Discriminar y censurar

En Argentina se debate un proyecto de ley que apelaría a la censura previa para terminar con la discriminación en Internet. En su ambigüedad le otorga al Estado un lugar de privilegio para discriminar al mismo tiempo que obliga a los administradores de las plataformas a censurar en Internet.

Este proyecto de ley ya fue aprobado por la comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados con dictamen favorable. El mismo podría reemplazar la vigente Ley N° 23.592 y pretende promocionar en Argentina la “no discriminación” y penar los actos discriminatorios (el discurso del odio, la discriminación y su propaganda) en aras de la protección de la diversidad, el pluralismo y el respeto por la dignidad humana considerando entre los medios alcanzados a Internet, pero bajo unas condiciones cuanto menos objetables desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión.

La primera duda que me genera este texto al revisarlo artículo por artículo es si tiene sentido que se invierta la carga de la prueba, ya que daría lugar a que se solicite la baja de contenidos o comentarios utilizando a la anti-discriminación sólo como una excusa. Al invertirse la carga de la prueba, la demostración recae sobre el denunciado y no sobre el denunciante.

ARTÍCULO 15°: CARGA DE LA PRUEBA. Ante la realización de un acto discriminatorio en razón de algunos de los pretextos del art. 5° de la presente ley, la carga de demostrar que el acto no es discriminatorio recaerá sobre quien lo haya realizado.

El Estado podría justificar su propia discriminación

Si el demandado es el Estado deberá acreditar la existencia de un interés público, legítimo y preponderante; la relación directa y proporcionalidad entre los medios utilizados y la satisfacción del interés mencionado; y la imposibilidad de alcanzar el mismo fin mediante alternativas menos lesivas. Si la demandada es una persona privada debe acreditar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación.

Esto evidentemente pone en una posición privilegiada al Estado para discriminar en cuanto a que le da la posibilidad de justificar cualquier acto de discriminación motivado “(…) en la falsa noción de raza, así como en las nociones de etnia, nacionalidad, lengua, idioma o variedad lingüística, religión o creencia, ideología, opinión política o gremial, sexo, orientación sexual, género, identidad de género y/o su expresión, edad, color de piel, estado civil, situación familiar, filiación, embarazo, discapacidad, responsabilidad familiar, antecedentes o situación penales, trabajo u ocupación, lugar de residencia, caracteres físicos, características genéticas, capacidad psicofísica y condiciones de salud, posición económica o condición social, hábitos personales o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o preferencia.” (según el Artículo 5° del proyecto de ley)

Pase libre a la censura previa

ARTICULO 21°: PROMOCIÓN DE LA NO DISCRIMINACIÓN EN INTERNET. Los administradores de sitios de internet que dispongan de plataformas que admitan contenidos y/o comentarios subidos por los usuarios están obligados a (…) adoptar las medidas necesarias para evitar la difusión de contenidos discriminatorios.

En este último extracto, la ley literalmente está obligando a los medios (incluyendo a blogs y redes sociales) a aplicar censura previa sobre los comentarios recibidos. Más allá de incurrir en una violación a los derechos de libertad de expresión consignados en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de relevancia constitucional para nuestro país), implicaría también en algunos casos la práctica imposible de revisar miles de comentarios diarios antes de publicarlos.

Haciendo una lectura más precisa, queda abierta la posibilidad de que al autor de un artículo en un blog, revista o diario digital, o de una publicación en Facebook, Twitter, etc.; también se lo deba denunciar ya que es considerado “usuario” que sube “contenido” a una “plataforma”. Esto va mucho más allá de simplemente evitar comentarios que apelan al bullying o al trolleo (que además suelen ser anónimos).

Cabe aclarar que este artículo fue objetado por los diputados Manuel Garrido (UCR) y Myriam Bregman (FIT-PTS) que plantearon su disidencia al dictamen de la comisión.

Disposiciones penales

El Artículo 23° determina que quien viole esta ley “será reprimido con prisión de UN (1) mes a TRES (3) años”, siendo esta pena extensible a quien asiste (los administradores de los blogs, redes sociales, etc.) a la persona que apela al discurso del odio, la discriminación o la propaganda que los promociona.

El fin del humor y la crítica social

De ser aprobado este proyecto de ley tal y como está, videos como éste no podrían ser publicados.

Para interiorizarse más sobre este tema recomiendo el artículo Proyecto de Ley Antidiscriminación: una supuesta solución que amplia los problemas de la Fundación Vía Libre.