Cochez: De Odebretch al Canal de Panamá
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Por Guillermo A. Cochez | @willycochez
Guillermo A. Cochez es abogado. Fue Embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Diputado y Alcalde del Distrito Capital de Panamá
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][thb_gap height=”20"][thb_gap height=”20"][vc_column_text]Noticias en la televisión: escándalos. Noticias en los periódicos: escándalos. Noticias en la radio: escándalos. Noticias en las redes sociales: más escándalos.
¡Hasta cuándo! Las noticias sobre las coimas de Odebretch tienen a los panameños de sobresalto en sobresalto. Queremos saber quiénes se beneficiaron con los dineros del pueblo para favorecer a la constructora brasileña. Hay mucha tapadera. Dicen que fueron 59 millones pero ante la magnitud de lo contratado -más de 9 mil millones de dólares- es fácil deducir que esa “pequeña cantidad” fue solo un abono a cuenta. Presentimos más tapadera. Mientras esto pasa, decidimos el 17 de enero cambiar la posición de los reflectores públicos hacia la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), ya que allí se cuece un caso mucho más grande, quizás mil veces más grande, que lo que Odebretch terminará siendo, donde también huele a tapadera.
Más escándalos: cifras fueron y vinieron (y todavía siguen llegando) con la ampliación del Canal desde que comenzó en 2006, tras la aprobación del referéndum impulsado por Martín Torrijos. Se inició con 3.500 millones de dólares y terminó con 5.581 millones, luego de varios ajustes y dos años de atraso en su construcción, de un consorcio donde participa la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga-luxemburguesa Jan de Nul (supuestamente vinculada al hijo del administrador del Canal) y la panameña CUSA, donde el antiguo administrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta, tuvo o tiene participación accionaria. Ahora ese consorcio reclama 5.673 millones de dólares más, cosa que se decidirá en tribunales arbitrales por lo que de momento desconocemos cuánto terminará costando realmente la ampliación. Sseguro que mucho más que las coimas y sobrecostos de Odebretch.
La intromisión del Canal en asuntos que son ajenos a la competencia que constitucional y legalmente tiene establecida van mucho más allá de la caprichosa construcción del Puerto de Corozal.
La ACP ha comprado terrenos directamente a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) del MEF, sin participar en ninguna licitación, para adquirir tierras que posteriormente entregará a un operador de puertos para manejar trasbordos de automóviles, los favores escandalosos a PSA. Allí se encuentran también los dragados a esta terminal; alquileres de las aguas frente al paso del tránsito de naves, que son dragadas sin un solo estudio de impacto ambiental, para acomodar así los barcos de esta terminal completamente gratis, comprometiendo la navegabilidad en la entrada canalera Pacífica (próxima al Puente de las Américas) a unos metros del prisma del Canal. Así se satisfacen los insaciables intereses del grupo argentino (socios de PSA), que viene pelechando desde Martín Torrijos, Martinelli, Varela y otros asociados que existen, haciendo bellezas al mejor estilo de Odebretch. La ACP no es una agencia de bienes raíces.
No es propio de la ACP descargar mercancía en el nuevo puerto que ellos impulsan (que ya debe tener un ganador predeterminado) para pasar la carga por tren ya comprometido al otro lado, tal como se hacía cuando no se había hecho la ampliación. ¿De quién es este negocio privado en perjuicio de los intereses del país? Mañana, con estas arbitrariedades, deciden hacer un Parque Acuático en Gatún propuesto por algún directivo, y lo harán por encima de todo. No tienen límite alguno.
¿Cuál es el temor de que la ACP sea cuestionada porque estimamos que seguir procediendo con el secretismo y favoritismo que tiene no es lo más beneficioso para el Canal de Panamá? La ACP, usando los privilegios que le da la ley y los que se inventan ellos mismos, vende electricidad en el mercado local y compite con otros operadores que lo hacen bajo las reglas del sistema, muy rígido para todo el mundo, menos para la institución o casi protectorado que dirige una junta directiva y un “muy proactivo” administrador. Eso no es función del Canal.
Todos sabemos que los actuales miembros de la junta directiva de la ACP no representan a los diferentes sectores que componen la sociedad panameña. Están allí, en la mayoría de los casos, para favorecer a sectores con intereses en los negocios del Canal, haciendo válido aquí aquel adagio popular que dice: “un sitio donde cada pico hala para su gallote”.
Al igual que con el caso de Odebretch, estamos hartos con los escándalos, aun cuando estos puedan provenir de la que se nos ha querido vender como la “inmaculada ACP”.
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