El ocaso judicial de Cristina Fernández de Kirchner
Bolsos repletos de billetes revoleando en la noche, millones de dólares escondidos en una caja de seguridad, aliados en caída, el fantasma del fiscal Nisman y jueces que al parecer ahora sí quieren aplicar la justicia: se estrecha el cerco sobre la ex presidenta argentina y se agotan los argumentos de quienes la defienden
Por Ignacio Montes de Oca | @nachomdeo
(Buenos Aires, Argentina) — La caída política y judicial de la ex presidenta Cristina Kirchner pareciera no tener fin. Y lo peor para ella está apenas por llegar cuando comiencen a unificarse las causas de casos de corrupción. La conexión de expedientes podría terminar demostrando que la ex mandataria era el centro y beneficiaria en última instancia de una compleja trama de cohecho y lavado de dinero a escala nunca antes vista en Argentina.
Como en la película “¡Good bye, Lenin!”, sus partidarios más cercanos realizan esfuerzos conmovedores para organizarle coreografías que parezcan numerosas y encuestas que luzcan favorables. En el mundo real, un sondeo reciente de opinión de Grupo de Opinión Pública reveló que la ex presidenta cuenta con un magro 36% de imagen positiva y un rechazo récord de 61%.
La otrora todopoderosa Cristina K se encuentra en una permanente lucha defensiva en el frente judicial, mientras muchos de sus antiguos aliados y fieles seguidores se desentienden de ella como si fuera portadora de alguna rara enfermedad política contagiosa. Incluso jefes de Estado como el boliviano Evo Morales, el cubano Raúl Castro y el ecuatoriano Rafael Correa han dejado de nombrarla. Ni siquiera el papa Francisco parece recordarla en estos días.
La ex presidenta, lejos de posicionarse como jefa de la oposición tras el fin de su gobierno, se fuera perfilando ante gran parte de la opinión pública como la cabeza de una organización que llevó a Argentina a un abismo de corrupción sin precedentes
Los jueces argentinos, que perciben al poder herido mejor que los tiburones la sangre en el mar, saben que el kirchnerismo está tocado de muerte y decidieron darle el tiro de gracia. Algunos lo hacen para ganar prestigio como paladines de la transparencia; otros por represalia tras una década de intromisiones y presiones sobre sus juzgados. La mayoría para preservarse ante la certeza de que su rol cómplice en el pasado solo puede superarse siendo fanáticos enemigos de lo que protegían apenas antes de ayer.
Mientras tanto, las evidencias recogidas por fiscales y periodistas siguen sacando a la luz nuevos detalles de la trama corrupta que alcanzó límites insoportables para una sociedad sometida a una crisis económica en la que el kirchnerismo tuvo una responsabilidad de origen, mantenimiento y trascendencia. En esa búsqueda de culpables para aplacar las críticas por el aumento los costos de la energía y de los productos de consumo, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri encontró un argumento salvador en las pruebas que se acumulan de los doce años de despilfarro e ineficacia que le precedieron. La suma de estas circunstancias hizo que la ex presidenta, lejos de posicionarse como jefa de la oposición tras el fin de su gobierno, se fuera perfilando ante gran parte de la opinión pública como la cabeza de una organización que llevó a Argentina a un abismo de corrupción sin precedentes, cuyas consecuencias alcanzan para tapar casi cualquier yerro de la actual administración.
Jesús delató a José y María
En la madrugada del 14 de junio Jesús Ojeda, un repartidor de gallinas de General Rodríguez –una localidad cuasi rural alejada en los suburbios de Buenos Aires–, vio movimientos extraños frente al Monasterio de las Monjas Orantes y Penitentes de Nuestra Señora de Fátima. Al creer que se trataba de un robo, llamó a la policía, que llegó justo a tiempo para detener a José López mientras le entregaba bolsos con 8 millones 982 mil dólares en efectivo a la hermana María.
José López fue secretario de Obras Públicas de la Nación, cargo homólogo al que había desempeñado a nivel provincial en Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner, y el número dos del poderoso Julio De Vido, el ministro que manejó 90 mil millones de dólares de contratos estatales durante el kirchnerismo.
Momento en el que Lopez llega al Convento con un bolso lleno de dólares y es recibido por las monjas
Apenas fue detenido, López intentó hacerse pasar por loco y contrató a una abogada desconocida, cuyos antecedentes más notables son haber sido cantante de cumbia y posar desnuda para alguna publicación de segunda línea. López continuó su impostura al ser alojado en el pabellón de cuidados psiquiátricos del penal federal de Ezeiza. Por momentos actuaba como perro, estallando en gritos con los que invocaba nombres de parientes, ex aliados políticos y figuras religiosas. Duró poco: lo que no sabía López es que las cámaras lo seguían las 24 horas y que registraron cómo se comportaba de un modo completamente normal en ambientes en los que se creía libre de vigilancia. El diagnóstico de los médicos fue, lógicamente, que estaba en condiciones de ser juzgado. De inmediato despidió a su abogada sexy y adoptó una estrategia convencional. Y dejó de tirarse al piso para que le rascaran la panza.
Pero el periodismo reveló una compleja trama de negocios detrás del convento donde López buscó esconder los casi nueve millones de dólares. Quien fuera obispo de Luján y dueño del monasterio, el recientemente fallecido Rubén Di Monte, apareció como centro de una densa trama de negocios con dinero estatal, cuentas bancarias inexplicables y fundaciones fantasmas que podrían ser compatibles con los esquemas de lavado de dinero sucio. Y el monasterio dejó de serlo, ya que se trataba de una propiedad privada del obispo, según la curia local. Y la hermana María (la que recibió los bolsos de López aquella noche), resultó no ser una monja sino una “persona consagrada”.
Los billetes de la nena
Mientras la iglesia trataba de dar explicaciones y el kirchnerismo sobreactuaba a coro el dolor por “las fotos de López” –dando muestra de que no importa lo que hicieran, solo importa si se nota– y Cristina Kirchner prácticamente desconocía a quien la acompañó a ella y a su difunto esposo desde 1987, apareció otra montaña de dinero. Esta vez, en manos de Florencia Kirchner, la hija menor de Cristina.
Florencia desafió públicamente al juez federal Julián Ercolini, quien había ordenado embargar las cuentas de su madre por sospechas de corrupción. La diputada Margarita Stolbizer denunció que parte de la fortuna de Cristina Kirchner era ocultada por su hija y ante eso Florencia pidió al juez que se animara a hurgar en sus cajas, como si aun no tuviera plena conciencia del cambio de gobierno. El juez le hizo caso: ordenó allanar la sucursal del banco en donde Florencia tenía sus cajas de seguridad y encontró 4,66 millones de dólares en efectivo. Su dueña, que nunca tuvo un trabajo asalariado en su vida, simplemente no podía explicar la existencia de tanto dinero.
En 2010 había heredado unos 4,5 millones de dólares en propiedades y depósitos bancarios al tipo de cambio de ese momento. El monto era cercano a los 4,6 millones hallados en sus cajas. Tenemos que considerar que había además 1,32 millones de dólares adicionales en la cuenta de Florencia y que en marzo había retirado otros 1,2 millones. El problema es que la herencia dejada por su padre aun está en trámite –por lo que no era de libre disponibilidad- y Florencia nunca documentó la venta de propiedades o acciones que alcanzaran para justificar los 7 millones de dólares que posee.
En su momento se intentó alegar que era dinero de su madre. El inconveniente de esa explicación es que la ex presidenta está sometida a un embargo y tal maniobra supondría un intento de esquivar la acción de la justicia. Luego pretendieron justificar todo con un depósito por 2 millones de dólares supuestamente provenientes de utilidades de la empresa familiar, pero pronto notaron que con un 25% de participación, la menor de los Kirchner no podía recibir tanto dinero salvo que el emporio familiar tuviera ganancias mucho mayores que las declaradas.
El paso siguiente de la familia fue previsible: el silencio absoluto sobre el origen de tamaña cantidad de divisas.
La soberbia de Florencia Kirchner crispó aun más el ánimo social. El duro programa de ajustes tarifarios de servicios públicos emprendido por el nuevo gobierno empujó a muchas familias a postergar sus gastos y aspiraciones. Ese ambiente contrasta con la pujanza sin límites que muestran funcionarios y familiares, capaces de revolear bolsos con dinero en la noche o apenas despeinarse cuando un juez les incauta cantidades pornográficas de dinero extranjero.
Uno más uno más otro
El escándalo del monasterio reveló el tejido de conexiones que unía a López con otros funcionarios y empresarios. Las aristas oscuras y a veces patéticas del caso no ocultaron el hecho de que lo sucedido en el convento fue apenas un indicio de los miles de millones que estaban en manos de quienes habían dejado el poder en diciembre de 2015. La presión social para que se tomaran medidas concretas frente a la corrupción no pasó desapercibida para los jueces.
La decisión del juez Ercolini de considerar la existencia de las inexplicables fortunas en manos de familiares y ex funcionarios ameritaban una presunción de dinero mal habido provocó un cambio rotundo en la estrategia judicial frente a los casos de corrupción. La causa Hotesur permaneció por años suspendida de facto por el juez anterior, Daniel Rafecas, que insistía en no encontrar elementos para creer que se trataba de dinero producto del cohecho. Ercolini, quien sucedió a Rafecas en abril de 2016 al frente del expediente luego de que éste se excusara de seguir con el caso, pidió unificar las causas contra la ex presidenta y designar a un grupo de fiscales para que trabajaran en la “mega causa” que investigará los negocios de la familia Kirchner y de sus funcionarios más cercanos.
Al mismo tiempo, la Cámara Federal le ordenó al juez Sebastián Casanello, que profundice la búsqueda hacia los niveles políticos superiores, en una alusión clara a la ex presidenta y los ministros que permitieron los negocios del empresario. Casanello es quien conduce la investigación sobre el empresario Lázaro Báez. En los pasados doce años, Báez pasó de ser un cajero de banco amigo de Néstor Kirchner, a ser el dueño de empresas que recibieron al menos 2.000 millones de dólares en contratos de obras públicas de parte del gobierno central. El imperio Báez es propietario de 427 mil hectáreas repartidas en 27 estancias, 180 propiedades inmuebles, aviones privados, una flota de 200 vehículos y un centenar de sociedades en el extranjero.
La causa más importante que podría reabrirse es la que llevaba adelante el fiscal especial Alberto Nisman hasta su muerte
Casanello, pese a su pasado kirchnerista, se mostró de acuerdo con tal sugerencia y redobló la apuesta al reclamar que “la lucha contra la impunidad debe ser encarada por todos los que tienen responsabilidades derivadas de los expedientes a su cargo”.
Es decir, que pidió que sus pares se sumen a una iniciativa que excedía su capacidad y la del equipo que trabaja en el caso. En un minué de coincidencias, en los días siguientes Ercolini citó a Lázaro Báez para que el próximo 25 de agosto declare en la causa que inició para saber si la ex presidenta favoreció al empresario en el otorgamiento de obras públicas.
Fuentes judiciales revelaron que existieron reuniones reservadas entre magistrados para solicitar que se avance en la unificación de las causas. La lógica de los magistrados al pedir que las causas comiencen a conectarse es sencilla: en la medida en que las investigaciones se coordinen, menos vulnerables van a resultar los magistrados frente a posibles extorsiones por parte de políticos que pudieran manejar información que les afecte. La conexidad, de acuerdo a la idea de los jueces, permitirá cruzar información que hasta hoy permanece dispersa en diferentes expedientes y tomar la iniciativa en la lucha contra la corrupción en este momento en que el sistema judicial se encuentra en uno de los puntos de mayor cuestionamiento social.
Hasta ahora los hechos de corrupción fueron abordados como “casos aislados”. Pero es sencillamente imposible que un ministro actuara a espaldas de una presidenta que hizo del control una tarea cotidiana. Más aun cuando ese control derivaba en la vigilancia sobre sus fuentes de ingresos. Esto fue lo que corroboró Leandro Fariña, un contador que se acogió a la figura del arrepentido y reveló a la justicia detalles del lavado de dinero que realizó para la familia Báez. Fariña describió como apenas sucedió la muerte de Néstor Kirchner y mientras estrenaba el luto, su viuda se preocupó por recuperar el dinero de los negocios negros de su marido.
Si las causas se conectan y por ende la indagatoria se dirige hacia la figura de Cristina Kirchner, entonces la mayor parte de las causas deberán ampliar las acusaciones e incluir a ministros y empresarios como Cristóbal López, investigado por haber evadido más de 500 millones de dólares con la anuencia de los funcionarios del momento. Un cambio de carátula de “lavado de dinero” a figuras más graves como “asociación ilícita” o “evasión agravada” aumentaría las penas de manera significativa y reduciría las posibilidades de los imputados para esperar los juicios en libertad.
El pasado que vuelve
El otro frente que le quita el sueño a Cristina Kirchner es la reapertura de las causas que en su momento fueron cerradas por algunos de los jueces que hoy están del lado contrario en la batalla judicial, como sucedió con el juez Ercolini quien sobreseyó en marzo de 2005 a Néstor y Cristina Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito.
En el nuevo escenario podría abrirse la misma investigación sobre la familia Kirchner y otras que incluyen inconsistencias en sus declaraciones juradas o la compra de terrenos fiscales a precio vil en la localidad de Calafate para luego revenderlos a valores exageradamente superiores.
El cambio de clima y los errores garrafales en los procedimientos que concluyeron en su momento con cada sobreseimiento, pueden significar que Cristina y muchos de sus hombres cercanos enfrenten de nuevo asuntos que creyeron cerrados para siempre.
Pero la causa más importante que podría reabrirse es la que llevaba adelante el fiscal especial Alberto Nisman hasta su muerte, sucedida el 18 de enero de 2015. Al día siguiente de ser hallado encima de un charco de sangre en su baño, Nisman debía presentarse ante el Congreso Nacional para mostrar los indicios que había acopiado para demostrar que Cristina Kirchner y varios de sus ministros y seguidores de alto rango, habían negociado un pacto de impunidad con el gobierno de Irán, con el fin de quitarle toda responsabilidad por el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994.
Nisman, según pudo reconstruirse con posterioridad, habría reunido suficientes pruebas para acusar a la entonces presidenta de delitos tan graves como “traición a la patria”, por lo que ya fue imputado el ex ministro de relaciones exteriores, Héctor Timerman. La reactivación de la investigación de Nisman podría resultar catastrófica para Cristina Kirchner. Fuera de la acción judicial, ya aparecieron investigaciones que ligan el pacto entre Argentina e Irán con la posible venta de tecnología y materiales atómicos a la nación persa por intermedio de Venezuela y la existencia de un soborno cercano a los 200 millones de dólares para los argentinos que accedieron a gestionarlo.
Y si la justicia sostiene la política de conexidad, podría darle un rumbo definitivo a la investigación que hace 22 años intenta establecer el nombre de los argentinos y extranjeros que participaron en la organización del atentado contra la AMIA en el que murieron 85 personas. Como dijo en su momento un ex empleado del fiscal general, “en encontrar al que mató a Nisman por su investigación, está la clave para saber quién quiso que no se sepa de su participación en la bomba en la AMIA”.
Eugenio Zaffaroni, un jurista cercano a Cristina Kirchner que además fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, fue uno de los primeros en reconocer que existen posibilidades de que la ex presidenta termine en una celda. Horacio Verbitsky, un ex periodista devenido en propagandista preferencial del kirchnerismo, admitió la misma posibilidad.
La retirada
De momento, Cristina Kichner diseñó una estrategia de resistencia bastante curiosa. Mientras espera a que sus abogados terminen de hacer el inventario de causas judiciales que la alcanzan o la podrían involucrar, un triunvirato formado por sus laderos, Carlos Zannini y Oscar Parrilli junto al líder de la juventud cristinista, Andrés Larroque, intentan tomar medidas para frenar la continua huida de dirigentes y militantes hacia otros espacios políticos. Es lo que sucede en el bloque de diputados, donde la representación kirchnerista perdió 21 de las 79 bancas desde que Cristina dejó el poder.
Pero la debilidad creciente de la ex presidenta es por momentos desesperante. El Partido Justicialista que apenas un año atrás manejaba a su antojo, le dio la espalda. Lo mismo sucede con el grueso de los gobernadores e intendentes de los partidos más importantes. Su lucha se concentró en aprovechar cada ocasión que tiene para viajar a Buenos Aires a realizar trámites judiciales y para presentarse en el Instituto Patria, la fundación política que progresivamente tiene menos densidad de seguidores por metro cuadrado en los eventos que organiza.
Cristina Kirchner intenta de tanto en tanto responder a las imputaciones desde su cuenta de Twitter con frases rimbombantes o mediante supuestas “conferencias con medios internacionales” cuya difusión trajo más burlas en las redes sociales que repercusiones en la prensa local y extranjera.
Y para peor, le planteó una disputa televisiva el domingo 29 de julio a su archienemigo, el periodista Jorge Lanata. Cristina Kirchner organizó una entrevista en el canal C5N del empresario Cristóbal López, en el mismo horario en que el periodista mostraba nuevos ejemplos de la corrupción kirchnerista. El resultado fue una excelente medición de 18 puntos de rating para Lanata y un mediocre desempeño de Cristina, que bajó su audiencia de 800 mil a 600 mil espectadores — de 8 a 6 puntos de rating — respecto a su última aparición en la televisión. Esa caída es consecuente con las encuestas, que indican que siete de cada diez argentinos cree que irá presa y el magro apoyo de 34% del electorado. Los índices marcan una continua decadencia de quien creyó que tras dejar la presidencia podría emular el poder político de su inspirador, el general Juan Domingo Perón.
Por ahora, toda la estrategia de Cristina Kirchner pareciera centrarse en desmentir su conocimiento o participación en cualquier hecho de corrupción. La enorme ironía es que al adoptar esa postura quedó en el mismo lugar que los jerarcas de la dictadura militar que gobernó en Argentina a sangre y fuego entre 1976 y 1983. Como ella misma afirmó en diversas oportunidades, aunque no hubieran ordenado ninguna muerte, aquellos dictadores eran responsables por las acciones tomadas por cada uno sus subalternos.
No alcanzan los argumentos de sus partidarios para blindarla tras un manto de desconocimiento, bajo riesgo de dejarla como un monigote de aquellos funcionarios a quienes en su momento instruyó para presentarla como la gran hacedora. Su propia vanidad política la llevó a un punto en el que para defenderse de las acusaciones terminó alegando la misma inocencia y candidez que los dictadores a quienes tanto atacó durante la última década.
