Fin de la hegemonía: ¿Qué sigue para Venezuela?
Informe Breve sobre América Latina N°34
I. RESUMEN
La oposición venezolana, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), obtuvo una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Este resultado representa el punto final al predominio de 15 años sobre el poder legislativo por parte de los partidos asociados con el Presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro y abre la posibilidad de una solución pacífica y dialogada a la crisis que azota al país. La MUD desafió condiciones electorales altamente desventajosas y superó los pronósticos más optimistas, asegurando 112 de los 167 escaños en la Asamblea Nacional (AN). Esto le otorga la mayoría calificada de dos tercios del parlamento, y con ello la posibilidad de ejercer un amplio control sobre la agenda legislativa y también, hasta cierto punto, sobre el Gobierno.
A pesar de este giro, las partes necesitarán de toda su creatividad e imaginación, además de voluntad política, para acordar soluciones a los urgentes problemas del país. La comunidad internacional debe apoyar esos esfuerzos.
El Presidente Nicolás Maduro — que había amenazado con ganar “como sea” las elecciones y lanzarse a la calle con sus seguidores si perdía — reconoció el triunfo de la oposición. Lo atribuyó, en un discurso televisivo momentos después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitiera los primeros resultados, a una “guerra económica” dirigida por el sector privado y sus aliados nacionales e internacionales que, según el Gobierno, explicaría los altísimos niveles de inflación y escasez que padece Venezuela. La violencia post-electoral que muchos temían no se produjo. Sin embargo, en los días posteriores tanto Maduro como el presidente saliente de la AN, Diosdado Cabello, hicieron patente la dificultad que tienen para aceptar la nueva realidad política.
Maduro ha asegurado que no firmará una ley de amnistía para los cerca de 80 presos políticos que la MUD ha prometido como su primer acto legislativo. También ha amenazado con vengarse de los que votaron contra el Gobierno asegurando, por ejemplo, que no está dispuesto a construir más casas para votantes desagradecidos. El Gobierno le ha quitado al parlamento el control de su medio televisivo y su estación de radio, transfiriendo la propiedad a sus trabajadores. Diosdado Cabello ha insistido en el nombramiento de 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para no dejarlo en manos de la mayoría opositora de la AN que se instalará el 5 de enero.
Además, el 15 de diciembre dirigió la instalación de un “Parlamento Comunal” de dudosa legalidad que buscaría hacer contrapeso a la nueva Asamblea. A pesar de esta renuencia, hay razones para pensar que la nueva realidad política, tarde o temprano, se hará sentir.
Cuando esto suceda tendrá que haber negociaciones sobre los temas más urgentes, tanto en lo económico y social como en lo político. Venezuela está sumida en una crisis económica de grandes dimensiones que amenaza con provocar un desastre humanitario. Si las dos partes caen en una estrategia de confrontación olvidando la voluntad popular expresada en las urnas, esta crisis empeorará rápidamente llevándose por delante tanto a los líderes del Gobierno como a los de la oposición.
Entre las razones para ser optimistas está la postura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuyo comportamiento institucional durante, y sobre todo después de las elecciones indica que no van a acompañar una aventura golpista. Por ende, la opción que Maduro había planteado explícitamente antes de las elecciones de apoyarse en los militares para desconocer los resultados y mantener el poder parece descartada.
Sin embargo, la negociación será difícil de lograr y a las dos partes les tomará algo de tiempo acostumbrarse a una realidad política que demanda más acuerdos que confrontaciones. El oficialismo no está acostumbrado a ser minoría y, a juzgar por sus declaraciones recientes, apelará a sus partidarios para que confronten a la nueva AN en las calles. Algunos de sus integrantes presionarán por resistirse y desgastar el poder de la AN. La MUD también tiene sus dilemas internos. Es un conglomerado de partidos que individualmente tienen escaso apoyo popular y algunos temas tensionarán esa unidad y someterán a prueba una confianza interna que ha sido tradicionalmente frágil.
En todo caso, el nuevo mapa político ofrece la oportunidad de pactar entre dos poderes del estado igualmente legítimos y, en consecuencia, de estar en mejores condiciones para evitar un mayor deterioro social y económico durante los tres años restantes del mandato de Maduro.
De lo contrario, el entrampamiento entre una Asamblea cuyas leyes son vetadas y un Gobierno sometido a censuras y que se siente amenazado podría empujar a Venezuela a una crisis de gobernabilidad profunda de la que será difícil salir sin ayuda de terceros capaces de facilitar un diálogo.
Con la finalidad de garantizar un proceso político estable y exento de
violencia y salidas inconstitucionales:
El Gobierno, la MUD, y los futuros miembros de la nueva Asamblea
Nacional deberían:
- Facilitar un tránsito pacífico hacia la instalación de la nueva AN el 5 de enero de 2016, respetando el marco previsto por la Constitución de 1999;
- Establecer una agenda legislativa compartida, con la finalidad de resolver los problemas urgentes que enfrenta la economía y la sociedad, incluyendo la adopción de mecanismos concertados para la restauración de las libertades civiles; y,
- Acordar un mecanismo expedito para la liberación de las personas privadas de libertad en ocasión de los hechos ocurridos entre febrero y mayo de 2014 u otros similares. Considerar la posibilidad de otorgarles la libertad inmediata a través de una amnistía que respete los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. En su defecto, adoptar un mecanismo extraordinario de revisión judicial de sentencias, previa opinión de una comisión especial de estudio de casos.
El Gobierno debería:
- Cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional, sin perjuicio de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo. Abstenerse de incitar a sus partidarios a confrontar al Legislativo en las calles o por vías distintas a las previstas en la Constitución;
- Restablecer la publicación y difusión de cifras objetivas y confiables sobre información macro-económica, sobre enfermedades transmisibles y sobre indicadores de seguridad ciudadana; y,
- Restaurar el estado de derecho en todo el territorio, incluyendo el levantamiento de los estados de emergencia en los municipios fronterizos con Colombia.
La comunidad internacional, en especial la ONU, la Unión Europea (UE),
la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), deberían:
- Reiterar su llamado al Gobierno y los actores políticos a cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados internacionales, así como de abstenerse de incitación a la violencia;
- Respaldar y apoyar los esfuerzos nacionales por establecer mecanismos políticos de diálogo y concertación, incluyendo la posibilidad de ampliar la presencia de organismos internacionales, servir de veedores y mediadores y financiar proyectos destinados a mejorar la calidad de la democracia; y,
- Apoyar decididamente actividades humanitarias, particularmente en la contención y lucha contra enfermedades transmisibles y en la mejora de los sistemas de distribución de medicinas y alimentos, empezando por las zonas rurales y periféricas a las ciudades.
II. LA CAMPAÑA Y LA JORNADA ELECTORAL
La campaña electoral inició el 13 de noviembre acompañada de una retórica intimidatoria por parte del Gobierno, así como de una serie de incidentes armados que afectaron las actividades de campaña de la oposición. Una persona murió baleada en circunstancias que aún no están del todo esclarecidas. Las condiciones que enfrentaba la oposición la colocaba en franca desventaja. Además, el Gobierno rechazó peticiones de la OEA y la UE de enviar misiones de observación electoral.
A. La victoria “como sea”
El presidente Maduro afirmó repetidamente que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados lograrían la victoria “como sea” y que no tenía intención alguna de “entregar la revolución”.
El 25 de noviembre, el dirigente político de la oposición Luis Díaz murió tras ser baleado durante un acto electoral celebrado en una pequeña localidad en el centro de Venezuela. Había ocupado el escenario junto con Lilian Tintori, la esposa del preso político más célebre, Leopoldo López. La oposición acusó al Gobierno de este ataque, pero no pudo ofrecer ninguna prueba para respaldar su acusación. Entre otras irregularidades, las actividades de campaña del candidato de la MUD Miguel Pizarro en los barrios del este de Caracas fueron interrumpidas el 22 de noviembre por hombres en pasamontañas vestidos con camisetas rojas del PSUV, quienes dispararon al aire con pistolas y rifles automáticos.
B. Obstáculos al avance de la oposición
El régimen bolivariano siempre ha podido enfrentar las críticas con contundencia basándose en una legitimidad que proviene de las 18 elecciones que ganó.
Nunca se ha podido demostrar que el sistema de votación electrónica haya falsificado el número de votos emitidos, pero las condiciones de campaña impuestas (o permitidas) por el CNE, dominado casi completamente por el Gobierno, se habían vuelto cada vez más duras para una oposición a cuyas denuncias el CNE solía hacer oídos sordos.
A pesar de que los partidos políticos no han sido prohibidos bajo el actual régimen, impedir la participación de ciertos líderes y de algunos partidos claramente formó parte del plan del Gobierno. Media docena de los políticos opositores más destacados fueron inhabilitados para presentarse a las elecciones, algunos de ellos encarcelados o bajo arresto domiciliario.
El caso más célebre es el de Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular (VP), sentenciado en septiembre de 2015 a catorce años de cárcel bajo cargos que, según admitió recientemente uno de los fiscales del caso, no tienen ningún fundamento legal. El Gobierno hizo amplio uso de mecanismos para confundir al elector, tales como decisiones judiciales que intervinieron en la conducción de partidos políticos de oposición o el reconocimiento de grupos con siglas y colores semejantes a los de la MUD. A pesar de estas dificultades, el CNE terminó anunciando resultados que reflejaron válidamente las intenciones de los electores.
1. El poder absoluto del Estado
La constitución venezolana prohíbe la financiación de partidos políticos por parte del Estado y tampoco permite a los empleados públicos usar su posición para favorecer a individuos u organizaciones. La Ley Anticorrupción y la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) son igualmente claras en este sentido.
No obstante, en la práctica el PSUV explotó en beneficio propio los recursos como edificios, vehículos o personal del Gobierno central y los Gobiernos locales, entre otras de las empresas estatales Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y la eléctrica Corpoelec. Los candidatos oficialistas suelen tener lugares destacados en la inauguración de obras públicas y se ha hecho uso de la Guardia Nacional y la Milicia Bolivariana para obtener votos. Incluso los funcionarios públicos acompañan a los candidatos a los eventos de campaña.
El CNE rara vez ha tomado medidas contra los partidos oficialistas para frenar este ventajismo, y en los últimos años ha argumentado que los eventos fuera del periodo formal de campaña (que en esta ocasión fue de tan solo tres semanas) no están regulados por ninguna norma. El resultado es que cualquier actor político — pero sobre todo los oficialistas, que controlan los recursos del Estado — gozan prácticamente de impunidad para ignorar las normas electorales.
2. Sesgo mediático
Cuando Hugo Chávez asumió la Presidencia en 1999, el Gobierno solo tenía un canal de televisión, una estación de radio con dos frecuencias, y una agencia nacional de noticias. Ahora cuenta con más de una docena de canales de televisión, una veintena de estaciones de radio nacionales y regionales, una agencia de noticias, un diario nacional y varios regionales, además de una multitud de páginas web y medios “comunitarios” financiados por el Estado. También ha ampliado su influencia mediante la compra, por parte de intereses no identificados pero claramente oficialistas, de varios medios de comunicación que incluyen el canal de noticias Globovisión y dos diarios nacionales. En 2007, sacó del aire a un canal opositor y casi tres docenas de estaciones de radio mediante el simple trámite de cancelar sus licencias.
Los editores y redactores críticos del Gobierno han sido perseguidos en los tribunales y sometidos a fuertes multas, mientras que para los diarios opositores es cada vez más difícil obtener papel. Estos casos fueron señalados el 10 de noviembre de 2015 en una larga carta abierta de Luis Almagro, secretario general de la OEA, a Tibisay Lucena, presidenta del CNE, en respuesta a su rechazo a la solicitud de la OEA para observar las elecciones. Mientras se silenciaba la voz de la oposición en los medios convencionales, la propaganda del Gobierno se transmitía día y noche.
Una de las herramientas clave del PSUV es la llamada “cadena”. Bajo este sistema, el presidente puede interrumpir simultáneamente todas las estaciones abiertas de radio y televisión por tanto tiempo como desee.
En tiempo de elecciones, las cadenas se emplean fundamentalmente para promover los mensajes de campaña oficialistas y presentar a los candidatos del Gobierno. El CNE se ha negado a limitar al uso de cadenas o de publicidad financiada por el Estado, a pesar de los repetidos llamados a hacerlo en años anteriores por parte de organismos como la UE y el Centro Carter.
3. Una presencia internacional disminuida
El Gobierno se negó a aceptar misiones de observación de la OEA y de la UE e impuso restricciones a la de la UNASUR, levantando sospechas sobre su intención de llevar a cabo un proceso electoral limpio. Bajo los términos de su acuerdo de “acompañamiento” electoral, la UNASUR tenía prohibido hacer comentarios “subjetivos” sobre las condiciones electorales y su informe final solo estaría disponible para el CNE a no ser que este decidiera lo contrario. La autoridad electoral brasileña se negó a participar en la misión por considerar que estas condiciones hacían que fuera imposible llevar a cabo una “observación adecuada”. Sus homólogos de Chile, Paraguay, Perú y Uruguay tampoco participaron, dejando la representación de sus respectivos países en manos de las cancillerías o parlamentos.
La misión de UNASUR, que fue inaugurada el 17 de noviembre, estuvo encabezada por el ex presidente de República Dominicana Leonel Fernández.
El desafío que enfrentaban Fernández y sus colegas estaba reflejado en la carta que envió Almagro a Lucena unos días antes. En ella, Almagro detalló sus inquietudes e indicó que la “transparencia y justicia electoral que el CNE debería garantizar” no estaban del todo aseguradas.
Almagro no fue el único en cuestionar una balanza inclinada en contra de la oposición. El 16 de noviembre, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) publicó las conclusiones preliminares de un estudio sobre la campaña que realizó en conjunto con el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas. Su principal conclusión fue que, a pesar de la fortaleza del sistema de votación electrónica, “la mayor debilidad está en la falta de equidad de las condiciones de la competencia electoral”. El informe resaltó la falta de credibilidad del CNE, debido en parte a irregularidades en el nombramiento de sus rectores; la falta de una auditoría independiente del registro electoral desde 2005 y la creencia generalizada que el voto no es secreto.
C. El día de las elecciones
Pese a los temores, el 6 de diciembre la votación transcurrió en un ambiente generalizado de paz. Salvo unos pocos incidentes violentos (algunos criminales, más que políticos), solo hubo denuncias relativamente menores.
El CNE anunció hacia las 18:00 que los puestos de votación permanecerían abiertos una hora adicional o mientras hubiera personas en la fila. Henry Ramos Allup, dirigente del partido opositor Acción Democrática (AD), declaró que Sandra Oblitas (la rectora de CNE que hizo el anuncio) estaba violando la ley electoral al prolongar el horario de votación. Tras esta decisión del CNE, varios dirigentes de la MUD declararon que “no tolerarían más prórrogas”. Aun con esta extensión, la mayoría de los centros cerraron temprano y hubo poca intimidación por parte de grupos armados. La tensión aumentó, sin embargo, a medida que el CNE demoraba el anuncio de los resultados que la oposición ya tenía en sus manos. Pasada la medianoche, se emitió el primer boletín que daba 99 escaños a la MUD y solo 46 al Gobierno, con 22 todavía en disputa.
Existen muchos rumores sobre lo que ocurrió ese día en el seno de las Fuerzas Armadas. Durante la tensa espera, el General en Jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) apareció en vivo flanqueado por otros altos oficiales. Formalmente, el mensaje fue simplemente un informe sobre el desarrollo del Plan República, como se denomina el operativo militar para resguardar el proceso electoral. El ministro, que a esa hora estaría informado sobre los resultados, exhortó a las partes a “respetar las reglas de la democracia”. No tardaron en aparecer, sin embargo, versiones que aseguraban que la FANB estaba enviando un mensaje específicamente al Gobierno de que había que respetar el resultado electoral que los actores políticos ya conocían.
Incluso hay quienes afirman que Padrino tuvo una discusión fuerte con Diosdado Cabello, quien habría insistido en la necesidad de evitar a toda costa la pérdida de control de la AN. Ya en vísperas de las elecciones Padrino había dado un discurso televisivo en el que descartaba la posibilidad de “golpe o autogolpe”.
Maduro reconoció su derrota en un discurso televisivo inmediatamente después del anuncio de los primeros resultados (calificados de “irreversibles” por el CNE) atribuyéndola a la llamada “guerra económica”. El CNE tardó casi 48 horas en producir unos resultados definitivos que confirmaron que — contrario a casi todos los pronósticos — la MUD había logrado la mayoría calificada de dos tercios de los escaños (112 contra 55 para el PSUV y sus aliados). Un dato de gran importancia para entender el triunfo sustantivo de la oposición en estas elecciones es el índice de participación. Un 74% de los registrados en el padrón electoral asistieron a depositar su voto, en comparación con el 66,5% registrado en la última elección legislativa.
III. UNA NUEVA REALIDAD
Las dimensiones del triunfo de la oposición han cambiado la realidad política de Venezuela y las nuevas reglas del juego tardarán un tiempo en establecerse porque habrá resistencia al cambio.
La MUD obtuvo más del 56% por ciento de los votos frente al cerca del 41 % del PSUV y sus aliados. Centenares de miles de electores que habían votado por Maduro en el 2013 cambiaron su opción en esta ocasión, dando a la oposición una holgada victoria. La MUD derrotó al oficialismo en 16 de 23 estados. En la capital Caracas y en ocho estados del país la MUD logró hacerse con todos los diputados, ganando incluso en bastiones tradicionales del chavismo como la parroquia 23 de Enero en el oeste de la capital o el estado Barinas, cuna de la familia Chávez.
En la Asamblea, la dominación será aún más amplia, porque las reglas de la ley electoral venezolana que favorecen a la mayoría funcionaron esta vez en favor de la MUD.
Con 112 curules frente a 55 del chavismo, la oposición contará con la llamada “super-mayoría” de dos tercios, que le extiende una serie de facultades que asegurarían un conflicto de poderes con el ejecutivo, a menos que los dos se sienten a negociar. El Gobierno nunca ha mostrado ninguna inclinación a aceptar la “cohabitación” con sus adversarios y el camino al entendimiento nacional luce cuesta arriba.
A. Los súper-poderes
El control de la mayoría “simple” o absoluta en la Asamblea de por sí le otorga a la MUD varias competencias importantes.
Su función básica es la de aprobar leyes, incluyendo el presupuesto nacional y créditos adicionales. También puede interpelar a ministros del gabinete, aprobar votos de censura y enmiendas a la Constitución o autorizar viajes del Presidente de la República por más de cinco días. Aunque necesita el concurso de otros poderes, también tiene la potestad para designar a los magistrados del TSJ.
Con las tres quintas partes de los curules (102), puede destituir a ministros o al Vicepresidente de la República, aunque un conflicto prolongado entre la AN y el Ejecutivo sobre este último puede llevar a la disolución del parlamento. Los tres quintos también le dan a la oposición garantías suficientes para designar a los miembros del CNE y hasta destituirlos, si esto se acuerda con el TSJ.
Pero con los dos tercios (112), los poderes son aún más amplios. Con esta “súper-mayoría” la MUD podrá, entre otras cosas, aprobar y modificar las llamadas leyes orgánicas, disposiciones de jerarquía superior apenas por debajo de la misma Constitución, que afectan derechos fundamentales y libertades públicas.
Un ejemplo sería la Ley Orgánica del TSJ que, a pesar de que podría ser bloqueada por la vía judicial, permitiría cambiar el número de magistrados alterando potencialmente el equilibrio político de la institución.
INFORME |Boletín informativo de América Latina No. 31. “Venezuela: inercia peligrosa”, 23 de septiembre de 2015.
En la actualidad, el Ejecutivo continúa controlando el TSJ, cuyos 32 miembros han sido escogidos sin tomar en cuenta el punto de vista de la hasta ahora minoría parlamentaria.
Más importante todavía es el control que ejerce sobre la Sala Constitucional de ese tribunal, que ha venido transformándose desde la aprobación de la Constitución de 1999 en una especie de corte de última instancia que bien podría utilizarse si no hay un acuerdo político entre las partes como mecanismo de control sobre cualquier acto parlamentario que no sea del agrado del Gobierno.
El control del Ejecutivo también se extiende al denominado Poder Ciudadano que abarca la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. El oficialismo controla además la ejecución del gasto público y 20 de las 23 gobernaciones del país.
B. Los actores políticos y los escenarios
1. El chavismo
Si el Gobierno de Maduro se ha mostrado reticente a asumir las consecuencias del mal resultado electoral lo más probable es que le resulte aún más difícil garantizar el control de su propia coalición, pero en cualquier caso tardará en procesar las implicaciones de su derrota. Su discurso político y su práctica en el poder radica en la búsqueda de la hegemonía y no admite la negociación con el adversario, mucho menos la alternabilidad en el poder. Este comportamiento era sostenible si se contaba con una mayoría del electorado, pero ahora esa mayoría se ha desvanecido.
Probablemente se producirá un reacomodo dentro de las filas del Gobierno y sus aliados, cuyo resultado preciso es difícil de predecir. El Presidente Maduro y Diosdado Cabello tendrán que asumir costos y habrá quienes dentro del Gobierno pretendan cobrarles la derrota. A diferencia de en el pasado, cuando el Presidente Hugo Chávez ejercía su autoridad prácticamente en solitario, el mandatario actual es un primus inter pares que necesita buscar consensos dentro del llamado Comando Político-Militar de la Revolución donde figuran no solo ministros sino militares de alto rango, sino también gobernadores chavistas y figuras de peso dentro del partido gubernamental.
Los intereses del Gobierno son variados y van desde consideraciones de orden ideológico (por ejemplo, el respeto por el llamado “legado de Chávez” y las bases programáticas de la revolución) hasta asuntos más pragmáticos y de orden personal, como la sobrevivencia política e incluso la necesidad de evitar investigaciones y juicios penales en algunos casos.
Varios personajes, civiles y militares, han sido señalados por los Estados Unidos como violadores de derechos humanos o narcotraficantes, por lo que no es extraño que se muestren alarmados ante la posibilidad de que el régimen de impunidad que los ha protegido hasta ahora desaparezca. Entre las otras víctimas de esta derrota están los gobernadores que, en algunos casos, fueron incapaces de lograr la elección de un solo diputado en sus respectivos estados.
Abundan las voces tanto en la izquierda radical como en los sectores más moderados dentro del chavismo que piden desde hace tiempo a Maduro una rectificación en materia de política económica y en la lucha contra la corrupción. Estos llamados se harán más fuertes a partir de ahora y probablemente otras personalidades que se han mantenido calladas hasta el momento empezarán a pronunciarse.
La resistencia a aceptar el cambio se hizo evidente el 15 de diciembre cuando Diosdado Cabello juramentó los miembros de un “Parlamento Nacional Comunal” en el propio Palacio Legislativo.
Este cuerpo, que no tiene ninguna base constitucional, se percibe como un poder legislativo “paralelo” y parte de un plan para restar competencias a la AN. Al día siguiente, Maduro anunció que le daría “todo el poder” al recién nombrado organismo. El secretario-general de la MUD, Jesús “Chuo” Torrealba, respondió que la palabra “comuna” no figuraba en la Constitución y el único parlamento legítimo era la Asamblea Nacional.
2. La MUD
A pesar del feliz momento que vive la MUD después de la primera victoria electoral nacional de la oposición en 16 años quedan todavía problemas internos por resolver. Esta coalición de 28 partidos, la mayoría de ellos muy pequeños y con una amplia gama de posiciones políticas, ha sufrido en el pasado de disidencias y amenazas de ruptura en su interior.
La principal división ha sido táctica entre los que favorecen una acumulación gradual de fuerzas por la vía electoral (como el excandidato presidencial Henrique Capriles), y los que prefieren activar otros mecanismos constitucionales como el referéndum revocatorio o la asamblea constituyente (como Leopoldo López).
No obstante, hay razones para pensar que la unidad prevalecerá, sobre todo después de que su efectividad quedara ampliamente demostrada en estas elecciones. Pero si bien los moderados tienen razones para sentirse reivindicados en su insistencia en la vía electoral, la solución pacífica y la democracia, es probable que la presión callejera también juegue un papel en las nuevas circunstancias.
La MUD ha anunciado que su primera medida al instalarse la nueva AN será una ley de amnistía para presos políticos, cuyo número se estima en alrededor de 80 además de los más de 2.000 que todavía son objeto de alguna medida judicial a raíz, principalmente, de los enfrentamientos del año pasado. Maduro se ha negado rotundamente a aceptarla y, de acuerdo a una versión periodística, Cabello considera que “el chavismo debe rodear la Asamblea para evitarlo”. Sin embargo, es posible que algunos partidarios del Gobierno vean esta ley de amnistía como una oportunidad para obtener inmunidad frente a las investigaciones por violación de derechos humanos y corrupción. Será una condición sine qua non para futuras conversaciones porque todos en la oposición formalmente se oponen al diálogo sobre otros puntos mientras haya ciudadanos presos por el régimen.
3. Contexto internacional
Las elecciones parlamentarias en Venezuela y su resultado político no pueden ser contextualizados sin tomar en consideración los cambios políticos significativos que se produjeron en los meses precedentes en la región, así como los múltiples frentes conflictivos que tuvo que asumir Caracas, particularmente con sus vecinos.
La elección de Mauricio Macri en Argentina fue el más reciente de los movimientos político-electorales de impacto sobre la situación venezolana. No en vano el nuevo presidente argentino agregó a Venezuela como casi su único tema de política exterior, anunciando que pediría su expulsión del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en la próxima cumbre que se realizará el 21 de diciembre en Asunción por violar los compromisos sub-regionales sobre democracia.
A la evolución política en Buenos Aires se suma la debilidad creciente del Gobierno de Brasil y de su presidenta, Dilma Rousseff, asediada por problemas internos que han amenazado con llevarla a un juicio político.
Brasil respaldó al régimen bolivariano desde los tiempos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003–2010), alegando que no toleraría intervención externa en el bloque sudamericano que pretendía liderar. Sin embargo, en los meses previos a las elecciones en Venezuela Rouseff giró tímidamente hacia una actitud menos complaciente con los rasgos autoritarios del régimen de Maduro. La relación se volvió aún más tensa cuando se buscó nominar al coordinador de la Misión de Observación Electoral de la UNASUR.
BLOG |Phil Gunson, “Elecciones en Venezuela 2015: sin lugar para una observación creíble”, 15 octubre de 2015.
La dureza del secretario general de la OEA con el Gobierno de Maduro tiene que ver también con el cambio de la correlación de fuerzas dentro de la propia organización y entre sus 34 Estados miembros que ha ido mutando de una mayoría que se adhería a las posiciones de Venezuela a un terreno mucho más angosto para Caracas.
El régimen bolivariano siempre contó con los países de la Alianza Bolivariana para la Liberación de los Pueblos (ALBA) y con los numerosos países del Caribe. Pero incluso con el Caribe a su favor, las decisiones de política exterior de Maduro han causado rivalidades y resentimientos.
La intención reiterada de Venezuela de revisar el diferendo limítrofe con Guyana, acusando a este Gobierno de conspirar con empresas petroleras, se sintió en el seno de la Comunidad del Caribe (Caricom) como una afrenta colectiva.
Pero fue sin duda el conflicto fronterizo con Colombia el que determinó un giro regional hacia un contexto mucho menos favorable para el Gobierno de Maduro.
El cierre de la frontera, la expulsión de cerca de 20 mil colombianos mediante trámites de dudosa legalidad y las acusaciones a Bogotá de ser parte de un complot contra el régimen bolivariano molestaron profundamente al Gobierno de Juan Manuel Santos. También obligó a un realineamiento de fuerzas, que quedó demostrado en la votación en la OEA, cuando Venezuela impidió por apenas un voto la discusión del problema fronterizo en el Consejo Permanente.
El nuevo escenario político puede representar, si es que el proceso continúa sin intervenciones no solicitadas, un giro importante en el peso de la comunidad internacional en la política interna de Venezuela.
Con el apoyo obtenido, una mayoría opositora puede forzar decisiones importantes en política exterior. Pero el país necesitará el apoyo de muchos actores externos para estabilizar su economía y recibir asistencia humanitaria. Los actores internacionales pueden y deben proporcionar ayuda para la construcción de acuerdos políticos alrededor de temas relacionados con la gobernabilidad del país y el restablecimiento del estado de derecho, la libertad de expresión y la independencia de los poderes.
INFORME | Informe Breve sobre América Latina N°33, “Venezuela: Un desastre evitable”, 30 de julio de 2015
El tema final, y quizá más estructural, es el de la agenda de diálogo político y la reforma institucional. En 2014, la UNASUR designó a tres cancilleres (Brasil, Colombia y Ecuador) para instaurar un diálogo que nunca despegó y sobre el cual la UNASUR no insistió con suficiente determinación. En teoría, el Parlamento es el espacio adecuado para impulsar este diálogo político, pero hay muchas posibilidades de que las partes fracasen en alcanzar acuerdos mínimos sobre reformas, provocando incluso un candado político y una crisis de gobernabilidad en medio de una aguda confrontación de poderes. En ese escenario, la presencia de la comunidad internacional debería servir para prevenir esos callejones sin salida a través de misiones de asistencia técnica y política.
Es difícil ahora señalar cuál sería el escenario ideal para un diálogo político facilitado por actores internacionales, especialmente por los diferentes puntos de vista sobre la legitimidad y pertinencia de los actores.
La organización subregional más próxima es la UNASUR, aunque no tiene suficiente estructura y ha sido señalada por la futura mayoría parlamentaria como cómplice del Gobierno.
Maduro se resistirá mucho a que la OEA asuma cualquier rol por su identificación con Washington y el enfrentamiento abierto que mantienen con su secretario general. Una opción ante esas resistencias es que la presencia en el país del sistema de la ONU se fortalezca a través de equipos de asistencia técnica y humanitaria.
IV. CONCLUSIÓN
Las elecciones del 6 de diciembre representan un hito histórico en la evolución política de Venezuela y abren un capítulo lleno de expectativas e incertidumbres. Desde un ángulo positivo, es importante reconocer que el proceso electoral haya estado en gran medida exento de hechos violentos y que el resultado haya sido respetado por todas las partes, al menos en cuanto a los datos cuantitativos de las nuevas mayorías y minorías.
Más difícil será para Venezuela transitar del respeto formal de los resultados electorales a la adaptación a un contexto político radicalmente distinto. En especial, será complejo para el Gobierno asimilar la derrota y mantener la cohesión interna de un frente político que ya había dado señales de desorden y desconcierto incluso antes del 6 de diciembre.
Permanecerá como una tentación reemplazar una derrota contundente por un llamado a sus partidarios a bloquear a la nueva mayoría parlamentaria en la calle y usar mecanismos de dudosa legalidad para restringir los poderes de la Asamblea o reducir esas mayorías.
Para la oposición también será un reto permanecer unida en su nueva posición de responsabilidad como grupo político con poder. Deberá asumir esa función con un criterio pragmático, pues tendrá que co-existir con un Gobierno hostil y una sociedad que espera mucho más que discursos incendiarios y gestos hacia la tribuna.
En otro país, este resultado electoral llevaría a una negociación entre las dos partes, conscientes de los enormes costos de un entrampamiento fatal y de una crisis de gobernabilidad que provocaría una tormenta que los destruiría a ambos a la vez.
Pero en Venezuela, en donde la cultura del diálogo y el acuerdo ha caído en desuso y cualquier concesión al “enemigo” puede minar la coherencia interna de cada lado, el camino del diálogo está lleno de obstáculos. Una tentación será demostrar que el otro es responsable de los problemas, lo que puede ser mortal para un país que necesita decisiones urgentes si no quiere colapsar a corto plazo.
Independientemente de cómo sea la configuración de una presencia internacional en el país, las partes van a necesitar un tercer actor que mejore las perspectivas de un diálogo. Las partes deberían estar interesadas en que ese diálogo se produzca. En vista de la mayoría obtenida por la MUD, el Gobierno corre el riesgo de que sus iniciativas sean bloqueadas y sus recursos financieros afectados. Por otro lado, el Ejecutivo todavía retiene la capacidad de influir sobre los otros poderes y mantiene el control de los recursos públicos. A ninguna de las partes le conviene ser percibida por la ciudadanía como la responsable de una crisis de gobernabilidad, y a ambas les puede ser útil referir los conflictos a un tercero que pueda asumir aunque sea parcialmente el costo político de transigir. Ambas partes saben que sus coaliciones internas son frágiles.
Por esas consideraciones, y sobre todo por convenir al manejo prudente de la transición de un Gobierno autoritario hacia un régimen de cohabitación obligada, los actores nacionales e internacionales deben estar listos a contribuir con iniciativas. Su participación será clave para asegurar un proceso político estable en el país y evitar un colapso de graves repercusiones.
Caracas/Bogotá/Bruselas, 21 de diciembre de 2015
