¿Es posible ‘gobernar’ a Facebook?

La red social más famosa / Getty Images

Hace sólo unos días, Tailandia amenazó con cerrar el acceso a Facebook si la red social no eliminaba más de 130 contenidos. Las autoridades consideraban decenas de publicaciones y páginas como “insultantes” hacia la familia real del país, o directamente amenazas a la seguridad nacional.

El posible castigo incluía además llevar a la compañía a juicio e incluso quitarle la licencia para operar en el país.

El caso del país asiático es particular por su actual situación política. En mayo de 2014, tras dar un golpe de Estado, una junta militar se hizo con el poder (manteniendo la monarquía). Desde entonces, hay dos leyes especialmente duras y a las que las autoridades están recurriendo: la ley de lesa majestad y la de delitos cibernéticos. Según fuentes oficiales, desde 2015 se han cerrado unas 6.900 webs.

La “petición” de que la red social eliminara contenido vino probablemente motivada por la difusión de diversas imágenes del actual rey, Maha Vajiralongkorn. A sus 64 años, el monarca lleva desde hace décadas un estilo de vida disoluto y excéntrico, lo que le resta bastante popularidad entre sus súbditos.

En el vídeo de la discordia se le ve vestido con un top y lleno de tatuajes mientras pasea junto a una mujer por un centro comercial. Y no es la única vez que se le ve en público con ese aspecto. Otro dato destacable es que nombró mariscal a su perro caniche. Pese a todo, sigue siendo el rey y la ley lo protege.

Habla un portavoz de Facebook: “Cuando recibimos estas solicitudes, se examinan para determinar si el contenido especificado viola las leyes locales. Si determinamos que así es, lo deshabilitamos en el país o territorio relevante y notificamos a los usuarios que intentan acceder a él por qué está restringido”.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la red social finalmente borró 39 de los contenidos. Para la clausura del resto, se afirmó desde la Comisión, se recurriría a los tribunales. Así, Tailandia retiró su amenaza y anunció que no bloquearía Facebook.

Prácticamente a la vez, la compañía de Mark Zuckerberg sufría dos varapalos. El primero, la multa de 150.000 euros impuesta por Francia por rastrear a sus usuarios. Se alegó que Facebook obliga a los internautas a aceptar unas ‘cookies’ (archivos que acumulan mucha información de cada usuario), pero no les aclara que recopila todos sus datos y qué ocurre con ellos una vez que cada persona las acepta.

El segundo golpe fue más sonado: la Comisión Europea impuso a la red social una multa de 110 millones de euros por la compra de WhatsApp. La razón: “Proporcionar información incorrecta o engañosa durante la investigación de la adquisición” de la aplicación, en 2014.

En efecto, Facebook había asegurado a Bruselas hasta en dos ocasiones que no sería capaz de vincular automáticamente sus cuentas con las de los usuarios de la aplicación. Sin embargo, en 2016 sí incluyó en sus condiciones dicha posibilidad de vínculo, por lo que la Comisión decidió penalizarles con “una cantidad proporcionada y disuasoria”.

Cuando Facebook encontró a WhatsApp / Reuters

Sn embargo, aunque la multa parezca una cifra elevada para un ciudadano de a pie, es una minucia si se compara con los 9.500 millones de euros de beneficio neto que Facebook obtuvo en 2016.

¿Qué están haciendo otros países para frenar a Facebook y proteger los derechos y la privacidad de sus usuarios?

El pasado mes de abril, un tribunal de Hamburgo falló contra la compañía californiana, manteniendo que no podía acceder ni guardar los datos de los usuarios de WhatsApp en Alemania. Eso sí, también la eximía de eliminar los datos que ya le hubiesen sido transferidos.

Además, la sentencia no fue firme y la empresa de Zuckerberg solicitó que se aplicara la ley irlandesa, más laxa en estos aspectos, que la alemana, más restrictiva. Hay que recordar que Facebook, como otras grandes empresas, tiene su sede europea en Irlanda, donde disfruta de un beneficioso régimen fiscal.

En su cruzada particular contra las redes sociales, Alemania también ha propuesto multas de hasta 50 millones de euros para Twitter y Facebook por publicar noticias falsas, contenidos ilegales o que inciten al odio. También en Reino Unido, cercano a las nuevas elecciones, se habla de regular este tipo de contenidos y de multas en caso de incumplimiento por parte de la empresa. El partido conservador es bastante favorable a intervenir en internet y a frenar a las compañías tecnológicas cuando lo consideren necesario.

Como ejemplo, una de las medidas propuestas por la actual primera ministra, Theresa May, es que los menores de edad puedan pedir que se elimine información sobre ellos en Twitter y Facebook. Se trata del derecho al olvido que se solicita a Google desde hace tiempo.

¿Es realmente disuasoria una penalización económica que implica como mucho el 1% de los beneficios de una empresa? ¿Es efectiva para proteger los derechos de los consumidores, como pide la organización de consumidores europeos? ¿Y cuánto puede un Gobierno inmiscuirse en la regulación de una empresa privada, en pro de la defensa de los internautas?

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