Los narcosobrinos: Una saga judicial que amenaza con extenderse más allá de la sentencia
Ante el juez de la causa, Paul Crotty, acuden nuevamente las partes este martes 3 de octubre cuando tendrá lugar una audiencia oral en la que los abogados de la defensa de los Flores buscan rebatir los alegatos de la fiscalía y de la Oficina de Libertad Condicional para solicitar al tribunal aplicación de la pena máxima: cadena perpetua. A la historia, sin embargo, le faltan unos cuantos episodios por venir
Por Maibort Petit @maibortpetit
El caso de los narcosobrinos de la pareja presidencial venezolana se ha convertido en una verdadera saga, en la que al mejor estilo de novela por entregas, surgen día a día nuevos eventos que le agregan mayor suspenso e intriga a esta historia cuyo desenlace está muy cerca.
Así, expectante, el público se frota insistentemente las manos y mesa sus cabellos ante lo que sucederá este martes 3 de octubre cuando tendrá lugar una audiencia oral en la que los abogados de los despachos jurídicos Boies, Shiller & Flexner y Sidley Austin LLP que representan los derechos de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, esperan eliminar los argumentos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina de Libertad Condicional (OLC) en los Informes Previos a la Sentencia (PSR), en que solicitan se aplique una pena de cadena perpetua a sus clientes.
Condenados por un jurado el 18 de noviembre de 2016 por conspirar para importar, traficar y distribuir 800 kilos de cocaína proveniente de Venezuela a Estados Unidos vía Honduras, Campo Flores y Flores de Freitas, a través de sus equipos de abogados defensores vienen bregando insistentemente, primero para evitar ser considerados culpables
Randall Jackson, John Zach, Joanna Wright, David Rody, Michael Mann y Elizabeth Espinosa se anotaron un tanto cuando con este pedimento — emitido el 21 de septiembre — lograron aplazar la lectura de la sentencia que el juez de la causa, Paul Crotty, tenía prevista para los pasados 12 y 13 de septiembre.
Condenados por un jurado el 18 de noviembre de 2016 por conspirar para importar, traficar y distribuir 800 kilos de cocaína proveniente de Venezuela a Estados Unidos vía Honduras, Campo Flores y Flores de Freitas, a través de sus equipos de abogados defensores vienen bregando insistentemente, primero para evitar ser considerados culpables mediante una estrategia que buscó desacreditar la actuación de los agentes de la DEA que llevaron a cabo la investigación, desestimar el testimonio de los informantes del caso y esgrimir las tesis del secuestro y entrampamiento por parte de las autoridades y la fiscalía mediante una serie de mociones que buscaban eliminar la evidencia que los incriminaba.
Ahora la defensa se debate entre diversos recursos en procura de evitar la sentencia de cadena perpetua que ha pedido el gobierno al juez Crotty.
En esta audiencia oral, aprobada por el magistrado, los acusados a través de sus abogados, así como los fiscales, podrán exponer, cada uno, los alegatos señalados en los informes PSR presentados por la fiscalía y la OLC, los cuales fueron previamente rebatidos por la defensa a través de un memorando.
Esta historia comenzó a contarse el 10 de noviembre de 2015, cuando el periodista Casto Ocando sorprendió al mundo con la noticia de que los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, habían sido apresados en Haití y trasladados a Nueva York donde eran acusados por narcotráfico.
En la audiencia oral los defensores de los Flores tendrán la oportunidad de hacer frente a las estimaciones del gobierno que consideran que los sobrinos de Cilia Flores cometieron delitos de tal gravedad, que ameritan una condena ejemplar para su conducta criminal. Creen los fiscales que es absolutamente necesario enviar un mensaje claro a los funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares que pretenden usar las estructuras de los estados y sus conexiones políticas para traficar drogas a Estados Unidos.
Para sustentar su solicitud de cadena perpetua, el gobierno ha tomado en cuenta una serie de elementos, tales como la cantidad de droga, la posesión de armas de fuego, las amenazas infringidas, el uso de aeronaves privadas, el intento de soborno, la importación de drogas, el carácter de líderes de una organización criminal y la obstrucción a la justicia, que exhibieron los Flores durante la conspiración.
En la audiencia de argumentos orales, la defensa de los Flores explicará las razones legales que los llevan a exigir que sean rechazados los alegatos del gobierno.
Luego de escuchadas las partes, el juez fijará una nueva fecha para dar lectura a la sentencia, lo cual podría ocurrir aproximadamente 30 días después a la sesión de este 3 de octubre.
Los capítulos
Esta historia comenzó a contarse el 10 de noviembre de 2015, cuando el periodista Casto Ocando sorprendió al mundo con la noticia de que los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, habían sido apresados en Haití y trasladados a Nueva York donde eran acusados por narcotráfico.
Posterior a la confusión que los primeros anuncios provocaron en la opinión pública y en el seno del alto gobierno venezolano, se fueron conociendo los detalles del hecho que apuntaron a que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, habían sido arrestados la mañana de la citada fecha, por agentes de la Oficina de Lucha contra el Narcotráfico (BLTS, por las siglas en francés de Bureau de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants) en el restaurante del Servotel, un lujoso hotel ubicado en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la capital haitiana.
La acción policial de la policía de Haití se hacía a solicitud de la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DEA, por las siglas en inglés respecto al nombre Drug Enforcement Administration), agencia del gobierno estadounidense que venía haciéndoles seguimiento a los Flores desde hacía varios meses.
Cubiertos los trámites legales luego de la reseña policial, los primos Flores fueron entregados en custodia a las autoridades de Estados Unidos, luego de que el gobierno de Haití expulsó a los detenidos que eran requeridos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York para procesarlos judicialmente por los delitos que les imputó un Gran Jurado de EE UU.
Desde que esa noche, Campo Flores y Flores de Freitas bajaron del avión a las 8 y 10 minutos de la noche en el aeropuerto de White Plains en el condado de Weschester en Nueva York.
La ciudad de los rascacielos había dejado de tener para los familiares de Nicolás Maduro el encanto que sus anteriores aventuras de lujo y despilfarro les habían brindado. Se enfrentaban ahora a una realidad que aun en esos momentos era absolutamente incierta. Tal vez albergaban la esperanza de que su parentesco con el mandatario venezolano pudiera librarlos de pesadilla que se les avecinaba y de la cual apenas podían ver algunas imágenes.
Tuvieron que pasar varios meses para que en septiembre de 2016 se descubriera que el empresario Wilmer Ruperti, de gran afiliación con el oficialismo pagaba las facturas de los defensores de los sobrinos Flores, supuestamente por puro patriotismo.
Los esperaba por lo pronto, no la habitación de alguno de los lujosos hoteles a los que estaban acostumbrados, sino la fría celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York (MCC por sus siglas en inglés), ubicado a escasos metros del edificio 500 Pearl Street en Manhattan, donde funciona la corte del Distrito Sur de Nueva York que más tarde les daría la bienvenida.
Eso ocurrió el 12 de noviembre de 2015 a las 6:10 pm, cuando fueron presentados ante el juez accidental, James L. Cott, quien luego de revisar los informes de investigación de arresto de los acusados, les leyó los cargos presentados en su contra: Conspiración para importar cinco o más kilogramos de cocaína a Estados Unidos desde un país extranjero; y distribuir cinco o más kilogramos de cocaína conociendo y con la intención de que sería importada a Estados Unidos.
La causa quedó asignada al juez Paul Crotty de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Los representaba uno de los despachos de abogados más costosos del mundo: Squire Patton Boggs, una firma que durante años había mantenido relaciones con el Estado venezolano, por lo que la pregunta inmediata fue: ¿quién pagaba los gastos de representación legal de los familiares de la primera dama? ¿Se estaban costeando los honorarios profesionales de los abogados con presupuesto de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos o acaso era Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela en esa nación la que erogaba tales pagos?
Esta interrogante se mantuvo latente durante mucho tiempo en las distintas etapas del proceso judicial.
Pero esto habría de durar poco, pues los dos acusados no podían ser representados por los mismos abogados, así que Franqui Francisco Flores de Freitas, muy a su pesar, debió declararse incapaz de pagar la defensa privada y tuvo que acogerse a la pública. El juez Crotty procedió a designarle como defensores públicos provisionales a Vincent Southerland y Jonathan Morvinny, del grupo Federal Defendant of New York Inc, quienes ejercieron su representación legal hasta el mes de abril de 2016.
Luego de estos siguieron presentándose cambios en los equipos de defensa de los Flores, pero todos se enfrentaban a un grave problema: los acusados, durante el vuelo que los había trasladado de Puerto Príncipe a Nueva York, habían confesado sus delitos ante el agente especial de la DEA, Sandalio González, quien desde hacía varios meses se encargaba de investigar el caso.
Bien sustentado
El gobierno de Estados Unidos estaba decidido a aplicar todo el peso de la ley a los acusados. Para ello el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, había blindado el caso con pruebas contundentes recogidas por la DEA y un equipo de informantes confidenciales y testigos cooperantes.
Todo estaba grabado y documentado. Los propios acusados habían declarado que usarían vuelos legales salidos desde la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía por el que los Flores se movían sin que les aplicaran los controles de seguridad comunes a todo ciudadano venezolano.
El juicio contra Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas se llevó a cabo del 7 al 18 de noviembre de 2016 cuando el jurado los declaró culpables de los cargos que se les imputaban.
Por otra parte, había quedado en evidencia que los sobrinos de Cilia Flores se desenvolvían como peces en el agua en el submundo de las mafias. De hecho quedó establecido que la droga de la operación era provista por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Bharara había designado a los fiscales auxiliares, Emil Bove III, Mathew J. Laroche, Michael D. Lockard, y Brendan F. Quigley para llevar la acusación y todo apuntaba a que los defensores de los Flores no la tendrían nada fácil.
En virtud de las múltiples suspicacias que el asunto del pago generaba, los abogados de Squire Patton Boggs, John Reilly y Rebekah Poston, decidieron separarse de la defensa el 16 de diciembre de 2015 y Campo Flores se declaró insolvente ante el tribunal, por lo que el Juez Crotty le asignó un defensor de oficio, a saber, Kafahni Nkrumah.
El “secuestro”
Mientras esto sucedía en Nueva York, en Venezuela el hermetismo del alto gobierno se mantenía. Solo transcurrido un tiempo, el para entonces presidente de la Asamblea Nacional y segundo hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró en una entrevista televisiva que los sobrinos de la pareja presidencial habían sido víctimas de un secuestro
Cabello comentó que resultaba sumamente extraño el arresto y apuntó que era muy curioso que el resto de la tripulación y la aeronave misma en la que viajaron los Flores no hubieran sido también retenidos. Poco tiempo después, la primera dama venezolana y tía de los acusados, Cilia Flores, secundó esta teoría que habría de ser sostenida y esgrimida hasta el final de juicio con diversas variantes.
Los rumores de pasillo iban y venían y se fueron tejiendo una serie de elucubraciones acerca del destino de quienes ya se conocían en la opinión pública mundial como los “narcosobrinos”. Se decía insistentemente que era posible que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas se declararían culpables gracias a un acuerdo que supuestamente estaban negociando. Un chisme que resultaba poco creíble en virtud de que no se concebía que desde las esferas del gobierno venezolano se aceptara tal posibilidad. Una declaración de culpabilidad por parte de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores les habría dado la razón a todos quienes afirmaban que el régimen venezolano es un narco gobierno.
Cuando se creía que ya todo el proceso se enrumbaría ocurrió un nuevo evento: Campo Flores y Flores de Freitas anunciaron un nuevo cambio de abogados.
De la defensa de Campo Flores ahora se encargarían Randall Jackson y John T. Zack de la prestigiosa firma Boies, Schiller & Flexner LLP, quienes el 8 de marzo de 2016 asumieron la representación del acusado ante el juez Paul Crotty.
Posteriormente, el 6 de abril, Flores de Freitas hizo lo propio y Michael D. Mann y David M. Rody, del bufete Sidley Austin LLP, tomaron las riendas de su defensa.
Nuevamente se encendió la opinión pública con el asunto del pago de la defensa de los Flores. Incluso, la fiscalía planeó un conflicto de intereses al establecerse que una misma persona pagaba los honorarios de los abogados de ambas firmas. Quiso blindarse el gobierno para evitar posteriores impugnaciones y ante el juez, Paul Crotty, los acusados tuvieron que declarar, en una audiencia especial, que entendían perfectamente la situación y estaban dispuestos a proseguir la causa con su nueva representación.
Tuvieron que pasar varios meses para que en septiembre de 2016 se descubriera que el empresario Wilmer Ruperti, de gran afiliación con el oficialismo pagaba las facturas de los defensores de los sobrinos Flores, supuestamente por puro patriotismo.
Curiosamente para los días en que este asumió tal compromiso, Pdvsa había otorgado un contrato por 138 millones de dólares a la empresa Maroil Trading Inc. Que es propiedad de Ruperti. Pura casualidad, según el decir del chavismo.
Fueron muchas las prórrogas que este caso experimentó, primero — según los rumores de pasillo — porque había que evitar que el escandalo afectara al golpeado oficialismo en las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar el 6 de diciembre de 2015. Después por las peticiones que cada despacho de abogados hacía para poder estudiar el expediente y preparar una estrategia de defensa.
En la corte
Justamente ambos escritorios jurídicos delinearon una estrategia de defensa sustentada en varios puntos. Primero, fueron secuestrados, pues aseguraban que los primos Flores en lugar de haber sido aprehendidos eran víctimas de una captura en la que brillaban por su ausencia los visos de legalidad. Segundo, sostuvieron y lo hacen todavía, que en dicho secuestro de los Flores, tuvo participación la DEA, aun cuando se encontraban en suelo haitiano.
Tercero, los acusados fueron víctimas de una trampa urdida por la DEA con meros fines políticos. Cuarto, las pruebas fueron manipuladas exprofeso por los informantes de la DEA, unos sujetos que carecían de credibilidad y que engañaron a la agencia durante años, pues mientras cooperaban con el gobierno seguían incursos en actividades de narcotráfico.
La defensa hizo todo lo posible por lograr la supresión de las evidencias recolectadas por el gobierno, pero el juez Crotty desestimó tal solicitud.
El juicio contra Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas se llevó a cabo del 7 al 18 de noviembre de 2016 cuando el jurado los declaró culpables de los cargos que se les imputaban.
Es importante advertir que el caso de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro muy probablemente no concluya con la lectura de la sentencia, pues se estima que la defensa acudirá a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en el lapso de los 15 días que prosigan a la condena. Allí, un panel de tres jueces evaluará si hubo o no fallas en la aplicación de la norma en el proceso judicial de los primos Flores.
Esta saga, por lo visto, continuará.
