Derecho al olvido

Estas líneas son una primera aproximación al tema del derecho al olvido de parte de un profesor de la Facultad de Comunicaciones que – aunque no trabaja en temas de ética o leyes – lleva más de 25 años escribiendo sobre el área que estas leyes afectan y que además tiene una larga historia en el análisis y el uso de los medios y las tecnologías.

Pienso que el concepto del derecho al olvido es valorable como una forma eficaz y didáctica (como dijo un colega) de agrupar y presentar las innumerables restricciones que es necesario que tenga la libertad de expresión y el derecho a la información. Los críticos a los excesos de los medios ahora tienen un mejor concepto para justificar sus demandas.

Como decano de comunicaciones debo hacerme cargo de la actitud social dominante en contra de una libertad que en los 80 no tenía más adversarios que los defensores del autoritarismo. Es lógico pensar que parte de la predisposición negativa ante el trabajo informativo es consecuencia de los errores con la que muchos lo realizan. De hecho han sido periodistas que trabajan en el mundo tanto de la fiscalía como de la defensoría quienes han desarrollado muchas de las ideas en torno a este derecho al olvido. Ayer mismo un amigo psiquiatra se quejaba de un problema similar respecto al trabajo periodístico en el área de la salud mental.

El problema es que el derecho al olvido también está siendo aprovechado como un slogan políticamente correcto para avanzar en terrenos delicados para arreglar la reputación de personas que han sido objetos del trabajo periodístico. En cuanto a slogan creo que aprovecha un entorno dominado por la ignorancia y el temor respecto a la tecnología en un momento en el que – tanto las responsabilidades y los derechos colectivos como la libertad de expresión- aparecen subvalorados al lado de los derechos individuales.

Muchos de los fallos aquí comentados amplían el control y termina pareciéndome una medida que amenaza la libertad de expresión sin entregar la pretendida supuesta ganancia en favor de la privacidad.

Por ejemplo, que un buscador sea obligado legalmente a eliminar una información verdadera sin afectar el soporte original, como lo plantean en Europa -por un evidente mayor respeto a los medios que el que existe en la Corte Suprema chilena- tiene mucho de pretender quemar las tarjetas de búsqueda de una biblioteca, con el agravante de que la ignorancia del legislador no asume que ya no es posible quemarlas.

En Europa, al releer la frase del seguramente el más famoso fallo, pienso que al final no se garantizó el buscado derecho al olvido. El fallo no obliga al buscador a borrar la información, sino que exige que la gente no pueda encontrarla: Obliga al buscador a restringir su búsqueda a los habitantes del país o continente. Es decir, que el fallo permite que unos puedan no encontrar lo que el resto puede.

No debemos olvidar que – tanto en el internet de Google dominante hasta hace poco como en el mundo móvil y social que surge con fuerza – nada desaparece independiente de lo que las voluntades de jueces o legisladores impongan por presión de sus votantes. Lo único que se puede conseguir es que algunos dispositivos conectados desde un territorio no lleguen a una información a la que se puede seguir accediendo desde cualquier otro dispositivo del planeta. Cada uno de nosotros tenemos varios de ellos a mano.

El libro sobre Google de Pedro Arellano presenta bien – para los defensores de la libertad de expresión- un reconocimiento amplio de este derecho a que cada uno de nosotros podríamos redactar nuestra biografía digital eliminando lo negativo y dejando solo lo que mejore nuestra reputación. Lo anterior me parece especialmente grave aquí donde la historia reciente chilena nos debe hacer especialmente cuidadosos en este tema.

Cuánto llevamos discutiendo la importancia de la memoria, los esfuerzos que se han realizado por conseguir que se sepa toda la verdad sobre la barbarie que se desató hace unas décadas en el país. Aquí todavía estamos caminando hacia la comprensión de las razones que llevaron a que, por ejemplo, nuestros militares llegaran a asesinar. Me parece evidente que en Chile no es lógico comprar soluciones que pasen por restringir la información, soluciones que vayan en contra de la verdad, sino que nuestra historia reciente nos obliga -aunque sea por respeto a todas las víctimas- a buscar caminos alternativos que pasen por aumentar la cantidad y la calidad de la información.

Comparto con Pedro Arellano que lo que hemos visto en fallos recientes en este derecho al olvido se trata de una evolución cada vez más alejada del espíritu de la primera enmienda de Estados Unidos, que siempre me ha parecido muy robusta para defender este espacio de las comunicaciones sociales.

Me llama la atención que -aunque el seminario plantea enfrentar el tema con una cierta neutralidad- la revista que nos han entregado tiene un entusiasmo sorprendente con caminos que terminan justificando la censura. Pienso que en su última edición la revista al menos tiene un sesgo periodístico. Andrés Mahnke, en la editorial, llega a advertir el peligro que entraña el hecho de que los contenidos de los medios de comunicación ahora sean recogidos y difundidos por internet. Dice que cada vez que hacemos una búsqueda se crea “una nueva realidad”. Afirma que el problema no está en la información sino en el orden en que el buscador la entrega. Otro artículo cuestiona la “reproducción innecesaria” de la información sobre un delito, años después de su ocurrencia. Para nuestro principal defensor cada vez que alguien realiza una búsqueda repetiría una acción “innecesaria”.

Por mi distancia del mundo legal me sorprendió ver que el estado, aquí representado por la defensoría, esté tan preocupado por los victimarios y tan alejado de sus víctimas. Es humano, les toca defenderlos… pero ¿quién defiende a los violados, a los torturados, a las familias del descuartizado que en esta revista se alude? Para las profesiones ligadas a las Comunicaciones, ese es uno de los roles de los medios de información. Porque debemos funcionar como contra- poder del Estado, es que tenemos derechos extraordinarios en el acceso y en el manejo de la información.

Este sector se ha manejado correctamente enmarcado en una legislación que considero suficiente. Y existe una larga jurisprudencia que ha permitido enfrentar los abusos y defender los límites que, por supuesto, deben tener los que informan.

Pero con este “nuevo derecho”, la doctrina europea -al igual que creo que pretende hacer nuestra Corte Suprema- busca ampliar el derecho al olvido de los condenados, una de las cosas que en esta revista se promueve. Carlos Reusser escribe en esta revista que, dada la contingencia tecnológica, “todos celebramos” la decisión del tribunal europeo.

Les aseguro que eso no es tan generalizado. Hace un par de semanas, a propósito de la molestia del diputado Rincón con el diario digital El Mostrador por recordar los problemas legales que tuvo con su mujer, el profesor de mi Facultad Alfredo Sepúlveda comentaba la importancia de entender que los medios “no solo son pregoneros del presente sino depositarios del ayer”. Reusser, al contrario, se pregunta en esta revista quién les dijo a los medios que por la libertad de expresión “tenían derecho a poner la información a disposición a lo largo y ancho de todo el mundo y durante toda la eternidad”.

Sepúlveda en su columna mostraba cómo en el ejemplo más aludido en el contenido de esta revista, el caso contra Emol, se terminó dando el absurdo que –luego de que el medio chileno fue obligado a bajar la noticia- lo primero que ahora arroja Google es el fallo de la corte en el que se cuenta toda la historia que se pretendió eliminar judicialmente. Pero además de mencionar al señor que fue procesado por abuso sexual, añade que resultó condenado por abuso sexual, algo que la noticia original de Emol no consignaba.

Sepúlveda nos dice que hasta hace poco, salvo con el secreto bancario, todo el pasado permanecía en el relato oral y en el recuerdo de pocos, que hasta ahora el tiempo “impecable e implacable goma de borrar” confundía todo.

En Chile la necesidad de asegurar el “nunca más” incluye comprender los antecedentes de lo sucedido, tenemos mucho que caminar en un proceso donde lo menos necesario es el olvido. Ayer mismo la presidenta Bachelet decía en Colombia en el marco del proceso de Paz que en Chile hemos entendido que la reconciliación no pasa por el olvido.

Desde mi experiencia, el principal problema de tratar de resolver esto con la ayuda de jueces y legisladores es la incomprensión que muchos de ellos tienen de la tecnología.

En la revista está el caso de Lorena Donoso que entendiendo de tecnología creo que confunde los sentidos de la libertad de expresión y del derecho a la información. Pero al menos ella advierte que Google es el equivalente al concesionario de la carretera o la compañía de teléfonos, es un proveedor que debe ser neutro respecto a los contenidos.

La abogada Donoso sí entiende que la cancelación de la información sólo se puede conseguir en las fuentes originales, en los medios… Si ya no basta quemar las tarjetas de la biblioteca, hay que quemar sus libros, pero por suerte la tecnología tampoco permite eso.

Pero déjenme comentar algunas cosas de lo que viene. Cuando los oigo, parece que estuvieran hablando a comienzos de este siglo, cuando Google y su buscador dominaban el mundo… mucho de lo que presentan ya aparece tan antiguo.

Hay dos proyectos que han tenido un impacto equivalente al que tuvo buscador de Google de los 90, Facebook y el iPhone. La gente ahora está siempre conectada con las personas que les importan gracias a un aparato que tienen en sus bolsillos, una tecnología que en el 85, cuando se inventó el Mac de Apple costaba 10 millones de dólares.

El actual director de ingeniería de Google, Kay Kurzweil, asegura que en solo tres años más los computadores tendrán la capacidad de procesamiento del cerebro humano. Hoy estamos ante el esperado momento singularity que se viene hablando desde hace décadas.

En esto hay que entender que los cambios ya no son mágicos. Hemingway en su libro «The Sun also Rises» usa una descripción para la quiebra financiera que es muy apropiada para lo que vivimos. Dice que una quiebra tiene dos momentos: uno gradual y luego repentino. Debemos entender que ahora todo es móvil. En el 2020, el 80% de todo el tráfico digital se realizará por dispositivos móviles.

No soy fan de estos cambios, entiendo los enormes riesgos implícitos, en especial con el manejo de la información personal, como le sucedió a Rodrigo Ferrari. Los avances que se nos aparecen como mágicos, en palabras de Gerd Leonhard, «se tornarán casi maníacos y podrán terminar siendo tóxicos», pero la solución a los problemas que provocarán no se podrá enfrentar solo con leyes, debemos pensar esto en forma más integral, hay que pensar incluso en aplicaciones.

No se imaginan lo lejos de esto que me parecieron las opiniones de otro protagonista de la revista de la defensoría, el Fiscal Jorge Abbot, para quien está claro que es el buscador Google el que debe hacerse cargo de los problemas. No me extraña que él sea otro entusiasta de este nuevo derecho, es la misma autoridad del Estado que se ha hecho famoso por sus intentos de limitar que los fiscales conversen con los periodistas.

Uno de los mayores disvalores que veo en esta forma “tecnológica” de entender el derecho al olvido está en darle a una empresa de tecnología que no lo ha pedido – a una empresa que además es extranjera- el derecho a convertirse en un verdadero tribunal de censura.

El que no lo entiende, trata al buscador como algo diferente a un sistema de búsqueda de una biblioteca. El que no lo entiende, se empodera con las oportunidades restrictivas que le entrega la tecnología para darle al buscador derechos que ni siquiera sus inversionistas han soñado, como la posibilidad de editar o censurar los contenidos con lo que trataba de manejarse con neutralidad, ante los que ellos mismos se manejaban tratando de su máxima “don’t be evil”.

Creo que es un ejemplo más de cómo solucionar el problema sin entender la tecnología. Todas las autoridades o instituciones deben recordar que hablaron bien y mal de nosotros, en especial de las autoridades. Lo que sorprendió al fiscal Abbot es que ahora esas conversaciones están publicadas, están grabadas y se pueden recuperar.

El abogado Reusser, en la revista, describe el tsunami como el fenómeno que hizo que los medios hayan “devenido en una grave amenaza a la paz social” como resultado de que estos “disponibilizaron sus ediciones en forma permanente a los motores de búsqueda”. Se refiere a fenómenos relevantes que- ocurrieron y que fueron para nada peligrosos- en los años 90.

Yo en cambio explico lo nuevo de este Tsunami Digital con la existencia de conversaciones publicadas. Si se entiende como yo veo esta tendencia, se asume que el cambio es todavía más relevante y mucho más irreversible. Lo nuevo es que cambiamos de un mundo en el que primó el paradigma de la imprenta -en que un mismo mensaje podía llegar a miles, que es lo que caracterizó a los medios masivos, incluidos las páginas web indexadas a las que Reusser teme – a otro donde la universalización del uso de las redes sociales como de la conexión permanente a los poderosos dispositivos móviles nos lleva a un nuevo paradigma.

En el mundo de las comunicaciones actuales ya lo importante no pasa por los mensajes que estas leyes pretenden borrar, sino por los tópicos dominantes de los temas de conversación. El Papa Francisco no sacó el tema de la pederastia borrando de las redes sociales los justificados comentarios contra autoridades de la Iglesia, sino que fue capaz de cambiar el foco de la conversación hacia la reforma de la Iglesia.

Actualmente ya es historia la idea de que Google presenta las noticias más relevantes. La empresa hace años cambió su forma de trabajar , lo que hoy vemos en los buscadores, en las recomendaciones de películas en Netflix y en Facebook, es el producto de nuevos algoritmos que ordenan la realidad considerando nuestras vidas, los correos, lo que hacemos diariamente cuando nos movemos con los celulares, los videos que hemos visto, entre decenas de otras señales… Es lo que se llama los “filtros burbuja” que nos presentan una realidad completamente personalizada.

Google hace mucho que no trata de entregar con su buscador lo más relevante relacionado con lo que preguntamos, sino que trata de respondernos exactamente la duda que tenemos en ese momento como si fuera un mayordomo personal. Es lo que ellos llaman inteligencia artificial, permitida por la enorme cantidad de información que maneja sobre nosotros.

Los novedoso del nuevo entorno social, en el que se contextualiza desde el comienzo de este siglo todo lo relativo a internet, es que más que mensajes lo que se transporta son conversaciones, por lo que debemos garantizar la posibilidad de comentar, discutir, enmendar la información de las personas aludidas.

En el caso de Rodrigo, la fiscalía parece haber pasado a llevar el derecho a la privacidad de los detalles de su cuenta telefónica. Me parece perfecto que defendamos eso, pero hay que tener cuidado con que un derecho que surge de los abusos con las ventas de nuestros datos telefónicos y que luego se extendió a controlar abusos que se podían dar con nuestra información histórica financiera o de salud, termina siendo usado como el camino más rápido para enfrentar el derecho a la información que ya tiene otro camino legal apropiado.

El mismo Rodrigo Ferrari, que sí entiende de tecnología, advierte el problema de tratar de manejarla con una ley especial. Ferrari dice que no hay mayor diferencia entre el contexto análogo y digital, ya que nos comportamos igual en ambos mundos. Como abogado defiende que todo daño debe ser reparado, pero nos recuerda que ya existe una forma de hacerlo. Dice: “cuando los parlamentarios se ponen creativos terminamos poniéndonos una soga al cuello”

Un ejemplo del riesgo ya se dio en Perú. Así como aquí el beneficiario fue nuestro fiscal nacional, allí este supuesto nuevo derecho fue aprovechado por un polémico ex presidente de la Corte Suprema.

En la temida Wikipedia, Javier Villa Stein es recordado por liderar un fallo por el que trató de bajarle las penas a los integrantes del grupo paramilitar Colina. Esta víctima volvió a los medios este año, cuando aprovechó esta doctrina -que tanto los alegra a algunos de ustedes- para bloquear y pedir que se borre de internet una información del sitio Ojo Público. La publicación de este medio digital de periodismo de investigación, premiado como Ciper por el Global Editors Networks, mostraba en un reportaje su patrimonio inmobiliario y financiero.

Pero, lo grave es que no lo hizo usando la ley contra la difamación o pidiendo una rectificación como el mismo Rodrigo Ferrari recomienda hacer, sino que aprovechó este nuevo espacio. Consiguió que la justicia peruana considerara la voz como un dato personal y que prohibiera la difusión de una entrevista que él no negaba haber concedido. Como resumía un colega peruano “un juez supremo ha denunciado ante el Ministerio de Justicia este año a un grupo de periodistas por publicar en internet una entrevista que él mismo concedió”.

Tras leer un poco sobre este tema, y de oírlos a ustedes gracias a la invitación de la defensoría, quedo convencido de que Europa NO nos está orientando bien y que NO hay mucho que celebrar en torno al fallo contra Emol de nuestra Corte Suprema, más preocupada de la antigüedad de la información que de su relevancia.

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