Luis Almagro se los dijo (y la Fiscal también…)

Por Oscar Medina | @oscarmedina1

El tuit de María Corina Machado no puede ser visto como un simple arrebato de soberbia. Ese “Se los dije” del 30 de marzo nos contiene, es una seña venezolana. Primero nos da risa y hacemos chistes y luego, al rato, nos patea el ánimo. Todos hemos escuchado algo similar de parte de nuestros padres, de amigos, de gente que quiso darnos un consejo. Y todos lo hemos dicho en diferentes circunstancias. Es la amargura o el gusto de tener la razón. La primera recriminación que le haces a tu hijo cuando se da el porrazo que tanto le anunciaste cuando decidió treparse en un muro.

En la historia de los últimos años hemos pasado del “eso no va a suceder” al “se los dije”. Ahora todos lo sabíamos. En las redes y en los artículos de opinión siempre sabemos tanto. Como managers de tribuna hemos pretendido dar indicaciones a los líderes políticos, hemos asumido que tenemos la receta, que sabemos mejor que ellos cómo se bate el cobre, cuál es la jugada, la mejor estrategia. Pero la verdad es que nunca nadie estuvo preparado para enfrentar ni descifrar completamente el proyecto de toma y control del poder que instauró el chavismo con el apoyo y beneplácito de buena parte de la población venezolana. Porque esa es la realidad: el chavismo llegó a donde llegó con los votos. Y una vez allí, se adueñó de todo y unos aplaudieron y otros solo nos quejamos.

Machado ahora es la mamá que nos regaña. Tiene parte de razón. Parte. Ella misma, pese al empeño de sus ideas fijas, a su denuncia constante de que estamos en una versión novedosa de dictadura y al desafío que le ha planteado al gobierno en cada oportunidad, no ha contado ni con la claridad ni con la fuerza suficiente para cambiar el curso de los acontecimientos.

Y no es su culpa. No es que haya sido una voz clamando en el desierto, ni mucho menos una profeta a la que no quisimos atender. Es que enderezar este gran entuerto es una tarea colectiva. Siempre lo fue: un asunto de todos, de actuar como la mayoría que hemos creído ser. Y no lo hicimos. Muchos, claro, asumieron el riesgo y lo siguen haciendo. Pero como colectivo hay que entender que no lo hemos logrado. ¿Cómo enfrentas con las herramientas de la democracia a un poder perverso y sin escrúpulos? ¿Cómo enfrentas a un grupo ambicioso al que le dejaste controlar el sistema completo?

Parte del problema de haber crecido en democracia es no estar preparados para el juego antidemocrático.

Y ahora nos encontramos en este momento tan extraño. Tan desconcertante. Justo cuando sus acciones son materia de discusión en la OEA, el gobierno resuelve por la vía del Tribunal Supremo anular a la Asamblea elegida por el pueblo y concentrar sus atribuciones –y otras más- en la figura de Nicolás Maduro. Justo cuando se cuestiona su talante democrático, el gobierno responde internamente con una muestra de hasta dónde es capaz de llegar en su afán autoritario. Y eso, que como bien lo han dicho muchos ya no es más que una fórmula de golpe de Estado, también constituye un desafío, un reto, un desaire, a ese organismo internacional que tiene el mandato de velar por la salud de la democracia en el continente.

Lo que ha lanzado el gobierno de Maduro al seno de la OEA es una pústula, una carga contaminada: ustedes hablen que aquí se hace lo que nos da la gana. ¿Y qué nos van a hacer?

La reacción inmediata de Perú dio el ejemplo: retirar su embajador no va a resolver el problema interno, pero es una señal importante de repudio. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también podría advertir lo mismo que María Corina: “Se los dije” (sus informes del 30 de mayo de 2016 y del 14 de marzo pasado son muy claros). En lugar de eso, condenó las sentencias del TSJ en un comunicado y convocó de urgencia al Consejo Permanente del organismo. Los gobiernos de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Costa Rica han condenado el despojo de facultades del parlamento venezolano, a lo que habría que sumar la –por ahora- tibia manifestación del gobierno mexicano. Ya al menos once países expresaron su rechazo. El propio Almagro no titubeó al calificar esto como un “auto-golpe”. Mercosur se reunió de emergencia y le pidió al gobierno de Maduro respeto al cronograma electoral y a los derechos humanos; restablecer la separación de poderes y liberar a los presos políticos.

Por alguna razón Maduro y su gente decidieron forzar las cosas. Quizás vean el ejemplo de lo ocurrido en el caso de Nicaragua, donde Daniel Ortega se inventó unas elecciones sin oposición y ahí anda de lo más feliz. Pero Maduro ha hecho esto precisamente cuando el foco de la OEA estaba sobre Caracas y la decisión de aplicar la Carta Democrática asomaba como una posibilidad cierta. ¿Por qué?

Hay una razón económica que planea sobre los hechos con cierta timidez: los endeudamientos y negocios internacionales debían contar con la aprobación de la Asamblea Nacional. En su lógica avasallante, el chavismo se sacó de encima al parlamento y con eso le da un barniz legal a cualquier acuerdo económico que se plantee. Pero, ¿está tan necesitado el gobierno de dinero ajeno? La evidencia indica que sí. ¿Tanto como para proyectarse sin pudor alguno como una dictadura? Lo sabrán ellos.

El 6 de febrero el diputado –y presidente de la Asamblea- Julio Borges declaró que al menos dos importantes “prestamistas” exigían a Maduro el reconocimiento de las potestades y la autoridad de la Asamblea Nacional. Se refería a la CAF y al gobierno chino. Y no hay que dejar por fuera a Rusia y los planes en el llamado “arco minero” al sur del país. Por esos días el presidente incluso hablaba de “regularizar” al parlamento para que todo estuviera en orden. Y encomendó la tarea al alcalde capitalino y líder del Psuv, Jorge Rodríguez. La encomienda, como sabemos, no prosperó. ¿Arrebatar esas potestades y adjudicárselas a la fuerza al Ejecutivo era el plan B?

Hace unos pocos días el diputado José Guerra denunció que Maduro, a través del Banco Central, intentaba conseguir un préstamo de 400 millones de dólares de la CAF. Y explicó el escenario: “Alertamos a las autoridades de la CAF a que actúen apegados a la ley y que no sean objeto de presión política por parte del gobierno. El Parlamento venezolano está en la mejor disposición a colaborar en la resolución de la crisis económica pero reitera que todo endeudamiento público, requiere la aprobación de la Ley Especial de Endeudamiento y esta no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional”.

¿La decisión del TSJ será suficiente para convencer a la CAF de que todo está en regla para el desembolso? ¿400 millones de dólares para quedar ante el mundo como una dictadura? ¿Rusos y chinos se sentirán confiados ahora?

Por una parte está el dinero y por otra la excusa, el juego político. Terminar aislados y condenados por los vecinos dará sustento a la épica propagandística de la valiente revolución cercada por las fuerzas del mal. ¿No era mejor tender puentes con los parlamentarios y trabajar en equipo para resolver la crisis económica? No. Eso para el chavismo nunca ha sido una opción: en la oposición solo hay enemigos a quienes hay que aplastar.

Y como en la OEA al parecer ya no hay tantos amigos, también es posible que la meta incluya quebrarle el espinazo a la organización. Ya el caso Venezuela no está como para quedarse en meros deseos de buena voluntad. El momento exige posiciones concretas, sin disimulos ni florituras. Si los argumentos de Almagro no resultaron suficientes para convencer a los países miembros, las acciones recientes del gobierno deberían hacerles entender que si la OEA no actúa su propio futuro también será incierto. Y ahí sí, tendrán que escuchar a Almagro: “se los dije”.

No es cualquier frase. No es un línea desprovista de peso. La extraña situación de Venezuela se hizo todavía más curiosa cuando la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se decidió a soltar en público lo que seguramente advirtió en privado. Y no fue a través de Twitter. En una rueda de prensa -viernes 31 de marzo- sorprendió a todos al explicar que las sentencias 155 y 156 del TSJ iban más allá de lo legal: “En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y el desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.

Así, la propia Fiscal tan identificada siempre con el gobierno chavista, denunció el golpe. Y al mismo tiempo dejó la mesa servida para la rectificación. Bufa, insuficiente, pero válida para ellos.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, convocó a una conferencia de prensa horas más tarde. Pero “algo” le puso freno y la cancelaron a último momento. Puertas adentro el gobierno ajustaba las tuercas flojas. Y Maduro apareció en cadena de radio y televisión, dio unos cuantos rodeos, dejó en el aire la amenaza de intentar controlar las redes sociales, aseguró que desconocía el contenido de las sentencias que dejaban en sus manos el poder casi absoluto y presentó la versión de un supuesto “impasse” entre poderes que él mismo resolvería esa misma noche.

Maduro convocó a una Consejo de Defensa, una instancia que -en realidad- no tiene competencias para dirimir conflictos entre los poderes públicos y que se realizó sin la presencia de la Fiscal. Allí, en la madrugada del 1 de abril se tomaron decisiones que muestran una vez más cómo el Ejecutivo mueve los hilos del Tribunal Supremo: la orden fue “revisar” las sentencias 155 y 156.

Y el magistrado Moreno corrigió de inmediato. La Sala Constitucional del TSJ obedeció y se desdijo a través de dos nuevas sentencias que básicamente devuelven a la Asamblea Nacional las facultades que esa misma Sala le había arrebatado. Y pese a eliminar también los poderes “supraconstitucionales” de Maduro, se cuidó de dejar en sus manos la posibilidad de constituir empresas mixtas -con capitales nacionales y extranjeros- sin necesidad de contar con la aprobación del Parlamento.

Tras cumplir con lo suyo, Moreno pudo hablar, pero ante una pequeña representación de los diplomáticos acreditados en Caracas que tuvieron la paciencia de escucharle decir que el TSJ no había despojado a la Asamblea Nacional de sus funciones.

Quizás el gobierno asuma que así conjuró el mal momento. Pero hay más de 50 sentencias del TSJ que han ido acabando con las facultades parlamentarias, todavía falta conocer lo que tienen que decir los países miembros de la OEA, sopesar las consecuencias de lo expuesto por la Fiscal y sumar a eso los planes inmediatos de la oposición que sigue teniendo en sus manos argumentos para denunciar el auto-golpe del que habló Almagro.

Todavía queda mucho por decir.