les permitan quedarse en casa o ausentarse unos días sin que eso represente inestabilidad o detener por completo sus ingresos.
Este es el caso de las trabajadoras del hogar que, según datos compartidos por Tejidos Feministas, Parvada y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, 99% de ellas no tienen contrato escrito, no cuentan con seguridad social en el 97% de los casos, y el 50.7% de ellas enfrenta pobreza moderada o extrema, lo que las convierte en un grupo de alta vulnerabilidad social, en el que una de cada tres es jefa de familia. Es importante señalar que el 6.7% de las mujeres que trabajan no recibe ningún ingreso.
La Coalición Internacional para el Habitat — América Latina (HIC-AL), junto con Techo México y más de 100 organizaciones, activistas y especialistas, ha urgido poner atención en la población que no cuenta con acceso al agua o condiciones de vivienda adecuada para atender las medidas de higiene personal que son fundamentales para evitar el contagio. En esta situación podrían encontrarse más de 35 millones de personas que no tienen abasto diario de agua o agua dentro de la vivienda (EVALÚA CDMX, 2019), y 13.8 millones de personas que CONEVAL identifica con carencia de calidad y espacios adecuados en la vivienda (CONEVAL, 2019). .
Por otro lado, la amenaza de desalojo o desahucio por incapacidad de pago de rentas o hipotecas afecta a la mitad de la población en México (CONEVAL, INE). De acuerdo con el INDESIG (Instituto de Estudios sobre Desigualdad), en los hogares más pobres, hasta 4 de cada 10 pesos se destinan al pago de alquiler.
Otros aspectos que limitan las posibilidades de aislamiento en casa tienen que ver con la violencia doméstica y las condiciones particulares de distintos grupos en situación de vulnerabilidad.
Elige Red, GENDES y EQUIS Justicia para las Mujeres, junto con otras organizaciones que protegen los derechos de las mujeres y trabajan para eliminar la violencia de género, han advertido que con las medidas de permanecer en el hogar podría incrementarse el porcentaje actual de mujeres que padecen violencia en casa y por parte de sus parejas que según la ENDIREH, afecta a más de 4 de cada 10 mujeres.
Con el confinamiento aumentan las tensiones en el hogar, se incrementa la exposición de las mujeres a sus agresores, se dificulta la denuncia, se limita la circulación y el desplazamiento a lugares más seguros y, por la afectación al ingreso, se pueden generar condiciones de dependencia con el agresor. Peor aún, como ha denunciado EQUIS Justicia para las Mujeres, las instituciones diseñadas para proteger a las mujeres de este tipo de violencia –entre ellas, los tribunales–, justo han reducido o de plano suspendido sus funciones ante la pandemia, sin considerar el impacto que esto puede tener sobre el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y a acceder a la justicia.
La Red de Cuidados de México, junto con otras organizaciones feministas, han denunciado el impacto que la crisis puede tener sobre quienes por lo general realizan las labores de cuidado no remuneradas en el país: las mujeres. Siendo que ya vivimos en un país en el que mucho del cuidado está privatizado, cargado a las familias y distribuido inequitativamente al interior de los hogares, con la crisis actual esta carga va a aumentar.
Por otra parte, Fondo Semillas y organizaciones que defienden derechos de poblaciones migrantes, como La 72 Tenosique y FM4 Paso Libre han contribuido a denunciar que las condiciones de vida precaria que implica la migración dificultan mantener las medidas de higiene, alimentación, salud y prevención necesarias para evitar el contagio. A las personas migrantes no se les garantizan sus derechos a atención médica, al empleo formal, a la educación y trato libre de discriminación. El hacinamiento en refugios les dificulta el distanciamiento social, y la amenaza de deportación impide que busquen acceso a servicios médicos públicos.
Finalmente, en cuanto a la realidad que las comunidades campesinas e indígenas están enfrentando en esta coyuntura, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario — IMDEC, junto con otras organizaciones que acompañan procesos de defensa del territorio, han contribuido a denunciar el incremento en el precio del maíz y de otros granos básicos, que pone en riesgo el derecho a la alimentación de estas familias y afecta gravemente su economía. Mientas que las deficiencias en los servicios de un sistema de salud precario, excluyente y urbanocentrista, y la falta de acceso al agua potable, elevan los riesgos de que aumente el contagio y se agudicen las consecuencias de esta enfermedad en sus territorios.
Esto es reconocido por gobiernos de todo el mundo que ya han dispuesto alrededor de 165 distintos programas para dar viabilidad económica a la estrategia de quedarse en casa, 65 de los cuales son programas de asistencia social, 47 de seguridad social y 40 dirigidos al mercado laboral.
Según reporta el CEEY, países de la región han reconocido el desafío y se han puesto a la altura del reto que definirá una época. Chile dedicará recursos equivalentes a 4.7 % de su PIB, Brasil 2.2 %, Perú 2.1 %, Argentina 1.5 % y Colombia 1.3 %. Costa Rica declarará moratoria al pago de impuestos, y Cuba subsidiará a los trabajadores que enfermen. Ecuador aplazará tres meses el cobro de las cuotas de la seguridad social, Guatemala ya autorizó subsidios focalizados a la población pobre, y Venezuela creará un bono especial, según su registro de condiciones sociales.
La respuesta del gobierno mexicano parece a todas luces insuficiente ante el tamaño y diversidad de las urgentes necesidades y demandas que está generando esta crisis en la población más vulnerable. El problema, sin embargo, no es solo que la respuesta está siendo insuficiente, sino que los llamados para las políticas de mano dura, tales como las propuestas de encarcelamiento por contagio, pueden incrementarse en estos tiempos.
Intersecta ha advertido, siguiendo las recomendaciones de organizaciones como ONUSIDA, que este tipo de medidas no solo no sirven para abordar los problemas de salud pública –como el del COVID-19–, sino que pueden contribuir, a su vez, a criminalizar la pobreza y a exacerbar las desigualdades existentes en el país. De hecho, muchas personas y organizaciones –como Equis Justicia para las Mujeres– están exigiendo lo contrario: despresurizar las cárceles en el país, liberando a mujeres privadas de la libertad, excarcelando a personas adultas mayores, reduciendo las detenciones por delitos no violentos, y privilegiando el uso de medidas cautelares distintas a las de la prisión preventiva.
Por último, es importante mencionar que, como ha documentado EQUIS Justicia para las Mujeres en relación con los poderes judiciales, uno de los riesgos que existen en el contexto del COVID-19 es que el derecho al acceso a la información pública se vea fuertemente restringido. Ello ya que muchas instituciones pueden considerar que las unidades encargadas de responder solicitudes de acceso a la información pública no son “esenciales”. La transparencia y la rendición de cuentas siempre son fundamentales y en contextos de crisis como el actual, lo son aún más. Justo en estos momentos de urgencia, en donde las vidas de las personas penden de un hilo, necesitamos claridad sobre la manera en la que actúan las instituciones. Esta claridad permite no solo evaluar, sino corregir el rumbo para garantizar que nuestras apuestas siempre sean las mejores.
