El peor enemigo de nuestra democracia es la arrogancia

Benjamin Sywulka
12 min readSep 19, 2023

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Por Benjamin Sywulka

Imagen: Hasan Almasi

Por primera vez en muchísimos años, la mayoría de la población — que normalmente es políticamente apática — está de acuerdo en algo: estamos en una crisis política. Lo interesante es que no estamos de acuerdo en cuanto a la naturaleza de la crisis. Mi percepción es que hay tres grupos haciendo un pulso por definir el futuro del país. Hay un grupo mayoritario que percibe a Semilla como el bueno de la película luchando contra un grupo de corruptos que están tratando de impedir que Semilla asuma el poder en enero. Hay un segundo grupo minoritario que desconfía de Semilla, que cree que Arévalo sí va a asumir el poder en enero y que podría o no causarle daño al país, pero que a la vez ciertas acciones del MP son inconstitucionales y están poniendo en riesgo la democracia, por lo que “nos guste o no nos guste” tenemos que defender la alternancia de poder. Hay un tercer grupo más pequeño que percibe que Semilla es nefasto y que no debe asumir el poder en enero — ya sea porque cree que se manipularon las elecciones con injerencia internacional, o porque Semilla cometió delitos penales, etc. y ven al MP como el valiente héroe defensor de la justicia. Algunos dentro de ese grupo están genuinamente convencidos de que Semilla cometió fraude. Otros están tan inmersos dentro del sistema cooptado, que señalar a Semilla como corrupto es el mejor mecanismo que tienen para distraer a la población de su propia insolvencia moral.

Aunque muchos estamos de acuerdo en que estamos viviendo una crisis, lo que pocos miran es que el hecho de que existen estos tres grupos con percepciones tan diferentes es una crisis en sí. Cada grupo subestima el poder, el compromiso y el tamaño de los otros grupos. Los que pasan todo el día inmersos en los chats, los tweets, y los tiktoks pro-semilla pierden de vista que alrededor de un millón de guatemaltecos votaron por la UNE. No todos esos votantes son pro-corrupción, pero si extrapolamos los porcentajes a la población más amplia, alrededor de un tercio de la población guatemalteca tiene lo suficiente qué ganar en un gobierno cleptocrático, o lo suficiente qué perder en un gobierno de Semilla, que están dispuestos a pelear en contra de Semilla durante los próximos cuatro años. Si tomamos en cuenta que un porcentaje de los votos a favor de Semilla en la segunda vuelta no eran pro-Semilla sino Anti-Sandra, la narrativa de “2.4M de ciudadanos vs. Consuelo Porras” no cuenta toda la historia. Las acciones del Ministerio Público han unido temporalmente a dos poblaciones que normalmente no estarían unidas para defender la democracia — pero los pro-Semilla tienen que tener cuidado de no malinterpretar el apoyo a la democracia como apoyo hacia Semilla.

Por otro lado, los que pasan todo el día en chats, tweets y tiktoks anti-Semilla pierden de vista que más de la mitad de la población está comprometida con derrumbar la cleptocracia, y no se van a rendir. Esta no es una llamarada de tusa que se va a apagar cuando los semilleros se cansen de protestar. Después de décadas de apatía política, la ciudadanía se sintió empoderada por primera vez en mucho tiempo cuando logró la renuncia de Otto Pérez Molina con la ayuda de la CICIG. Y la ciudadanía se siente empoderada de nuevo con la victoria en las urnas de Semilla — no porque la ciudadanía sea “de izquierda”, sino porque muchos ciudadanos comunes y corrientes se dieron cuenta que tienen la capacidad de influir en sus redes sociales para generar cambios políticos. Los que están inmersos en las burbujas sociales anti-Semilla tienen que tener cuidado de no dejar que su aversión por la social democracia destruya los avances de la ciudadanía en erradicar la cleptocracia.

Algunos piensan que la crisis va a terminar cuando el grupo más afín a su postura gane el pulso en contra de los otros dos grupos. Pero esta guerra está dejando demasiados heridos — e incluso muertos, por lo que los que pierden el pulso no se darán por vencidos, y seguirán saboteando a los ganadores del pulso indefinidamente. Salir de esta crisis va a requerir un ejercicio de introspección y madurez por parte de todos, y va a requerir reemplazar la narrativa de culpabilidad mutua por una nueva narrativa de aprendizaje y actitudes proactivas. Tenemos que tener la madurez de reconocer los errores que hemos cometido y buscar nuevos diseños que eviten los errores a futuro. Las decisiones que tomamos tienen efectos secundarios, y aunque las decisiones hayan tenido una justificación lógica, económica, política e incluso moral, el tiempo nos permite ver hacia atrás y darnos cuenta del impacto de esos efectos secundarios. Hemos cometido muchos errores en nuestra historia, pero me quisiera enfocar en tres: nuestra cultura de corrupción, nuestra falta de apoyo a líderes legítimos, y nuestra falta de una estrategia de justicia.

Nuestra cultura de corrupción genera volatilidad social

Tal vez uno de los errores más grandes que hemos cometido como sociedad es decidir que la formalidad es opcional — que pagar el IVA y contratar al sueldo mínimo con prestaciones es una obligación de “los grandes” pero no una obligación mía. Millones de guatemaltecos contribuimos a la corrupción en el día a día con estas pequeñas deciciones que hacemos. Cuando no damos o pedimos factura, cuando contratamos a una empleada doméstica, un jardinero, un jornalero o un albañil y no formalizamos la relación laboral, somos parte del problema. Hay razones muy válidas por la que no lo hacemos, y se necesitan reformas para cambiar esto, pero mi punto no es condenar este comportamiento, sino reflexionar sobre los efectos secundarios de esta realidad. Como explico a profundidad en mi artículo sobre la riqueza y la pobreza, una de las consecuencias no deseadas de la informalidad es que la mayoría de la población gana menos del sueldo mínimo, no tiene seguros ni acceso al IGGS, y no tiene la capacidad de acumular riqueza. La gran mayoría de la población vive en crisis permanente por no tener las protecciones básicas de la formalidad laboral, y esto genera una volatilidad social permanente que dificulta pensar y trabajar en el largo plazo y tener predictibilidad. Se hace muy difícil exigir un “estado de derecho” cuando la gran mayoría de la población vive afuera de las protecciones y las responsabilidades de la ley.

Si queremos salir de esta crisis, los que se oponen a Semilla van a tener que darse cuenta que la volatilidad social y política no se van a resolver hasta que la mayoría de la población tenga acceso a los servicios básicos de educación, salud, seguros, y ahorros que permite la formalidad laboral. El mejor uso de nuestra energía no es impedir que Semilla gobierne, sino apoyarlos en este esfuerzo. No se va a lograr esta formalización hasta que sea tan fácil ser formal y hayan tantos beneficios de serlo que realmente valga la pena. Semilla tiene fragmentos de idea de cómo lograr esto, pero necesita más participación proactiva de los tres grupos para lograr esta meta titánica.

Nuestra falta de apoyo a líderes legítimos destruye la democracia

Un segundo error que hemos cometido es castrar el liderazgo político legítimo. Una ola terrible de destrucción de líderes cívicos sucedió durante el conflicto armado. Miles de líderes académicos, religiosos, comunitarios, etc. fueron desaparecidos, asesinados o silenciados bajo el pretexto que eran “comunistas” peligrosos. La huella que eso dejó en nuestra democracia fue catastrófica, porque perdimos a varias generaciones de líderes que por el miedo de perder su vida o su libertad decidieron no involucrarse en la política. El vacío de poder se llenó con personas que no buscaban el bien común, sino sus propios intereses. Esto contribuyó al estigma cultural de que “la política es sucia” que ha impedido que se genere una masa crítica suficientemente grande de líderes honestos y capaces dispuestos a transformar el país desde el servicio público. Varios de los valientes que sí se han atrevido a involucrarse, han salido curados — con denuncias injustas, señalamientos innecesarias de la contraloría, y un sinfín de ataques de los medios no afines a ellos.

Si queremos salir de esta crisis, vamos a tener que aprender a matizar nuestras críticas. Yo puedo pensar que alguien es arrogante, y que su sesgo ideológico no le permite ver los riesgos que yo veo en las políticas públicas que propone. Pero descartarlo como corrupto porque “todos los políticos son corruptos” es desvalorizar el enorme esfuerzo que ese líder hizo por involucrarse en la política y tratar de mejorar el país. Todos debemos celebrar cuando personas honestas que buscan el bien común se involucran el política, estemos de acuerdo con su ideología o no, porque es un diputado menos, un ministro menos, un alcalde menos, que sólo buscaban su propio interés en vez del bien común. Es indispensable que apoyemos a los líderes legítimos en la derecha y en la izquierda que entran al servicio público, aunque no estemos de acuerdo con ellos, porque su presencia en el estado es el pilar de la democracia funcional. Los que se oponen a Semilla por su ideología tienen que abrir los ojos y ver que descalificar, demonizar y destruir a los líderes legítimos de ese partido en vez de dialogar con ellos tiene consecuencias más desastrosas de lo que se imaginan, y son acciones que paran socavando los cimientos de nuestra democracia.

Buscar la justicia sin una buena estrategia perpetúa la injusticia

Un último error que voy a mencionar que cometemos es no pensar más estratégicamente en nuestros esfuerzos por construir justicia. Como explico a profundidad en mi artículo sobre la justicia, cuando firmamos la paz, no ofrecimos amnistía a cambio de confesión a los que habían cometido crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado. Muchas víctimas tenían la esperanza de ver condenados a los autores de esos crímenes. Pero como la carga de la prueba quedó del lado de las víctimas, y los autores de esos crímenes hicieron todo lo posible por esconder o destruir las evidencias que los implicarían, casi tres décadas después, seguimos con miles de casos sin esclarecer, y hay una presión fuerte de algunos actores (Iniciativa de Ley para el Fortalecimiento para la Paz) de dar una amnistía general a todos, sin tener que confesar nada, lo cual dejaría muchas heridas abiertas sin sanar. Ninguno de los bandos está pensando estratégicamente. Los que quieren condenar a los autores de atrocidades tienen que abrir los ojos y ver que es más estratégicamente viable una amnistía a cambio de confesión que ver a esas personas en la cárcel. Los que quieren esconder los crímenes a través de una amnistía general tienen que abrir los ojos y ver que si las víctimas no descubren la verdad, no podrán pasar la página. Pero más importante para nuestra crisis de hoy, los que quieren “meter al bote a todos los corruptos” tienen que abrir los ojos y darse cuenta que los corruptos son miles y miles de personas, y no hay espacio en las cárceles para meterlos a todos, ni tiempo ni dinero para armar casos contundentes en contra de ellos.

Estamos en un momento similar al que estábamos antes de la CICIG, en donde los tres poderes están cooptados y es casi imposible lograr que el sistema judicial se persiga a sí mismo. Los que se oponen a la CICIG pierden de vista que hubiera sido imposible condenar al Presidente Otto Perez Molina sin un ente como la CICIG. Los que apoyan a la CICIG pierden de vista que cometimos varios errores en ese experimento de los cuáles tenemos que aprender. Uno de los errores fue pensar que la corrupción se elimina con condenar a los corruptos. Pero eliminar la corrupción realmente no es un problema judicial, es un problema cultural de cambio de comportamiento. Si la meta de la CICIG hubiera sido erradicar la corrupción en vez de enjuiciar a los corruptos, otra historia hubiera sido. Cuando hay tanta corrupción en tantos lados, es imposible “hacer justicia” sin cometer injusticias — porque es imposible no caer en justicia selectiva, que es injusto en sí. Si queremos salir de esta crisis, tenemos que abrir los ojos y ver que necesitamos una justicia transicional como parte de una estrategia más amplia de cambio de procesos y cultura para erradicar la corrupción.

Otro error que cometimos durante la época de la CICIG , sin darnos cuenta de las implicaciones en el largo plazo, fue no cuestionar las acciones que se tomaron para blindar el puesto del Fiscal General ante presiones de todo tipo. Esto nos llevó al dilema ciudadano que tenemos hoy — donde un porcentaje alto de la población quiere que la Fiscal General renuncie, pero no hay ningún mecanismo legítimo para despedirla. Si queremos salir de esta crisis, tenemos que pensar en mecanismos de rendición de cuentas para el sistema judicial que empoderan a la ciudadanía.

Pero desde el punto de vista estratégico, creo que hay un error más que cometió la CICIG que vale la pena mencionar, porque fue uno de los detonantes de su eventual fracaso. Cuando la CICIG se topó con el caso en contra del hermano y el hijo del Presidente Jimmy Morales, enfrentaba un dilema estratégico difícil. Por un lado, el caso era totalmente irrelevante a comparación de las corrupciones millonarias que permeaban el estado, y perseguir el caso corría el riesgo de transformar al Ejecutivo de un aliado a un opositor. Pero por otro lado, si ignoraban el caso, se les podía acusar de proteger los intereses del Presidente.

La decisión que tomaron, aunque tenía su lógica, paró volcando al Ejecutivo en contra de ellos y resultando en su expulsión. Si su objetivo era eliminar la corrupción, la decisión que tomaron fue contraproducente para lo que querían lograr, por lo cual la considero un error estratégico. Hoy el Ministerio Público tiene exactamente el mismo dilema estratégico. La denuncia en contra de Semilla de una firma falsa es totalmente irrelevante a comparación de la corrupción millonaria de muchos otros partidos. Por un lado, si “ignoran” el caso se les puede acusar de proteger a Semilla y no cumplir con sus obligaciones legales. Pero por otro lado, perseguir este caso irrelevante de forma penal y agresiva como lo están haciendo, está volcando a millones de guatemaltecos en contra de ellos.

Lo que la CICIG debió haber hecho con el caso de la familia del Presidente es simplemente tratar el caso administrativamente, cobrar una multa, y pasar la página, sin convertirlo en un espectáculo mediático. Hoy, lo que más le conviene al MP desde el punto de vista estratégico es hacer algo similar — tratar el caso administrativamente, darle acceso a Semilla al expediente para que pueda preparar su defensa, y sólo perseguir la avenida penal si después de que se agoten todas las instancias administrativas el caso lo amerita. Pero su decisión de politizar, criminalizar y mediatizar este caso tan irrelevante a la luz de tanta corrupción millonaria descarada, va a ser el error estratégico que los desmorona.

Si queremos salir de esta crisis, los opositores de Semilla tienen que abrir los ojos y darse cuenta que seguir defendiendo las acciones del Ministerio Público es jugar con dinamita. Lo que el país necesita es un diálogo honesto entre todos los actores sobre cómo eliminar la corrupción y cómo mejorar el sistema de justicia que tenemos. Pero las probabilidades de que ese diálogo sea el camino que tomemos se hacen más y más pequeñas día tras día con cada acción que toma el Ministerio Público y el Congreso. La persecución penal de personas alineadas con la CICIG, y la despenalización de personas que fueron condenadas por la CICIG, la aprobación de leyes que no tienen el aval de la población, y la interferencia en nuestros sistema electoral… todas estas acciones están creando las condiciones para que la ciudadanía exija cambios más drásticos para restaurar nuestra democracia, como una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Los que se creen el cuento que todo esto simplemente va resultar en que “Semilla tome posesión en enero, pero desgastado” están tan desconectados de la realidad del país que no se han dado cuenta que este error estratégico les va a salir muy caro.

Aprendamos de nuestros errores

Si no aprendemos de nuestros errores, vamos a seguir perpetuando la guerrocracia, la injusticia, y la inviabilidad de nuestro país. El peor enemigo de nuestra democracia es la arrogancia. La arrogancia nos permite justificar el condenar al otro que cometió un error, y sentirnos moralmente superiores. Pero con las vueltas que da la vida, es muy posible que nosotros cometeríamos el mismo error si estuviéramos en la misma situación que el otro. Cuando un funcionario público es arrogante, sus decisiones pueden resultar en errores estratégicos que resultan en su acabose. Cuando la ciudadanía es arrogante, sus decisiones pueden resultar en linchamientos injustos que erosionan la democracia. Si queremos salir de esta crisis, todos tenemos que dejar de señalar a otros como los culpables de lo que estamos viviendo, y empezar a preguntarnos: ¿qué pudimos haber hecho mejor para evitar esta situación en la que estamos? Si respondemos esa pregunta honestamente, nos daremos cuenta de que estamos viviendo un momento político y social muy delicado, que va a requerir mucha madurez, mucha sabiduría y sobre todo, humildad. Humildad para ver las consecuencias no intencionadas de nuestras decisiones del pasado. Humildad para soltar el deseo de venganza, y buscar un camino más sostenible. Humildad para admitir que yo también soy parte del problema, yo contribuyo a la informalidad, yo contribuyo al linchamiento de líderes legítimos, yo contribuyo a la injusticia cuando no tomo en cuenta los puntos válidos de la gente con la que no estoy de acuerdo. Humildad para reconocer que Guatemala se conforma de muchas perspectivas, no solo la mía, que ganarle el pulso al otro no resuelve los problemas de fondo, y que salir de esta crisis va a requerir aprender a convivir juntos.

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