El proceso contra el Chapo Guzmán: narcotráfico, farándula y muchas sorpresas
Son muchos los “eventos” que han surgido desde su captura en México, sus fugas y posteriores recapturas, su extradición a Estados Unidos, las insólitas denuncias de sus abogados, sus relaciones con la farándula y los escándalos por la existencia de catálogos sexuales en los que se demostraría su favoritismo por las artistas colombianas. Y esto apenas empieza.
Por Maibort Petit @maibortpetit
El caso del Joaquín “El Chapo” Guzmán no deja de sorprender por sus múltiples aristas, siendo la más reciente la relacionada a un “catálogo” en el que el narcotraficante mexicano supuestamente escogía entre modelos y actrices para solicitarles favores sexuales.
El referido “catálogo sexual” fue encontrado durante un allanamiento a una propiedad de Guzmán en Tamazula, Durango (México), en el año 2009. Allí, podían observarse fotografías de modelos y actrices. Al parecer tenía una especial predilección por las colombianas, pues de dicha nacionalidad eran la mayoría de las mujeres que allí aparecen, pertenecientes a la Agencia Colombia Élite Asociados.
Una reseña de Publimetro echa mano de una denuncia formulada por la cantante y actriz de Televisa, Dulce María, quien acusó a la empresa de comunicación de presuntamente haber creado una red de prostitución para ofrecer las actrices de sus producciones a sus altos directivos y publicistas, para entonces sacar a colación el catálogo de “prepagos” que eran ofrecidas a Guzmán.
Entre las artistas que figuran en el canon se encuentran Ximena Erazo, Katie Barberi, Ángela Casas, María Cecilia Sánchez, Isa Córdoba, Adriana Laiseca, Diana González, Alexandra Serrano, María Fernanda Yepes, Yazmín Zivic, Adriana Botina, Maritza Cano y Katerine Escobar.
Una de las primeras en reaccionar fue la cantante colombiana Adriana Bottina, quien a través de un comunicado emitido junto a su representante y esposo, Juan Carlos Quijano, manifestó su indignación por este hecho. Bottina destacó su conducta impecable alejada todo tipo de escándalos, al tiempo que desmintió cualquier tipo de nexo con el narcotraficante mexicano.
“Adriana Bottina es una mujer casada desde hace 16 años con Juan Carlos Quijano. Una relación estable durante todos estos años, la artista siempre se ha caracterizado por tener una conducta impecable, jamás ha tenido escándalos de ningún tipo y con convicciones cristianas comprobadas”, reza la nota difundida por la artista colombiana.
En su descargo precisó que no conoce ni ha formado parte de la referida agencia; que nunca ha viajado a México “ni por vacaciones y menos conoce al ‘Chapo’ Guzmán”; y que “comenzará acciones legales” por este caso.
No es la primera vez que el nombre de Guzmán se ve relacionado con personajes de la farándula y el mundo del espectáculo. Hace poco más de un año y medio explotó un escándalo cuando el actor estadounidense, Sean Penn, le formuló una entrevista para la revista Rolling Stone al capo por intermediación de la actriz mexicana, Kate del Castillo.
Esto ocurrió en momentos en que el Chapo Guzmán era el narcotraficante más buscado de México. Por este hecho, la fiscalía mexicana inició una investigación a Kate del Castillo para determinar si esta había obtenido retribuciones del narcotraficante para su marca de tequila o la película sobre la vida del cartel de Sinaloa.
De su nacimiento se señalan dos fechas, una el 25 de diciembre de 1954; la otra, el 4 de abril de 1957. En lo que sí no hay discusión es con respecto al lugar en que llegó al mundo: La Tuna, Badiraguato, en Sinaloa.
Como Joaquín Archivaldo Guzmán Loera lo bautizaron sus padres, Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez. Él, un gomero, un campesino sembrador de opio. Sus hermanos son Armida y Bernarda, Miguel Ángel, Aureliano, Arturo y Emilio, todos menores que él. Se dice que tenía tres hermanos mayores que murieron cuando él era muy joven, pero se desconocen sus identidades.
Lo de “Chapo” le viene por el tamaño, el apodo que recibió debido a su baja estatura cuando comenzó, a la edad de 15 años, a sembrar marihuana, yerba que vendía en Culiacán a través de su tío Pedro Avilez Pérez.
En los años 80 comenzó a trabajar con el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Padrino”, quien era la principal figura de esta actividad en México en aquellos tiempos y quien -para 1989- lideraba el Cártel de Guadalajara. En esa fecha fue apresado y procesado judicialmente. En el seno de la esta organización comenzaron a presentarse problemas que llevaron a la división del grupo delictivo.
Joaquín Guzmán, entonces, se fue a Culiacán, donde fundó el Cártel de Sinaloa el cual llegó a consolidar como líder del narcotráfico en México. Un testigo que tomó cuando el narcotraficante Osiel Cárdenas, del Cártel del Golfo, fue arrestado.
El Chapo Guzmán fue detenido en 1993 en Ciudad de Guatemala y fue extraditado a México, de donde escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, ocho años después; un evento que lo convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol. En el primer lugar figuraba Osama Bin Laden, quien al morir en 2011 le cedió el primer lugar del récord que al respecto elabora la revista Forbes sobre los más buscados. La publicación también ubicó su fortuna en 11 mil millones de dólares.
Las autoridades mexicanas lograron apresarlo el 22 de febrero de 2014, pero volvió a evadirse el 11 de julio de 2015 del penal de máxima seguridad de El Altiplano, Almoloya, en el estado de México.
Fue recapturado el 8 de enero de 2016, un anuncio que hizo el propio presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, donde está siendo procesado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
Se encuentra recluido en el Centro Correccional Metropolitano (MCC), una prisión de doce pisos ubicada en Manhattan, dotada de amplios sistemas de seguridad, protegido con barricadas de acero y cámaras de alta definición. Las autoridades de Estados Unidos aseguran que en esta cárcel no existe la más mínima posibilidad de que Guzmán se evada construyendo túneles ni de ninguna otra manera.
La extradición
Cuando la justicia mexicana tomó la decisión de extraditar al narcotraficante, el gobierno de Estados Unidos confirmó el hecho y luego precisó que se había procedido a su traslado una vez fueron cumplidos los trámites de ley que sirvieron para satisfacer la solicitud de la administración estadounidense en manos del para entonces presidente Barack Obama.
Es de hacer notar que Guzmán fue extraditado a EEUU un día antes de la toma de posesión de Donald Trump, llegando por el Aeropuerto MacArthur de Long Island.
El Departamento de Estado dio a conocer la noticia de que Guzmán Loera, el líder del Cártel de Sinaloa, enfrenta varios procesos en diferentes estados -California, Illinois, Nueva York y Texas- de Estados Unidos, casi todos por delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidio.
Cuando en Estados Unidos una persona enfrenta cargos en varios estados, se acuerda su procesamiento judicial en la entidad en donde dichos cargos sean más sólidos, con el objetivo de ejercer la aplicación de la condena más severa.
Ante la corte
Ya en Nueva York, Joaquín “Chapo” Guzmán fue internado en el Centro Metropolitano de Manhattan, MCC, desde donde fue trasladado el viernes 20 de enero de 2017 a la Corte Federal del Distrito Este, también conocida como Corte de Brooklyn, hecho que ocurrió en medio de un gran despliegue de seguridad que incluyó oficiales armados y perros detectores de bombas.
Allí, los fiscales hicieron un recuento de toda la actividad delictiva de Joaquín Guzmán, a quien señalaron de dirigir las operaciones de un imperio del narcotráfico que introdujo, por lo menos, 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos que le generaron ganancias por el orden de los 14 mil millones de dólares, entretanto era custodiado por un ejército dispuesto a matar en su nombre sin la más mínima consideración.
Robert L. Capers, uno de los fiscales del caso, advirtió que Guzmán podría pasar el resto de su vida en la cárcel, al tiempo que atacó la imagen de benefactor de la sociedad que se ha pretendido construir en torno a él: “Es un hombre que no ha conocido otra vida que la del crimen, la violencia, la muerte y la destrucción”.
El gobierno pidió mantener a Guzmán en custodia en virtud de que posee una gran fortuna y a que tiene tendencia a la violencia, amén de su historial de evasiones de prisiones en la que ha estado, incluyendo recintos de máxima seguridad.
El fiscal Capers explicó que se tomó la decisión de enjuiciar a Guzmán en Nueva York con auxilio de la fiscalía de Miami, despacho de justicia con el que habían trabajado conjuntamente para dar “el golpe más fuerte”. Los casos de Texas, California, Illinois y otros lugares, se mantendrán abiertos.
Las que le cobran
Contra Joaquín Archivaldo Guzmán Loera un gran jurado aprobó la acusación presentada por la fiscalía el 11 de mayo de 2016. La acusación refiere que Guzmán encabeza el Cártel de Sinaloa, organización criminal de narcotráfico que se cataloga como la más grande del mundo.
Son diecisiete los cargos que se le imputan, los cuales van desde el tráfico de drogas de una amplia variedad, uso de armas, secuestros y asesinatos.
El documento explica que la detención de Guzmán Loera se hizo de conformidad con el Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 3142 (e) y que la investigación contra el acusado abarca más de dos décadas.
El gobierno de Estados Unidos lo imputa por dirigir una “Empresa Penal Continúa en violación del Título 21 de Estados Unidos 848 (a), 848 (b) y 848 (c), por su rol como líder del Cártel de Sinaloa”.
Igualmente, es acusado de participar en una conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, a sabiendas de que los estupefacientes serían importados ilegalmente a Estados Unidos, “violando el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Secciones 960 (b) (1) (A), 960 (b) (1) (B) (ii), 960 (b) (1) (G), 960 (b) (1) (H) y 963”.
Del mismo modo, la acusación afirma que Guzmán Loera es responsable de participar en una conspiración de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1956 (h).
En el documento se notifica a Joaquín Guzmán del decomiso penal relacionado con todos los cargos por la cantidad de 14 mil millones de dólares, que representan el producto ilegal de sus actividades delictivas.
Si es declarado culpable por todos estos cargos, el Chapo Guzmán enfrenta una sentencia mínima obligatoria de cadena perpetua. Joaquín Guzmán Loera se declaró “no culpable” ante el juez que dirigió la audiencia, a saber, James Orenstein.
La causa quedó asignada al juez Brian M. Cogan.
Sin derecho a fianza
La naturaleza de los cargos por los cuales se acusa a Joaquín Guzmán, lo exime del beneficio de libertad bajo fianza.
La Ley de Reforma de Fianza, 18 U.S.C. § 3142, establece que aquellos casos en que un demandado es acusado de “un delito por el cual se prevé una pena máxima de prisión de diez años o más de acuerdo a la Ley de Sustancias Controladas”, se debe presumir que no existen condiciones que garanticen la presencia del acusado en la corte cuando sea requerido. También estima la Ley que debe considerarse si el demandado atenta contra la seguridad de la comunidad.
Esta Ley prevé cuatro factores que deben tenerse en cuenta en el análisis de la detención, ya sea por riesgo de fuga o peligrosidad: 1) la naturaleza y las circunstancias del delito imputado; 2) la historia y las características del acusado; 3) la gravedad del peligro que representa la liberación del acusado; y (4) la evidencia de la culpabilidad del acusado.
En tal sentido, el tribunal, considerando las circunstancias de los crímenes imputados a Guzmán Loera y la naturaleza virulenta de su actividad delictiva, estimó que este debía permanecer detenido.
Así se hizo
La investigación en contra de Joaquín Guzmán fue realizada por la DEA (Administración para el Control de Drogas), el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigación, las cuales se avocaron a determinar cómo fue creciendo la industria de la cocaína dirigida por el acusado desde su inicio hasta la actualidad en Estados Unidos.
El gobierno estadounidense cuenta con varios testigos dispuestos a contar el modus operandi como el Chapo Guzmán llevaba a cabo sus operaciones de narcotráfico, las cuales incluían envíos de miles de toneladas de drogas a bordo de aviones y sumergibles, así como asesinatos cometidos en su nombre por parte de su ejército de custodios.
La fiscalía cuenta con suficiente evidencia física para probar las acusaciones, entre ellas, registros de vigilancia electrónica y reservas de droga. Existen fotografías de las drogas incautadas y de los medios de locomoción utilizados para sus traslados.
Además, según los fiscales, Guzmán Loera transformó el tráfico de drogas en una industria en la que la violencia jugaba un gran papel.
El Chapo se consolidó al convertir su actividad de mero contrabando de drogas desde Colombia a Estados Unidos, cuando aprovechándose de las amenazas que se cernían sobre las organizaciones de ese país, él y su cártel fueron adquiriendo preponderancia desde México.
La fiscalía señala que Joaquín Guzmán instauró un sofisticado sistema de comunicaciones por medio del cual mantenía un contacto encubierto con los miembros de su organización sin ser detectado. Se trataba de “múltiples capas y redes encriptadas y métodos que cambiaban constantemente para poder comunicarse con sus empleados”.
Asimismo, Guzmán estableció redes de distribución en Nueva York, Nueva Jersey, Georgia, Illinois, Texas, California, al tiempo que implementó un amplio sistema de lavado de dinero.
Las primeras acciones de las partes
Una de las primeras acciones de la fiscalía fue solicitar a la corte en una comunicación emitida el 27 de enero de 2017, que se llevara a cabo una investigación sobre la elegibilidad financiera de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera para que se le asignara un defensor público.
Los fiscales advertían que no tenían problema en que en la audiencia fijada para el 3 de febrero Guzmán estuviera presente para contestar las preguntas relativas a la situación financiera del acusado.
Esta salvedad obedeció a que el juez Cogan había sugerido que el narcotraficante diera su testimonio desde la cárcel, a través de videoconferencia VTC. El tribunal tenía temor de que por el historial del acusado, este pudiera violar los sistemas de seguridad de la corte. Los defensores de Guzmán, Michael K. Schneider y Michelle Gelernt, de la Oficina Federal de Defensores, se opusieron a esto bajo el alegato de que se estarían violando los derechos de Guzmán, haciéndolo aparecer ante el jurado como un hombre extremadamente peligroso.
La fiscalía también solicitó celebrar una audiencia Curcio para aclarar cualquier posible conflicto de interés existente si los defensores federales proseguían representando a Guzmán.
El juez Brian M. Cogan ordenó que “El Chapo” Guzmán estuviera presente en la audiencia.
Entretanto, la defensa denunció en una misiva dirigida al jefe de la oficina de Justicia de EEUU, Charles Dunne y al supervisor de la misma, Peter Lee, el 2 de febrero, que “de acuerdo a la notificación de la Fiscal Adjunta de los Estados Unidos, Andrea Goldbarg, un grupo de funcionarios del Consulado de México tenían la intención de reunirse con Guzmán el viernes 3 de febrero, a las 8:30 de la mañana, previo a la audiencia, para solicitarle firmar unos documentos sin la presencia de sus abogados”, algo que para los abogados era inaceptable.
En la misma fecha — 2 de febrero de 2017 — la fiscalía pidió a la corte una orden de protección para impedir la difusión de las evidencias y las declaraciones de los testigos que entregaría el gobierno como parte del material del descubrimiento, de acuerdo a lo establecido en la Regla Federal de Procedimiento Penal 16. Requirió el gobierno que solamente Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y sus abogados tuvieran acceso a esta documentación. También pidieron que el tribunal ordenara que el material protegido se devuelva al gobierno al concluir el caso.
Tal petición obedece a que la fiscalía estima que se debe tomar en cuenta la capacidad “previamente demostrada del acusado para intimidar y utilizar la violencia contra testigos y obstaculizar las investigaciones policiales”.
A la segunda
Por fin el día 3 de febrero llegó y a la Corte del Distrito Este de Nueva York se presentó un Chapo Guzmán ojeroso y con visibles signos de agotamiento, aunque bien acicalado y vistiendo el uniforme azul de prisiones.
Ante el juez, Brian M. Cogan, los abogados del líder del Cártel de Sinaloa se quejaron de las excesivas condiciones de reclusión a las que está sometido el narcotraficante.
La abogada, Michelle Gelernt, solicitó la distención de las medidas de seguridad, pues a Guzmán ni siquiera se le permitía ver a su esposa, Emma Coronel, además de que se le mantiene encerrado durante 23 horas en una unidad especial de seguridad extrema de la cárcel federal de Manhattan. “Creemos que han ido más allá de lo necesario”.
La respuesta del magistrado fue que tendría que comunicarse con el Buró Federal de Prisiones para hacer las averiguaciones al respecto y solo entonces podría emitir una decisión al respecto.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York nuevamente criticó que Joaquín Guzmán esté siendo representado por abogados de oficio cuando puede pagar perfectamente por su defensa.
Sobre la solicitud de una audiencia de Curcio para dirimir posibles conflictos de intereses respecto a la defensa, el magistrado dijo no estar seguro de que este procedimiento fuera el adecuado en esos momentos.
Se acordó que Guzmán firmara un affidavit en el que confirmara su incapacidad financiera.
El juez Cogan fijó un plazo a la defensa hasta el 15 de febrero para presentar sus mociones y al gobierno hasta el 20 para contestarlas. Se fijó la siguiente audiencia para el 5 de mayo de 2017.
Las alucinaciones del Chapo
Desde un principio este caso estuvo cargado de particularidades, estando entre las primeras los señalamientos de la defensa del Chapo Guzmán que advirtió el 13 de marzo a la corte del juez Cogan, que las condiciones de la reclusión de su cliente en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York eran comparables a las imperantes en la Bahía de Guantánamo, dado el férreo código de seguridad que se manejaba.
Ante tales circunstancias, los abogados denunciaron que Joaquín Guzmán había comenzado a sufrir alucinaciones auditivas.
Pero las autoridades de Estados Unidos desmintieron lo afirmado por los abogados de Guzmán nueve días después de presentada la queja. Para ilustrar esto informaron que el acusado se encontraba aprendiendo a hablar inglés.
También se dijo para ese entonces que el Chapo Guzmán podría demandar a la empresa Netflix y a Univisión, empresas de televisión que decidieron llevar la vida del narcotraficante a la pantalla entre los meses de abril y junio, algo que molestó al sinaloense.
Defensores bajo lupa
También en marzo el juez de la causa, Brian Cogan, advirtió que los extranjeros que tuvieran pensado integrarse al equipo de defensa de Guzmán Loera debían someterse a un chequeo por parte de las autoridades de Estados Unidos, de modo de evitar que se trate de integrantes del Cártel de Sinaloa que puedan tener acceso a pruebas confidenciales.
Esta era un alerta que había formulado la fiscalía en febrero cuando dijo que podría ser posible que miembros de la citada organización delictiva mediante abogados mexicanos, lograra acceder a información clasificada que incluye nombres de testigos que el gobierno de EEUU presentará en el juicio contra Guzmán. Según el gobierno, la organización criminal del Chapo estaba procurando llegar a los testigos para asesinarlos.
El juez dio a los fiscales 14 días para informar quién sería la persona encargada de hacer la investigación sobre los abogados extranjeros que se unieran al caso.
Silla alta y los rinocerontes
Las particularidades del caso Guzmán continuaron. Una de ellas, la solicitud de la defensa de que se dispusiera para su cliente una silla alta que le permitiera alcanzar la ventanilla por la cual se comunicaba con sus abogados.
Así que, Joaquín Guzmán, dejó ante las autoridades su petitorio de una silla que le facilitara mantener cómodamente las sesiones con sus defensores. No en balde al narcotraficante se le conoce con el apodo de “El Chapo”.
También pidieron al juez que permitiera a Amnistía Internacional inspeccionar las instalaciones en las que se encuentra encerrado el acusado.
Otra queja fue la relativa a la imposibilidad de ver la televisión mientras practicaba ejercicios en una bicicleta estacionaria, pues según Guzmán, en la pantalla solo se ofrece un documental sobre rinocerontes.
La Fiscalía General de México denunció para esos mismos días que la fortuna del narcotraficante, estimada en 14 mil millones de dólares, estaba desaparecida. El procurador general de México, Raúl Cervantes, denunció que “las autoridades estadounidenses no han encontrado ni siquiera un dólar de los activos de Guzmán”.
Las quejas del Chapo Guzmán a través de su defensa no causaron efecto, pues el juez Cogan decidió negar las solicitudes relativas a que se le permitiera al acusado ver a su esposa y conversar con ella por vía telefónica.
De igual modo, determinó que las medidas de seguridad en torno al acusado se mantenían. Así, Guzmán continuaría confinado en las mismas condiciones.
El juez Cogan solo accedió, ante la insistencia de la defensa, a permitir la comunicación por mensajes escritos entre el acusado y su esposa, previa aprobación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Algo que duró solo unos minutos.
Su descontento
Transcurrido el tiempo, Joaquín “Chapo” Guzmán, comenzó a sentirse molesto con la actuación de sus abogados de oficio por lo que estimó cambiar su equipo de defensa, hecho que finalmente se concretó cuando el narcotraficante designó a Eduardo Balarezo como su único representante legal.
Una de las primeras victorias del abogado fue lograr que un tribunal autorizara que una psicóloga evaluara a Guzmán en prisión pues según el defensor su cliente presentaba problemas de memoria dadas las condiciones de su aislamiento, algo que pudiera hacer que Guzmán llegara al juicio en condiciones de incompetencia.
“Lo que tengo miedo es que de aquí a abril cuando empiece el juicio no esté competente para poder asistir en su propia defensa”, dijo Eduardo Balarezo a la salida de una audiencia.
Tal como lo habían denunciado los antiguos defensores, Balarezo aseguró que “El Chapo” permanecía encerrado 23 horas al día con la luz constantemente encendida, en medio de un frío extremo en invierno y muy caliente en el verano, que no le daban agua, tampoco jabón para lavarse y que le dolía la cabeza constantemente.
El juez Brian Cogan decidió que la psicóloga — por medidas de seguridad — debería verlo a través de un vidrio, al igual que su abogado y sus asistentes.
Por otra parte, Balarezo le manifestó al juez su preocupación en virtud de que solo conocerá a los testigos del gobierno que son informantes, dos semanas antes del juicio previsto para el 16 de abril de 2018. Dijo que no le preocupan las pruebas documentales, pero sí los testigos para cuyo testimonio dispondrá de muy poco tiempo de preparación.
Dijo que la fiscalía presentará colaboradores que ya se han declarado culpables que solo buscan reducir sus penas, dando a entender que estarían dispuestos a declarar lo que sea con tal de verse beneficiados.
Balarezo dijo también en una entrevista que había aceptado el caso pese a que la fiscalía no quiso darle garantías de que no incautará sus honorarios, aunque guarda esperanzas de poder cobrar.
Ante el tribunal el Chapo Guzmán insistió en que solo quiere la defensa de Balarezo y desestimó un potencial conflicto de interés, dado que este abogado defendió a uno de sus coacusados a quien el penalista no quiso identificar. Sin embargo, se estima que se trate del narco mexicano Alfredo Beltrán Leyva, quien paga cadena perpetua tras ser condenado en abril.
Lo cierto es que este caso todavia promete noticias y sorpresas, toda vez que el proceso se encuentra solamente al final de la primera vuelta de la carrera. Seguramente será mucho lo que veremos de aquí a abril de 2018.
