La selectiva lucha anticorrupción de Tarek William Saab

En las acciones impulsadas durante los últimos meses por el fiscal general venezolano designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, es notable el carácter selectivo de las investigaciones criminales que ha emprendido, que sólo apuntan hacia algunos sectores gubernamentales, en especial vinculados a la industria petrolera. Para Saab, sin embargo, de nada valen las escandalosas denuncias que señalan a otro grupo de funcionarios implicados en graves hechos irregulares. El fiscal continúa dirigiendo su dedo acusador contra determinados funcionarios y empresarios pero protege a otros también acusados de corrupción administrativa con pruebas abrumadoras.

Por Maibort Petit @maibortpetit y Casto Ocando @cocando

Durante los últimos meses, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, Tarek William Saab, ha desplegado una virulenta campaña contra la corrupción en Venezuela que tiene un escenario especialísimo en la industria petrolera. Sin embargo, esta ofensiva exhibe un carácter selectivo tan pronunciado que está dejando por fuera múltiples denuncias formuladas en años recientes a través de medios de comunicación, personas particulares y organizaciones no gubernamentales, que una y otra vez presentaron evidencia abrumadora de la corrupción enquistada en todas las instituciones del Estado, sin respuestas a estas denuncias.

Uno de los casos obviados por el fiscal Saab está relacionado con quien hoy es objetivo de su artillería, Rafael Ramírez, considerado durante más de una década como el “zar del petróleo”, al haber ostentado durante buena parte de la era del desaparecido Hugo Chávez, la presidencia de la estatal PDVSA y el Ministerio de Petróleo y Minería, además de ocupar las posiciones de canciller y embajador ante las Naciones Unidas.

Ramírez ha pasado a ser, de acuerdo a las acusaciones en su contra lanzadas por el fiscal Saab, la personificación de la corrupción en Venezuela. Sin embargo, las denuncias de Saab han pasado por alto a un personaje que estuvo por detrás del ex hombre fuerte de la política energética venezolana, alguien en quien Ramírez confiaba a rajatabla, y no firmaba documento alguno o aprobaba ninguna negociación — legal o irregular — sin su visto bueno. Se trata del abogado Armando Giraud Torres, ex consultor jurídico de Petróleos de Venezuela.

Antes de convertirse en mano derecha de Rafael Ramírez, Giraud Torres se desempeñó por mucho tiempo como asistente de la ex magistrada de la extinta Corte Suprema de Justicia y suegra de Ramírez, Hildegard Rondón de Sansó. En su cuenta de Linkedin se presenta como abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), donde cursó estudios entre 1985 y 1989, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política (Centro de Estudios Constitucionales de Madrid). Igualmente cuenta con otra especialización en Derecho Administrativo (UCAB).

Con la salida de Rafael Ramírez de PDVSA, Giraud Torres fue designado bajo la gestión de Eulogio Del Pino como consultor jurídico de Citgo. Esta decisión fue criticada en parte porque sobre los hombros de Giraud pesaba la responsabilidad de que el país perdiera 800 millones de dólares en el arbitraje que Venezuela tenía con las firmas Gulman Off Shore, Middle East LLC y Kaplan Industries. Esta acusación fue procesada por la Procuraduría General de la República (PGR), debido al manejo poco claro y deficiente de dicho arbitraje internacional, sin que se establecieran responsabilidades administrativas y penales.

Gulman Off Shore, Middle East LLC y Kaplan Industries demandaron en Londres a Petróleos de Venezuela por el retraso de pagos y otros conceptos vinculados a contratos con Pdvsa. Como consultor jurídico de la petrolera estatal venezolana, Giraud aprobó un preacuerdo según el cual Pdvsa se comprometía a pagar entre un 41 y un 45% de lo adeudado, lo que sería equivalente a unos 480 millones de dólares, “sin perjuicio de los derechos, bajo cualquier laudo que se dictase, antes del pago total y final de todas las cantidades adeudadas”, de acuerdo a documentos del caso revisados y en poder deVértice News. Sin embargo, de acuerdo a correos y comunicaciones internas de Pdvsa, Giraud Torres acordó, presuntamente con el respaldo de la junta directiva de Pdvsa, hacer un pago de 600 millones de dólares, una cifra superior a la inicialmente aprobada, en desmedro de los intereses de Estado venezolano.

El caso no solo ha estado bajo investigación de la PGR en Venezuela, sino también por agencias federales de Estados Unidos, ya que Gulman Off Shore es propiedad mayoritaria de la firma Oaktree Capital, un conglomerado financiero con sede en Los Ángeles, California.

De acuerdo a fuentes y documentos consultados, Giraud Torres habría participado en un esquema de presunto pago de comisiones a través de un empresario petrolero contratista de Pdvsa, relacionado al arbitraje con Gulman y Kaplan Industries.

Vértice no pudo confirmar si Gulman y Kaplan conocían del esquema de pago de comisiones, ilegal según las leyes venezolanas. Pero de acuerdo a los documentos y las fuentes consultadas, el esquema habría sido del conocimiento de la junta directiva de Pdvsa.

Giraud Torres también jugó un papel crucial estando al frente del departamento jurídico de Pdvsa, en el laudo que contra la estatal petrolera entabló la trasnacional canadiense Gold Reserve por 700 millones de dólares. De acuerdo a especialistas y denuncias sobre la materia, la actuación de Giraud fue errada, pues “desatendió sus obligaciones y los múltiples intentos que la empresa canadiense intentó lograr y que habrían representado un acuerdo favorable para Venezuela”. La negativa a firmar un acuerdo temprano con Gold Reserve llevó a Pdvsa a transarse por una cifra superior a los 1.000 millones de dólares incluyendo los intereses. Actualmente, Venezuela ha realizado varios pagos que superan los 200 millones de dólares para cumplir con las condiciones establecidas por el arbitraje.

Entre sus múltiples gestiones como consultor jurídico de Pdvsa, Giraud Torres también llevó a cabo una negociación con empresas transportistas marítimas que resultó altamente cuestionada al haber dejado 10% de dividendos y el cobro de contratos firmados con entes corporativos de Pdvsa, donde se habrían facturado 60 millones de dólares a empresas “de papel” pertenecientes a escritorios jurídicos españoles.

Armando Giraud Torres duró unos pocos meses al frente de Citgo. Fue sustituido por Arte Klein, quien ya se desempeñaba como alto directivo en la filial de Pdvsa en Estados Unidos.

Este personaje también formó parte de la junta directiva de Corpoelec cuando Nicolás Maduro, mediante el decreto presidencial N° 880 publicado en la Gaceta Oficial 40.389 del 9 de abril de 2014, lo nombró junto al resto de integrantes que acompañarían al entonces presidente de la corporación eléctrica, Jesse Chacón Escamillo.

Giraud Torres y Chacón Escamillo mantenían una estrecha relación de amistad que más que sustentarse en lazos de confraternidad, se edificaba en el interés común de llevar a cabo negociados y movidas irregulares. El entonces presidente de Corpoelec y Giraud Torres mantenían una de sus fichas en Pdvsa Servicios, a saber, Alexis Chacón, primo del primero y artífice de las contrataciones irregulares de ese despacho, pero que al verse señalado fue transferido a Pdvsa Servicios en San Tomé, donde aún se mantiene de muy bajo perfil. Sin embargo, Giraud Torres y Alexis Chacón continúan actuando y decidiendo por intermedio de terceras personas, sin que el fiscal Saab se apreste a ahondar en esas actividades irregulares.

En Bariven, unos sí y otros no

Bariven, filial de PDVSA encargada de la adquisición de materiales y equipos necesarios para la exploración, producción, refinación y gas, como también designada por el Ejecutivo Nacional como el brazo de compras internacionales del gobierno, es una dependencia pequeña pero no por eso menos apetecible para los funcionarios corruptos. Por el contrario, por su misma función se ha prestado para los manejos irregulares.

Casos emblemáticos de corrupción cometidos a través de esta empresa fueron la compra con sobreprecio de miles de toneladas de comida en combinación con empresas cubanas a través de proveedores de Brasil, en el marco de la emergencia alimentaria. Bariven fue la encargada de importar alimentos para lo cual se gastaron más de 2.000 millones de dólares en la adquisición de un millón de toneladas de comida de las cuales solo se entregó el 14%, mientras el resto de la comida se pudrió en unos contenedores de Puerto Cabello, Valencia y Tinaquillo.

Otro de los casos notables de Bariven implicó la exigencia de sobornos por $2 millones presuntamente por parte del ex presidente de ese organismo, George Kabboul, a través de su emisario Juan Carlos Chourio, sobrino del general chavista Jesús Suárez Chourio, a una firma con sede en Miami, de acuerdo a documentos de la corte del condado de Miami-Dade revisados de Vertice.News.

Allí, el ojo selectivo del fiscal Saab solamente ha apuntado hacia el presidente de la empresa, Francisco Antonio Jiménez; el gerente de servicio técnico, Joaquín Torres; y el analista de compras, Javier Sosa, quienes fueron aprehendidos el pasado 2 de noviembre, acusados de asociación para delinquir, peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios.

Sobre este caso, Saab dijo que la investigación que adelantó su despacho arrojó que entre enero y septiembre de este año se registraron en contratos de Bariven 1.300 alertas de sobreprecio en bolívares y 76 en dólares. Al mismo tiempo, especificó que “estos sobreprecios oscilan entre 100% y 98.000%” y los montos superan los 10.000 millones de bolívares y los 119 millones de dólares.

Según fuentes familiarizadas, la comisión de contratación de la empresa trabaja día y noche en la detección de errores en los contratos, así como en la destrucción de todo documento que evidencie las irregularidades allí cometidas. Entre los protagonistas investigados por estas acciones estarían Javier López, Cesar España y Carlos Camacho, quienes durante mucho tiempo se han beneficiado, según las fuentes, con los manejos ilegales que han tenido lugar en Bariven.

Las investigaciones de Saab han pasado por alto también el hecho de que en Bariven se mantenga a Javier López como gerente de finanzas, aún cuando “estuvo preso por robo cuando trabajaba en la Mancomunidad del Sur, empresa que recolecta la basura en Barinas”, de acuerdo a denuncias públicas.

Según fuentes internas de Bariven, López cuenta con la protección de Francisco Jiménez, ex gerente general de la empresa en Barinas. “Es quien lo mantiene atornillado al cargo”, indicó a Vértice una persona familiarizada con el caso.

Otros de los casos de corrupción de Pdvsa involucran dramas familiares. Señalado como integrante de la banda “Los conejos”, uno de los grupos de poder dentro de la estatal petrolera, está Ángel Núñez, quien maniobra junto a Luis Vierma y Bárbara Lezama para obtener beneficios irregulares. Por denunciar las actividades corruptas de estos, en 2007 fue despedido injustificadamente Salvador Salazar, gerente de San Tomé, quien por las presiones y amedrentamientos recibidos, cayó en tal estado de depresión que se quitó la vida delante de sus hijos, de acuerdo a una denuncia publicada por el ex directivo de Pdvsa Gustavo Coronel.

“Para 2010, Ángel Núñez ocupó la presidencia de Pdvsa Industrial y figuraba como candidato a integrar la junta directiva de la petrolera, junto a Eduardo Quintero (quien ocuparía el puesto de presidente en Pdvsa Industrial) y Carlos Calderón, gerente del Sector Hidrocarburos de Pdvsa Industrial y ejecutor técnico del desarme de la Orimulsión (protegido de Bernard Mommer). Todos ellosforman el clan que ha ido ganando poder y ejecutando acciones alejadas del correcto desempeño asociado a verdadero empleado de Pdvsa, desde sus comienzos en Morichal, no más atrás del año 95”, reseñó el portal RunRun.es para la fecha.

Según informantes, después de haberse hecho millonario, Ángel Núñez pidió su jubilación igualmente millonaria. Sin embargo, se encargó de transferir “su legado” y este recayó en Alexis Chacón, también abogado y primo de Jesse Chacón Escamillo, en Pdvsa Servicios Distrito San Tomé.

Pese a que todas estas denuncias se han hecho públicas, el fiscal Saab no ha iniciado investigaciones formales para establecer responsabilidades.

Barinas la consentida

Haber sido la cuna de Hugo Chávez al parecer le ofrece a Barinas un estatus especial que la hace invisible en lo que a lucha contra la corrupción se refiere.

Un estado “protegido” por la dinastía de los Chávez que tratan de distraer la atención de los ojos escrutadores hacia la sede de la estatal petrolera en La Campiña y una vez lejos de toda actividad contralora permite hacer y deshacer en la “pequeña” filial. De cualquier manera, algunos señalamientos se han logrado hacer y a uno que otro se ha logrado atrapar.

De hecho, todos los presos del caso Bariven son de Barinas, el lugar donde han empezado los grandes negocios. Así tenemos que el sindicalista Wills Rangel es de Barinas, allí desarrolló toda su actividad sindical. Igualmente José Luis Parada, un incondicional de Rafael Ramírez, hoy prófugo — o “liberado” — también nacido en Barinas. No por casualidad su hermano, Alexis Parada, fue juez rector del poder judicial de esa entidad.

Luis Velásquez Alvaray, ex presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, DEM, es barinés, aunque desde su exilio en Costa Rica ha denunciado otros casos de corrupción que aparentemente fueron procesados por su despacho. Ricardo Coronado ex jefe de Producción Occidente y ex director de PDVSA, igualmente prófugo, es primo de Rafael Ramírez, y es de Barinas.

En Barinas se montaron las primeras emisoras de FM y televisión de Pdvsa. Y a esa localidad también mudaron el centro de servidores de toda la empresa petrolera que siempre funcionó en el edificio de Maraven en Chuao, Caracas.

Nuestra fuente nos informa que todos los vehículos y camiones de Pdvsa se negocian y compran en Barinas al Grupo de Empresas de Atef Nemen, un árabe que se inició vendiendo sábanas a domicilio y en la actualidad es un empresario multimillonario. Solo el concesionario Mitsubishi en Barinas no es de su propiedad.

De Barinas es oriundo Francisco Jiménez Yusti, ex gerente logístico de la División Faja del Orinoco, que compartió responsabilidades con el ingeniero Pedro León Rodríguez, ex director ejecutivo, aprehendido por desfalco a Pdvsa, debido al otorgamiento de contratos con sobreprecios sustanciales.

Francisco Jiménez Yusti, también ex presidente de Bariven, fue recientemente apresado por actos de corrupción. “Cometió ilícitos en los procesos de compras, en moneda nacional y en dólares, por cantidades superiores a los 10 mil millones de bolívares y 119 millones de dólares, es decir, sobreprecios entre 100% y 98 mil por ciento”.

Curiosamente Jiménez Yusti habría creado una compañía en Holanda en abril del año pasado, específicamente en la región de Gemeente Den Haag, o municipio de La Haya, donde se encuentra la Corte Penal Internacional, para sus negocios personales.

Cabe destacar que, según la opinión de expertos, Barinas no es rentable para Pdvsa puesto que por cada barril de petróleo que se produce en ese estado y en Apure, emanan 500 de aguas ácidas totalmente contaminadas y sin ninguna utilidad, por lo que solamente genera gastos y problemas.

Y aunque en apariencia se han asestado golpes en Bariven, aun es mucho lo que hay que hurgar en esa filial de Pdvsa.

El caso de Militarek

Y si de consentidos se trata, la contratista de Pdvsa, Transporte Militarek ocupa un lugar preferencial. Esta empresa, según su página web, “es una compañía del Grupo GEMS, y fue fundada en el año 2000. Dentro de nuestro portafolio ofrecemos Servicios de Rehabilitación y Perforación de Pozos Petroleros, Limpieza y Mantenimiento Industrial, Transporte de Maquinarias y Equipos Pesados”.

Pese a haber estado señalada en múltiples oportunidades por irregularidades y ser catalogada como una empresa de maletín, la compañía de Malik Souki continúa contratando con el Estado venezolano de acuerdo al Sistema Nacional de Contratistas, RNC.

El portal Anonymous Democratico da cuenta de una auditoría fiscal ordenada por la propia Pdvsa, en la que se constató que Transporte Militarek carece de solvencia laboral y, más grave aun, falsificó dos solvencias lo cual constituye un delito, pues ninguna empresa que no posea este tipo de documentación está capacitada para establecer relaciones de tipo contractual con la estatal petrolera ni con ningún ente de la nación.

La propia página oficialista Aporrea denunció a esta empresa y la acusó de insolvencia sin que los cuadros directivos de Pdvsa hicieran algo al respecto, frenando las contrataciones con Militarek.

El portal señaló que Militarek estaría siendo protegida “desde el propio gobierno y Pdvsa”, a través de funcionarios como el ya referido en estas líneas, Alexis Chacón, gerente de la consultoría jurídica de Pdvsa Servicios, quien estaría al tanto de todas las irregularidades cometidas por la empresa y, sin embargo, se niega a actuar en consecuencia.

También en Aporrea, el articulista Juan Martorano denunció ya hace varios años a Militarek: “situaciones de accidentes laborales y condiciones inseguras en el trabajo, ya han muerto varios trabajadores, lamentablemente, sin que esto haya sido atendido por Pdvsa y las autoridades correspondientes. Esto por la pésima calidad en la que se encuentran 8 taladros que se encuentran a lo largo de los diferentes campos petroleros de la zona, hay discriminación en el trabajo y violación de la convención colectiva petrolera, contratación de personal paralelo al SISDEM, el cual es el único y exclusivo ente encargado por Pdvsa para otorgar y colocar a trabajadores dentro de nuestra industria petrolera”.

Se refiere que Malik Souki tiene régimen de presentación en Venezuela cada 45 días por los delitos imputados de forjamiento de documentos, uso de documentos falsos o alterados y obtención ilegal de lucro en acto de la administración pública y fraude continuado, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 numerales 3º, 4º y 6º del Código Orgánico Procesal Penal.

La pregunta obligada al concluir estas líneas es: ¿continuará el Ministerio Público implementando un sistema de justicia selectiva?

La respuesta corresponde darla a Tarek William Saab.

DISCLAIMER

Vértice.News intentó obtener para este reportaje de los funcionarios y empresas mencionadas en este reportaje. Correos y mensajes enviados a Armando Giraud a Citgo, Pdvsa y Corpoelec no fueron devueltos al cierre de esta edición. Correos enviados a Pdvsa para conocer la versión de la corporación sobre hechos mencionados en esta nota no fueron respondidos. Vertice.News no pudo enviar cuestionarios al fiscal general Tarek William Saab, ya que el portal de la Fiscalía General, www.ministeriopublico.gob.ve, se encuentra desactivado para recibir solicitudes de correos y entrevistas. Un cuestionario enviado a Kaplan Industry Inc., una firma con sede corporativa en Panamá, no había sido devuelto al cierre de esta edición. Vertice.News no pudo obtener una versión de los hechos por parte de la firma Gulmar Offshore, con sede en Dubai, cuyo portal www.gulmaroffshore.com se encuentra desactivado.

Si alguna de las personas, empresas e instituciones mencionadas en este reportaje quiere ofrecer sus versiones sobre los hechos aquí narrados, puede comunicarse con nuestro portal a través del correo info@verticenews.com. Igualmente invitamos a toda persona que posea información que pueda ayudar a esclarecer los hechos narrados en este reportaje, a enviarnos sus aportes al mismo correo.