Colombia: ¿la paz trajo más coca?
Durante los últimos tres años los cultivos de hoja de coca han aumentado considerablemente. Tanto, que Estados Unidos ha manifestado alarma. Especialmente por los meses más recientes. La erradicación forzada encuentra nuevos obstáculos y los agricultores aumentan la capacidad productiva de los sembradíos por las ofertas de recompensas pautadas en los acuerdos de paz. Hay mucha tarea pendiente
Por Reyes Theis @reyestheis
No todo es alegría en Bogotá. El optimismo alrededor del avance de Colombia hacia una paz duradera, estable y libre de violencia y drogas recibió un impacto cuando se revelaron las cifras de producción de coca y cocaína en el país.
El incremento alcanzó un nivel tan importante que su principal aliado lanzó en septiembre pasado una advertencia. “El gobierno de Estados Unidos consideró muy seriamente designar a Colombia como un país que ha fallado de una manera clara en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas, dado el extraordinario crecimiento de los cultivos y producción de coca en estos últimos tres años, incluyendo un récord en los cultivos en estos últimos 12 meses”, dijo el presidente Donald Trump en su balance anual sobre los Países Productores y Traficantes droga para el año Fiscal 2018.
De acuerdo al informe de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el cultivo de coca en Colombia sufrió un importante incremento al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016.
Añadió que la única razón por la que no se descertifica a Colombia es “porque las Fuerzas Armadas y la policía son socios estrechos de EEUU en el Hemisferio Occidental” y “han reiniciado cierta erradicación que habían limitado desde 2013”.
La presión estadounidense la siente el gobierno colombiano, que ha optado por acelerar las erradicaciones forzosas de coca, lo que ha ocasionado malestar entre los cultivadores de la planta usada para la elaboración de cocaína y las mafias asociadas. La semana pasada, una manifestación en contra de las erradicaciones dejó al menos 6 muertos y 52 heridos en la población de Tumaco, departamento de Nariño.
Más coca
De acuerdo al informe de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el cultivo de coca en Colombia sufrió un importante incremento al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016. Esto es 52% de aumento y el triple de lo detectado en 2012, cuando se alcanzó el nivel más bajo de la serie histórica: 49.000 hectáreas.
Además, la cifra es la mayor alcanzada en los últimos 15 años, solo en 2001 llegó a un nivel similar.
La mitad del incremento está concentrado en dos departamentos: Norte de Santander y Nariño. Sin embargo, la coca aumentó en 15 departamentos, se mantuvo estable en 3 departamentos y se redujo en otros 3.
Nariño, Putumayo y Norte de Santander siguen siendo los departamentos más “productivos”: concentran 63% de toda la coca del país. Seis departamentos tienen menos de 50 hectáreas sembradas con coca y están cerca de liberarse de los cultivos ilícitos: Santander, Magdalena, Cesar, Guainía, Boyacá y Arauca. Mientras que Cundinamarca, Caldas y La Guajira se mantuvieron libres de coca en 2016.
30% de los cultivos de coca en Colombia se encuentran a menos de 20 kilómetros de alguna frontera. En 10 municipios críticos se localiza 48% del área sembrada con coca en 2016. En estos territorios la afectación ha sido continua y creciente en los últimos años, factor que ha favorecido el establecimiento de economías ilícitas que indirectamente han permeado a las economías lícitas locales, creando un cierto grado de dependencia, refiere el informe de Naciones Unidas.
Estos municipios están ubicados en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo (frontera con Ecuador) y Norte de Santander (frontera con Venezuela).
El incremento en los cultivos ocasiona también un aumento en la producción potencial de hoja de coca fresca y de la producción de cocaína. De acuerdo al informe, la producción potencial de hoja de coca fresca pasó en 2015 de 454.000 toneladas métricas a 606.100, lo que representó un aumento de 33,5% y la producción potencial de clorhidrato de cocaína fue estimada en 2015 en 646 tm y al año siguiente aumentó a 866 tm, un incremento de 34,1%
Todo esto a pesar que las incautaciones de cocaína aumentaron en 49%, que aumentó en 26% el número de laboratorios ilegales destruidos y que se erradicaron 28% más de hectáreas de cultivos ilícitos, con relación al año anterior.
El incentivo
William Brownfield es un veterano diplomático que ya anunció su retiro. Es ampliamente conocido en Bogotá y Caracas, donde estuvo al frente de las embajadas de Estados Unidos y actualmente es el secretario adjunto de Estado para Seguridad y Lucha Antinarcóticos. Recientemente declaró que el gobierno colombiano había descuidado la lucha contra el narcotráfico para dar prioridad a los avances de paz.
¿Qué significa esto? ¿Acaso las autoridades, por temor a echar por tierra los avances en el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), no se esforzaron a fondo en el tema?
Juan Carlos Garzón es un especialista colombiano en temas de drogas y autor de varias publicaciones e informes sobre el asunto. Es investigador de la Fundación Ideas para la Paz y responde a Vértice las interrogantes.
“El gobierno tenía un plan contra el narcotráfico que era partir de las negociaciones de los acuerdos y de su aplicación. Uno de los principales dinamizadores es que no estuvieran las Farc y tener la posibilidad abierta para intervenir las zonas, pero hubo una ausencia de un plan sobre qué hacer mientras no teníamos glifosato (el elemento usado para la aspersión aérea que fue prohibida); qué hacemos mientras las Farc seguían activas. No hubo una respuesta articulada. Hay como un vacío de estrategias con voces disonantes y esfuerzos dispersos. No lo entiendo como una estrategia deliberada de no afectar el proceso, sino como un asunto de descoordinación”.
Garzón explica que como la aplicación del acuerdo con las Farc -grupo guerrillero que manejaba buena parte del negocio de la droga en Colombia- empezó en 2017, la ausencia de ese actor se va a determinar cuando en 2018 se analice el comportamiento de los cultivos del año anterior, pero adelanta que las expectativas que el acuerdo generó, sí contribuyeron al repunte de los cultivos.
“La dinámica del proceso de negociación en La Habana generó una expectativa de que quienes tuvieran cultivos de coca iban a recibir beneficios de parte del Estado. Esto fue un incentivo para que se cultivara en algunas zonas. Las propias Farc incentivaron a las poblaciones a incrementar los cultivos bajo esa lógica”, comentó.
El informe de la UNODC explica que los acuerdos de Paz reconocen la trascendencia del problema de las drogas en Colombia dedicando un capítulo entero a este problema específico. En el punto 4, se advierte que la presencia de cultivos ilícitos es consecuencia de la pobreza en el campo, las condiciones de marginalidad de los territorios afectados, una débil presencia institucional y la persistencia de grupos armados ilegales. El punto también reconoce que el problema de la producción de drogas no se limita a los cultivos ilícitos, y que su atención requiere desarrollar estrategias frente al consumo, la producción, el tráfico y el lavado de activos. Uno de los aportes fundamentales de los acuerdos es el énfasis en que la sostenibilidad de las soluciones pasa por la transformación de los territorios.
En Colombia un kilogramo de hoja de coca se vendió en 2016 en 0,95 dólares, una ligera reducción con respecto a 2015 cuando se pagaba en 1,09.
La visión de transformación de los territorios afectados por la producción de droga tiene la intención de que la lucha contra el flagelo sea sostenible e incluye presencia institucional del Estado, con apoyo en servicios como salud, educación, respaldo para la migración hacia un nuevo rubro agrícola para sustituir la producción de coca, e incluso aportes económicos.
El informe indica que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) está pensado “como un apoyo para la transición de los cultivadores a la legalidad, ofreciendo un ‘colchón de seguridad’ a través de un ingreso mensual y la oferta de servicios básicos” con la implementación de un Plan de Acción Inmediata.
A este efecto se le asigna durante el primer año a la familia cultivadora un ingreso laboral de un millón de pesos mensuales, un incentivo de autosostenimiento y seguridad alimentaria de 1 millón 800 mil pesos; apoyo a un proyecto productivo e ingresos rápidos de 9 millones de pesos y asistencia técnica de 1 millón 600 mil pesos. De esta forma, cada familia que cultiva coca puede recibir hasta 24 millones 400 mil pesos durante el primer año del plan y 11 millones 600 mil pesos en el segundo año. En total, durante los dos años, la familia recibiría 36 millones de pesos (Más de 12.000 dólares).
Además, el acuerdo de paz contempla un programa de guarderías infantiles rurales, un programa de construcción y dotación de comedores escolares y suministro de víveres, la generación de opciones laborales, la implementación de programas contra el hambre para la tercera edad, de superación de la pobreza y de generación de ingresos, brigadas de atención básica en salud, así como asistencia técnica y crédito. “Desde esta perspectiva, la asignación monetaria por familia es solo uno de los componentes de la intervención del Estado es las zonas afectadas por los cultivos ilícitos”, dice el informe.
La cantidad de beneficios ofrecidos explica el enorme incentivo que significaba la siembra de coca para los habitantes del campo colombiano. La UNODC explica que hasta 2016 se habían firmado 29 acuerdos colectivos que beneficiarían a 75.924 familias tras erradicar un total de 79.191 hectáreas, pero el número de familias podría llegar a 132.774 y el de hectáreas a 118.504, siguiendo las proyecciones realizada por el gobierno nacional.
Para cubrir las asignaciones por familia el Ejecutivo necesitaría aproximadamente entre 2,5 billones y 4,7 billones de pesos (aproximadamente 1.600 millones de dólares), solo para los aportes monetarios.
Claves de la narcoeconomía
En Colombia un kilogramo de hoja de coca se vendió en 2016 en 0,95 dólares, una ligera reducción con respecto a 2015 cuando se pagaba en 1,09. El precio promedio de la pasta básica de cocaína también sufrió una leve caída de 732 dólares el kilo a 621 dólares. Y el clorhidrato de cocaína pasó de 1.732 dólares el kilo a 1.633 dólares. Hay que destacar que estos son precios internos en Colombia, porque al llegar a Estados Unidos los números se pueden multiplicar por 500.
A pesar de la reducción del precio en dólares la actividad se hizo más atractiva por la devaluación del peso colombiano respecto a la moneda de Estados Unidos. “Hay una vinculación entre el incremento en el valor del dólar con el incremento de los cultivos, hoy por cada dólar se reciben más pesos de lo que se recibían hace tres o cuatro años”, explica Juan Carlos Garzón.
Según el informe de Naciones Unidas la producción de coca representa 3% del Producto Interno Bruto del sector agrícola y 0,4% del PIB de toda la economía colombiana, movilizando 560 millones de dólares al año.
Según la UNODC en 2015 el ingreso promedio anual bruto por persona de la producción de hoja, pasta básica y base de cocaína fue de 1.180 dólares, y al año siguiente fue de 960 dólares. Pero debido a la devaluación, el dinero obtenido en pesos se incrementó, ya que en enero de 2015 el dólar se cotizó en 2.342 pesos y en diciembre de 2016 estaba en 3.097 pesos.
Hay otro elemento de naturaleza económica que explica el repunte de la producción de coca en Colombia: se trata de la caída del precio de un mineral. “Hay un efecto de compensación”, explica Garzón, quien sostiene que han detectado que cuando el precio del oro sube hay una reducción en los cultivos de coca y cuando el precio del oro baja, los cultivos aumentan. “Estamos hablando de dos actividades ilegales”, destaca. De lo que se trata es que cuando el precio del mineral está alto, las mafias de la droga apuestan por la minería.
Esa realidad deja ver el desarrollo económico de los grupos narcotraficantes. Según el informe de Naciones Unidas la producción de coca representa 3% del Producto Interno Bruto del sector agrícola y 0,4% del PIB de toda la economía colombiana, movilizando 560 millones de dólares al año. Una cifra que incluso es mayor cuando se integra el procesamiento hasta llegar a la cocaína y se le añade lo que mueve el negocio cuando la pasta o el polvo llegan a países distantes.
Adiós glifosato
Con la implementación del Plan Colombia en el año 2000 se empleó la fumigación aérea con glifosato para erradicar las hojas de coca, el problema es que el producto afecta a las personas, a los animales y, en definitiva, a los bosques.
En 2015 el gobierno colombiano decidió detener las fumigaciones a través de una orden del Consejo Nacional de Estupefacientes y en abril de 2017 la Corte Constitucional colombiana aplicó el principio de precaución, para evitar que en el futuro “se use o se retome el uso del herbicida glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea”.
Como parte del plan antidroga de Colombia y de los acuerdos de paz con las Farc, el gobierno se comprometió ahora con la erradicación forzada y el apoyo a la sustitución al cultivo.
“La erradicación forzada lo que hace es quitarte las matas, pero no cambias las condiciones de esos territorios para que esa economía no esté. Hay alrededor de 30.000 hectáreas erradicadas este año, pero si miras las sustituidas, que los campesinos voluntariamente las erradicaron y van a recibir un apoyo en un proyecto productivo, es un número mucho menor. La cuestión es que en términos pragmáticos hay una presión interna y externa de mostrar resultados. Pero en el largo plazo, si no cambias las condiciones no haces mucho. Creo que la presión por lo urgente está haciendo perder lo importante”, señala Juan Carlos Garzón.
Ante las cifras que muestran el incremento en la producción de coca, el gobierno de Estados Unidos solicitó este año a Bogotá que reiniciara las fumigaciones aéreas con glifosato. “Le hemos dicho (al gobierno colombiano) que es necesario volver a la aspersión. Las cifras de hectáreas cultivadas con coca son impresionantes” dijo el secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson al momento de presentar al Congreso de su país el presupuesto para gastos externos del año fiscal 2018. La administración de Juan Manuel Santos se ha negado a la exigencia estadounidense, alegando la orden de la Corte y la inefectividad de la medida.
Arde Tumaco
En la medida en que se acerca el cierre del año, en Bogotá sienten una enorme presión de parte de EEUU por cumplir la meta de erradicación, mientras se le hace difícil al gobierno cumplir con los aportes económicos y la ayuda social prometida a las comunidades cocaleras como parte del acuerdo de paz.
La semana pasada la tensión entre los cocaleros y el gobierno estalló. En la población de Tumaco, departamento de Nariño, se convocó el 5 de octubre una manifestación de la población que vive de esos cultivos ilegales, para protestar por la erradicación forzada. La actividad dejó 6 muertos y 52 fallecidos.
Campesinos que participaron en las mismas dijeron a medios locales que los jefes de la mafia de la coca en la zona los obligaron a manifestar en contra de las erradicaciones o de lo contrario asesinarían a sus familiares. Mientras la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana — (Cocacam) responsabilizó del suceso a las Fuerzas Armadas de Colombia.
“Estos hechos violentos demuestran el doble discurso del gobierno que mientras habla de paz, asesina indiscriminadamente a campesinos trabajadores. Las comunidades de Tumaco han manifestado su voluntad de sustituir y acogerse al programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito PNIS, sin embargo el Gobierno no ha atendido esta voluntad y por el contrario ha llegado con todo el poder de la fuerza pública a asesinar los pobladores asentados en la zona del Alto Mira y Frontera”, señaló el comunicado.
A pesar de que en mayo Trump solicitó al Congreso de su país reducir en 140 millones de dólares la ayuda para la lucha antidroga destinada al gobierno de Colombia, el Senado de Estados Unidos decidió mantener en septiembre el monto que otorgó el año pasado: 391 millones de dólares
Pero el gobierno no acepta del todo la culpa por los fallecidos en Tumaco. El presidente Juan Manuel Santos cargó la responsabilidad en un grupo disidente de las Farc al frente de Wálter Patricio Artízala Vernaza, alias Guacho, quien formó parte de la columna móvil Daniel Aldana, pero se desvinculó del grupo guerrillero el año pasado. Cinco días después, la Policía Nacional anunció la suspensión disciplinaria de cuatro uniformados que presuntamente accionaron sus armas de fuego.
La acción demuestra además las complicaciones que tendrá que enfrentar la sociedad colombiana para cumplir las pautas del acuerdo de paz, con unos compromisos económicos que el gobierno de Santos no ha podido satisfacer para la sustitución de cultivos, unos grupos disidentes de las Farc que no se acogen a la desmovilización y están dispuestos a mantener sus negocios ilícitos a sangre y fuego, y unos objetivos de reducción de la producción de droga que no se han podido concretar, mientras el principal aliado externo, Estados Unidos, presiona cada vez más.
A pesar de que en mayo Trump solicitó al Congreso de su país reducir en 140 millones de dólares la ayuda para la lucha antidroga destinada al gobierno de Colombia, el Senado de Estados Unidos decidió mantener en septiembre el monto que otorgó el año pasado: 391 millones de dólares. La decisión sobre el monto definitivo debe ser conciliada con la Cámara baja que había aprobado 335 millones.
No obstante, está en duda si Colombia podrá seguir contando con ese apoyo financiero en los próximos años, ya que está atado al cumplimiento de sus compromisos de reducción de cultivos y de capacidad de producción de droga. Además, sectores políticos estadounidenses consideran que debe limitarse el empleo del dinero otorgado: “Cualquier continuidad de ayuda debe estar basada en esfuerzos de erradicación, no de desarrollo alternativo”, sugirió la influyente senadora demócrata Dianne Feinstein. Dejando de lado el eje del plan antinarcóticos de la administración Santos, que se orienta a la erradicación voluntaria y al apoyo económico y social para la transición, que es lo más costoso, pero que según las autoridades colombianas, garantizan la viabilidad. El nuevo presidente, que se escogerá el año próximo, tendrá mucho trabajo que hacer.
