Guatemala: El presidente Jimmy Morales en la cuerda floja
Llegó a la presidencia de Guatemala en 2016 como la promesa de un cambio. Pero el actor y humorista de la televisión devenido en político hoy es señalado como protagonista y cómplice de la corrupción estructural que azota al país. Nuevamente el trabajo de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala saca a la luz los trapos sucios del poder y la respuesta de los dirigentes encendió los ánimos de la ciudadanía: la crisis está en desarrollo
Por Oscar Medina @oscarmedina1
Resultó un buen lema de campaña, dado el momento que se vivía en Guatemala: “Ni corrupto, ni ladrón”. Jimmy Morales era una cara nueva en la política, pero muy conocida por su carrera como figura cómica de la televisión. En 2015 el país vivía el sacudón de las denuncias de corrupción que forzaron la salida del entonces presidente Otto Pérez Molina y su entrada en escena se perfiló como la promesa de un cambio. Pero la ilusión se ha roto. Hoy Morales se encuentra a pocos pasos de un juicio por eso que decía no ser y en ese camino le acompaña casi toda la clase política guatemalteca.
Los trapos sucios –muy sucios- de Pérez Molina quedaron expuestos en una laboriosa investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público. A este caso se le conoce como “La Línea” y se trata de una compleja estructura de irregularidades, cobro de comisiones, evasión de impuestos y contrabando al frente de la cual estaba –según las pruebas- el propio presidente Pérez Molina. El general retirado pasó por un antejuicio en el que se acordó despojarle de la inmunidad de su cargo para someterlo a la justicia y en septiembre de 2015 presentó su renuncia y durmió su primera noche en la cárcel.
La investigación apunta a la posible comisión de los delitos de financiamiento electoral ilícito y financiamiento anónimo y sacó a la luz pruebas de que Morales, directamente, habría obstaculizado los procesos regulares de contraloría y rendición de cuentas.
Ya en julio de ese mismo año la CICIG, un organismo nacido a partir de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas, había hecho público su primer informe sobre los problemas del financiamiento de los partidos políticos en ese país. Y esta era la conclusión general: “En Guatemala los gastos en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados; la manera como los partidos y candidatos recaudan y gastan los recursos abre la puerta al financiamiento ilícito; y los controles, regulaciones y sanciones establecidos en la legislación son muy débiles y completamente insuficientes”.
El trabajo de la Comisión no se limitó al diagnóstico. El 24 de agosto de 2017 la CICIG y la Fiscalía presentaron evidencias de financiamiento ilícito y ocultamiento de fondos durante la campaña presidencial de 2015 en los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el desaparecido Libertad Democrática (LIDER). También solicitaron antejuicio para los secretarios generales de ambas toldas políticas, los hoy diputados Roberto Villate Villatoro y Orlando Joaquín Blanco Lapola. La gran sorpresa la dejaron para el día siguiente.
El 25 de agosto el comisionado Iván Velásquez y la Fiscal General, Thelma Aldana, pidieron el antejuicio de quien en 2015 era el secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación): Jimmy Morales, presidente de Guatemala desde 2016.
La investigación apunta a la posible comisión de los delitos de financiamiento electoral ilícito y financiamiento anónimo y sacó a la luz pruebas de que Morales, directamente, habría obstaculizado los procesos regulares de contraloría y rendición de cuentas. Se estima que no fueron reportados unos 920 mil dólares que ingresaron a las arcas de FCN-Nación. Y había un proceso previo: en julio el Tribunal Supremo Electoral le impuso una multa de 60 mil dólares a ese partido por negarse a rendir cuentas sobre los aportes recibidos. La multa fue un castigo menos severo del que se estaba considerando: cancelarlo. Pero, ¿cómo podría explicarse que deje de existir el partido de un presidente en ejercicio?
Que se vaya
Tras la acusación de la CICIG y la Fiscalía el presidente Morales hizo una movida que lo dejó desnudo ante la opinión pública. El 27 de agosto declaró “persona no grata” a Iván Velásquez, el colombiano que dirige la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, y ordenó su salida del país. Es decir, dos días después de la solicitud de antejuicio en su contra. En un mensaje televisado aseguró que no lo impulsaban razones personales y que la medida era por el bien de la nación y que era una consecuencia de “excesos” en sus funciones cometidos por Velásquez.
La referencia a las “razones personales” tiene más de una lectura: la de la investigación en su contra por el manejo de los fondos del partido y por una historia anterior. En septiembre de 2016 un hijo y un hermano de Morales fueron acusados de estafar al Estado con facturas por consumos falsos en un restaurante ligado a la familia y por el sobreprecio en la facturación de cestas navideñas para empleados del Registro de la Propiedad. José Manuel Morales Marroquín y Sammy Morales Cabrera están en prisión.
Y este episodio quizás haya sido el inicio del choque entre Morales y la CICIG: “La investigación de su hijo y su hermano él lo tomó como algo personal”, explicó a Vértice Manfredo Marroquín, director de Transparencia Internacional en Guatemala: “El problema es que la CICIG ha investigado casos de corrupción que involucran prácticamente a toda la clase política del país y en uno de esos casos aparecen involucrados el hijo y el hermano. El presidente, como es un tipo sin ninguna experiencia política ni criterio, toma esto como un tema de ataque a su persona y empieza a descalificar el trabajo de la CICIG, obviamente apoyado por todos los grupos de poder del país que sienten amenazada su estructura de negocios. Y envalentonado por el apoyo de las élites políticas y económicas se lanza en esta aventura anti CICIG y se encuentra con la resistencia de toda la población, que obviamente ve como positivo que por primera vez se está investigando y juzgando a la corrupción histórica, sistémica, estructural que ha existido en el país toda la vida”.
Velásquez no fue expulsado de Guatemala: la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la decisión de Morales.
La ONU de inmediato respaldó la labor del colombiano: “Bajo el liderazgo del Comisionado Velásquez, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha hecho una contribución decisiva al fortalecimiento de las instituciones del sector judicial en Guatemala”, advirtió en un comunicado el portavoz de Naciones Unidas en Nueva York, Stéphane Dujarric. Y señaló: “Velásquez ha trabajado incansablemente para promover una cultura que defienda el imperio de la ley y rechace la corrupción”. También expresaron su respaldo los países cooperantes de la CICIG a través de sus representantes diplomáticos: Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Reino Unido, Suiza y la Unión Europea.
Velásquez no fue expulsado de Guatemala: la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la decisión de Morales.
En una entrevista concedida al diario Prensa Libre, el comisionado abordó el tema: “Yo nunca he tenido una contradicción personal con el Presidente de la República. Algunos inclusive reprochaban que algún periodista dijo alguna vez que yo expresaba confianza en el presidente, lo dijo públicamente en alguna columna. En realidad, la coyuntura del 2015 generó una expectativa de transformación en el país, de transformación positiva. Todos en la idea de que era la gran oportunidad de reconstrucción de ese estado amable para todos. Yo puse todo de mi parte contribuyendo con el presidente para que en las iniciativas que él tuviera, relacionadas naturalmente con el mandato, es decir que tuviera que ver con el tema de justicia, apoyar. Nunca he tenido una confrontación con él. Dije en alguna oportunidad: entiendo el sentimiento de un padre y un hermano, pero todos debían saber que cuando hablamos de convicción, de justicia, que cuando hablamos de que nadie está por encima de la ley, que cuando hablamos de hacer lo que se debe hacer en la lucha contra la impunidad, lo hablamos de verdad, que no son discursos”.
Pacto al aire
El 13 de septiembre el Congreso colmó la paciencia de los guatemaltecos. Ese día los diputados aprobaron dos decretos (14–2017 y 15–2017) con los que reformaban aspectos del Código Penal y de la Ley Electoral. 107 diputados votaron a favor de estas decisiones que –en esencia- eximían de toda responsabilidad en caso de financiamiento electoral ilícito a los secretarios generales de los partidos y al mismo tiempo cambiaban las penas de cárcel por multas en al menos 400 tipos de delitos, incluido el de corrupción.
La movida de los diputados iba en beneficio, obviamente, de Morales. Y también de otros ex secretarios generales de partidos señalados por la misma falta.
Esto, a lo que se le ha denominado “Pacto de corruptos”, disparó una reacción inmediata: “La gente se juntó en el Congreso y no dejaron salir a los diputados hasta que las desaprobaron, hasta que las dejaran sin vigencia”
Esto, a lo que se le ha denominado “Pacto de corruptos”, disparó una reacción inmediata: “La gente se juntó en el Congreso y no dejaron salir a los diputados hasta que las desaprobaron, hasta que las dejaran sin vigencia”, explico Marroquín. El 15 de septiembre, de hecho, los congresistas sesionaron –presionados por la acción ciudadana- y con 130 votos dejaron si efecto los decretos. Y la Corte de Constitucionalidad actuó con rapidez para despejar toda duda: los decretos fueron suspendidos.
Se dieron otras manifestaciones de calle, se convocó a un paro nacional el 20 de ese mismo mes apoyado por el sector empresarial privado, estudiantes, organizaciones civiles, campesinas e indígenas que exigieron, fundamentalmente, cuatro cosas: la renuncia de los 107 congresistas que aprobaron los decretos, el antejuicio a Jimmy Morales, su renuncia y que se reformen las leyes electoral y de partidos políticos. Algunos comercios incluso hicieron una suerte de declaratoria de los diputados como personas “no gratas”: aquí no entran.
La posibilidad de que Morales salga de la presidencia depende –en primera instancia- del mismo Congreso que hace parte de su juego: es allí donde debe aprobarse o rechazarse la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público.
“Los decretos ya están muertos”, apuntó Marroquín: “Hay ahora una presión muy grande sobre el Congreso porque la gente está persiguiendo a los diputados para que renuncien. En sus casas, en todos lados. La gente ahora no quiere solo la renuncia del presidente sino también las de los diputados que aprobaron esas leyes”.
Pero ahí queda
La posibilidad de que Morales salga de la presidencia depende –en primera instancia- del mismo Congreso que hace parte de su juego: es allí donde debe aprobarse o rechazarse la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público.
Se necesitan 105 votos para decidir y hasta que no se consigan el requerimiento, en la práctica, queda en el aire. El 11 de septiembre 104 diputados votaron para rechazar el antejuicio. Y dos días después 107 aprobaron los polémicos decretos. El 21 del mismo mes, tampoco se lograron. “Como no llegó a los 105, queda ahí la posibilidad del antejuicio, pero cualquier diputado podría volver a sacarlo y pedir que se vote otra vez. Tienen al presidente en la cuerda floja”, explicó Marroquín.
¿Hay una coalición de partidos tratando de salvar a Morales? El director de Transparencia Internacional respondió: “Claro, la mayoría. Todos están siendo investigados. 40 diputados de la actual legislatura tienen procesos abiertos por corrupción”.
En Guatemala hay más de 24 organizaciones políticas. Es, según se ve, un buen negocio. Girón aporta un dato importante que ayuda a entender el sistema: “En Guatemala si tu partido no obtiene más del 1% de votos del padrón electoral, desaparece. Y si obtiene más, el Tribunal Supremo Electoral le devuelve al partido cerca de 2 dólares por cada voto obtenido en cuatro pagos anuales iguales
¿Está el Congreso protegiendo a Morales? El periodista guatemalteco Willberth Girón explicó: “No es que el Congreso lo esté protegiendo. Es su bancada. La Ley Orgánica del Congreso dice que para retirar el antejuicio se debe contar con un total de 105 votos a favor, lo que se le conoce como mayoría calificada. El Congreso cuenta con 158 diputados. De estos 37 son de FCN-Nación. Hay diputados que tienen licencia para ausentarse, creo que suman cerca de 20. La UNE tiene 32 y hay otras bancadas como las de Todos que tienen 16. Es decir, que para alcanzar los 105 votos para retirar la inmunidad al presidente, la UNE con sus 32 votos y otras bancadas medianas y pequeñas deberían unirse, pero hay bancadas pequeñas aliadas de FCN-Nación, de ahí lo difícil de juntar esos 105 votos. Obviamente los 37 votos de FCN-Nación, los 3 del PAN, y varios de Alianza Ciudadana, que son un grupo de diputados independientes, han sido a favor del presidente, lo que impide los 105 votos”.
Los ciudadanos quieren renuncias, pero también una reforma importante: “Lo que está pidiendo ya la mayoría de la población es un nuevo sistema electoral. Ya no quieren saber de depuración de partidos. Se han ensayado varios instrumentos de depuración y siempre salen peores que los anteriores”, dijo Marroquín. ¿Y cuál es el problema con el sistema electoral? “Básicamente que un partido se construye y se mantiene a base de dinero, dinero y dinero. Y que ese dinero es muy difícil de controlar. La norma se viola. El tribunal ya canceló a los partidos que quedaron en segundo y tercer lugar en la campaña pasada, Líder y Patriota. Los mató el tribunal por no reportar. Pero tampoco podemos vivir aniquilando a todos los partidos. Líder y Patriota eran los dos que tenían mayoría en la legislatura pasada. Y esos dos son los que alimentaron al partido del presidente. El Frente de Convergencia Nacional es un partido alimentado de estos difuntos”.
En Guatemala hay más de 24 organizaciones políticas. Es, según se ve, un buen negocio. Girón aporta un dato importante que ayuda a entender el sistema: “En Guatemala si tu partido no obtiene más del 1% de votos del padrón electoral, desaparece. Y si obtiene más, el Tribunal Supremo Electoral le devuelve al partido cerca de 2 dólares por cada voto obtenido en cuatro pagos anuales iguales. Jimmy Morales sacó mas de 2 millones de votos, imagínate cómo fue la lotería que ganaron sin esperarlo”.
El cuento cíclico
Durante más de 10 años Jimmy Morales y su hermano Sammy –hoy detenido- condujeron un programa de televisión llamado “Moralejas”, en horario estelar dominical por el canal 7, uno de los cuatro de señal libre en Guatemala. “Estos canales son un monopolio (prohibido en el país) y su dueño, el mexicano Ángel González, ha sido reconocido por utilizar la fuerza de alcance de estos canales para las campañas electorales”, señaló el periodista Girón: “De tal forma que si tienes la bendición de González, seguro llegas a millones de personas. Y es así como la clase política hace romerías hacia Miami para época electoral y como el Congreso ha renovado la concesión de estas frecuencias para González por 25 años más. Al tener ese espacio, Morales era conocido por miles de personas y eso lo convertía en un candidato ad hoc para cualquier partido político, los cuales en época electoral sirven únicamente de vehículos para llegar al poder”.
En enero de 2015 y a través de un video con cierta carga emotiva, Morales se mostró saliendo de su camerino de actor para explicar las razones de su entrada al escenario político, denostando de las “malas personas”, los políticos que roban, abusan y matan aprovechándose del poder. Lo fundamental: trabajar por el rescate del honor de los guatemaltecos.
Realmente fue en 2011 cuando Morales, imbuido en ideas nacionalistas, intentó promover su candidatura a la alcaldía del municipio capitalino Mixco, para lo cual recibió el apoyo del hoy desaparecido partido Acción de Desarrollo Nacional, ADN. Obtuvo el tercer lugar, con poco más de 13 mil votos. Luego de esta experiencia impulsa la organización del partido Nación y en 2012 recibió la invitación para aliarse al Frente de Convergencia Nacional (FCN), una tolda creada por ex militares.
“La invitación fue realizada por el teniente coronel retirado, Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien con la victoria de Morales logró ganar un puesto como diputado en el Congreso y ahora está prófugo de la justicia por ser señalado de presuntamente participar en masacres durante la guerra interna del país que se llevó a cabo de 1960 a 1996” detalló Girón: “Ovalle Maldonado actualmente tiene orden de captura internacional, perdió su puesto en el Congreso y por el mismo caso fueron detenidos otros 14 ex militares”.
“Ese partido lo habían armado un grupo de ex militares. Estábamos en la crisis de sacar al presidente anterior, el tipo ya no necesitaba mucha inversión en propaganda porque Morales era conocido por cómico. Y dijeron: ‘este nos sirve para nuestros objetivos’. Y así fue”, advirtió Manfredo Marroquín.
“La gente estaba harta de lo mismo y el término ‘la nueva política’ se puso de moda para las elecciones de 2015”, trazó el panorama Girón: “Los políticos tradicionales que buscaban la presidencia llevaban cierta desventaja en ese sentido, aunque la gente se cuestionaba también si valía la pena llevar a un neófito al poder”.
Si tal como explicó Marroquín el FCN es un partido conformado por quienes antes estuvieron en dos organizaciones castigadas por irregularidades, ¿cómo esperar un cambio? La crisis actual de Guatemala es apenas otro capítulo de una trama muy complicada en la cual muchos actores se reciclan o “aparecen” algunos que llegan para hacer más de lo mismo. “A Morales la gente le creyó su discurso de campaña en el que decía que iba a apoyar a la Comisión, que iba contra la corrupción. Pero todos quienes lo rodean y lo pusieron en ese partido son quienes lo mandan y mandan en su agenda”, apuntó Marroquín.
Y si antes fue Otto Pérez Molina, ahora es Morales quien se tambalea en la silla presidencial. A la posibilidad de un antejuicio por las irregularidades en las finanzas de su partido –hay versiones que sospechan de dinero sucio- se suma otra solicitud hecha por la Fiscalía de Lavado de Dinero por un caso diferente: posible enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad a propósito de un bono mensual percibido por Morales y cancelado por el Ministerio de la Defensa. Ya son ocho las peticiones de antejuicio presentadas ante el Congreso entre marzo y septiembre. Tal parece que el caso más sólido es el ventilado por la CICIG.
La previsión de Marroquín es una historia conocida: “Lo más probable es que esta crisis derive en que el gobierno se cae, en que vaya a la cárcel el presidente y el Congreso tenga que elegir a un sucesor para terminar el periodo, como ocurrió en la vez pasada”.
